noviembre 06, 2009

La base de la pirámide

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La historia de la muerte anunciada de HéctorEl NegroSaldaña, quien era calificado como el responsable de la ola de secuestros y extorsiones que sufrían Monterrey y sobre todo el municipio de San Pedro Garza García, con las declaraciones del presidente municipal Mauricio Fernández Garza y todas las especulaciones que se han dado posteriormente respecto a la existencia de grupos paralegales, ha desatado, además, una ola de violencia en distintos municipios de Nuevo León. El asesinato del general retirado Juan Arturo Esparza García, secretario de Seguridad Pública del municipio de García, conurbado a Monterrey, y de su equipo más cercano, es una demostración de lo delicado de la situación que deviene, en muy buena medida, del recambio gubernamental en los municipios de la entidad.

Porque independientemente de las declaraciones o de lo controvertido que sea Mauricio Fernández, en un punto tiene toda la razón: la tónica de la mayoría de los gobiernos municipales es, lisa y llanamente, “hacerse güeyes” ante los desafíos de la seguridad. Pero no se trata sólo de voluntad. Un municipio como San Pedro puede y debe tener una policía local operativa, construir, como lo dijo Fernández Garza, cuerpos de inteligencia y, también, tener una visión que vaya más allá de solucionar los problemas de tránsito. El problema es estructural y en muchas ocasiones trasciende la voluntad de los actores.

La base de la seguridad no puede seguir dependiendo de los gobiernos municipales. Simplemente no están en condiciones de garantizarla: si 95% de los delitos que se cometen son del fuero común y cerca de la mitad de ellos están relacionados con el robo, resulta evidente que las policías municipales se encuentran rebasadas. Ni siquiera imaginemos, salvo algunos municipios importantes, como San Pedro, la impotencia o el desinterés de esas policías locales para atender fenómenos como el secuestro o el narcomenudeo, delitos que también tendrían que entrar dentro de sus atribuciones legales.

Hay que insistir en un punto que señaló Genaro García Luna en su accidentada comparecencia en la Cámara de Diputados: deben ser creadas 32 policías estatales que concentren las actividades y atribuciones de las municipales y a su vez se puedan coordinar eficazmente con la Federación. Los datos para sustentar esa necesidad son rotundos. La mitad de las policías municipales tienen menos de 20 elementos (y con la rotación de los mismos, por sus turnos, quedan unos cinco o seis en cada uno). En los hechos, 88.5% de los municipios no pueden contar con más de 33 elementos activos. Otras 25 corporaciones locales, las de los municipios más importantes, concentran 26% de los elementos. Pero su situación es lamentable: 70% de los policías municipales tienen menos de 10 años de instrucción; la mayoría ya cumplieron más de 35 de edad y 61% de todos los de los municipios no ganan más de cuatro mil pesos mensuales. Esa es la realidad. ¿A esos cuerpos de policías se les debe encomendar hacerse responsables de la base de la seguridad en nuestro país?

Se ha dicho que no habría presupuesto que alcance para cubrir esos cuerpos policiales, homologando salarios, equipos, estructuras. Con el esquema actual, tal vez no, pero al hablar de tener 32 policías estatales no se trata de simplemente sumar a los que ya están y hacer una suerte de conglomerado de todo lo existente, sino de rediseñar el sistema. No nos faltan policías en el país, lo que no tiene sentido es su distribución y su organización. En lugar de concentrar elementos y esfuerzos, éstos se dispersan y malogran y, en vez de contar en los municipios con la base de la pirámide de seguridad en el país, lo que tenemos es la base de la penetración de la delincuencia en las estructuras policiales. En Nuevo León se está dando una coyuntura especial que podría ser la piedra de toque para cambiar las cosas. Existe un nuevo gobierno estatal con el compromiso de avanzar seriamente en el ámbito de la seguridad. Controvertidos o no, hay nuevos presidentes municipales decididos a acompañar ese avance. Y existe una sociedad que está harta de una inseguridad que hasta hace unos pocos años le era ajena. Nuevo León podría y debería ser la punta de lanza, el laboratorio social (como lo ha hecho en muchos otros ámbitos) para demostrar que se pueden cambiar las cosas y es posible tener una policía estatal poderosa, que absorba a sus vulnerables policías municipales. Y que le devuelva la seguridad a su gente.

