noviembre 19, 2009

Secreto a voces

Oscar Mario Beteta
dikon2001@yahoo.com.mx
En Petit Comité
Milenio

La denuncia que formuló esta semana el tesorero del SME, Alejandro Muñoz, contra Martín Esparza, de que financió a Andrés Manuel López Obrador con un millón de pesos mensuales y de haber vendido plazas entre 80 mil y 200 mil pesos, debiera ser materia de investigación.

Entrevistado en el espacio radiofónico En los tiempos de la radio, Muñoz confirmó lo que de todos era sabido: el SME era una fuente de financiamiento fraudulento para AMLO.

El martes, Carlos Marín ofreció un testimonio del mecanismo que operó en la corrupción del sindicato:

“De acuerdo con denuncias levantadas, el ex secretario particular de Esparza, José Heriberto Marroquín Castillo, vendía los puestos en sumas que iban de 80 mil a 200 mil pesos (el negocio prosperó tanto, que Marroquín tiene hoy la Notaría 9 de Tulancingo).

“Aún con la reelección de Esparza en litigio, entre junio y agosto de este año ingresaron 312 trabajadores (sindicalizados y de confianza) a Luz y Fuerza, pero en los cuatro años anteriores la nómina se infló con ¡cinco mil 209 nuevas plazas!”.

Muñoz hizo notar la existencia de tres tipos de tarjetas para las contrataciones: rosas, para hijos de trabajadores; amarillas, para familiares, y blancas para otros. Se favoreció a éstos porque pagaban.

Si se multiplican 5 mil 500 empleos subastados y se cotizan en un promedio de 150 mil pesos, en números cerrados, la resultante son 825 millones de pesos. Es necesario saber qué destino tuvieron.

¿Fue ajeno Martín Esparza a esas irregularidades? ¿Fue Marroquín Castillo el único beneficiario? ¿Actuó a espaldas de su jefe? ¿Éste lo consintió? ¿No se percató de ese negocio en cuatro años?

El ex dirigente del SME debe responder para quedar a salvo de sospechas y acreditar su legitimidad. Las imputaciones de Muñoz deben ser contrastadas con su postura.

Así, cada cual quedará en su lugar. Y si hay delito debe haber observancia del derecho.

Sotto voce

Juan Cortina Gallardo y René Martínez Cumming, presidente y director general de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), y Adrián Sánchez Vargas, líder sindical del ramo, entregaron un reconocimiento al gobernador Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, por el apoyo que les ha dado en la solución de problemas estructurales de su sector… Con un trabajo arduo y permanente, Ricardo Aguilar Castillo, líder del PRI en el Estado de México, es un generador local clave de consenso alrededor de la obra de Enrique Peña Nieto. No hay que perderlo de vista

'Puentes' por Paco Calderón

Cada vez más corruptos

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

Demoledor resultó el informe de Transparencia Internacional sobre la galopante e irrefrenable corrupción en México:entre los 10 más corruptos de Latinoamérica, por debajo de Cuba, El Salvador o Guatemala. Compartimos honores con Haití. Todos hemos contribuido a esta situación degradante, aunque nuestros gobernantes y líderes se llevan el aplauso mayor. Es la vergüenza nacional.

Allí están las décadas corruptas del PRI y de sus presidentes. La corrupta indolencia de los gobiernos panistas. Los perredistas corrompidos en cadena nacional. Los sindicatos corruptos. Los políticos corrompidos y corrompedores. La gran familia política mexicana convertida en una gavilla de ladrones. Nos llevaría una enciclopedia nombrar a los personajes que son emblema de la corrupción nacional. Ellos, como muchos otros, han contribuido a la decadencia actual. Colaboraron brillantemente con sus atracos. Aquí,algunos:

José López Portillo. El saqueo nacional lleva como figura central al ex presidente llorón que pidió perdón a los pobres. Cinicazo.

Raúl Salinas de Gortari. El hermano incómodo que se llevaba 10% de comisión por cada negocio hecho durante el salinismo. Sus socios y amigos son por todos conocidos.

Carlos Salinas de Gortari. Llevó a la ruina económica a más de un millón de mexicanos. Permitió también que sus más cercanos colaboradores —como Justo Ceja— y amigos, exprimieran al erario nacional. Una desgracia.

