noviembre 23, 2009

El fin de la autoridad hacendaria

Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma

Alojado en un poder declinante, la Secretaría de Hacienda se fortaleció con el cambio político. La Presidencia se debilitó, mientras Hacienda se fortificaba. Custodiaban la oficina un grupo compacto de técnicos que imponía su juicio por encima de las resistencias. Se formaron en la misma escuela y compartían un programa. Su voz era tronante. Nadie podía ignorar su veredicto, sus anticipos, sus advertencias. Izados por su solvencia técnica, arropados por un innegable prestigio internacional actuaron como pontífices. Vinieran de arriba o de fuera, las presiones eran incapaces de torcer el camino trazado en aquellas oficinas. Hacienda oficiaba como autoridad económica: una voz juiciosa que ponía fin al bullicio. Mientras la conducción política del país perdió unidad con el pluralismo político; la conducción económica afianzó esa unidad. Una Presidencia debilitada compartía el poder con una Secretaría de Hacienda poderosa. Desde hace lustros la política económica no ha estado en Los Pinos, como apuntó en su momento Gabriel Zaid. Estuvo en una dependencia formalmente subordinada al Presidente pero que logró guarecerse de las amenazas del pluralismo conformándose como un poder casi autónomo y prácticamente irrebatible. El titular de la Secretaría de Hacienda fue elevado, sin proclamación alguna, como autoridad: depositario de un saber incuestionable en el cual se confía esperanzadamente.

Esa autoridad ha muerto. Atentaron exitosamente contra ella la ligereza de su pontífice; la pérdida de ejemplaridad mexicana y la crisis de una ciencia. Empiezo con la devaluación de la confianza. Más allá de las facultades de Hacienda, por encima de sus recursos institucionales está su capacidad de ser un faro de la actividad económica. Un referente de confianza cuya palabra tiene una presunción de solidez. Frente al estruendo de charlatanes e ignorantes, frente al jaloneo vociferante de los interesados, el secretario de Hacienda debe hablar desde la sequedad de los datos, sin pretender endulzar la realidad. Pero cuando se quiere fomentar tranquilidad sin realismo, la calma esperada es demolida por los hechos. Ésa ha sido la historia del secretario dedicado desde hace meses a corregir sus celebraciones y a ajustar siempre a la baja sus pronósticos. Una crónica de sus declaraciones sería un recuento chusco de errores e ilusiones. El funcionario tiene hoy el crédito de cualquier político que habla pensando en los titulares de la mañana siguiente. Deja de ser autoridad quien es repetidamente desmentido por el mundo. Nadie sacaría el paraguas si el secretario de Hacienda avisa que va a llover por la tarde.

La autoridad de la Secretaría de Hacienda tenía también un cálido cobijo internacional. Durante algunos lustros (que ya parecen lejanos), México aparecía modélico: una estrategia coherente y un plan ambicioso de reformas. México resultaba uno de los países más decididos a emprender la apertura y cuidar las finanzas. Un país confiable dirigido por un equipo económico de primer mundo que había logrado aislarse de las presiones políticas e imponer un rumbo definido. México ha dejado de aparecer en las listas de honor y ha sido puesto en la esquina del salón, viendo a la pared y con orejas de burro. Antes coleccionábamos medallitas, ahora críticas, regaños y burlas. Los trofeos no habrán servido de mucho pero, sin duda apuntalaban el prestigio de los conductores. Bancos, instituciones internacionales, ignorantes premios nobel cuestionan ahora el tratamiento del leve catarrito. Al apilarse las censuras como paliza a los arquitectos de la política económica, ese ascendiente ha quedado hecho polvo.