Nuevo León podría ser la punta de lanza, el laboratorio social para demostrar que se puede tener una policía estatal poderosa.

¿Quién tiene la culpa?

Ana María Salazar
salazaropina@aol.com
Analista política
El Universal

Lamentablemente, 2009 será un año récord de asesinatos en México. Hasta la fecha se han documentado más de 6 mil ejecuciones, y todavía no termina el año. Hay que recordar que en 2008 se reportaron más de 5 mil ejecuciones, que fue casi el doble de las registradas en 2007 (EL UNIVERSAL, 3 de diciembre 2008).

Al mismo tiempo que se incrementa el número de muertos relacionados con esta “guerra” en contra del crimen organizado, también está aumentando el cuestionamiento acerca de si las Fuerzas Armadas deben de continuar ejerciendo el liderazgo en la estrategia para controlar estas organizaciones. Para desfortuna del Ejército y de la Marina, el número de muertos se está convirtiendo en la vara con que se evalúa la efectividad y la capacidad de estas instituciones. ¿Cuánto ha impactado en la reputación del Ejército el hecho de que, a pesar de su despliegue en Juárez, dos de cada tres homicidios en este país suceden en esa ciudad fronteriza?

Al Ejército mexicano no se le debería responsabilizar por lo que podría ser el fracaso de la estrategia antidrogas del país, ya que el éxito de esta estrategia depende no sólo de los uniformados, sino de la capacidad o de la complicidad de las corporaciones civiles en el ámbito federal y estatal, además de la coordinación eficaz entre todas las instituciones que tienen la responsabilidad de la seguridad pública y la seguridad nacional de este país.

En este último punto, el de la falta de una coordinación adecuada entre Sedena, Seguridad Pública, PGR y Gobernación, sigue siendo probablemente incomprensible por qué permite esto el Presidente. Hay que reconocerlo, el poder de los presidentes mexicanos se ha ido acotando a través de los años, pero no implica que no tengan ni la facultad ni la capacidad de controlar a sus secretarios.

Si un presidente no tiene suficiente poder o voluntad política para ordenar a su gabinete de seguridad que se coordine, básicamente estamos ante una situación en la que el mandatario no va a ser eficaz, y si además no existen los mecanismos para que se dé una coordinación real entre los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad, no podemos hablar de una guerra con posibilidades de ganarse.

En una conversación que tuve con Shlomo Ben-Ami, el ex secretario de Seguridad Pública de Israel, en una visita a Tampico, él señalaba que en México “todo este círculo tiene que funcionar de una manera integrada, y lo que es absolutamente importante es que todos aquellos implicados en la lucha tengan la misma visión del campo de operación, o sea, que todos tengan la misma inteligencia y que todos sepan qué es lo que ocurre en el terreno, que no haya visiones que choquen una con la otra”.

Y si el gobierno no puede coordinarse adecuadamente, Ben-Ami fue tajante: “Si es incapaz puede ya rendirse porque no va a tener éxito en la guerra contra los grupos violentos; de seguir de una forma anárquica, un esfuerzo aquí, otro esfuerzo aquí, un pequeño éxito aquí y otro fracaso allá, pero eso no va a crear una masa crítica que cambie la realidad, la realidad no cambia porque has dado un golpe muy serio a un grupo criminal, porque un grupo criminal siempre tendrá la capacidad de reaparecer de otra forma, lo que cambia estratégicamente la situación es que todos estén coordinados”.