Joaquín Hernández Galicia, La Quina. El ex todopoderoso del sindicato petrolero, que enriqueció a sus incondicionales a costa de Pemex.

Elba Esther Gordillo. La dictadora del SNTE, impuesta por Manuel Camacho y Carlos Salinas, ha corrompido las estructuras educativas y puesto de rodillas a la educación básica, con la complicidad de gobiernos priistas y panistas.

Arturo Montiel. El ex gobernador mexiquense acumuló propiedades y una fortuna que jamás pudo justificar.

René Bejarano. El brazo político de López Obrador, guardándose hasta en los calcetines el dinero de Carlos Ahumada, es otro emblema de la corrupción nacional.

Carlos Imaz. El esposo de Claudia Scheinbaum, cercana también a AMLO, exhibido como delincuente del poder mediante la conexión Ahumada.

Los Bribiesca Sahagún. Oficialmente no se les han comprobado sus pillerías, pero sobran testimonios de cómo se beneficiaron con sus negocios, al amparo de la empoderada madre, Martha Sahagún. Al arranque del sexenio de Fox tenían una farmacia y terminaron hasta con jet privado. ¿De dónde?

Personajes y circunstancias que huelen a corrupción, que no sólo es robar o permitirlo. Está, también, en la conducta y las intenciones. Además, cuando los diputados permiten a los gobernadores gastar el Presupuesto de 2010 como se les antoje, y no rendir cuentas a nadie. Corrupción, haber solapado que Diego Fernández de Cevallos fuera legislador y, al mismo tiempo, litigara mediante su influyente despacho de abogados y ganara juicios al gobierno, a favor de particulares, a base de un deleznable doble juego con el sello del tráfico de influencias. Corrupción, que Marcelo Ebrard tenga a su ex esposa, Francesca Ramos Morgan, como secretaria de Asuntos Internacionales del GDF, ganando 71 mil 828 pesos al mes. Corrupción, que cada vez que vamos a una delegación a hacer un trámite, se nos pida la infaltable mordida. Corrupción, cuando los líderes del sindicato de la extinta LyFC manejaban el servicio como si fueran Al Capone y su banda. Y allí están otros: el petrolero Carlos Romero Deschamps o el telefonista Hernández Juárez. Abundan. Corrupción, que empresarios, con trampas fiscales, evitan pagar impuestos. Corrupción es cuando nosotros, ciudadanos, propiciamos prácticas corruptas porque así es más cómodo o rápido zafarnos de la infracción o lograr lo que queremos. Y si hay alguien libre de pecado, que tire la primera mordida.

ARCHIVO CONFIDENCIAL… No extraña que a la secuestradora francesa Florence Cassez la traten como reina en el penal femenil de Tepepan. La corrupción, en los penales del DF, ha alcanzado niveles insospechados. ¿Y las autoridades? Engordando la cartera... Mientras Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, criticó el mal desempeño de México ante la crisis financiera, la UE condenó la incapacidad gubernamental por las muertas en Juárez.

A la secuestradora francesa Florence Cassez la tratan como reina en el penal femenil de Tepepan.

Sobre el narco

Jorge G. Castañeda
jorgegcastaneda@gmail.com
Reforma

Aprovecho este espacio para reagrupar y responder algunas de las dudas que diversos amigos han formulado, más bien en privado, en torno a ciertas tesis del libro de El narco: la guerra fallida, que con Rubén Aguilar publicamos hace unas semanas. Una primera fuente de discusión ha sido la "pureza" de los datos que damos a propósito del no incremento del consumo de drogas en México, el no incremento de la violencia en México hasta finales del 2006, y sobre el número de ejecuciones vinculadas al narcotráfico a partir del 2007. En los tres casos, en efecto, las cifras pueden parecer sorprendentes, contraintuitivas y selectivas. Sin embargo, de ser cierta dicha apreciación, resultaría sumamente fácil para el gobierno aclararlas; si no quiere hacerlo de manera directa ni explícita para "no hacernos el caldo gordo", bien podría proceder a través de comentócratas afines dándoles acceso a los números que demuestran lo contrario: el consumo sí ha aumentado; la violencia, para finales del 2006, cuando se declaró la guerra al narco, también había aumentado; y que las muertes contabilizadas por los ejecutómetros de los medios no suman las cifras estratosféricas que señala el libro. Al día de hoy el gobierno no lo ha hecho.