La autoridad ha muerto también porque corren malos tiempos para la ortodoxia. Los argumentos de autoridad dependen de la confianza en los portadores de un Saber Venerable. Se confía en el médico, en el sabio o en el sacerdote porque se cree que en ellos está una verdad que los comunes no alcanzamos. Así se confió durante lustros en el saber económico. Eso se acabó, no solamente por lo que el secretario de Hacienda ha hecho en contra de su crédito público, sino también por el sitio de su saber. ¿Cómo es posible, preguntaba Paul Krugman en la revista dominical del New York Times, que los economistas se hayan equivocado tanto? La pregunta se dirige a la disciplina académica. Una ciencia que hace unos años se celebraba por sus inmensas conquistas intelectuales y sus amplios acuerdos teóricos es hoy una disciplina en crisis. Si es cierto que alguna vez imperó -como sugiere Krugman- un consenso intelectual en la disciplina, hoy esos acuerdos se han cuarteado. Por ello, si se construye un liderazgo económico tendrá que fundarse en consideraciones pragmáticas, no en principios de autoridad. El peligro es que el remedio nos resulte peor. Tras el fin de la autoridad, regresarán los amigos. Serán, eso sí, leales a su jefe.

El enemigo ahora es Peña

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Las dos decisiones más controvertidas de López Obrador en la segunda mitad del 2006, las que mayor oposición tuvieron hasta de sus colaboradores y que más lo alejaron de la ciudadanía fueron el plantón de Reforma y el Centro Histórico, convertido en una sangría política inacabable, con costos hasta el día de hoy; y la creación del llamado gobierno legítimo, que se convirtió, desde el día de su instauración, más en motivo de chascarrillos políticos que en un ente con operatividad política real. No implica esto que el lopezobradorismo no tenga capacidad de operación, pues sin duda aunque acotada la posee, pero ella nada tiene que ver con ese intento que en realidad es un fracaso.

Ayer López Obrador festejó en un Zócalo a medias y con la notoria ausencia de la enorme mayoría de los dirigentes del PRD, el tercer año de aquella ocurrencia y no tuvo nada de qué presumir. Ese organismo no ha funcionado, no ha mostrado siquiera la capacidad que en otros países han tenido los llamados gabinetes en la sombra y nadie de ese equipo de trabajo, formado salvo alguna honrosa excepción por personajes de bajo perfil, ha mostrado una personalidad propia ni exhibido propuestas significativas, siquiera un trabajo con coherencia a lo largo de estos tres años. No pueden hacerlo muchos de ellos porque no están a la altura, pero también porque pocos políticos son tan reacios a recibir opiniones de otros como López Obrador. Su estilo, como lo fue en el Gobierno del DF, no se basa jamás en la toma de decisiones colectivas sino en el mucho más autoritario método de ordenar y exigir disciplina.

No hubo nada de qué presumir, pero la ocasión sirvió para que, en vez de informar que ha hecho, incluido por supuesto qué ha sucedido con los cientos de millones de pesos que ha recibido en estos tres años, López Obrador volvió a presentar un nuevo proyecto alternativo de nación que cae, una vez más, en los lugares comunes, sin especificar en realidad qué se propone. ¿Qué dice el nuevo decálogo de López Obrador? Cosas tan intangibles como “rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación”; “ejercer la política como imperativo ético”; “promover una nueva corriente de pensamiento”, con una mezcla de discurso tradicional: “Alcanzar la soberanía alimentaria” (¿aunque los alimentos cuesten más caros, no alcancen o no los podamos producir?); “establecer el Estado de bienestar” o “fortalecer el sector energético” (¿qué implican esas propuestas en concreto?, ¿qué entiende por ello?) e incluso “crear una nueva economía”.

En realidad, todo ese rollo sirve para cobijar dos ideas muy concretas y dirigidas a 2012: primero, para dejar en claro que,según López Obrador, de aquí en más el enemigo ya no es el presidente Calderón (que según López “ya no es el pelele sino el chivo expiatorio”), sino el PRI y en particular Enrique Peña Nieto, convertido en el candidato de la siempre ubicua “mafia”. La forma en que está planteada esa tesis parece ser, además, una puerta con miras a justificar las alianzas que se han planteado para algunas elecciones estatales del año próximo: ahora el enemigo no es Calderón ni el PAN sino el PRI y Peña, entonces, nos podemos aliar con el PAN contra el PRI.

