octubre 26, 2009

Tweeteros en Excélsior

3%: un crimen cultural

Lydia Cacho
Plan B
El Universal

Aquí hay una brecha generacional que resultará insalvable si la clase política mexicana persiste en hacer oídos sordos a lo que las jóvenes generaciones nos están diciendo. México tiene 24 millones de personas con acceso a internet. Casi 80% son menores de 34 años y navegan aproximadamente 22 horas al mes.

Mientras para un legislador semi-analfacibernético que gana 100 mil pesos al mes es un simpático lujo para leer el periódico y mandar correos, para millones de personas internet es una plataforma educativa, un medio de comunicación efectivo, una red social sólida y viva, un espacio de libertad. Es su vínculo con la cultura y el mundo real.

Mientras Brasil decidió abaratar los servicios del ciberespacio para hacerlos masivos, adoptando la plataforma Linux de software libre para bajar costos y lograr masificar el acceso de jóvenes de clase baja y media a internet, México regresa la Pleistoceno. Brasil logró que 70 millones de personas, eminentemente estudiantes, tuvieran acceso al ciberespacio de forma gratuita, gracias al subsidio del Ministerio de Cultura. El gobierno mexicano pretende aumentar el 3% de impuesto, lo que implicará hacerlo menos accesible. Sería bueno que las y los legisladores se den una vuelta por la vida real de vez en cuando.

Millones de niños y niñas logran hacer sus tareas y tener acceso a libros que a sus familias les resulta imposible pagar, gracias a internet. Ocho adolescentes de la sierra de Oaxaca juntan 20 pesos para entrar a un cibercafé e imprimir un ensayo que les permitirá entender las teorías de Carl Sagan y conocer la ciencia. Miles de jóvenes de México entrarán en el transcurso de 24 horas a un sitio para salvar la vida a dos adolescentes, una que moriría dilapidada en Bangladesh y otra que fue encarcelada en Quintana Roo. Sus acciones rápidas son efectivas. Millones de niños y mujeres logran hablar por Skype con familiares que fueron a buscar trabajo a Estados Unidos, sin pagar los altísimos costos de Telmex. Ante los monopolios televisivos en México las nuevas generaciones encontraron ciberlibertad en Youtube, por ello somos el tercer país del mundo que más usa ese medio tanto para aprender como para denunciar injusticias. Gracias a internet las enciclopedias ya no son sólo para los ricos del país. Por internet una niña de Sonora conoce a otra de Tizimín en Yucatán y hacen una tarea juntas sobre las culturas maya y yaqui. La realidad económica las separa pero el ciberespacio las une.

Hace más de 100 años los países que entendieron que estaban en un nuevo umbral tecnológico, interconectaron su territorio con un buen sistema ferroviario. Las naciones que no lo hicieron retrasaron su progreso por décadas. Hoy estamos frente a una coyuntura similar, las vías no son metálicas, pero están allí y la juventud nos está señalando el camino. Encarecer o restringir el ciberespacio no es sólo injusto sino implica un rezago civilizatorio imperdonable

Los Matasanos

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

Muchos estuvimos a favor de pagar un 2 por ciento de impuesto general a bienes y servicios si, y sólo si, iba etiquetado para obras que impulsen la economía de los más pobres. Pero no conozco a nadie que acepte el 1 por ciento no generalizado y demás impuestos que nuestros diputados, incluidos la mayoría del PRD, aprobaron en la Cámara. A nadie, salvo ellos: que no redujeron a sus partidos los miles de millones que se reparten gozosos.

Está más claro que nunca que el tapón para el desarrollo del país es el Congreso. Nos tiene entrampados. ¿Cómo? Va un ejemplo: 1. Prohíbe por ley que compañías petroleras instalen refinerías en México. Eso obliga a importar gasolina a precios internacionales, compradas a esas mismas compañías. 2. Exige que se venda a precio inferior al de compra, con lo que hay una pérdida de presupuesto que se podría dirigir a infraestructura. 3. Pemex puede construir refinerías si no lo exprime el gobierno, clama la oposición. Cierto. Pero lo exprime para cubrir un 40 por ciento del presupuesto federal. Con Pemex liberado para invertir, deberán reducirse, todos, un 40 por ciento. Los partidos dicen no, las universidades, los estados, la Corte, el Congreso, los sindicatos de burócratas: todos gritan “a mí no”. 4. Entonces hagamos una reforma fiscal dirigida a que paguen más quienes más consumen. Y la respuesta es otro rotundo no… a nombre de los pobres.

Estamos llenos de médicos para nuestros males económicos, políticos y sociales. Nos instruyen los responsables de la estatización de la banca ordenada por el presidente López Portillo, los que llevaron el crecimiento de la deuda pública hasta límites impagables e iniciaron las crisis sexenales, cómo debemos resolver la actual crisis económica: con las recetas que ellos aplicaron. La Reforma protestante en manos de Loyola.