Otros colegas, o amigos funcionarios, han sugerido que existen otros datos igualmente duros que los nuestros, sobre otros aspectos de la guerra que omitimos y que tienden a darle la razón al gobierno. Se refieren, principalmente, a las estadísticas de resultados y en particular a los decomisos, los detenidos y la pulverización de los cárteles. Sin querer insistir demasiado, conviene reproducir dos datos divulgados después de la publicación del libro y que contribuyen a esclarecer este cuestionamiento. En Milenio, el 14 de noviembre, apareció un informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR, entregado a través de una solicitud de transparencia, que afirma: entre enero del 2007 y septiembre 2009 se registraron 226 mil 667 personas arrestadas relacionadas con el narcotráfico, de las cuales el 75 por ciento han sido ya liberadas; los estados que concentran el mayor número de arrestos -Jalisco, Baja California, Guanajuato y el Distrito Federal- son también aquellos donde se ha producido la mayor cantidad de liberados. Me parece que incluso los logros más espectaculares del gobierno empalidecen frente al resultado final revelado por el propio gobierno. Claro, el gobierno destaca los 60 mil detenidos no liberados; pero no hay garantías de que con ellos no suceda lo mismo que con los otros 170 mil.

Asimismo, en cuanto a la contratesis de que el tema del éxito de la guerra es la creciente participación de delincuentes -con base en el narco- en el negocio de los secuestros. Más allá de los argumentos lógicos que abundan contra este supuesto, ahora hay datos interesantes. Un estudio del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, reseñado por la prensa a finales de octubre, dice que "se puede afirmar que el 90% de los casos no tenían nada que ver con operaciones del narco o de algún otro grupo criminal, sin embargo, las autoridades locales y federales suelen asumir que por ser un levantón (o secuestro) las víctimas están relacionadas con el narco y por lo tanto no hay mayor interés en investigar".

Por último, hay quien detecta una extraña coincidencia entre los cuestionamientos a la estrategia calderonista, como El narco: la guerra fallida, con el escepticismo ante ella derivado de ciertas declaraciones recientes de altos funcionarios del gobierno de Obama. Es difícil rebatir prejuicios conspirativos o datos no correlacionados, pero sí podemos limpiar el expediente. El gobierno de Estados Unidos puede ser cada vez más audaz y explícito al opinar sobre lo acertado de la estrategia con la que se combate el narco, y es posible que piense que la guerra es el camino a seguir, así como la manera en que se debe seguirlo. Rubén Aguilar y yo pensamos que no es el camino. Punto. Más claro, ni el agua.

La mediocracia

Alfonso Zárate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

Los mediocres dominan la escena pública. Lo que prevalece en los órganos de dirección lo mismo de los gobiernos que de los partidos, los sindicatos, los tribunales, las organizaciones empresariales y las iglesias es la improvisación, la insignificancia, el patrimonialismo.

Una de las claves que explica el ascenso de figuras anodinas a los cargos de mayor responsabilidad reside en el perfil de los que mandan: sus inseguridades, sus miedos, que los llevan a rodearse de gente pequeña y a buscar, de entre ellos, a sucesores manejables. Muy lejos ha quedado aquel presupuesto de Gaetano Mosca, fundador de la teoría de las élites, de que “las minorías gobernantes generalmente están constituidas [por] individuos que se distinguen de la masa de gobernados por ciertas cualidades que les dan superioridad material, intelectual y hasta moral” (Elementos de Ciencia Política).

Durante muchos años la sucesión presidencial mexicana fue una anomalía histórica que dejaba en manos de un solo hombre la decisión política más importante: la elección del titular del Poder Ejecutivo de la Unión. Correspondía al presidente de la República, según admitió don Adolfo Ruiz Cortines, la grave responsabilidad de interpretar lo que quería el pueblo de México. Fueron los tiempos del “tapado”, célebre fórmula que pervivió hasta el año 2000 y que se refería a una de las reglas del juego sucesorio: “La política es como la fotografía”, decía don Fidel Velázquez, “el que se mueve no sale”. Por eso todos los aspirantes se agazapaban, se “tapaban”; lo peor que podían hacer (lo averiguó de manera áspera Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación de Luis Echeverría), era brillar con luz propia, porque entonces despertaban los celos, incluso la ira del señor de Los Pinos.

