Tres años después

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Se dice que el gobierno de Felipe Calderón terminó y que sólo le queda ir tirando de sí mismo. No haría cuentas tan rápidas. Lo más interesante del discurso del Presidente el domingo pasado, en ocasión de sus tres años de gobierno, no es lo que quedó atrás, sino lo que esboza hacia delante.

Calderón refrendó su definición de que ante la disyuntiva de “administrar lo logrado o asumir cambios profundos en las instituciones... claramente me inclino por un cambio sustancial de las instituciones”.

Luego esbozó un ambicioso despliegue de recursos en los frentes del combate a la pobreza, la calidad de la educación y la creación de infraestructura.

Después anunció iniciativas de ley inminentes en el ámbito político, planteando finalmente la reelección consecutiva en el Congreso y en los municipios, y en el ámbito petrolero, otra vez, para corregir las insuficiencias de la reforma apenas aprobada.

Convocó, además, a discutir una reforma fiscal, una laboral y una en telecomunicaciones.

Y refrendó el compromiso de desregular el país que el gobierno reglamentista tiene ahogado, mediante la supresión de hasta 8 mil normas inútiles: 8 mil.

Es iluso suponer que un gobierno con minoría en el Congreso y ante los tiempos acelerados de una elección presidencial que ya está entre nosotros podrá inducir grandes cambios en el país. No lo es suponer que un Presidente dispuesto a tomar decisiones difíciles, que no pasan por el Congreso, y a plantear reformas de fondo que el Congreso debe al menos discutir, puede poner el debate público en el rumbo correcto, devolviéndole seriedad y sustancia.

Basta el ejemplo de la liquidación de Luz y Fuerza y la exhibición de su ineficiencia.

Gobernar no es sólo decidir. También es hablar, y hacer hablar, de las cosas fundamentales de un país; poner en el ágora los asuntos decisivos sobre los que luego habrá que decidir; distribuir la información correcta, trazar las soluciones deseables y sus alternativas.

Ganar la batalla de la pedagogía pública es condición de triunfo en la batalla política. Lo que normalmente impide a un Presidente jugar abiertamente el papel de pedagogo es que no quiere desatar debates, sino definir soluciones.

El tiempo de definir soluciones ha quedado atrás para el gobierno de Calderón en muchos de los problemas claves de México. Pero en todos esos problemas está el terreno abierto para sembrar la discusión correcta y convertir la elección presidencial en curso en un debate de proyectos claros, no sólo en una contienda de personas, partidos y publicistas.

Otros tres

María Amparo Casar
Reforma

Concluyen hoy los primeros tres años de la administración. El Presidente reseñó algunos logros: las reformas a las pensiones y al sistema de seguridad y justicia, la liquidación de Luz y Fuerza, el combate al crimen organizado, el aumento en la cobertura del Seguro Popular y de Oportunidades. Advirtió que las condiciones externas han sido adversas y que sus efectos se mitigaron por la acción del gobierno. Recordó que en la crisis de 1995 se perdieron uno de cada 10 empleos y en ésta uno de cada 100; que en aquel entonces se sumaron a la pobreza 17 millones de mexicanos contra 6 millones en esta crisis. Podía haber agregado que en esta crisis no hubo un fenómeno similar al Fobaproa que costó a México más de 10 puntos del PIB.

Aún así las percepciones de los ciudadanos son más negativas que nunca. Lo son porque no crecen la economía, ni el empleo, ni la calidad educativa, ni las exportaciones, ni la inversión extranjera, ni la producción de petróleo. Porque no disminuye la pobreza, ni la desigualdad, ni la corrupción, ni el crimen.

En todas las encuestas sin excepción la aprobación del Presidente ha disminuido notablemente. Ha retrocedido a los niveles de hace tres años cuando asumió la Presidencia en las condiciones más adversas que se recuerden. Según la encuesta de GEA, apenas el 52% de la población aprueba la su gestión. En contraste la desaprobación saltó del 19% al 46%.

La factura también la está pagando el partido en el gobierno. La caída quedó evidenciada en las pasadas elecciones cuando el PAN perdió más de 10% de su votación. Hoy las cosas le pintan peor. Según la encuesta de Consulta hoy en día sólo el 19% votaría hoy por el PAN y el 29% lo rechaza como opción.