Cuba, con 50 años bajo el mismo dictador, y Venezuela con ese rumbo, imparten a Honduras cátedras democráticas, aspecto señalado en todos los medios y aquí en casa por Román Revueltas con insistencia.

Los matasanos se hinchan de soberbia: Fox no acaba de entender, porque es de entendederas escasas, que a él y sus gabinetes de seguridad patito debemos la pérdida de control territorial en amplias zonas del país, y desde Viena nos manda a decir qué hacer. Por supuesto, tiene razón en que la tarea debería llevarla a cabo una policía nacional bien entrenada al respecto y no el Ejército, obviedad del tamaño de su bocaza. Pero Fox fue presidente de México y no lo hizo, no puede hablar como si fuera un residente mexicano en Austria… donde, por cierto, ¿ya habrá solicitado que lo lleven a ver canguros?

Por lo pronto, 400 cruceros avisan que no se detendrán en nuestros puertos turísticos. Y, en arranque de niña heroína, la secretaria de Relaciones Exteriores exige visa a los canadienses. ¿Ya preguntó en Vallarta la opinión de la gente que vive de ese turismo? Ella no perderá su salario.

Lo más desesperante es saber que todos conocen el remedio y no lo aplican por cálculos mezquinos de corto plazo: perderán la elección en Colima o en Paracho. La apertura de Pemex la prometió López en su Proyecto Alternativo de Nación. Pero la ordenará cuando él sea presidente, vocifera. Bien, los resultados están a la vista: con todo lo que hace y taponea, con el desarrollo que cierra para algún día abrirlo desde el poder que lo deslumbra, el PRD perdió Macuspana, tierra de López. Es claro: la ruindad con que ahoga el desarrollo del país ni siquiera le da fruto. Podrán tomar la tribuna de la Cámara, porque también se niegan a definir con claridad qué es el fuero, pero pierden Tabasco.

Las reaccionarias leyes que prohíben a los mexicanos producir energía eléctrica si no están dentro del gobierno, se desfondarán por el lado de la ciencia y la tecnología. Ya Martín Esparza, el líder del SME, anduvo vendiendo sistemas alternativos de producir electricidad con basura. Hay quienes se lo reprochan porque hacía la competencia a LyFC, que no producía electricidad, nada más la revendía. A mí me parece magnífico porque demuestra el enorme boquete por donde se vendrá abajo el monopolio del gobierno: nada podrá hacer cuando una casa pida su desconexión porque ya produce su propia electricidad con sol, viento y basura.

Mientras tanto, la refundación de la izquierda se encarga a Manuel Camacho. ¿Le suena? Por si ya lo olvidó, fue regente del DF nombrado por Carlos Salinas de Gortari y feroz adversario del PRD. Un país de risa.

La balsa

Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma

El poder ha cambiado de manos pero no de horizonte. Los partidos han pasado de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición sin que haya aparecido una idea distinta de lo político. Esa noción hermana a los partidos que han ocupado la Presidencia en las últimas décadas. El nuevo partido gobernante ha resultado el mejor discípulo de su antecesor, mientras los priistas mantienen fidelidad por sí mismos. Ambos rinden culto a la tradición. Su imaginación es presa de sus lealtades y de sus temores. Se aferran a la herencia como si no hubiera opción, como si cualquier innovación fuera un precipicio. La democracia es el gobierno de los vivos, dijo Thomas Paine. La nuestra no es el reino de la vida, sino el imperio de los indolentes.

Hemos hablado mucho de aquella tradición centralista que concentraba el poder en una sola figura. Seguramente exagerábamos al hablar de un absolutismo presidencial, pero es innegable que la figura del Ejecutivo era imponente y que apenas encontraba resistencias visibles. Pero lo que apunto ahora no es cuánto podía hacer la cabeza del gobierno sino cuál era su mirador, cuál era el entendimiento del oficio, de qué manera se orientaba su decisión, cuáles eran los linderos comúnmente aceptados, cuál era el terreno que pisaba. El régimen priista otorgó enormes poderes al Presidente. Eso lo sabemos bien. Pero el priismo fue un extenso pacto político y social. Durante décadas, los presidentes priistas entendieron su labor como administradores de esa alianza. Una Presidencia más tutelar que motriz. El Presidente comandaba una estructura públicamente disciplinada pero era también receptor de una multiplicidad de demandas contradictorias que necesitaban atención y cauce. A él correspondía la custodia de los equilibrios heredados. Poco entendemos de nuestro pasado reciente si creemos que ese partido era solamente un proveedor de ofrendas al Presidente en silenciosa espera de su gracia.