Ligado con eso presentó una propuesta de reforma de medios que se basa en las ideas que han plasmado Hugo Chávez en Venezuela y Cristina Kirchner en Argentina que, argumentando la necesidad de “democratizar” los medios de comunicación, lo que hicieron fue estatizarlos y distribuirlos entre sus simpatizantes, y crear monopolios mucho mayores que los desaparecidos, pero al servicio de su respectivo gobierno. Y López Obrador retoma esa tesis como la base de su propuesta política de cara a 2012. Y es lógico, porque cualquiera que se plantee ejercer el poder en forma autoritaria (lo vivimos décadas) debe tener el control de los medios para hacerlo.

El nuevo proyecto dijo que deberá ser elaborado por un equipo de mediano nivel, casi sin perredistas, en el que una vez más no aparece ni un representante de la izquierda (quizá con la salvedad de Bolívar Echeverría) y pese a que López Obrador aseguró, con su prosa peculiar, que “a todos nos mueven necesidades de intereses… aquí se está reafirmando que nos mueven valores más elevados que nuestras propias aspiraciones personales”, lo cierto es que esas aspiraciones personales siguen siendo, por sobre todas las cosas, el motor del gobierno legítimo. El objetivo es el poder y es 2012, con o sin el PRD.

Volvió a presentar un nuevo proyecto alternativo de nación que vuelve a caer, una vez más, en los lugares comunes.

El miedo del 2010

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

¿El 2010 está destinado a ser un parteaguas en la historia de México? Algunos lo piensan. Los encargados de las labores de inteligencia y seguridad del gobierno federal llevan ya un tiempo preocupados por la forma en que ciertos grupos pudieran festejar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Hasta ahora este tema sólo había trascendido en forma de rumores y especulaciones ¿qué están planeando los del EPR? ¿Y los del EZLN? ¿Habrá ocurrido ya en México lo que pasó en Colombia cuando la guerrilla se empezó a relacionar con los cárteles de la droga? Nada concreto. Sin embargo, desde hace dos meses las autoridades ya detuvieron a alguien porque sospechan que iba a encabezar “eventos disruptivos” con motivo del 2010. Los hechos, tal y como quedaron asentados en la ficha técnica que al respecto elaboró el Cisen, son los siguientes: el 30 de septiembre la policía ministerial del estado de Chiapas detuvo a Mantel Hernández Martínez alias Chema Ratón, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) en cumplimiento de una orden de aprehensión del 5 de agosto de 2005 por los delitos de despojo agravado, daños y asociación delictuosa. Chema Ratón es un líder conocido y respetado en esa zona de Chiapas y lleva 30 años dedicado a la invasión de tierras y a la lucha social. Posterior a su detención, el 9 de octubre, las autoridades catearon un rancho en la frontera con Guatemala donde aseguran un auténtico arsenal (78 armas largas, 300 granadas, chalecos antibalas). En la ficha del Cisen se puede leer que “fuentes vivas” informaron a las autoridades que esas armas, propiedad de Los Zetas, tenían como destinatario a Chema Ratón y agregan que esto “coincide con los tiempos marcados en el plan de acción para la realización de eventos disruptivos por lo que evidentemente el propósito de esta adquisición era el fortalecimiento de las células que posiblemente actuarían en el marco de los eventos impulsados hacia el 2010”. Por lo pronto ya trasladaron a Chema Ratón al penal de Nayarit y dos de sus colaboradores de la OCEZ-RC detenidos el 24 de octubre declararon haber sido testigos presenciales de varios homicidios cometidos por su líder.

