noviembre 10, 2009

Sindicatos independientes y fascismo

Ricardo Pascoe Pierce
Analista político
ricardopascoe@hotmail.com
Excélsior

Los Cuerpos Combatientes son una estructura de choque ligada al Estado dentro de las fábricas.

Los sindicatos independientes del control gubernamental en Venezuela se oponen a las recientes medidas militaristas del gobierno de Chávez en materia laboral. A través de un acto del Ejecutivo, Chávez modificó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, el 21 de octubre recién pasado, y dio nuevas funciones a las llamadas Milicias Bolivarianas. Les otorga responsabilidades para detectar posibles sabotajes, desórdenes o amenazas que supuestamente pondrían en peligro a la nación bolivariana. Lo significativo de este decreto es que las Milicias Bolivarianas son una estructura popular, a través de la cual sus integrantes espían al pueblo y reportan sus “hallazgos” a las autoridades, para “lo conducente”. Es decir, se crea una estructura de espionaje dentro del pueblo.

Pero, junto con estas nuevas funciones de las Milicias Bolivarianas, se crea una nueva estructura militar-popular: los Cuerpos Combatientes. Estos Cuerpos operarán dentro de las fábricas, empresas y en todos los lugares de trabajo, con el propósito de detectar actividades subversivas que pudieran atentar contra el buen funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, una huelga o una protesta contra políticas de las autoridades de una empresa. Recientemente, Chávez declaró a los trabajadores electricistas saboteadores, pues amenazaban con estallar una huelga nacional, por las políticas de la empresa estatal que los trabajadores consideraban contrarias a sus intereses.

En empresas estatales como PDVSA (la petrolera venezolana), la empresa eléctrica y la acerera SIDOR, entre otras, contingentes de trabajadores muchos de ellos de confianza llegan al trabajo uniformados en verde olivo, realizan prácticas y ejercicios militares en los espacios de las empresas, laboran con sus uniformes puestos y se dedican a integrar listas de posibles saboteadores o “alteradores del orden” de entre sus compañeros de trabajo. De esta forma, su función principal es asegurar la integridad y operatividad de las empresas, identificando a la organización sindical (especialmente aquella cuya dirección es independiente de las agrupaciones oficialistas) como un blanco a espiar cuidadosamente.

Los Cuerpos Combatientes son una estructura de choque ligada al Estado dentro de las fábricas, cuya función será, finalmente, impedir la expresión libre de los sindicatos y restringir o coartar completamente el derecho a la huelga e impedir la expresión de la protesta obrera. La mayoría de los trabajadores rechazan estas formas de control.

El sistema político venezolano se asemeja, cada vez más, a las propuestas y forma de organización del fascismo propuesto por Benito Mussolini en Italia, desde los años treinta. La oferta fascista de diseñar la economía, para satisfacer necesidades populares cuando la crisis económica genera más y más indigencia, sólo se resuelve con la imposición de un modelo político de control autoritario en toda la estructura de poder, desde abajo hasta arriba. El constatar la presencia de “trabajadores militarizados” dentro de los lugares de trabajo no sólo habla de la militarización de la sociedad venezolana en general, sino también de los instrumentos de control sobre la sociedad misma, aspirando al absurdo último: la uniformidad de pensamiento. Expresa, además, los mecanismos a través de los cuales el autoritarismo se mueve dentro de los circuitos capilares de la sociedad hasta apoderarse completamente de ella.

Paco Calderón

De héroes y...

Federico Reyes Heroles
Reforma

Victorias pírricas, vanidades infladas. Las negociaciones de la Ley de Ingresos fueron un desfile de pequeñeces. Que si el Senado no pudo frente a los diputados. Que si fulano perdió frente a no sé quién, que si los diputados del estado de México se resistieron a no sabemos qué. La última escena no tiene desperdicio: los líderes del PRI afirmando que gracias a ellos no hubo aumento de impuestos. ¡Pero si lo que necesita México es un Estado más fuerte, más fuerte en lo fiscal y por ende en muchos otros ramos! Una auténtica feria de desfiguros. Algo queda claro: los legisladores no quieren asumir una responsabilidad de Estado. Va desde abajo.

