diciembre 04, 2009

Manifiesto: En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Poniendo las barbas a remojar

Manifiesto publicado en diversos sitios web españoles.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

Corrupto Pinochet

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Cuando el próximo jueves se cumplan tres años de la muerte del general Augusto Pinochet, sangriento represor y dictador de Chile durante 17 años, su viuda, Lucía Hiriart, puede quedar sujeta a un embargo y bloqueo de cuentas en uno más de los procesos por delitos de carácter patrimonial que se siguen contra los herederos y el albacea del militar que traicionó a su jefe, el presidente Salvador Allende.

Durante mucho tiempo, aun desde los años en que gobernaba con mano férrea y sin reparar en el derramamiento de sangre de miles de víctimas, se tuvo a Pinochet como un soldado que, inducido por sus convicciones, no vaciló en asesinar y encarcelar, deportar y hacer salir al exilio a quienes consideraba, en juicios sumarísimos, que eran sus enemigos (la mayor parte de las cuales no tuvieron siquiera el derecho de audiencia). Sus partidarios lo endiosaron como a un salvador de la patria ante el peligro del comunismo, al que había que condonar cualquier sanción porque el bien nacional que había conseguido al derrocar a la Unidad Popular y forzar la muerte de Allende era superior a los elevados costos en que se incurrió por la salud nacional.

Durante los años en que se mantuvo en el mando del país, de 1973 a 1990, fue impensable llevar a Pinochet a los tribunales. Y aunque en la siguiente década, bajo los gobiernos de la Concertación, se intentó tímidamente enjuiciarlo, todo conspiraba para mantener su inmunidad. Contaba con ella de manera formal como senador vitalicio. Tenía en su favor la inclinación de los mandos militares a su causa. El Poder Judicial era asimismo proclive a atemperar los ardores de las víctimas y sus abogados, que exigían justicia. La sociedad chilena misma, si bien no estaba dispuesta a que se la hiciera pagar los costos políticos de la represión, tampoco se manifestaba deseosa de abrir las páginas de la negra dictadura sometiendo a quienes la protagonizaron a juicios severísimos, como sí ocurrió en la Argentina tan pronto como se restableció la democracia. Si bien el presidente Raúl Alfonsín tuvo que aceptar las leyes de obediencia debida y punto final, hizo también que esa protección a los militares y marinos no encubriera a sus jefes, y la junta militar fue condenada.

Pinochet, en cambio, parecía quedar al margen de cualquier castigo, hasta que en 1996 el fiscal del Tribunal Supremo español Carlos Castresana puso en vigor legislación penal de su patria que le permitía perseguir el delito de genocidio que, como crimen de lesa humanidad, no era prescriptible. Abrió así la puerta para que en ejercicio de la jurisdicción internacional, Pinochet fuera encausado por la Audiencia Nacional de España. En octubre de 1998, fue detenido mientras realizaba una visita a la Gran Bretaña, todavía gobernada por su amiga y socia Margaret Tatcher (a quien sirvió contra Argentina en la guerra por las Malvinas, que hoy queda claro que sigue siendo territorio europeo). Se le acusaba de genocidio y de crímenes particulares cometidos contra súbditos españoles y ciudadanos de su propio país.

La connivencia del gobierno laborista británico con el popular (en el sentido del PP, no de su pleno asentimiento por la población) de España impidió que el dictador fuera extraditado a Madrid y en cambio en marzo de 2000 pudo retornar a Chile, donde no había condiciones para enjuiciarlo, si bien se fueron construyendo tales condiciones mediante la paciencia y el valor de los deudos de sus víctimas, de algunas víctimas directas, y de atrevidos abogados y jueces chilenos. De ese modo, en agosto de 2000 se le privó de la inmunidad parlamentaria y quedó sujeto a investigación por los delitos cometidos por la Caravana de la muerte, una brigada militar que recorrió penales chilenos para sacar de allí a inculpados por "delitos contra la patria" o por ninguno, no para ponerlos en libertad sino para matarlos sin tener que llevarlos a juicio alguno. Por la ejecución de 74 presos políticos quedó bajo arresto en su domicilio a partir de enero de 2001.

Una nueva causa penal, abierta por los crímenes de la Operación Cóndor, fue adelante después de una nueva privación de su fuero. Aquella Operación, como se recuerda, fue concertada por los militares que usurparon el poder en Chile, Argentina, Uruguay para perseguir a sus opositores donde quiera que se encontraran, no sólo en sus propios territorios sino también fuera de ellos. Hasta ese momento, los juicios penales cuadraban con la imagen que Pinochet había trazado de sí mismo: un militar patriota capaz de todo en defensa de los valores cristianos. Pero he aquí que en septiembre de 2004 vino a saberse, porque se documentaron sus cuentas en la banca Riggs y otras instituciones semejantes, que el servidor de la patria había comenzado por servirse a sí mismo. Después de que aquel banco norteamericano admitió sus responsabilidades, la causa fue sobreseída. Pero en abril de 2007 la Fundación Allende inició varios procedimientos judiciales para que la fortuna mal habida de Pinochet, a nombre de su esposa Lucía Hiriart y el resto de su familia, no sólo no aproveche a quienes la usurpan, sino que sea destinada a resarcir (en lo que cabe, porque la vida y la integridad personal no tienen precio) a más de 20 mil víctimas de tortura, desaparición y asesinato.