Seguramente los partidos de oposición están celebrando esta caída en la aprobación gubernamental por los beneficios electorales que ello reporta. Hoy el PRI es el partido con mayor preferencia (38%) y la brecha entre PAN y PRD se cierra a la baja.

Pero la situación no tiene nada de celebrable porque más allá de quién esté mejor posicionado electoralmente, lo que muestran las encuestas es una decepción generalizada con la democracia. Es una desaprobación a la gestión del Presidente pero también a la de los legisladores, gobernadores, partidos, policía y jueces; a todos los que tienen algún tipo de responsabilidad política o de gobierno. Lo que las encuestas revelan es que lo único que crece es la desconfianza en la situación económica (80% cree que será peor) y la situación política (79% cree que será peor).

Que el desempleo/subempleo hayan crecido hasta alcanzar el 11%, que la economía haya decrecido en 7%, que los pobres hayan aumentado en 6 millones, que el saldo del crimen organizado sume más de 15,000 ejecutados no son buenas noticias para nadie. Menos lo es que en esta situación de crisis los partidos sigan sin proponer alternativas y enfrentados en lugar sentados a la mesa para ver cómo arreglan la casa que es de todos y cuya responsabilidad recae en todos.

Las encuestas no deben ser motivo para que los políticos que hoy ocupan la Presidencia se depriman y los políticos que la buscan hacia delante se pongan a festejar. Deben servir para recibir unos cuantos mensajes y actuar en consecuencia.

Más allá de que nuestra cultura presidencialista haga recaer en la Presidencia todo lo bueno y malo que ocurre en este país, el sistema hace recaer la responsabilidad y el trabajo en todos aquellos con cargos políticos. Por eso el rechazo de la población es a todo lo que huela a política.

Quedan tres años de gobierno con un Presidente de un partido, un Congreso de otro partido y gobiernos locales de todas las denominaciones. Los tres años que restan son suficientes para sacar a México del hoyo. El Presidente no se muestra en tono de resignación sino de discusión y acción. Su disposición a actuar se reflejó en la tantas veces anunciada y por fin concretada extinción de la Compañía de Luz y Fuerza. Su disposición a la discusión en la reafirmación de una agenda ambiciosa para regresar a la senda del crecimiento y que incluye desde la reforma fiscal, laboral, energética y de telecomunicaciones hasta la reforma política.

Los partidos no han dado su opinión sobre ella. El Presidente tiene sin duda la responsabilidad de mostrar liderazgo, presentar ya las iniciativas correspondientes y buscar acuerdos, pero el resto tiene la responsabilidad de sentarse a la mesa y concretarlos. Cuando menos, la de dar su opinión sobre esa agenda o de proponer una alternativa.

Juanito y Brugada: melodrama y absurdo

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior
www.twitter.com/yuririasierra

El tremendismo de la realidad, su incurable tendencia al melodrama y a lo absurdo. José Emilio Pacheco

En el fondo, es bien fácil: Iztapalapa es el melodrama inventado por Andrés Manuel López Obrador. El absurdo que resulta de su engendro en probeta electoral. En Iztapalapa, El Peje intentó, como otras tantas veces, poner a la ley por debajo del capricho personal; masticarla a su gusto. Y ahí está el resultado inevitable: dos creaciones pejistas peleando por el mismo bambineto, como unos siameses recién separados luchando por su espacio. Sólo que: ante la ley, nada más uno de ellos es el legítimo dueño de la cuna, porque su nombre estuvo inscrito en la boleta…

El 28 hicimos recuento del caso Juanito y casi nos atrevimos a pronosticar un resultado. Sabíamos que las cosas no se pondrían fáciles, no lo fueron. Así como lo anunció, Rafael Acosta llegó a las oficinas de la delegación Iztapalapa para tomar lo que electoralmente le corresponde, la jefatura delegacional. Más allá del acuerdo ya roto al que había llegado con AMLO y con Clara Brugada, lo que se avecina, porque ese otro lado lo dejó muy claro, es la disputa, nada sencilla, que tiene a la demarcación más poblada de la capital como botín.

Las versiones que hablan de Iztapalapa como un tesoro que le daría recursos de campaña a AMLO podrían ser el argumento más fuerte de Rafael Acosta, claro, además de las actas y de las boletas electorales que traen su nombre impreso. La delegación es un botín, no sólo electoral, por el número de votantes. Es también un botín financiero, por el presupuesto que recibe al año.