La hegemonía vestía el traje de un imperio, pero se basaba en un barroco dispositivo de equilibrios y compensaciones. Autoritario, desde luego. Pero era un autoritarismo en obsesiva búsqueda de consenso. Una cuidadosa economía del poder más preocupada con la flotación de la paz que con la ruta de navegación que pusiera en riesgo el pacto. Si el Presidente lo podía todo, según cuenta la leyenda, ¿por qué ninguno se animó a cambiarlo todo? Será seguramente porque entendían la política como preservación de equilibrios delicados. Cuidar la estabilidad ante todo. Es que en la memoria de aquel mando había conciencia de la extrema vulnerabilidad del orden político. Toda la retórica revolucionaria podría haber sido babosa e insustancial, pero esa constante invocación histórica en algo correspondía a la convicción profunda del poder: venimos de la destrucción y podemos regresar a ella. Surgimos de la guerra y la guerra puede retornar si descuidamos los equilibrios.

Ese sentido profundamente tradicionalista de la prudencia marcó al régimen priista y ésa es la herencia profunda que los panistas han aceptado. Ninguna política podría lastimar a los santos de la memoria, ninguna decisión podría agredir a los aliados históricos, ninguna acción debería desbalancear la plataforma de la gobernación. Así era entonces y así sigue siendo ahora.

Existe una política de lancha y una política de balsa. Una política con dirección y una política flotante. Una se basa en la propela, en el movimiento, en la estela que dibuja con su avance. La otra se asienta en troncos inertes y va a la deriva, feliz de no hundirse. La política en México, desde hace muchas décadas, es política de balsa: política cuya ambición central es mantener la nariz arriba del agua. Ninguna decisión relevante que agite las aguas, ningún conflicto que perturbe los equilibrios. En eso se entienden bien panistas y priistas: cogobiernan para defender una plataforma flotante. No saben hacia dónde mover la estructura o no saben cómo hacerlo. El hecho palpable es que tienen al país detenido en una balsa. La alternancia en nada modificó este entendimiento de la política. Subsiste un temor paralizante a alterar los pactos y pánico a encarar conflictos. La apertura y la democratización fueron, en buena medida, producto de esa política del salvavidas: incorporar lentamente a las oposiciones a la estructura institucional tratando de no alterar el arreglo previo. Así, los gobiernos que se han sucedido recientemente, en alianza con sus antiguos adversarios, continúan rindiéndole tributo a la política de la inercia. Los presidentes panistas han resultado, a pesar de sus arranques, guardianes de la herencia.

Piedras del camino…

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

Hemos visto muchos espectáculos políticos en los últimos tiempos. Desde máscaras de cochino en Informes Presidenciales. Entradas triunfales a caballo en el vestíbulo de San Lázaro. Cadenas en las puertas del Salón de Plenos para impedir la entrada de un Presidente entrante. O diputados destrozando curules para hacer estruendo con desechos de madera. Las formas de la democracia se han ido desfigurando paulatinamente hasta expresar un agudo deterioro, tal vez espejo de lo que vive el país. De forma paralela ha ido creciendo la indignación del ciudadano. Forma que más que expresa, es sentimiento que se hincha como espectro. La vulgaridad, resistencia al cambio. El nudo de intereses. Fanatismo definido en intransigencia. La falta de respeto a comparecientes. El estoicismo de éstos hecho silencio. La ignorancia indolente de la mayoría de nuestros diputados. Y sobre todas las cosas, la inexplicable actitud de negarle a México un camino corto y conveniente que lo lleve al desarrollo. Nos lleva a la necesidad, no de pedir… sino exigir una serie de medidas que corrijan el evidente empobrecimiento de uno de los Poderes de la Unión.

La primera de las acciones que habremos de tomar será quitar diputados. Hay doscientos que estorban. Llegan por asalto al poder y fuero. Los plurinominales no tienen razón de ser. El liderazgo de las bancadas es marcado por ellos. El puente de la línea partidista. Son punta de la lanza que hiere o mata ideas, propuestas, salidas.

A los mexicanos no nos falta talento para entender el curso de la recuperación a nuestras calamidades. Claramente sabemos qué caminos tomar para ver la luz de buenos resultados. Insisto, la gente ya no quiere más de esta inoperancia. Transcribo un pequeño fragmento de un correo enviado por una radioescucha, que representa el desánimo general.

“Desde hace más de 18 años has sido mi compañero matutino. Siempre informando con prontitud y puntos de vista sensatos. Muchas veces de acuerdo contigo, otras tantas no. Ha sido una relación enriquecedora. Pero me temo que estoy a punto de terminar con ella. Estoy tentada a dejar de escucharte y no por ti, sino por salud mental. Cada vez que escucho las (¡no sé como expresarlo sin maldecir!) ATROCIDADES que se llevan acabo en nuestro H. Congreso de la Unión, se me retuerce hasta el apéndice. ¡No puedo más con esos trogloditas! Lo peor de todo es que ya sabemos que lo de la H en Congreso no es por HONORABLE. Es por HUEV...S.” y así sigue en esa tónica. Firma Gaby Chaffardet de Cruz, de Monterrey, N.L.