El juez Garzón fijó a la viuda de Pinochet, a su albacea y a ex funcionarios del Banco de Chile una multimillonaria fianza tras acusarlos por lavado de dinero. Si no la pagan, sus cuentas serán congeladas.



Cajón de Sastre

Ayer jueves, en víspera de que concluya el término para que los interesados en encabezar la Auditoría Superior de la Federación, quien todavía durante diciembre es su titular, Arturo González de Aragón, avisó a la Comisión de Vigilancia de ese órgano, de la Cámara de Diputados, que no participará en el proceso. Sus razones son contundentes y el que las enuncie resta legitimidad a esa función de los diputados. Si bien sólo establece que tiene dudas "sobre la legalidad, la transparencia y la equidad del proceso", su significado es una condena al modo de actuar de la mencionada comisión, que debió avisar, con fundamento y motivación, al funcionario saliente las causas de que no respetara su expectativa de derecho de ser reelegido. La posición en que se coloca le permitiría, además, iniciar un juicio de amparo contra las decisiones de los legisladores.

Un Congreso desconectado

Francisco Martín Moreno
fmartinmoreno@yahoo.com
Excélsior

Nuestros legisladores, por lo general, no recaban la opinión de la gente puesto que reaccionan a intereses ajenos a los ideales y propósitos de la nación que supuestamente representan. Aquellos le rinden cuentas a los jerifaltes de los partidos políticos, no así a sus representados.

Una aguda e inquieta lectora me hizo llegar amablemente la siguiente reflexión de Eduardo Aniant: “Un hecho que no resulta sorprendente es que, además, los ‘desconectados’ son los pobres del mundo, aquellos que no se benefician del crecimiento económico mundial porque no tienen acceso a los servicios sociales básicos, a la infraestructura esencial ni a oportunidades de obtención de ingreso y empleo, y mucho menos acceso a Internet. En estos días, estar desconectado supone un costo aún mayor: el costo del aislamiento y la marginación, en tiempos en que ya existe una brecha creciente entre ricos y pobres dentro de cada país y entre los distintos países.”

Los mexicanos, por nuestra parte, estamos “desconectados” del Congreso porque en dicho recinto parlamentario la opinión de los representados paradójicamente no cuenta. Me explico: el objetivo central que justifica la existencia del Poder Legislativo en el marco de las instituciones republicanas consiste en traducir la voluntad popular en leyes orientadas a propiciar la evolución, el bienestar y la convivencia civilizada en una determinada comunidad. En México la desconexión es patética. Nuestros legisladores, por lo general, no recaban la opinión de la nación puesto que reaccionan a intereses ajenos a los ideales y propósitos de la nación que supuestamente representan. Aquellos le rinden cuentas a los jerifaltes de los partidos políticos, no así a sus representados, por lo cual cometen una traición, una felonía que no se encuentra contemplada en nuestros códigos criminales.

¿Dónde están los diputados que armaron asambleas ciudadanas para conocer el parecer del electorado en torno a la apertura energética o a la suspensión del embarazo? ¿Cuántas personas fueron consultadas antes de que se modificaran las constituciones de 17 estados de la Federación para establecer como delito el aborto? ¡Ni una sola! Diputados y senadores se han convertido en tiranos que ignoran la voluntad popular y convierten en leyes todo aquello que conviene a sus intereses de clase. Diputados y senadores están “desconectados” de la realidad nacional, mientras continúan acatando instrucciones de los comités directivos y renuncian a cualquier actitud crítica, con lo cual ya no sólo traicionan al electorado, sino que, esta vez, lo hacen en contra de sus propias conciencias en el caso remoto de que llegaran a tenerlas…

El problema adquiere otras dimensiones cuando los ciudadanos nos percatamos de que la “desconexión” también tiene alcances internacionales, no sólo domésticos. La mayoría de los países del orbe han abierto sus economías en el contexto moderno de la globalización. Castro, por su parte, el coma-andante, el furioso enemigo de todo principio capitalista, hasta él ya invitó igualmente a la inversión extranjera a la explotación conjunta de las riquezas petroleras sepultadas a grandes profundidades en el mar Caribe, mientras nuestros legisladores continúan “desconectados”, en este caso apartados de cualquier teoría globalizadora, mientras cruje la estructura hacendaria nacional ante la catastrófica pérdida de enormes recursos petroleros que dejamos de captar por ignorancia o por un concepto indígeno-nacionalista de carácter suicida. Las encuestas de opinión expresan los deseos de la sociedad mexicana dispuesta a ejecutar la apertura petrolera con las debidas reglas impuestas exitosamente en otras latitudes. La inmensa mayoría de los mexicanos deseamos conectarnos con el mundo, abrirnos, explotar nuestras riquezas, aceptar ayuda extranjera para lograrlo con tal de alcanzar los niveles de bienestar tan prometidos como diferidos temerariamente en el tiempo. Sin embargo, un Congreso “desconectado” insiste aviesamente en el fracaso y renuncia a echar mano de las herramientas de cuya correcta utilización depende el futuro del país antes de volver a despertar al México bronco.

El Congreso mexicano está “desconectado” del electorado que supuestamente representa; “desconectado” del engranaje energético mundial; “desconectado” de todo principio globalizador; “desconectado” de la realidad económica mexicana; “desconectado” de la miseria que padecen millones de compatriotas y que bien podría paliarse con la apertura petrolera; “desconectado” del mundo y, finalmente, también “desconectado” de los genuinos intereses de la patria… ¿De dónde más podría estar igualmente “desconectado” el pleno del Poder Legislativo..?