Pasaron los 59 días de la licencia inicial que tendría que haberse convertido en renuncia, pero no fue así; de hecho, Juanito de inmediato destituyó a un par de funcionarios, cercanos a Brugada. Y es que al final, legalmente, él es el delegado.

¿Qué pasará ahora? Marcelo Ebrard se ha reunido ya con ambos, sin éxito, sin solución. Le toca ahora a la Asamblea Legislativa resolver el conflicto, ya la última estancia que, en caso de interceder por Brugada, podría hacer uso de alguna de estas causales para bajarle el telón a Juanito. Rescato lo publicado por La Lonchería.com:

I. Por violaciones sistemáticas a la Constitución, al presente Estatuto o a las leyes federales y del Distrito Federal.

II. Por contravenir de manera grave y sistemática los reglamentos, acuerdos y demás resoluciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

III. Por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público en la Entidad.

IV. Por desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión en la Federación, Estados, Distrito Federal o Municipios, durante el tiempo que dure su encargo, excepto las actividades docentes, académicas y de investigación científica no remuneradas.

V. Por invadir de manera reiterada y sistemática la esfera de competencia de la administración pública central o paraestatal del Distrito Federal.

VI. Por incumplir reiterada y sistemáticamente las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o del Distrito Federal.

VII. Por realizar actos que afecten gravemente las relaciones de la Delegación con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

VIII. Por realizar actos que afecten de manera grave las relaciones del Jefe de Gobierno con los Poderes de la Unión.

Pero el gran detalle es que Rafael Acosta no había cumplido una sola hora como jefe delegacional, hasta el domingo: no hay una causal que pueda imputarse en su contra. El cuento es sabido por todos, si deciden que Juanito se queda en la delegación, su única culpa sería entonces el faltar a su palabra, esa dada a AMLO y su séquito, Brugada. Si se va, entonces sí abriríamos un expediente distinto, porque la razón para hacer válido un acuerdo, verbal y de voluntades, sin ningún tipo de fundamento legal, y tomarlo como causal para destituir a un jefe de delegación, no es lo que la ALDF necesita.

Rescato otras líneas del recién laureado José Emilio Pacheco, y del mismo poema: “La realidad es psicópata: / Jamás se compadece de sus víctimas. / Hace trampa al jugar con la esperanza.”

Juanito, independiente de lo que dure el show, ya puso en problemas a un clan que generalmente se piensa inamovible y que, irónicamente, le dio a Iztapalapa un delegado legítimo. Aquí sí el pato le tiró a la escopeta y, al parecer, le dio al menos un llegue.

Y remato este texto, como remata Pacheco su poema (literatura y realidad): “Sin embargo posee un alto grado / Una virtud artística suprema: / No se repite nunca, / Siempre en nueva, / Siempre nos deja con la boca abierta”.

El Peje intentó, como otras tantas veces, poner a la ley por debajo del capricho personal.

La cédula de identidad

Javier Corral Jurado
Diputado Federal del PAN
El Universal
www.twitter.com/javier_corral

No se ha puesto en duda ni el mandamiento legal ni la conveniencia política de que México cuente con un Registro Nacional de Población debidamente integrado, y con una cédula que fehacientemente identifique a los ciudadanos. Diversos actores políticos y sociales comparten la idea de que el instrumento es necesario, y entre los beneficios que puede generar está la seguridad nacional. Tan es así que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011 lo marcó como uno de sus compromisos primordiales: modernización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal.

Por eso la Cámara de los Diputados resolvió asignarle los recursos necesarios para cumplir con las etapas del proyecto planteadas para el año que entra, y dejó pendiente la expedición del documento plástico.

Las preocupaciones están en otro sentido y son muy atendibles; dejarlas a la deriva puede ocasionar que un proyecto relevante como éste sucumba por el cuestionamiento y la desconfianza nata del peculiar desarrollo político que hemos tenido en nuestro país.

Se advierte que la cédula de identidad ciudadana pueda entrar en colisión con la credencial de elector y, lo que es más grave, que desanime la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; luego se señalan las insuficiencias legales que existen en materia de protección de datos personales y la preocupación porque una base de datos que contará con los principales elementos biométricos de todos los ciudadanos se administre por la Segob.

En la mayoría de los países que cuentan con esta identificación única son los ministerios del Interior los que la conforman y operan. Se hace pertinente que, sin crear más instancias burocráticas, se pueda determinar dentro de la administración pública federal una entidad más “neutral”. El INEGI puede ser el espacio idóneo. Lo podría ser el mismo IFE, y hacia allá debiéramos enfocar la mirada.