Siempre he sido un promotor de la idea de que si queremos cambios de fondo para nuestra democracia, debemos acudir a ellos bajo la mirada de quienes la formamos. A veces creo que los ciudadanos pensamos que la democracia está en la clase política y por ende no nos toca. ¿Quién conoce al diputado de su circunscripción? ¿Quién lo llama a cuentas? No hay nuestro reclamo. Ni de ellos, la toma de nota que insinúe alguna responsabilidad. Deciden el curso del futuro. Echan la pelota al adversario. Reclaman la alabanza ante “heroicas” posturas que resultan mentirosas.

Me uno al llamado de Gaby. De muchas Gabys. De infinidad de mexicanos hartos de tanta ineficiencia. De quinientas piedras en el camino, propongo quitar doscientas. Exijo quitar doscientas. ¡Ah! y sesenta y cuatro senadores. Y lo quiero ya.

He sido un promotor de la idea de que si queremos cambios de fondo para la democracia, debemos acudir a ellos bajo la mirada de quienes la formamos.

Los magos al poder

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

En las próximas horas sabremos si la clase política es capaz de cosas mayores —como enmendar positivamente un paquete fiscal que todos rechazan—, o si los ciudadanos entregaron los poderes Ejecutivo y Legislativo a un puñado de negados para gobernar.

Sin embargo, lo verdaderamente interesante podría ser que también en las próximas horas se decida si a partir del último tercio de 2009 arrancarán precampañas para llevar al poder no a los políticos clásicos y menos a reputados tricolores, azules o amarillos. No, ahora los candidatos podrían ser magos. ¿Por qué? Porque en la conciencia colectiva, muchos ciudadanos no aspiran a ser gobernados por un político eficaz y sensato, sino por un mago. O un conjunto de magos, claro.

Todos quieren un gobierno que luego de prometer mucho, haga mucho y bien. Pero ese mismo gobierno debe ser tan bueno que no cobre más impuestos y, si es posible, reduzca los impuestos. Todos quieren un gobierno eficaz, pero que no acepte inversión externa; todos condenan la burocracia, pero cuestionan el despido de burócratas; prefieren enamorados del sindicalismo, pero que no cierre empresas quebradas por los sindicatos; que atienda a los pobres, pero que entregue dinero a los partidos, no a los pobres… ¿Queremos gobiernos eficaces y sensatos, o queremos magos?

Dijo Confucio. “Gobernar significa rectificar”. ¿Rectificarán en materia fiscal el gobierno de Calderón y los estatales? Dijo León Tolstoi. “Es más fácil hacer leyes que gobernar”. ¿Entenderán el significado los y las congresistas mexicanos? Si no entienden, acaso deban escuchar a Bolívar. “Los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral”.

Desde 2006, fanáticos amarillos llamaron “usurpador” a Calderón. No conocieron uno de los clásicos del periodista italiano Carlo Bini. “Quien no sabe gobernar es siempre un usurpador”. ¿Cuántos usurpadores tricolores, azules y amarillos hemos padecido? ¿Cuántos contribuyeron al maleficio fiscal que se discute? Dijo Aristóteles. “No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico”. En realidad no hace falta un mago en el gobierno, y menos 600 en el Congreso. Seguro los ciudadanos se conformarían con políticos prácticos y con sentido común. ¿Es mucho pedir? En próximas horas lo veremos. Por lo pronto, vale recordar la máxima del escritor y político español, Gaspar de Jovellanos. “Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Cierto o falso?

EN EL CAMINO Por cierto, en una de ésas y se impone el “mago” Beltrones, y desaparece el 2% al ISR, el 1% al IVA y el 3% al internet. ¿Y a cambio de qué? De una dieta generalizada.