México recauda alrededor de 15% del PIB. De allí más de cinco puntos provienen del petróleo. O sea que en realidad recaudamos, sin petróleo, en términos globales, 10% del PIB. Somos un Estado muy pobre. España recauda alrededor del 23 y Portugal y Holanda el 25. La media en los países de la OCDE es del 27%. El petróleo es la terrible gran droga nacional. Pero esa droga va a la baja -muy anunciada- y es por eso que estamos en emergencia. Nos alcanzó el futuro, tenemos que recaudar más. Empieza la discusión. Es que gastamos mal. Es cierto, hay despilfarros, opacidad, lujos, desperdicio, duplicidad, etcétera, en la Federación y en los estados. Pero aun gastando como profesionales lo que ingresamos es raquítico. En impuestos al consumo sacamos poco más del 2% cuando los países de la OCDE recaudan más del 7%; en impuestos al ingreso México obtiene 5% y los países de la OCDE el 12%. En predial cobramos alrededor de la veinteava parte. ¿De dónde quieren que salgan los dineros para infraestructura, educación, salud, ciencia y tecnología, programas de ayuda a los pobres y un largo etcétera si recaudamos tan poco?

Pero, claro, en el momento en que se habla de aumentar impuestos los causantes cautivos brincan y con toda razón pues pareciera que la única fórmula que los legisladores han encontrado para aumentar la recaudación es aumentando los impuestos a los mismos causantes, a los que ya están (estamos) dentro. Como si no hubiera nada que hacer contra los evasores tradicionales, contra ese vasto universo de los causantes potenciales que son la otra mitad que no paga impuestos. Pieza central del éxito de un país desarrollado son los impuestos justos y progresivos. En México son asunto de broma y burla. Los hoyos son parte clave de la injusticia institucionalizada. Por captación 3%; por evasión al ISR 2.20%; por "esquemas especiales" (privilegios con tradición) 5.38%; por tasa cero en IVA 1.50%; por predial 4%. La suma es un aterrador o alentador 16%. ¿Se puede recaudar más en México? Sí, por supuesto que sí, pero para eso se necesita ir a la caza de todos.

Lo más curioso es que las autollamadas "fuerzas progresistas" de nuestro país ¡festejan que no se aumenten los impuestos! Por ese camino jamás tendremos un país más justo. Aunque sea impopular decirlo necesitamos más dineros públicos para que México alcance un desarrollo pleno. Más dineros si queremos que las diferencias regionales disminuyan, más recaudación si queremos que los niños del sur del país tengan internet como los del norte y que las futuras madres tengan mejor educación para que sus hijos estén frente a un horizonte mucho más amplio, más infraestructura para más empleos, más de todo, salvo burocracia. Continuar con un Estado pobre no puede ser una victoria para nadie. Si hubiésemos tenido un superávit fiscal, México hubiera podido inyectar más dinero para paliar la recesión y el desempleo. Así lo ha hecho Chile, entre otros y miren la diferencia. ¡Cómo aplaudir que, en términos generales, salgamos con lo mismo!

Los estereotipos nos avasallan. Los ricos son el problema. Falso, muchos países con mayor justicia social tienen muchos ricos, pero bien gravados. Hay que gravar a los que producen porque se hacen ricos. Falso, hay que gravar a los que producen con cautela, pero mucho más a los que consumen y gravar el ingreso de manera progresiva. Pero, lo más importante, hay que gravar a todos los que deben pagar impuestos, sin excepción. Sólo así se construye una nación más próspera y equitativa. Si un país no logra ese objetivo, gravar a todos los que deben pagar, nunca tendrá suficientes causantes para sostener un Estado sano.

Atrapados por sus viejos dogmas y prejuicios, los legisladores se vieron pequeños frente a los retos del siglo XXI. Hay quien los llama ya la generación del fracaso. No creo demasiado en el cartabón de las generaciones, pero de que en este capítulo se miran sin visión de largo plazo, sin visión de Estado, de eso no me cabe la menor duda. Todos los que aplauden esta batalla como un triunfo son los responsables de la mortalidad infantil en zonas aisladas, de las clínicas sin medicamentos, de las escuelas pobres, de los niños en situación de calle, del desempleo, de la pobre inversión en ciencia, de la inseguridad, de la miseria. ¿Héroes? No, enanos.