Esto implica un nuevo arreglo constitucional y legal pues, como bien lo ha señalado Jorge Alcocer, el transitorio segundo de la reforma constitucional electoral del 4 de abril de 1990, vigente a nuestros días, establece: “En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”.

Mientras esa reforma constitucional y legal se produce —no hay la menor duda de que debemos llevarla a cabo—, la coordinación entre el IFE, el IFAI y la Segob se hace indispensable. En medio del proceso para expedir la cédula de identidad están valores democráticos muy caros: la confiabilidad del instrumento fundamental de nuestros procesos electorales y la debida salvaguarda de la información personal.

Debe convenirse entre el IFE y la Segob la expedición de una cédula de identidad ciudadana que sea a la vez credencial para votar, sustentada jurídicamente en la Ley General de Población (LGP), y bajo estrictas reglas de confidencialidad a partir de criterios acordados con el IFAI.

La actualización del padrón electoral iniciará el 15 de enero próximo y no conviene la indefinición de esta cooperación interinstitucional que, por un lado, evitará duplicidades, conflictos de competencia y una elevada inversión en la operación de programas respectivos.

Despejar sombras en la expedición de la cédula permitirá que los ciudadanos participen en ella. Se podrá apreciar con más claridad que los sistemas tendientes a la identificación de las y los mexicanos reportarían beneficios tales como: agilización de trámites, impedir la duplicación de requisitos, facilitar la recaudación fiscal de los tres órdenes de gobierno, políticas públicas y programas sociales más eficientes; identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera muy especial, la identificación de niños y menores.

Que el IFE expida la cédula es también reconocer esa función, pues la credencial para votar con fotografía goza de amplia aceptación y confianza para la identificación en la realización de diferentes trámites, además del ejercicio del sufragio. La experiencia del IFE es de singular relevancia y confiabilidad. De hecho, la credencial para votar con fotografía ha tomado el carácter de un instrumento equiparable a una cédula de identidad. Sería un enorme despropósito no convenir y conciliar la tarea.

Entre transgresores te veas

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Lo pintoresco no disfraza lo indecente. Esta historia, la de Juanito, pintaba mal desde sus mismísimos comienzos. Pero, por lo visto, nuestra capacidad de asombro —y de indignación— ha sido absolutamente neutralizada desde que, sin chistar, debimos tragarnos numeritos absolutamente escandalosos tales que la coronación, a dedo, del “presidente legítimo” y su majadera apropiación de los espacios públicos de la capital, que pertenecen a todos los ciudadanos, luego de que los votantes no le dieran gusto en las urnas.

Rayito, el inventor del actual delegado del Gobierno del DeFectuoso en Iztapalapa, no conoce los límites. Necesitaría vivir en un país auténticamente autoritario para sobrellevar, de primera mano, lo que es la represión de veras y la total falta de libertades. Porque, señoras y señores, aquí hace prácticamente lo que le da la gana: se proclama, por sus pistolas, presidente de México; dinamita, sin el menor pudor, a la izquierda nacional; se agencia un partido a modo para no tener que afrontar el molesto trámite de la diversidad de ideas y posturas; apuesta por el derrumbe puro y simple de la nación para aparecerse luego como el gran salvador de la patria; y, preocupado de que una demarcación con un presupuesto bien suculento se le pueda ir de las manos, improvisa un plan para que un declarado pelele vaya de figurante y le entregue, a las primeras de cambio, el botín a una de sus pretorianas.

Bueno, pues no le ha salido nada bien el montaje: Juanito resultó ser un personaje shakesperiano, o sea, con pasiones y apetitos irremediablemente humanos. Tuvo apenas una probadita de poder real y se le descompuso de inmediato la cabecita. O a lo mejor no, y esta terca determinación de ser un funcionario de verdad es, por el contrario, la más legítima expresión de un hombre que, de pronto, reclama su derecho a actuar con toda dignidad. En todo caso, la enseñanza es despiadada: cuando tu apuesta es la transgresión pueden aparecerse, por ahí, personajes todavía más transgresores.