Lo más simple es lo más imposible

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

No habría mayor problema con eso de que al supremo Gobierno le falte plata para solventar sus gastos suntuarios pero la gran bronca es que, si le viene en gana, puede desmadrar la economía nacional. Ya nos ha ocurrido: don Serra Puche, recién nombrado por Ernesto Zedillo para suceder a Pedro Aspe, un experto plenamente reconocido por la comunidad financiera internacional, consumó, por bisoño o por incapaz, el llamado “error de diciembre”. Dicen —los que saben— que la estabilidad económica del país pendía de alfileres en aquellos momentos; bueno, pues el secretario de Hacienda se los quitó. Otros ejecutores, jefazos todopoderosos del Ejecutivo en los buenos tiempos del presidencialismo avasallador, alcanzaron también logros inmarcesibles como devaluar catastróficamente la moneda —de manera tal que ahora vale la milésima parte de lo que importaba en sus momentos— o endeudar a la nación muy por encima de sus disminuidas posibilidades. Los costos los estamos pagando todavía en estos momentos, señoras y señores. O sea, que la amenaza no es menor y los peligros muy reales. Imaginen ustedes, por ejemplo, que para cubrir sus déficits o finiquitar la paga quincenal de sus empleados, papá Gobierno decidiera, ahora mismo, imprimir alocadamente billetes de banco o endeudarse como cualquier usuario de tarjeta de crédito: el Peso se desplomaría, las tasas de interés se irían al cielo y nosotros, los ciudadanos de a pie, no podríamos ya liquidar las tremendísimas deudas que hemos contraído con los alevosos bancos.

Debemos, pues, entender que la mano tendida de Calderón para que le demos una tajada más suculenta de nuestras magras ganancias no intenta ser un atropello, una ofensa o un agravio: no le queda, al agobiado presidente de todos los mexicanos, ninguna otra opción. Hace lo que puede aunque, en realidad, debería de quitarse la máscara que le ha endosado el nacionalismo revolucionario y, de plano, proclamar un impuesto global al consumo de 10 por cien. Tan sencillo como eso. Y por ello mismo, absolutamente imposible.

Incautación

Roberto Zamarripa
Reforma

La élite política no está dispuesta a renunciar a ninguna de sus canonjías. El dinero público es calculado y repartido en función de los apetitos de esa élite y no de las necesidades de la ciudadanía. El diseño del paquete económico 2010 confirma una especie de incautación de los recursos públicos -del pago ciudadano- por las élites políticas.

Esa política de incautación del dinero público -que no de tributación- comienza a tener problemas: la crisis no favorece una repartición dispendiosa como antaño y son demasiadas tribus para tan pocas partidas. De ahí la desesperación por incrementar impuestos.

Cada vez es más difícil financiar el costosísimo aparato público de las dependencias del Ejecutivo, de los abusos del Legislativo y las faraónicas tajadas del Judicial. Los propios diputados, en preguntas formuladas a la Secretaría de Hacienda , habían estimado que una reducción significativa de salarios y prestaciones de altos funcionarios permitiría unos 94 mil millones de pesos de ahorro; la supresión de las pensiones de los ex presidentes, así como la desaparición de la atención médica privada, caja de ahorro especial y bonos extraordinarios de altos funcionarios alcanzaría otros 30 mil millones de pesos.

En un sistema inequitativo, de recaudación discrecional, la élite política literalmente incauta ese ingreso para sus propósitos de perpetuación. Usa el dinero para sostener el oneroso aparato público y también para que los gobernadores dispongan de recursos para el financiamiento de campañas electorales y la perpetuación de sus grupos en el poder.

La irritación causada por la forma y el contenido de las decisiones parlamentarias en materia de impuestos ha molestado a muchos pero sobresale en ello la reunión de usuarios de internet contrarios al impuesto del 3 por ciento en servicios de telecomunicaciones.

Un grupo de twiteros acudió al Senado de la República a solicitar a quienes ejercerán el papel revisor de las decisiones de los diputados que impidan ese impuesto.

Sin duda la novedosa expresión de protesta, cultivada desde distintas computadoras y teléfonos, tendrá un efecto entre los legisladores. Aunque quienes emprendieron esta iniciativa corren el riesgo de quedar atrapados en la trampa que les tendió el Congreso. Han acudido al Senado, al terreno de la paleontocracia, en lugar de obligar a los legisladores a acudir al terreno de la modernidad y la participación directa. Los espacios de usuarios, de internautas, de twiteros, de blogueros, etc., no están necesariamente en las salas de la política formal. De quienes destilan conservadurismo, enmohecimiento y podredumbre. Debe apostarse porque los legisladores y la élite política atiendan a consumidores, electores y ciudadanos en los foros y en las zonas donde ellos habitan, conversan y construyen relaciones.

Hacia allá deben de ir las denuncias sobre los excesos de gastos de la élite política, las pruebas diarias y cotidianas de los dispendios.

Porque el problema no es estrictamente el impuesto al servicio de internet en un país que permanece rezagado en el acceso, el uso y el desarrollo de la nueva tecnología. Que no tiene competencia real y por tanto ofrece un servicio lento, malo y caro. El problema de fondo es la disponibilidad de internet para la población de manera masiva, incluyente y socializadora.

El movimiento generado alrededor del lema "internet necesario" abrió una rendija importante para una nueva forma de participación ciudadana. Los twiteros que fueron al Senado probablemente logren la desaparición de ese impuesto pero lo que vendrá será transferencia de la puñalada a otro segmento ciudadano. Por ello su convocatoria debe permear en otros ámbitos.