También en Tampico, en este foro organizado por el gobierno de Tamaulipas, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia, me hacía comentarios ante el argumento del impacto que podría tener en la credibilidad de las corporaciones militares su participación en la persecución del crimen organizado: “En el caso colombiano llevamos a cabo una gran campaña en todas las fuerzas para que entendieran que en el trato hacia la población tenían que ganarse la mente y los corazones de los colombianos, y que de esa forma podían ser mucho más efectivos, no porque nos lo dijeran las ONG, sino por la propia legitimidad de las Fuerzas Armadas, ya que para poder combatir dependen del respeto y de la colaboración de la ciudadanía. Esto fue porque las fuerzas militares estaban cuestionadas, por su comportamiento en cuanto a los derechos humanos”.

Juan Manuel Santos de hecho asegura que el Ejército y la policía ahora son de las instituciones con más aceptación en su país en este momento.

Yo creo que la pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿qué tan malo es para la democracia mexicana involucrar a las Fuerzas Armadas en estas actividades? Ante la experiencia colombiana el ex ministro de Defensa me respondió: “Es peor para la democracia que las mafias se impongan”.

¿Por qué no al “grupo de limpieza”?

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

Cuando la policía no podía derrotar a la delincuencia, el comisionado Gordon prendía un enorme reflector que proyectaba la forma de un murciélago. En el cielo de Ciudad Gótica aparecía la Batiseñal. En ese momento, Bruno Díaz se dirigía a la Baticueva y se transformaba en Batman. Se subía al Batimóvil y salía a combatir a terribles villanos como El Guasón, El Pingüino, El Acertijo y la guapísima Gatúbela. Le costaba un trabajo endemoniado pero, con la ayuda de su mayordomo Alfredo y de Robin, El joven maravilla, el superhéroe ganaba las batallas en contra de los enemigos de la sociedad.

Se trata, por supuesto, del exitoso cómic creado por Bob Kane, que se convirtió en programa de televisión y en películas taquilleras. Pura ficción. Desgraciadamente hay gente que cree que es posible combatir así a la criminalidad. Ahí está, por ejemplo, el alcalde de San Pedro Garza García quien anunció la creación de un grupo de limpieza para acabar con la delincuencia en su municipio. Mauricio Fernández admitió que, de ser necesario, operaría al margen de la ley. Al parecer, su estrategia ya comenzó porque, al tomar posesión, el edil anunció la muerte de uno de los capos del crimen organizado en su demarcación, El NegroSaldaña, y tres de sus cómplices. Horas más tarde aparecerían sus cadáveres en el Distrito Federal.

Muchísima gente aplaudió la estrategia de Fernández . Ya están hartos de la falta de resultados de las instituciones gubernamentales encargadas de proveer seguridad. Si la policía no puede, pues que Mauricio llame al grupo de limpieza, como lo hacía Gordon con Batman.

Pero la realidad no es tan sencilla como las historietas cómicas. En el mundo real, los supuestos héroes justicieros suelen enloquecer por el poder que acumulan. Comienzan matando a los malos. Se van envalentonando porque nadie les pide cuentas. Al contrario, los aplauden. Este poder los comienza a marear. Sienten, entonces, que tienen licencia para matar a cualquier otro ciudadano incómodo: políticos opositores, periodistas preguntones y hasta a las novias infieles. Total, ellos pueden matar con toda impunidad. ¿Quién los para? ¿Quién los controla?

En una siguiente etapa, ellos mismos se convierten en el crimen organizado. Han aniquilado a secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes. El territorio está libre y el negocio es muy rentable. Empiezan cobrando un dinerito por acá, otro por allá. Les gusta. Se engolosinan. Cada vez quieren más. Y en San Pedro Garza García hay mucho. El alcalde ya no los controla. De hecho, si se pone rejego, igual y lo despachan al otro mundo. Se convierten, así, en el poder real de la zona.