Segundo aire

Federico Reyes Heroles
Reforma

Desde el primer día de su mandato la adversidad ha acompañado a Felipe Calderón. El cuestionamiento sobre la limpieza de la elección, su trabajosa toma de posesión, el discurso paralelo de los opositores, la burbuja inflacionaria que lesionó a los sectores de menores ingresos, la pérdida de control de territorio a manos del narcotráfico, la muerte de un colaborador y amigo muy cercano, la caída en la plataforma petrolera y posteriormente el desplome de los precios y, por si fuera poco, la peor crisis recesiva de la economía mundial en muchas décadas. La influenza y la terrible sequía son mucho más que anécdotas. Fácil no la ha tenido.

En los últimos meses cierta prensa se ha encargado de sembrar la duda sobre cómo terminará su gestión. Lo presentan débil y apabullado. Se olvidan de los logros concretos, que también los ha habido, como las pensiones del ISSSTE o la liquidación de Luz y Fuerza. La actitud no es nueva, especular sobre la debilidad de un Presidente siempre ha sido un buen negocio. Recordará el lector cómo se vaticinaba en primeras planas que Ernesto Zedillo no terminaría su segundo año. Zedillo terminó después de una gestión muy consistente y con un grado de aprobación envidiable.

Pero el poder desnuda y la adversidad puede sacar la garra, en quien la lleva. El caso más recordado es Churchill. La estrategia de evitar conflictos, de no confrontación, de caminar por el sendero de lo posible seguida en los tres primeros años le ha pagado muy mal a Calderón, incluso en lo electoral. Reformas mediocres en lo energético y lo fiscal y una contrarreforma política no parecieran una herencia deseable. En el asunto de seguridad la cosecha tardará en llegar a la sociedad. Lo mismo ocurre con los programas de infraestructura. De ahí la importancia de su pronunciamiento del día domingo. Por las iniciativas del texto pareciera que el presidente Calderón ha decidido cambiar de estrategia. Sabe que si quiere avanzar en lo político, en lo laboral, en lo energético, en materia fiscal, en telecomunicaciones, en lo que más urge a México, tendrá que confrontar intereses de todo tipo.

En los hechos el Presidente no tuvo empacho en reconocer que la primera estrategia no rindió los frutos esperados. No se encaprichó con sus criaturas. Es un mérito. Hablar de una nueva reforma política, energética y fiscal es admitir que la primera versión no funcionó. Varios son los pendientes nacionales señalados por Calderón: pobreza extrema, cobertura en salud, educación, en esto no hubo novedades, se habló de fortalecer y ampliar las acciones. Pero al final de su intervención Calderón tocó la raíz de la crisis en las finanzas públicas: la dependencia del recurso petrolero. En ese contexto convocó a una discusión amplia al respecto. La recaudación deberá provenir de otras fuentes y llegar a niveles equiparables a otros países. ¡Por fin! De ahí el Presidente saltó al sector energético y anunció una nueva iniciativa que busca fortalecer a Pemex y al sector energético. El próximo anuncio se centró en telecomunicaciones, área minada. Lo dijo con claridad: mayor cobertura, convergencia, multiplicidad de actores, nuevas frecuencias, nuevos competidores. Sin palabrería el Presidente abordó la reforma laboral necesaria. No evadió el término explosivo: rigidez. Es esa rigidez la que impide la creación de más y mejores empleos; es esa rigidez la que pone obstáculos a jóvenes y mujeres. Es esa rigidez, que en el pasado fue vista en el mundo sindical como un arma en la defensa de los derechos laborales, la que se ha convertido en el mayor enemigo de un sindicalismo acorde con la globalidad.

Finalmente el Presidente anunció una nueva reforma política, no electoral. Las diferencias conceptuales frente a anteriores ejercicios comienzan desde los objetivos centrales: fortalecer a la ciudadanía y superar la parálisis institucional que impide alcanzar acuerdos en temas centrales. Calderón anunció una medida que podría transformar de fondo la relación entre la ciudadanía, sus representantes y gobernantes más cercanos: la elección consecutiva de legisladores y alcaldes. También habló de "una reducción en alguno de los componentes" del Congreso. Al grano: se busca terminar con la preocupante lejanía que afloró en la elección del 2009. Hay más, iniciativa ciudadana, referéndum, y "participación... sin rigideces". ¿Candidatos ciudadanos? Revisión del veto y facultad de iniciativa a la Corte en temas judiciales. Ratificó la necesidad de revisar la Ley de Amparo que ahoga a la Corte.