Las posibilidades y capacidades de convocatoria desde internet pero sobre todo la difusión de mensajes, opiniones, inquietudes y registros por la red muestran uno de los cambios más trascendentales de la época: la disposición de medios propios de los ciudadanos y la construcción de redes en muchos casos autónomas o distantes de los grandes monopolios mediáticos y las clientelas políticas.

No es una mala iniciativa usarlos para impedir la incautación por parte de la élite política de los recursos públicos. Y de paso pelear por reasignaciones presupuestales que coloquen como prioridad el acceso y uso de nuevas tecnologías para toda la población.

Incautación

Roberto Zamarripa
Reforma

La élite política no está dispuesta a renunciar a ninguna de sus canonjías. El dinero público es calculado y repartido en función de los apetitos de esa élite y no de las necesidades de la ciudadanía. El diseño del paquete económico 2010 confirma una especie de incautación de los recursos públicos -del pago ciudadano- por las élites políticas.

Esa política de incautación del dinero público -que no de tributación- comienza a tener problemas: la crisis no favorece una repartición dispendiosa como antaño y son demasiadas tribus para tan pocas partidas. De ahí la desesperación por incrementar impuestos.

Cada vez es más difícil financiar el costosísimo aparato público de las dependencias del Ejecutivo, de los abusos del Legislativo y las faraónicas tajadas del Judicial. Los propios diputados, en preguntas formuladas a la Secretaría de Hacienda , habían estimado que una reducción significativa de salarios y prestaciones de altos funcionarios permitiría unos 94 mil millones de pesos de ahorro; la supresión de las pensiones de los ex presidentes, así como la desaparición de la atención médica privada, caja de ahorro especial y bonos extraordinarios de altos funcionarios alcanzaría otros 30 mil millones de pesos.

En un sistema inequitativo, de recaudación discrecional, la élite política literalmente incauta ese ingreso para sus propósitos de perpetuación. Usa el dinero para sostener el oneroso aparato público y también para que los gobernadores dispongan de recursos para el financiamiento de campañas electorales y la perpetuación de sus grupos en el poder.

La irritación causada por la forma y el contenido de las decisiones parlamentarias en materia de impuestos ha molestado a muchos pero sobresale en ello la reunión de usuarios de internet contrarios al impuesto del 3 por ciento en servicios de telecomunicaciones.

Un grupo de twiteros acudió al Senado de la República a solicitar a quienes ejercerán el papel revisor de las decisiones de los diputados que impidan ese impuesto.

Sin duda la novedosa expresión de protesta, cultivada desde distintas computadoras y teléfonos, tendrá un efecto entre los legisladores. Aunque quienes emprendieron esta iniciativa corren el riesgo de quedar atrapados en la trampa que les tendió el Congreso. Han acudido al Senado, al terreno de la paleontocracia, en lugar de obligar a los legisladores a acudir al terreno de la modernidad y la participación directa. Los espacios de usuarios, de internautas, de twiteros, de blogueros, etc., no están necesariamente en las salas de la política formal. De quienes destilan conservadurismo, enmohecimiento y podredumbre. Debe apostarse porque los legisladores y la élite política atiendan a consumidores, electores y ciudadanos en los foros y en las zonas donde ellos habitan, conversan y construyen relaciones.

Hacia allá deben de ir las denuncias sobre los excesos de gastos de la élite política, las pruebas diarias y cotidianas de los dispendios.

Porque el problema no es estrictamente el impuesto al servicio de internet en un país que permanece rezagado en el acceso, el uso y el desarrollo de la nueva tecnología. Que no tiene competencia real y por tanto ofrece un servicio lento, malo y caro. El problema de fondo es la disponibilidad de internet para la población de manera masiva, incluyente y socializadora.

El movimiento generado alrededor del lema "internet necesario" abrió una rendija importante para una nueva forma de participación ciudadana. Los twiteros que fueron al Senado probablemente logren la desaparición de ese impuesto pero lo que vendrá será transferencia de la puñalada a otro segmento ciudadano. Por ello su convocatoria debe permear en otros ámbitos.

Las posibilidades y capacidades de convocatoria desde internet pero sobre todo la difusión de mensajes, opiniones, inquietudes y registros por la red muestran uno de los cambios más trascendentales de la época: la disposición de medios propios de los ciudadanos y la construcción de redes en muchos casos autónomas o distantes de los grandes monopolios mediáticos y las clientelas políticas.

No es una mala iniciativa usarlos para impedir la incautación por parte de la élite política de los recursos públicos. Y de paso pelear por reasignaciones presupuestales que coloquen como prioridad el acceso y uso de nuevas tecnologías para toda la población.