Las autoridades nos tienen que proteger de cualquier intento de festejo violento, pero ojalá su celo no los lleve a actuar de forma precipitada. En este caso llama la atención que todos los hechos que relacionan al detenido con un posible hecho subversivo ocurren después de su detención. ¡Cuidado con sacudir el avispero chiapaneco por puro miedo!

Quiénes protestan y quiénes no

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Calderón decidió acabar con Luz y Fuerza. Mucha gente salió a la calle a protestar. Pero, todavía mucha más gente estuvo de acuerdo con la medida de sanear una compañía podrida desde sus entrañas que no sólo no brindaba un buen servicio y obstaculizaba el desarrollo económico del centro del territorio nacional sino que nos costaba, a todos los mexicanos, más de 40 millones de pesos al año. Muy bien, y ¿qué pasó con todas esas personas que apoyaron al Presidente de la República? ¿Salieron también a la calle? No. Se quedaron en sus casas.

Las protestas están siempre muy focalizadas en este país. Se arma barullo contra el gobierno y se organizan algaradas cada vez que hay el más mínimo intento de cambiar el orden establecido; se reclama cuando se quiere construir un aeropuerto, trazar una carretera o levantar una gran represa; se amotinan los empleados públicos si les reduces una pizca de sus prerrogativas. Protestan los campesinos, los obreros, los burócratas y los estudiantes. Se rebelan, pues, los grupos y los colectivos establecidos. Muchos de nosotros, sin embargo, prácticamente nunca salimos a manifestarnos en la calle. Por ejemplo, los damnificados, precisamente, de la susodicha Luz y Fuerza nunca mostraron su inconformidad de manera organizada y conjunta a pesar de que los abusos de la empresa eran escandalosos (recibos que, de pronto, te llegaban por una cantidad exorbitante, desmedidamente superior a tus consumos habituales y que debías apoquinar de manera forzosa —esto, señoras y señores, nos quieren convencer de que se llama “soberanía nacional”— porque de otra manera te dejaban sin electricidad, es decir, viviendo como en la Edad Media).

Es muy curiosa, entonces, esta cultura de la protesta: una inmensa mayoría de ciudadanos de México padecemos toda clase de perjuicios y pagamos, encima, los costos de la ineptitud de una clase política abusiva e irresponsable. ¿Por qué no protestamos?

¿Dónde están los anulistas?

Agustín Basave
abasave@prodigy.net.mx
Excélsior

El presupuesto desnuda lo que ha dado en llamarse la feudalización de la política mexicana: la entronización de los gobernadores como factótum. Ya sabíamos que dentro de sus estados hacen lo que les viene en gana. Ahora sabemos que también a nivel federal pueden imponer su voluntad.

El movimiento por la anulación del voto fue más importante de lo que muchos creen. Más allá de sus aciertos tácticos y sus errores estratégicos, se trató de un despertar ciudadano que nadie debe subestimar. Midió y captó buena parte de la inconformidad para con los partidos políticos y los hizo preocuparse un poco de su alejamiento de la sociedad. El problema es que esa incipiente preocupación se desvaneció tan pronto pasaron las elecciones. Y es que los anulistas no lograron organizarse justamente para eso, para los tiempos poselectorales en los que iban a perder su poder coyuntural. En este espacio les sugerí que se unieran y formaran un núcleo más grande y permanente, con una plataforma común y objetivos de largo plazo, a fin de que se erigieran en referente social y pudieran ejercer la presión necesaria sobre la partidocracia; coincidían en una agenda básica: candidaturas independientes, reelección consecutiva de legisladores, disminución del gasto político electoral, referéndum, plebiscito e iniciativa popular. No lo hicieron. A la fecha, ninguno de esos puntos está en las prioridades de los grupos parlamentarios.