Votos panistas, modelo agotado

Javier Corral Jurado
Diputado Federal del PAN
El Universal

Por las posiciones que ya han expresado legisladores del PRI sobre el presupuesto, más que un instrumento de redistribución del ingreso hacia proyectos prioritarios, programas sociales y sectores necesitados, se configura un agandalle de recursos para los gobernadores priístas, con miras a las elecciones de 2010. Algo muy delicado porque el margen de redistribución del presupuesto, si mucho, llega a 10%. Veremos cómo termina este segundo capítulo de la política económica del Presidente, porque la Ley de Ingresos ha dejado honda insatisfacción.

Conforme las negociaciones mezquinas se van conociendo, se acrecienta la sensación de engaño en varios legisladores por haber recibido información falsa o a medias. Fue un proceso en el que concurrieron diversos actores y contradictorios intereses, en un momento deteriorado de la Hacienda pública, bajo presiones y con una correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados que a los del PAN nos coloca en desventaja frente a la mayoría PRI-telebancada del Verde y al resto de los partidos.

Aunque en el grueso del paquete económico, todos los legisladores del PAN apoyamos la negociación en su conjunto, no todos votamos a favor de todo lo propuesto. Muchos, respaldando la necesidad de mayores ingresos para el gobierno, nos opusimos a introducir privilegios indebidos para las fortunas más acaudaladas. En tres asuntos las votaciones dividieron a los legisladores del PAN.

Señalo privilegios indebidos porque hay quienes se aprovechan de las crisis y de las negociaciones para imponer condiciones ventajosas, hacer negocios y sacar provecho personal, político y económico. En la difícil situación que viven los más en México, aumentar impuestos resulta muy difícil de explicar, pero no hay posibilidad de ofrecer argumentos cuando se conceden grandes privilegios a los más pudientes. Y esa fue la línea que varios tomamos: apoyar al gobierno en una mayor recaudación porque de ahí saldrá el presupuesto, pero no prestarnos a componendas vergonzantes.

Por eso varios votamos contra los tratamientos especiales en el régimen de consolidación fiscal que permitieron diferir el pago de impuestos a las empresas más acaudaladas por los siguientes cinco años. El Presidente, que había reclamado su responsabilidad a las grandes empresas, propuso originalmente que en el primer año los grandes causantes que no habían pagado sus impuestos cumplieran con el 60% y el resto diferido a cuatro años. Eso significaba 27 mil millones de pesos. La Cámara de Diputados, al aprobar la consolidación, bajó el primer pago al 40%. Aun así, votamos a favor. Donde varios ya no estuvimos de acuerdo fue cuando el Senado le rebajó otro 15% y lo colocó en 25%. Votamos en contra.

No sólo la clase política está dejando de ver la irritación social que producen estas decisiones, sino que también el sector empresarial debería ser el más preocupado por la desigualdad social. Hay una bomba de tiempo que puede detonar.

Por eso también varios legisladores panistas nos opusimos al diferimiento gradual del impuesto del 2% al tabaco. Cuando el Senado aprobó aplicarlo todo de entrada, respaldé esa medida, recaudatoria y un instrumento eficaz contra el tabaquismo.

Con más ganas, resistimos la exención fiscal para los nuevos operadores de telefonía móvil. Empresas rentables conquistaron finalmente bajo la presión de Televisa una condonación en el pago de derechos por dos años. Este asunto está resultando el más desgastante para las relaciones partido-gobierno pues, al hacerse cargo directamente el Presidente de la defensa de esa inconstitucional exención, ha quedado un ambiente desanimado en cuanto a los compromisos de modernización política.

No creo que haya un solo legislador conforme o satisfecho. Por eso hay un sabor amargo con el desenlace y de la forma en que se han procesado varias decisiones. También hay unos que tienen más cara que otros para dar razón de su conducta. De lo que no tengo ninguna duda es de que el modelo de procesamiento de estos asuntos está agotado, y de que se necesita redefinir tiempos y métodos, reglas y fuentes confiables de información.

No a los de mayoría

Marcelino Perelló
bruixa@prodigy.net.mx
Excélsior

Los diputados plurinominales vinieron a ser de consolación, un poco de segunda, digamos; aunque tienen los mismos derechos, obligaciones y dietas que los de mayoría. Se llegó a la paradoja de que el camino más corto hacia San Lázaro pasaba por las listas plurinominales...