La decadencia de la política

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La torpeza política parece ser una constante en el accionar de los partidos, el gobierno y las cámaras. Hace demasiado tiempo que nuestra clase política carece del toque fino, de la sensibilidad como para tejer acuerdos sensatos, de largo plazo, hacer más y hablar menos. Pareciera que no nos hemos podido recuperar, quince años después, de los traumas, la violencia, las ambiciones desatadas en 1994 y, desde entonces, lo que era excepción se convirtió en norma. En el pasado se pensaba que eran costos de la transición, de aprender a vivir en un sistema más abierto, plural y democrático. Pero ya ha transcurrido demasiado tiempo y la curva de aprendizaje parece ser, cada vez, más descendente.

En realidad, pareciera que no hemos aprendido nada: no tenemos, en muchos sentidos, una clase política más abierta, más plural, más democrática. Sí una dispersión de focos de poder que luchan entre sí, a través de una clase política, que salvo algunas excepciones muy destacadas, se ha vuelto cada vez más inculta, más intolerante, menos sutil. Y lo ocurrido en la última semana lo ratifica.

El escenario es el mismo. Cambian en ocasiones los actores, pero la trama no se modifica. Primer acto. La negociación del paquete fiscal se realiza en forma extraña. Ni el gobierno realiza la labor de presentarlo y sondearlo antes de su divulgación ni los partidos parecen tener interés en impulsar algo que vaya más allá de sus intereses absolutamente coyunturales. Se llega a la fecha límite prácticamente sin acuerdos y, repentinamente, entre el sábado y el domingo de la semana pasada, se establece uno entre la Secretaría de Hacienda, los gobernadores priistas, diputados y una parte de su dirigencia, donde se deja fuera de la jugada a los senadores del tricolor. A regañadientes, el acuerdo es aprobado en San Lázaro y que nadie diga que no participó de él: el paquete fiscal fue aprobado por 415 votos contra 24, eso quiere decir que priistas, panistas y perredistas lo apoyaron, algunos mostrando desacuerdos en puntos específicos, pero todos se llevaron algo: los gobiernos de los estados diez mil millones de pesos adicionales; el PRD obtuvo para el DF cinco mil millones de pesos de endeudamiento extra; el gobierno federal logró cerrar la brecha presupuestal para 2010. Que el paquete fiscal sea intransitable para las clases medias no pareció preocuparles.

Segundo acto. Lo que no está bien amarrado se termina zafando. Y el acuerdo no estaba bien amarrado porque, en una muestra más de la debilidad de nuestra clase política, nadie quiso pagar el costo político. Y todo se zafó de la forma más insólita: fue nada menos que el presidente nacional del PAN, César Nava, el que “responsabilizó” al PRI del paquete fiscal, algo que era en buena medida falso, porque ese paquete tiene una paternidad compartida entre el PRI y el PAN, y ello desató las furias del priismo más primitivo, que no quiere saber nada de acuerdos y que considera que ni el poder ni la responsabilidades se comparten. El adjetivo más suave para la torpeza del presidente del PAN fue el muy homofóbico “puto”. Y todo parece haberse roto en medio de una tormenta declarativa indigna, por lo menos en sus términos, de llamarse política.

Pero al mismo tiempo se escenificaba otro acto, el tercero, deleznable: el show ejercido en torno a la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano. Si ya el espectáculo durante la aprobación del paquete fiscal había sido lamentable, lo sucedido en la comparecencia nos deja con escasez de adjetivos. Los Fernández Noroña, los Muñoz Ledo, los Jaime Cárdenas y muchos otros, no actúan como dicen serlo, como hombres de izquierda, ni mucho menos como demócratas, actúan igual que lo hacían las camisas negras del fascismo, apoyándose en el insulto, la violencia, el agravio, la provocación, y aprovechándose de un fuero que los hace sentir impunes. Si los insultos que ellos y otros profirieron contra Javier Lozano se los hubieran lanzado a alguien en la calle, los hubieran tundido a golpes. Pero fue en el Congreso de la Unión, “envalentonándose” porque tienen como rehenes a funcionarios que, ellos lo saben, no pueden defenderse. Son personajes fascistoides y, el espectáculo, tan lamentable como la indolencia de los diputados que lo permiten.

La decadencia es la marca de la política nacional.

Son personajes fascistoides y, el espectáculo, tan lamentable como la indolencia de los diputados que lo permiten.

Son personajes fascistoides y, el espectáculo, tan lamentable como la indolencia de los diputados que lo permiten.