Entonces llega un nuevo alcalde que promete eliminar al grupo de limpieza. En el colmo, puede estar tentado a crear otro grupo de limpieza. Una sociedad que, para resolver la inseguridad, acaba creando a los criminales del futuro. Porque así es la condición humana: los héroes vengativos enloquecen de poder y se convierten en villanos futuros.

Por eso, lo mejor para una sociedad es crear instituciones fuertes para combatir al crimen organizado. Instituciones formales con protocolos y reglas, respetuosas de los derechos humanos y controladas por los funcionarios democráticamente elegidos que son responsables frente a la ciudadanía. Se trata, por supuesto, de una solución compleja y tardada que a muchos desespera. Pero no hay de otra. Porque lo otro, eso de crear heroicos grupos de limpieza es pura fantasía que, de llevarse irresponsablemente a la realidad, acaba profundizando el problema de la inseguridad.

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Lo mejor para la sociedad es crear instituciones fuertes contra el crimen.

Recaudación: de menos

Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

En el último Pesos y Contrapesos mostré cómo, en 2010, el gobierno federal cobrará 27.3 por ciento más impuestos que en 2007, primer año de la administración calderonista, en el cual los impuestos cobrados fueron sobre la renta, al activo, al valor agregado, especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel para combustible automotriz, a bebidas con contenido alcohólico y cervezas, y a tabacos labrados; sobre la tenencia o uso vehicular, sobre automóviles nuevos; a los rendimientos petroleros, al comercio exterior y accesorios. En 2010 los impuestos a cobrar serán: sobre la renta, empresarial a tasa única, al valor agregado, especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel para combustible automotriz, a bebidas con contenido alcohólico y cervezas, a tabacos labrados, a juegos y sorteos, y a telecomunicaciones; sobre la tenencia o uso vehicular, sobre automóviles nuevos, a los rendimientos petroleros, al comercio exterior, a los depósitos en efectivo y accesorios.

En 2007 el número de impuestos cobrados, a nivel federal, fue de 11; el año entrante serán 14, tres más, incremento equivalente al 27.3 por ciento, ¡en una administración cuyo presidente prometió, durante la campaña electoral, reducir y eliminar impuestos! ¿Que en aquel entonces no predijeron la recesión? ¡A otros ilusos con tal cuento, y no porque no hayan predicho la recesión, sino por la creencia de que de la misma se sale con más gasto gubernamental y, por lo tanto, con más y más elevados impuestos!

Para darnos una idea de cómo se las gasta el gobierno a la hora de cobrar impuestos (y por gobierno entiendo, tal como hay que entenderlo, tanto al Ejecutivo como al Legislativo), tengamos en cuenta lo siguiente:

Primero. Suponiendo, tal como lo hace la SHCP, que el año entrante la producción crezca tres por ciento, la producción de bienes y servicios en 2010 resultará 1.7 por ciento menor que en 2007. Suponiendo que en 2010 se recaude lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, la recaudación el año entrante resultará 30.8 por ciento mayor que la de 2007.

Segundo. En 2007 la recaudación fue equivalente al 8.5 por ciento de la producción. Suponiendo que en 2010 la producción crezca tres por ciento, y que la recaudación resulte la calculada en la Ley de Ingresos de la Federación, la misma equivaldrá al 11.3 por ciento de dicha producción.

¿Qué tenemos? Que, en materia de recaudación, la recesión le hace al gobierno lo que el viento a Juárez. ¿Y qué le hizo el viento don Benito? A ciencia cierta no lo sé, pero supongo que nada. Probablemente ni siquiera le voló la chistera, lo cual no depende tanto de la chistera, sino de la fuerza del viento y, obviamente, de los reflejos del Benemérito para, dado el caso, ante una ráfaga de viento (parece ser que esto de ráfaga de viento es pleonasmo), detener a tiempo, sobre su cabeza, el sombrero de copa.

En materia de recaudación vamos de menos a más, y aumentando. ¡Viva el gobierno expoliador!