Desde hace meses se discute públicamente la posibilidad, para algunos la necesidad, de reducir el número de curules en ambas cámaras legislativas. La idea de quienes sostienen tal iniciativa es la de ahorrar dinero en el gasto público.

Digamos de entrada que tal propuesta es del todo cándida. Aun suprimiendo todas las curules, el ahorro logrado sería insignificante frente a la magnitud del déficit público. Son escalas diferentes. Mientras que el primero se mide en cientos de millones de pesos, el segundo es del orden de cientos de miles de millones.

En nombre de tan altruista plan de ahorro nacional hay quienes se inclinan por suprimir a las diputaciones plurinominales, es decir, en la Cámara de Diputados, 200 curules. Valiente ahorro. Ya me dirá usted. Pero las cosas son bastante más graves y atañen la médula misma del ejercicio y de la estructura democráticos.

“No a los plurinominales”: he ahí una consigna que se va abriendo camino y que nuestro periódico alberga, a través de Pedro Ferriz de Con, de manera destacada. Yo sostengo exactamente lo contrario: sí a los plurinominales y únicamente a los plurinominales. No a los diputados de mayoría. Tan clarito como eso.

Ya dije mi conclusión. Ahora, en reversa, me toca explicarla. La introducción relativamente reciente de las diputaciones plurinominales tuvo la intención de corregir un vicio flagrante en el sistema hasta entonces imperante, según el cual, si un candidato ganaba su distrito con 51% de los votos y su oponente obtenía 49%, ése 49 iba directamente a la basura y sus votantes no obtenían ningún tipo de representación parlamentaria.

Póngase pilas y piénselo así: suponga que hay tres distritos, A, B y C, cada uno con 100 electores, y que hay dos partidos: el RIP y el NAP. El distrito A lo gana el RIP 51 a 49 votos, en el B también gana el RIP, 51 a 49. En cambio el C lo gana el NAP 99 a 1. De esta manera, según el antiguo sistema de representación mayoritaria única, y al que no pocos quieren regresar hoy, el RIP obtiene dos diputados y el NAP uno solo. Pero resulta que el RIP obtuvo en total 51+51+1=103 votos, mientras que el NAP, con la mitad de diputados, obtuvo 49+49+99=197 votos, ¡Casi el doble que el partido “ganador”!

Es contra esta aberración de la aritmética democrática que se instauraron las diputaciones plurinominales. La idea es que la composición de las cámaras refleje de manera más fiel y justa la distribución de la opinión popular. Lo que pasa es que se hizo mal. Se quiso mantener, a toda costa, la figura del diputado por “mayoría relativa” y se conservó la circunscripción, por encima de los distritos y de los estados. Un galimatías inextricable.

Los diputados plurinominales vinieron a ser de consolación, un poco de segunda, digamos; aunque tienen los mismos derechos, obligaciones y dietas que los de mayoría. Se llegó a la paradoja de que el camino más corto hacia San Lázaro pasaba por las listas plurinominales, sobre todo en los primeros lugares. Y era común que el diputado por mayoría perdiera la elección, pero uno o más de sus correligionarios ingresaran a la cámara como plurinominales.

Para la asignación de estos últimos se ideó un esquema absolutamente incomprensible para el ciudadano de a pie: que si los restos mayores y los restos menores, que si las cuotas asignadas permitían el número de plurinominales realmente obtenido o había que reducirlo debido al número “excesivo” de diputados de mayoría conquistados. Total, un berenjenal del que era imposible salir bien librado. Sólo apto para “técnicos” hiperespecializados. El resto de los mortales no tenemos más remedio que leer y acatar los resultados que nos son dictados.

La supresión de los plurinominales ciertamente suprime de tajo todo este merequetengue, y el misterio de la asignación se difumina, pero se cae en la paradoja inaceptable de hace rato, la de los tres distritos. Además, al haber una sola curul en juego por distrito, la lucha dentro de cada formación por obtenerla se convertiría en una auténtica carnicería, y los cambios de camiseta se darían al por mayor. Si de por sí.