Una guerra sin fin

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

El apoyo popular a todas las guerras, por legítimas que parezcan, se va debilitando conforme pasa el tiempo y aumentan los costos. Lo que es cierto en Irak y Afganistán lo es también en México en la guerra contra el narcotráfico. Han pasado tres años y la hora de hacer una rigurosa evaluación parece haber llegado. Por varias razones, porque el costo de enfrentar a los narcotraficantes es muy alto y porque no podemos seguir sin saber si vamos ganando y en qué consiste ganar. Hoy más que nunca tenemos que saber si el dinero destinado a esa guerra no estaría mejor invertido en la lucha contra la pobreza o en buscar reactivar la economía. El debate ya está abierto. Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar en su recién publicado libro El narco: la guerra fallida cuestionan, de entrada, que la guerra contra el narco fuera necesaria. Para ellos, Calderón se lanzó contra el narcotráfico por razones políticas y no por cuestiones apremiantes de seguridad. Apoyados en los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones (2008) los autores demuestran, de inicio, que contrariamente a la tesis del gobierno, en México no ha habido un aumento en el consumo de drogas y por lo tanto nada que explique una explosión del narcomenudeo. En general, su tesis es que ni el consumo, ni la violencia, ni la corrupción de autoridades que se vivía a fines del 2006 eran nuevos ni se habían disparado de forma que justificara sacar al Ejército a pelear en las calles una guerra permanente contra los narcotraficantes. Para Aguilar y Castañeda el verdadero objetivo de Calderón fue legitimarse en el poder luego de una elección cuestionada y de una atropellada toma de posesión. Para los autores, no sólo la guerra no habría sido necesaria sino que además desvió recursos humanos y económicos respecto de la inseguridad que sí preocupa a los mexicanos: los robos y los secuestros. La guerra tal y como está planteada hoy, sostienen, no tiene final ni éxito posible. Los autores proponen limitar, no el tráfico, sino los efectos colaterales dañinos que el tráfico provoca: asesinatos, inseguridad, corrupción. Su ejemplo es Colombia.

La discusión debe darse. A tres años de iniciada esta guerra seguimos sin poder medir sus resultados. Las ejecuciones aumentan, la violencia permanece y las ciudades y los pueblos de las zonas calientes del narco siguen sin ser recuperadas. Las guerras generan intereses e interesados en mantenerlas. En México esta guerra le ha dado poder y dinero al grupo que la encabeza. Los mismos que tratan de convencernos permanentemente que vamos ganando y que es una guerra necesaria.

Más de lo mismo

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Echemos la película hacia atrás:

Lo único que hacía tolerable la idea de cobrar más impuestos en el paquete fiscal propuesto por el gobierno era que se destinaran a programas contra la pobreza.

Si es verdad que la crisis ha regresado a la pobreza a 6 millones de mexicanos, disponer de dinero público para asistirlos en el trance parecía un remedio necesario.

En ese compromiso genérico —impuestos para la pobreza— había una señal clara de dónde pensaba el gobierno gastar lo que recaudara. Lo normal es que no diga ni siquiera eso, sino simplemente que la nación lo necesita, etcétera.

La única pieza del paquete fiscal que ha sido rechazada hasta ahora por el Congreso es precisamente la referida a este compromiso: 2 por ciento al consumo de alimentos y medicinas, cuyo daño a la economía de las familias se resarciría precisamente con el aumento de los recursos para combatir la pobreza.

No era un compromiso preciso de devolver a los más pobres, en efectivo, más de lo que el impuesto les quita, pero era un compromiso en el camino correcto: compensar a los más afectados por la crisis y por los efectos regresivos del impuesto.

De todos los impuestos planteados por el gobierno, este 2 por ciento al consumo de alimentos y medicinas era el único, además, que iba en el sentido correcto de cancelar los regímenes fiscales de exención que hacen de nuestro sistema impositivo una casa con muchas puertas de escape.

Todo el resto del paquete es más de lo mismo: recaudar de los cautivos y aumentar impuestos especiales. He oído y leído muy pocas defensas de la lesión mayor contenida en ese paquete: el aumento de 2 por ciento en el impuesto sobre la renta para todos los causantes que tienen un trabajo formal y ya pagan sus impuestos.

Un verdadero atentado contra la clase media que paga impuestos. Simple y sencillamente les quitarán 2 por ciento de su sueldo para entregarlo a no sabemos qué presupuesto gubernamental.

Desde el punto de vista de los ciudadanos puede decirse que hay una trampa técnica en la secuencia de la discusión de los impuestos en México. Cada año se define primero cuánto va a recaudarse (Ley de Ingresos) y luego se define en qué se gastará (Ley de Presupuesto).

Debería ser al revés: primero definir el gobierno en qué va a gastar y luego de dónde sacará el dinero. Los ciudadanos sabrían así para qué les quitan el dinero, y si les parece o no.

El Congreso se encamina a una nueva improvisación recaudatoria. No atiende sino al imperativo de recoger dinero de los pagadores de siempre para gastarlo en las prioridades políticas de turno.