Es momento de definiciones. Las acciones y propuestas anunciadas traerían un reacomodo de fuerzas reales, de los partidos frente a la sociedad, de la ciudadanía en el mapa nacional, de los empresarios, de los legisladores. Las propuestas políticas, que no electorales, son quizá las más importantes en mucho tiempo. No hay forma de trasladar costos o beneficios al 2012. Es momento de pensar en grande. Ojalá y la oposición esté a la altura.

Lista la guillotina para Juanito

Francisco Garfias
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

Juanito tomó ayer posesión de las oficinas del delegado en Iztapalapa por la vía expedita de llamar un cerrajero. No le va a durar el gusto. Si no se encuentra una solución negociada a su salida (hay versiones de que se reunió anoche con Marcelo Ebrard) lo van a destituir. La Comisión de Gobierno de la ALDF ya acordó, por unanimidad, formar una Comisión Jurisdiccional, que podría convertirse en la guillotina para Rafael Acosta, en caso de que se aferre al cargo.

La mayoría perredista en la Asamblea buscaba, junto con un grupo de abogados, estrategias sólidas para deshabilitarlo. No quieren dejar ningún resquicio por el que pudiera ampararse, con éxito, el polémico individuo. Quieren que se vaya ya.

Pero la destitución en fast track no es sencilla. Hay plazos y rutas que la Comisión no se puede brincar. Si este martes se presenta la solicitud de remoción y al día siguiente se le notifica al delegado que se inició el procedimiento en su contra, puede recurrir al amparo o presentarse en la ALDF para defenderse, hasta el 23 de diciembre. Cada día que se retrase la notificación es un día más que Juanito tiene para hacerlo.

Clara Brugada, quien hasta ayer realizaba las funciones de delegada, no debe regocijarse. La versión de que la Asamblea se va a ir por la “tercera opción” son cada vez más sólidas. Es lo que exigen el PAN y el PRI. La remoción requiere dos tercios de la Asamblea (44 votos). El PRD no puede solo.

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En el GDF aseguran que detrás de Rafael Acosta está Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN-DF. “Ella lo envalentonó con promesas de que la Policía Federal lo protegería”, afirman en el ayuntamiento. Buscamos a la coordinadora de los asambleístas azules para que nos diera su versión. “Estamos en comunicación, pero de lo otro no hay nada. Esto es un pleito entre tribus, que ellos deben resolver”, reviró.

Juanito, es cierto, declaró categórico que la PFP aparecería ayer en la mañana en la delegación (lo que no sucedió) y hasta le mandó un saludo a su “amiga Mariana”.

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Una de las aristas en las que sustentan el papel que estaría jugando la jefa panista en el DF tiene nombre y apellido. Se llama Alejandra Elizabeth Núñez, ex empleada de la delegación Benito Juárez. Dicen que es la nueva coordinadora de asesores de Juanito, aunque su cargo formal es el de jefa de la Unidad Departamental en Cuicuilco. Su número de empleada es 858875.

En Benito Juárez, Alejandra Elizabeth trabajó un tiempo en Desarrollo Social con Jorge Real, quien ahora pertenece al equipo de Gómez de Campo. Además, está casada con Genaro Gómez Palacio, vinculado también con la coordinadora de los asambleístas del azul.

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A Juanito lo crearon para sacarle la vuelta a la decisión unánime del Tribunal Electoral de revocar la candidatura de Clara Brugada a la jefatura delegacional en Iztapalapa. Su “triunfo” en los comicios internos fue anulado por irregularidades que encontraron los magistrados en 47casillas. Eso volteó el resultado a favor de su adversaria Silvia Oliva.

La decisión no le gustó a Andrés Manuel López Obrador y aplicó el primer capítulo de su evangelio particular: Al diablo con las instituciones. De la manga se sacó a Juanito y, usted lo recuerda, en la plaza pública lo hizo comprometerse a competir en la elección y a entregar el cargo a la cuestionada Clara.

Lo dejaron rendir protesta hace 59 días, con la condición de que pidiera licencia. El hombre les siguió el juego. Nombró incluso a Brugada como directora jurídica y de gobierno de la delegación para que asumiera, por prelación, la jefatura delegacional. Hoy lo exhiben como un “loco” que haría “ingobernable” Iztapalapa.

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http://panchogarfias.blogspot.com

En el GDF aseguran que detrás de Rafael Acosta está Mariana Gómez del Campo.