La única solución razonable es, entonces, la de suprimir los diputados de mayoría. A cada sección electoral, sean distritos, estados o circunscripciones, se le asigna un cierto número de curules, proporcional al número de habitantes, y de tal manera que la suma de todas sea el número ideal de diputados. En cada una de estas secciones, cada uno de los partidos presenta una lista, una planilla, por la que votarán los electores.

Serán diputados los primeros de la lista, en número proporcional a los votos obtenidos. Tan sencillo como eso. Se acabaron los misterios y los enredos. Queda por determinar cómo evaluar los porcentajes. Cómo pasar de los números fraccionarios de éstos a los enteros de los candidatos. Es sencillo, por ejemplo, mediante la regla de Hont. Pero tendré que explicársela la próxima semana.

De momento, de manera contundente: Sí a los plurinominales.

Lo que ya tenemos

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

El mundo ha cambiado de forma alucinante. Es más, ha cambiado para bien a pesar de las jeremiadas de muchos de nosotros. En mis tiempos, les cuento, me tocó ver desfilar al Ejército en las calles de San Luís Potosí. El supremo Gobierno, rotundamente contrario a que el doctor Salvador Nava fuera el primer mandatario estatal de oposición en este país, quiso lanzar así una advertencia a los ciudadanos: o el PRI sigue en el poder o los destripamos a ustedes a bayonetazos. Tómate esa. Y pensar que, hoy día, recibo correos de lectores que afirman, sin pestañear, que Felipe Calderón es “un fascista”.

México no se ha convertido en una sociedad justa ni igualitaria, desde luego. Pero, los columnistas podemos decir lo que nos viene en gana, los caricaturistas ridiculizan abiertamente al “señor presidente de la República”, los votantes eligen a sus candidatos preferidos y la democracia electoral es una realidad incontestable. No es poca cosa. Por ahí, un provocador de la calaña de Rayito lanza tremebundas acusaciones contra el sistema y sus seguidores lo secundan fielmente. Pues sí, pero ya quisiera yo ver a un opositor de este calibre —fundamentalmente desleal y mentiroso— tan envalentonado, cacareando sus baladronadas abiertamente en un régimen como el de los hermanos Castro o el del gorila Chávez. ¿Quién le planta cara a Fidel, en Cuba? Nadie. Mientras tanto, aquí ¿quién denuesta a Calderón? Cualquier persona. ¿No escuchamos al señor López Obrado gruñirle “¡cállate chachalaca!” al mismísimo presidente de Estados Unidos (Mexicanos). La bravata resonó en todo el territorio nacional. Y, ¿qué ocurrió? Nada. Bueno, sí: el candidato peleón comenzó a perder puntos en las preferencias de los electores. Terminó por quemarse una delantera que parecía inalcanzable. Nada más.

Hace poco mas de 20 años, si querías salir de la República Democrática Alemana, te cosían a balazos. Un 9 de noviembre, el Muro fue destruido. Todos los alemanes viven hoy en libertad. Dentro de otros 20 años, México será un país mucho mejor.

El Muro de Berlín y el muro del mercado

Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
La Crónica de Hoy

Hace 20 años colapsó el muro de Berlín y, con él, pieza a pieza cayó la maquinaria del sistema social soviético, que había sido exportado con calzador a otros países. Fue el fin de gobiernos que, con la bandera y pretexto del socialismo, habían instaurado regímenes policiacos que ahogaban todas las libertades y no cumplían con la promesa de bienestar hecha a sus ciudadanos.

Este proceso, que culminó con la desintegración de la Unión Soviética, supuso también el fin de la Guerra Fría, en la que comunismo y capitalismo se enfrentaron con todas las armas posibles, empezando por las de la propaganda —pero también incluyendo a las nucleares, aunque éstas nada más se insinuaron como “disuasivo”.

Se llegó a pensar que la derrota de la URSS significaba, automáticamente, la victoria del capitalismo en sus versiones más puras. Incluso se declaró, prematuramente, que las ideologías estaban muertas. Eran tiempos en los que el pensamiento económico ortodoxo parecía incontrastado, mientras se esperaba que los beneficios del mercado fueran poco a poco derramándose en las clases sociales que habían sido excluidas de ellos.