Quizá no estoy bien informado, pero creo que el anulismo se dispersó. Aunque veo grupos aquí y allá, primordialmente en la red, no los veo articulados con la presencia que alcanzaron cuando propusieron anular el voto. Y eso me parece muy lamentable. No porque haya estado de acuerdo con la estrategia anulista —en su momento expresé mis discrepancias y mis razones para votar por los candidatos del PRD— sino porque coincidí con su propósito de inyectar a nuestro sistema político una dosis de ciudadanización. Una democracia representativa no puede existir sin partidos, pero una democracia participativa exige mecanismos que exceptúen la intermediación partidaria en aras de acciones sociales directas. Se trata de una suerte de bypass que contrarresta el bloqueo de las arterias que comunican a la sociedad con los partidos e incentiva a los representantes a acercarse a los representados.

Hoy observamos una prueba más de la urgencia de esa inyección. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos desnudan lo que ha dado en llamarse la feudalización de la política mexicana: la entronización de los gobernadores como factótum. Ya sabíamos que dentro de sus estados hacen lo que les viene en gana, porque no tienen contrapesos funcionales. Ahora sabemos que también a nivel federal pueden imponer su voluntad. No sólo controlan sus congresos locales, sino que también controlan en buena medida el Congreso de la Unión. Ganaron en las asignaciones presupuestales, lo cual no es necesariamente malo, pero también ganaron en discrecionalidad, lo que sí es terrible. La opacidad y la deficiente rendición de cuentas con las que antes manejaban el dinero ahora serán mayores. Y esto ocurre en vísperas de un año electoralmente crucial. No es casualidad que los estados con elecciones en 2010 hayan presionado exitosamente por más recursos: son para financiar programas sociales con criterio de rentabilidad electoral o de plano operativos electoreros que les acarrearán más votos.

Queda claro, pues, que la transición democrática a nivel nacional está trunca y que a nivel estatal ni siquiera ha comenzado. ¿Cómo se va a democratizar a los estados, cómo va a reanudarse la democratización de México? ¿Quiénes van a acotar a los nuevos señores feudales? En las entidades federativas, salvo honrosas excepciones, los poderes Legislativo y Judicial no han conseguido contrapesar al Ejecutivo y los presidentes municipales suelen estar sojuzgados. La pluralidad partidista expresada en las urnas no ha frenado a los gobernadores, como frenó al Presidente de la República, y en consecuencia no se ha traducido en equilibrio político. La razón es obvia: los partidos de oposición estatales son vulnerables a los intentos de manipulación gubernamental precisamente porque los gobiernos de los estados tienen zanahorias y garrotes que pueden usar sin cortapisas. En semejantes circunstancias es la sociedad organizada por cauces distintos a los de la partidocracia, los de esa democracia participativa a la que me he referido, la que puede hacer la diferencia.

El impulso del anulismo debe retomarse en el plano nacional pero, sobre todo, en los escenarios locales. Las demandas de participación ciudadana al margen de los partidos sería sólo el comienzo. Porque lo que a mi juicio México pide a gritos es la energía y la frescura de una movilización social moderna y propositiva, capaz de enarbolar después otras causas. Un movimiento de esa naturaleza es menos ordenable pero también más inasible y, en consecuencia, menos susceptible de cooptación. Ahí puede estar el antídoto contra el feudalismo que amenaza no sólo con impedir la reactivación de nuestra transición sino con revertir sus avances. Todo es cuestión de que los ex anulistas se reorganicen con generosidad, sin sucumbir a la epidemia de mezquindad que nos azota.

Los países más corruptos

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Un nuevo ranking de los países percibidos como los más corruptos del mundo confirma lo que muchos de nosotros sospechábamos: los líderes populistas que llegan al poder prometiendo erradicar la corrupción a menudo terminan liderando gobiernos aún más podridos que los anteriores.

El Ranking de Percepción de Corrupción 2009 dado a conocer por Transparencia Internacional, un grupo no-gubernamental con sede en Alemania que es considerado el más importante de su tipo, clasifica mediante más de media docena de encuestas los niveles de corrupción en 180 países del mundo.