La decisión unipersonal del presidente al escoger a su sucesor no ignoraba la presencia de vetos: los militares con mando de tropa en una época, las organizaciones de trabajadores en otra y, en las últimas décadas, “los dueños de México” y los grandes intereses globales, sobre todo estadounidenses. Por eso, cuando Miguel de la Madrid decidió innovar el procedimiento sucesorio y el PRI anunció la pasarela de los “seis distinguidos priístas”, Bernardo Sepúlveda, el digno secretario de Relaciones Exteriores, no figuró en la lista; su defensa de los intereses nacionales de México desde el Grupo Contadora había ofendido al gobierno de Ronald Reagan y De la Madrid no quería provocar un veto explícito de los estadounidenses.

Luis Donaldo Colosio, hoy llevado a las alturas del bronce, era para Carlos Salinas de Gortari, dentro de su círculo íntimo, el colaborador más dócil, el que no se permitía (ni permitía) el menor asomo de crítica o disentimiento respecto del presidente, ni siquiera en sus conversaciones privadas, por eso fue el escogido.

Algo similar debió ocurrir en la sucesión del general Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho —le decían “el soldado desconocido” porque se ignoraba en qué hechos de armas había participado— pudo relevarlo porque, a diferencia de Francisco J. Múgica, no tenía vetos y su figura anodina y su trayectoria modesta no anticipaban el quiebre que introdujo una vez en el poder: “La Contramarcha”, la llamó Gastón García Cantú.

La lógica de la mediocracia sigue vivita y coleando. En la reciente elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los senadores dejaron en el camino al candidato con el perfil más completo: esa rara mixtura de experiencia, conocimiento de la materia, firmeza y serenidad que tiene Emilio Álvarez Icaza. Los intereses políticos no se atrevieron a elegir a un ombudsman incómodo, aunque esta sea la razón de ser del defensor de los derechos humanos: ser incómodo al poder.

Lo mismo que pasa en la CNDH y en el IFE se replica en otros espacios cruciales para la República, llegan los obsecuentes, los que aseguran los intereses de quienes los han puesto allí, por eso los organismos se han desnaturalizado y les queda muy poco de su autonomía.

Otra racionalidad que prevalece es la de las cuotas y el cambalache entre los partidos. Por eso, cuando estamos en la víspera de resolver otras elecciones cruciales —la de dos ministros de la Suprema Corte y la gubernatura del Banco de México, significativamente— no hay buenas señales.

Pero si ésa es, irremediablemente, la lógica de los poderosos, a los ciudadanos nos toca el marcaje personal, el escrutinio, verificar el cumplimiento de sus responsabilidades, lo que plantearon en propuesta de trabajo. Hace más de 100 años, Ricardo Flores Magón escribió en el Programa del Partido Liberal: “[…] la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios, denunciando sus malos actos y exigiéndoles la más estrecha responsabilidad por cualquier falta en el cumplimiento de sus deberes […] lo principal es la acción del pueblo, el ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa pública”.

Ser intransigentes ante sus desvíos: ni tolerancia ni olvido. Así iremos cerrándole espacios a esa burocracia oscura, mediana y servil, que hoy predomina en los tres órdenes de gobierno, en la que cada quien lleva agua a su molino y sólo muy pocos cumplen con lo que son sus obligaciones constitucionales y legales.

Ineludible adversidad

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Hojeas cualquier periódico o miras las informaciones de la tele o lees un semanario y te queda la palmaria impresión de que este país, México, va a la deriva. Nada está bien: la pobreza ha aumentado, la inversión extranjera ha disminuido, la economía se ha desplomado, la productividad ha decrecido, la inseguridad crece a un ritmo galopante y, sobre todo, la clase política nacional parece vivir en un estado de pasmo absoluto, irremediablemente ajena a la realidad de todos los días y desesperadamente incapaz de resolver los urgentísimos problemas que nos agobian.

¿No hay buenas noticias? Pues… no. O, en todo caso, la acumulación de adversidades —permítanme ustedes, sufridos lectores, hacer un desalentador recuento de los infortunios que nos han caído encima en tiempos recientes: epidemia de influenza, devaluación de la moneda, desempleo fulminante, baja de la producción petrolera, sequía, inundaciones, etcétera— no nos permite vislumbrar más que un negro panorama.