Dos décadas después, los desatinos de los regímenes del llamado “socialismo real” han quedado más que documentados. Pero esto no significó el triunfo absoluto que proclamaban los defensores del mercado a ultranza. Así como cayó el muro y, como piezas de dominó, fueron desplomándose los gobiernos comunistas en Europa del Este, cayó Lehman Brothers y, uno por uno, se fueron derrumbando gigantes financieros con pies de barro.

El mercado libre ha quedado lejos del triunfo total. Por una parte, la regulación insuficiente devino en crisis de mercados mal portados y en una depresión económica de proporciones mundiales. Por otra, la promesa de un tarro de mermelada para mañana, que traían consigo los proyectos de apertura y privatización, nunca se convirtió, para las mayorías, en mermelada para hoy, por mucha eficiencia empresarial que haya generado.

¿Cuál es el veredicto popular en el mundo acerca del funcionamiento del capitalismo, tras 20 años de la caída del muro? De eso trata una encuesta, realizada en 27 países, para BBC Global Services. Y el resultado no le es nada halagüeño.

En la encuesta, sólo 11 por ciento de los entrevistados consideró que el capitalismo (“el sistema de libre mercado”) funciona bien y no requiere de mayor regulación; poco más de la mitad (51 por ciento) opina que tiene problemas y es necesario regularlo más o reformarlo, y casi la cuarta parte (23 por ciento) juzga que es un sistema fallido, que requiere ser sustituido por otro.

Las respuestas a las diferentes preguntas de la encuesta, lógicamente varían de país a país. Respecto a la desintegración de la Unión Soviética, amplias mayorías en Estados Unidos, Japón, Polonia y Alemania (aproximadamente las cuatro quintas partes de los ciudadanos) opinan que fue buena; mientras que para rusos y ucranianos las proporciones se invierten (y también en Egipto, India y Pakistán es mayoritaria la idea de que fue mala).

El apoyo al capitalismo sin regulación sólo suma más de 20 por ciento en dos países: EU y Pakistán; por contra, en Francia, México, Brasil y Ucrania, aproximadamente un tercio de la población piensa que el sistema no tiene remedio. Quienes más apuestan por reformarlo son los alemanes.

¿Cuáles serían las aristas de una reforma? El consenso más notable es que los gobiernos tengan un papel más activo en la redistribución del ingreso. Esta idea no es mayoritaria sólo en Estados Unidos, Polonia, Turquía y Pakistán, y es particularmente popular en América Latina, con México a la cabeza.

Algo similar sucede con la capacidad del gobierno para regular a las empresas. La voz ampliamente mayoritaria en el mundo es que aumente y, de nuevo, América Latina —esta vez encabezada por Brasil— es la región donde más consenso hay al respecto, si bien hay que acotar que es altísima la proporción de quienes lo piden en Francia, España, Italia, Rusia, Egipto, África subsahariana, China e Indonesia.

También es mayoritaria —pero ya no con números aplastantes— la idea de que los gobiernos posean o controlen más empresas estratégicas. Esta lista es encabezada por naciones ex socialistas: Rusia, Ucrania, República Checa, pero incluye entre los más altos a países como Francia, Indonesia y Chile.

Nuestro país quedó en segundo lugar, detrás de Francia, en afirmar que el capitalismo de libre mercado es un sistema fallido irreparable, que debe ser sustituido (38 por ciento); sólo 2 por ciento cree que reformas o regulación lo harían ineficiente. Dos mexicanos de cada 100.

México tuvo la mayoría más amplia (92 por ciento) en señalar que el gobierno debería hacer más para una mejor distribución del ingreso. Casi dos terceras partes (64 por ciento) dicen que el gobierno debe regular más fuertemente a las empresas, y tres de cada cinco creen que debería tener un mayor papel controlando empresas clave, frente a 17 por ciento que opina que debería deshacerse de ellas.

Respecto a la caída de la URSS, 54 por ciento de los mexicanos considera que fue algo bueno, frente a sólo cuatro por ciento que lo ve como algo negativo, con un altísimo 43 por ciento que no tuvo opinión.

Así que celebremos todos la caída de aquellos regímenes inhumanos. Pero recordemos también que no fue el fin de la historia ni de las ideologías, que el sistema de mercado requiere de muchas más reformas de las que se están realizando y que, en una democracia, los legisladores representan a todos los ciudadanos, no nada más al dos por ciento que está contento con el actual estado de cosas.