octubre 24, 2009

Felonocracia

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

En ningún otro país del mundo se podrían cobrar más impuestos siendo evidente el despilfarro, la corrupción y la ausencia de rendición de cuentas y transparencia

No hay sorpresa. Durante la campaña electoral los partidos evadieron la crisis fiscal del Estado. Ninguno esbozó un diagnóstico y mucho menos hizo propuestas. Fue un silencio cómplice. Había que ganar votos, no entrar a un debate serio.

Por eso nos bombardearon con 23 millones 400 mil spots. Ha sido la contienda más vacía y demagógica de la historia reciente. La radio y la televisión fueron puestas al servicio de la estupidez. Yace en el fondo la convicción de que los ciudadanos somos idiotas e incapaces de razonar.

Sin embargo todos ellos sabían que la crisis fiscal estaba a la vuelta de la esquina. Desde 2005 había voces que alertaban: el agotamiento de las reservas de Cantarell era una tendencia irreversible y cada vez más acelerada. La caída en la producción de petróleo nos alcanzaría irremediablemente en 2010. Fue la crónica de una debacle anunciada.

No sólo eso. El gobierno de la República y el PRI perdieron dos oportunidades de enderezar el curso. La primera fue la "reforma fiscal" de 2007 que le cargó, como siempre, la mano a los contribuyentes cautivos sin atacar ni resolver el problema de fondo: 40 centavos de cada peso fiscal provenían del petróleo.

La segunda fue la reforma energética en el 2008. En lugar de abordar los problemas fundamentales de Pemex y avanzar en una estrategia de asociación con otras empresas, como hace Petrobras en Brasil, se optó por satanizar los contratos de riesgo, previstos y promovidos por Lázaro Cárdenas en 1938. Sin mencionar la defensa "heroica" del monopolio de la petroquímica secundaria que data del gobierno de Miguel de la Madrid.

Es cierto que ni Acción Nacional ni Felipe Calderón compartían esas convicciones. Pero ambos, particularmente el segundo, festejaron la aprobación de las reformas fiscal y energética como victorias nacionales. La razón, el diálogo y el consenso prevalecieron sobre la intransigencia y la intolerancia, dijo, palabras más palabras menos, el presidente de la República.

La derrota del PAN el 5 de julio pasado es hija de la abdicación del presidente Felipe Calderón en 2007 y 2008. Porque una cosa es perder una batalla y otra muy diferente es jugar con la ilusión de que en realidad fue una victoria. Ésta es una razón adicional para explicar el silencio cómplice sobre la crisis fiscal del Estado y sus consecuencias irremediables. Todos tenían cola que les pisaran.

Ahora, pasadas las elecciones intermedias, nos están recetando más de lo mismo. Para empezar, ninguno de los actores políticos ha hecho un análisis serio de lo ocurrido. La petrolización de las finanzas públicas no data de las administraciones panistas. Como tampoco data de ellas un pésimo sistema de recaudación que grava el ahorro, la inversión y el trabajo, al mismo tiempo que alienta la evasión fiscal en el consumo.

La aprobación de la Ley de Ingresos para 2010 va en la misma dirección. Se incrementa el IVA al 16 por ciento, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) pasa del 28 al 30 por ciento, se aumentan los impuestos especiales y se crean nuevos gravámenes sobre actividades primordiales, como internet. Brilla por su ausencia una estrategia efectiva para ampliar la base de contribuyentes y distribuir en forma más equitativa la carga fiscal.

La ley aprobada por la Cámara de Diputados es, sin duda, peor que la iniciativa que presentó la Secretaría de Hacienda. El impuesto del 2 por ciento para el combate a la pobreza no era la panacea, pero tenía la ventaja de avanzar un paso en la dirección correcta. Gravar el consumo en forma universal -incluidos alimentos y medicinas- hubiera abierto las puertas para una reforma fiscal integral.

Sin embargo, algunos advertimos desde el principio que la estrategia de la Secretaría de Hacienda era muy ingenua. Limitar el impuesto al 2 por ciento y cambiarle el nombre (no se llamaría IVA, sino Contribución para el Combate a la Pobreza) fue un juego "maquiavélico" de párvulos. El presidente Felipe Calderón se equivocó una vez más.

Pero el error va más allá. La ley aprobada y la iniciativa de Hacienda parten del mismo diagnóstico: la caída de la producción de crudo y la crisis económica redujeron la recaudación. Ese boquete de 300 mil millones de pesos debe cubrirse con nuevos impuestos y ahorros del gobierno federal.

El error garrafal, y no hay otra forma de calificarlo, es el punto de partida. En ninguna parte del mundo se pueden cobrar más impuestos a la población cuando existe: un despilfarro de recursos, un mal o pésimo uso de los fondos públicos, un alto grado de corrupción y ausencia de rendición de cuentas y transparencia.

En México los cuatro elementos están presentes. Los subsidios a las empresas públicas, como Luz y Fuerza y otras, constituyen un enorme despilfarro. Los 200 mil millones de pesos que se destinan a la Secretaría de Educación Pública a cambio de estudiantes de sexto de primaria incapaces de leer, escribir y hacer operaciones aritméticas son el ejemplo perfecto del pésimo uso.

Y de la corrupción mejor ni hablamos. Sobran casos de todos los colores y en todos los niveles de gobierno. La alternancia lejos de eliminar esa plaga, la "democratizó". Por último, la ausencia de controles y transparencia en la gran mayoría de los estados es escandalosa y vergonzosa.

Me corrijo. Optar por cobrar más impuestos en ese contexto no es un error, es una felonía. Más aún cuando el PRI y el PRD pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que este año se redujeran los más de 3 mil millones de pesos que irán a la partidocracia. ¿O deberíamos definirla, con más precisión, como felonocracia?