Una posible remedio a este calamitoso pesimismo inducido sería vivir en un estado de total aislamiento, sin encender jamás el televisor excepto para mirar culebrones, sin escuchar otra cosa que baladas en la radio y sin leer columnas como ésta, garrapateadas por escribidores siniestros. Queda, sin embargo, la experiencia directa de lo cotidiano. Estamos hablando, señoras y señores, de un trámite absolutamente ineludible que, encima, viene siendo algo así como la representación más acabada de todas nuestras imperfecciones. Es ahí, en el ámbito de la existencia diaria, donde se condensan todos los pecados del “sistema” y es ahí —en el atasco de tráfico, en la carretera llena de baches y bordeada de basura, en el aula mugrienta y apestosa o en la cola interminable para cumplir con un trámite estúpido— donde se manifiesta, fatalmente, la gran debacle nacional. Dicho en otras palabras: no tenemos escapatoria.

De policías, bandidos y una guerra perdida

Humberto Musacchio
Excélsior

Para muchos observadores, una falla clave en el fracaso de la cruzada anticriminal es la mala selección de los protagonistas.

Una buena: el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acepta que la estrategia del gobierno federal frente al crimen organizado puede no ser la adecuada; una mala: frente a los resultados, pregunta el mismo funcionario “si existe una alternativa posible o mejor”, lo que implica que la autoridad no sabe qué hacer. Dicho de otra manera, acepta que los resultados no son precisamente buenos, pero nos espeta la máxima siqueiriana de “no hay más ruta que la nuestra”.

En lo primero tiene razón: en tres años suman decenas de miles los muertos por la llamada guerra contra el narcotráfico, pero ni así se ha podido abatir el comercio de estupefacientes en el territorio nacional y las mafias mexicanas ya no son una mera extensión de las colombianas, sino que han asumido la dirección del negocio a escala internacional y ya operan exitosamente en Europa.

En lo segundo, resulta preocupante que el encargado de la política interior ignore que, ante el rotundo fracaso de la actual estrategia, existen opciones aplicables e históricamente probadas, algunas de las cuales son punitivas, como el rastreo bancario de las narcofortunas, y otras, conciliadoras, como la despenalización reglamentada de ciertas drogas, lo que ha sido un éxito donde se ha aplicado.

Felipe Calderón no puede con el paquete. No es únicamente un asunto de aptitudes. El michoacano llegó al poder en forma atropellada y una ancha franja de la ciudadanía no cree que haya tenido mayoría de votos. Esa circunstancia le quita el apoyo social indispensable para combatir con éxito la criminalidad, pues ya se sabe que la guerra es continuación de la política, no suplantación ni aplicación de la fuerza en el vacío, sin las necesarias ataduras con el interés social y la identificación de la gente común con las medidas que adoptan las autoridades.

Para muchos observadores una falla clave en el fracaso de la cruzada anticriminal es la mala selección de los protagonistas. El equipo humano escogido por Calderón para aplicar la violencia policiaca dista de ser el más calificado y tampoco goza de buen cartel frente a la sociedad mexicana. En este punto le va mejor al Ejército nacional y a la Armada de México, pero llevan tres años de estar en las calles, no siempre con respeto por la ley ni acierto en sus actividades.

Mantener más tiempo a los soldados en las calles sólo incidirá en un mayor desprestigio de las Fuerzas Armadas, pues no están hechas para desplegar acciones policiacas ni mucho menos para permanecer en esa función tanto tiempo. Lo saben los mandos y la tropa, de ahí que se hable de malestar o de inconformidad entre los uniformados, que para colmo tienen que lidiar con la corrupción, prepotencia y complicidades criminales de los jefes policiacos a los que Calderón, por otra parte, se empeña en mantener en sus cargos.

Por si algo faltara, la actual administración —llamarla gobierno sería exagerado— llegó al poder cuando el viejo régimen es algo menos que un cascaron vacío y resquebrajado, después de un sexenio panista de frivolidades e ineptitud, en momentos en que se agota el petróleo de exportación y con un sistema fiscal con enormes deficiencias, incapaz de propiciar el pago de impuestos y de colectar lo prometido; con el Ejecutivo peleado con los empresarios y sometido a los chantajes del PRI. En esas condiciones, el único camino que no deben recorrer Calderón y los suyos es el que tercamente llenan de cadáveres, dolor y desesperanza.