A nivel mundial, los que aparecen como menos corruptos son Nueva Zelanda y Dinamarca, y los que salen como más corruptos son Somalia y Afganistán.

En Latinoamérica, excluyendo a los países del Caribe, los campeones regionales de la corrupción son -en este orden- Venezuela, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Argentina, según el estudio.

Casi todos los líderes de estos países hicieron sus campañas presidenciales prometiendo acabar con la corrupción. En Venezuela, donde el Presidente Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 prometiendo terminar con lo que acertadamente describía como una clase política corrupta, la corrupción no ha hecho más que empeorar desde que asumió el poder.

Cuando Transparencia empezó a hacer su Ranking de Corrupción en el 2001, Venezuela ocupaba el puesto número 69 en una lista de 91 países que iba de los menos a los más corruptos, o sea que se encontraba en el percentil 25 de las naciones más corruptas del mundo. En el 2009, Venezuela ocupa el puesto 162 en la lista de 180 países, es decir que está en el percentil 10, mucho más cerca de Afganistán y Somalia.

¿Hay alguna relación entre populismo y corrupción?, le pregunté a Alejandro Salas, el director del departamento de las Américas de Transparencia. En una entrevista telefónica desde Berlín, Salas revisó conmigo el ranking y notamos que virtualmente todos los países latinoamericanos considerados como los más corruptos están gobernados -o estuvieron gobernados hasta hace poco- por líderes populistas.

"Así es", dijo Salas. "Hay una relación directa entre populismo y debilidad institucional. Y la debilidad institucional conduce a la corrupción".

Salas dijo que divide a los países latinoamericanos que aparecen en el ranking en tres grupos.

"El primer grupo es el de los que mejor califican, que son Chile, Uruguay, Puerto Rico y Costa Rica", dijo. "Son los que son vistos como los menos corruptos, y que tienden a tener estabilidad, elecciones libres y periódicas, y en la mayoría de los casos sistemas judiciales independientes, organismos de control eficaces, y sistemas de pesos y contrapesos establecidos".

"El segundo bloque es el de países que están en el medio, donde encontramos a Brasil, México, Colombia y Perú", continuó. "Son países con tendencias contradictorias: tienen algunas instituciones modernas, pero también cargan con muchas herencias del pasado que llevan a la corrupción".

"Y luego tienes el tercer bloque, de los que están en la parte de abajo de la tabla, que son los países que en los últimos años han sufrido una especie de 'captura del Estado' por parte de líderes carismáticos", señaló. Agregó que en países como Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Honduras, eso significa que a menudo "las decisiones políticas no pasan por ningún mecanismo de control. Entonces, no se audita, no se vigila".

¿Y que ocurre en Estados Unidos?, le pregunté a Salas, señalando que Estados Unidos aparece en el ranking como el segundo país menos corrupto de las Américas, después de Canadá. ¿No debería haber figurado en un puesto mucho menos honorable, considerando el reciente caso de Bernard Madoff y varios otros escándalos financieros?

Salas dijo que la colocación de Estados Unidos en el ranking puede deberse al hecho de que las preguntas de la encuesta estaban referidas a la corrupción gubernamental, no a la privada. Además, es posible que los encuestados sintieran que el Gobierno estadounidense ha respondido con celeridad y firmeza a esos escándalos, agregó.

Mi opinión: No me sorprendería que en los próximos años, a medida que salgan a luz más detalles sobre la escandalosa falta de supervisión financiera durante el Gobierno de George W. Bush, que precipitó la actual crisis económica, Estados Unidos baje algunos puestos en el ranking de corrupción. Debería ocurrir eso.

Pero no me sorprende que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua hayan salido entre los países más corruptos del mundo. Se trata de naciones cuyos gobernantes han intentado adueñarse de todas las instituciones del Estado, y que ahora están tratando de acallar a los medios. Cuanto más consigan controlar todos los mecanismos de control, tanto mayor será la corrupción en sus países.