Corrupción atmosférica

Juan Manuel Asai
jasaicamacho@yahoo.com
Códice
La Crónica de Hoy

Mientras la clase política del país concluía el áspero proceso de repartirse, entre jaloneos, la masa de recursos públicos que se ejercerán en el año 2010 en los tres niveles de gobierno, se dio a conocer que el Índice de Percepción de Corrupción en México sufrió una drástica caída. El país pasó de ocupar el lugar 72, que ya era malo, al 89 que es desastroso, pues pone en evidencia la debilidad de nuestras instituciones y el desencanto general con la alternancia política que no pudo, o no quiso, terminar con uno de los rasgos distintivos del antiguo régimen: la corrupción atmosférica.

Todavía recordamos con nostalgia los tiempos aquellos en los que el partido de la derecha y las organizaciones de izquierda aseguraban, a grito pelado, que la causa de que México fuera identificado a nivel internacional como un paraíso de la corrupción, era el cinismo de los priistas enquistados durante siete décadas en los puestos de gobierno. Por lo tanto, era cosa de quitar a los priistas de los cargos públicos para poner a los del PAN o a militantes del PRD para que el gobierno rechinara de limpio. Ocurrió lo contrario: la corrupción se disparó y hoy estamos al nivel de Ruanda o Malawi. ¿A esas naciones les dará vergüenza que las equiparen con México?

El Chapo

Las triquiñuelas perredistas son conocidas por todos los capitalinos, la voracidad de los panistas superó los pronósticos más pesimistas, los del tricolor siguen en las mismas, no han cambiado, y los dirigentes de los partidos chicos viven como jeques árabes con los recursos de las prerrogativas. El resultado es que la comunidad internacional nos identifica como un país donde el que no tranza no avanza. Una nación que tiene como segundo hombre más poderoso a un narcotraficante: Joaquín Guzmán, El Chapo, que gracias a la corrupción, al inicio del régimen foxista, salió tan campante de una cárcel de alta seguridad para convertirse en un magnate del crimen.

¿Cómo podemos asegurarnos que esa clase política, tan mal afamada, ejercerá correctamente, sin desviaciones, el gasto público engrosado este año con una batería de nuevos impuestos? ¿Tenemos confianza de que el dinero público no quedará en bolsillos privados, o se utilizará para que los funcionarios vivan la vida loca? Desde luego que no hay confianza. Es importante saber qué instancia se quedó con la rebanada más grande, pero es mucho más relevante que los ciudadanos tengan garantía de que, por ejemplo, la Secretaría de Economía del gobierno federal o cualquier gobierno de los estados actuarán con total transparencia. Que se gaste en lo pactado, sin desviaciones.

En las últimas horas hemos escuchado a plañideras del PAN quejarse porque gobiernos priistas de diversos estados se despacharon con la cuchara grande. También aparecieron dirigentes perredistas tratando de amarrar navajas para que Calderón se irrite y se confronte con el PRI. Lo que no hemos escuchado son compromisos explícitos, verificables, de que los recursos obtenidos se ejercerán, desde la UNAM hasta la Sedena, con rigor republicano. Agradecer a la gente su esfuerzo y asegurar que los ciudadanos no se arrepentirán de pagar impuestos.

La ciudadanía juega aquí un papel determinante. El manejo de los recursos públicos es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. Organismos como Transparencia Internacional y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública juegan un papel clave para evitar abusos, así como para coadyuvar a que los ciudadanos tengan el papel protagónico que merecen a la hora de cuidarle las manos a los políticos.

¿No se hablan?

Tal parece que legisladores panistas y funcionarios del gobierno federal usan para comunicarse un teléfono descompuesto. El largo forcejeo del paquete económico 2010 dejó en claro la mala calidad de la comunicación en el interior del grupo gobernante. Al imperdonable distanciamiento con la Secretaría de Hacienda, siguió una percepción totalmente divergente de los resultados alcanzados entre la coordinadora de los diputados del PAN y el coordinador de los senadores de ese mismo partido. Tal parece que no se hablan. César Nava debería propiciar encuentros frecuentes entre ellos en algún lugar neutral, como la sede nacional de partido en la colonia Del Valle, donde podrían conocerse, romper el hielo y ponerse de acuerdo.