diciembre 16, 2009

Tiene razón Felipe

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

Aquí desde hace meses la tendencia ha sido critica respecto del presidente y de su gobierno pero hoy hay buenas razones para apoyarlo. Felipe Calderón mandó ayer una iniciativa de reforma constitucional al Senado que busca cambiar de fondo las reglas que rigen la relación entre poderes y el lugar de los ciudadanos en nuestro sistema político. Esto es una buena noticia. ¿Por qué?

*Porque es un hecho que las actuales reglas no han servido para facilitar acuerdos y superar diferencias. Todo lo contrario, México esta atorado. A doce años de que el PRI perdió la mayoría en la Cámara y a nueve de la alternancia hay un desencanto con nuestra democracia.

*Porque el sistema político se debió reformar junto con la alternancia. Las instituciones definidas en la época revolucionaria y posrevolucionaria nunca se pusieron realmente a prueba. El reino del PRI fue el reino de las reglas no escritas. No había necesidad de consultar la Constitución o seguir las leyes, gracias a la Presidencia imperial y al partido hegemónico se resolvía la gobernabilidad.

*Porque para enfrentar los muchos otros asuntos que arrastramos desde hace años es indispensable un sistema más ágil y eficaz. ¿Cómo crecer? ¿Cómo liberar a los trabajadores de líderes corruptos sin dejarlos en la calle o la indefensión? ¿Cómo vivir las diferencias sin la estéril polarización? Por ahí ya hay quienes dicen que no es urgente entretenerse con una Reforma Política cuando el país está en crisis económica, sin crecimiento y con problemas de seguridad. Justamente por eso.

*Porque la democracia en nuestro país necesita relegitimarse después del golpe que sufrió en el 2006 por la irresponsabilidad de dirigentes políticos, empresariales y sociales.

*Porque esta no es una idea que le llegó de pronto al Presidente. Hace años que este tema se discute entre especialistas y en la clase política. El Presidente muestra apertura al incluir ideas que han sido bandera de algunos opositores.

*Porque la política, aún en las democracias, no es, ni puede ser el reino exclusivo de la coyuntura. Necesitamos reglas que inviten a la clase política a pensar en el mediano y largo plazo.

Y finalmente porque esta reforma confía en los ciudadanos y es exigente con ellos. La democracia no puede ser asunto exclusivo de los partidos. Son y seguirán siendo indispensables para la democracia pero es la participación de los ciudadanos en la cosa pública lo que le da solidez y fuerza a este régimen.

Se tardó tres años

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Por “inoportuna” que le parezca a Enrique Peña Nieto, la iniciativa de reforma política es una buena jugada de Felipe Calderón luego de estar ajeno al tema desde el inicio de su mandato.

Sugiere, sobre todo, lo que debe hacerse con otros cargos de elección y se ocupa poco del suyo (para modernizar, por ejemplo, la gestión presidencial).

Espera la réplica del Poder Legislativo, y sabe que éste ha estado aguardando la oportunidad de imponer la ratificación del gabinete y algunos otros instrumentos que hagan más eficiente al Poder Ejecutivo.

Lo bueno es que en los partidos y el Congreso, así sea por instinto de supervivencia, muchos están dispuestos a lograr una reforma para que haya mejor gobernabilidad. Lo malo es la resistencia a la reelección (sobre todo en las presidencias municipales), y lo feo es la segunda vuelta que, de aprobarse, hará que el tercer partido (el de menor votación, sea cual fuere) se alce con jugosas posiciones (en especial gubernaturas y secretarías), pues no de otra forma se mercan los cambios coyunturales de chaqueta.

Polémico decálogo calderonista

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

Al término de la elección intermedia de este año, Felipe Calderón declaró: “La democracia no puede ni debe reducirse al sufragio… Debemos ser sensibles y atender el llamado que nos han hecho quienes hoy decidieron no votar o no apoyar a ningún partido… Si queremos transformar a México, si realmente queremos cambiar lo que está mal en el país y mejorar lo que está bien, necesitamos de ciudadanos responsables, que den seguimiento a los compromisos de las autoridades y exijan su cumplimiento; a fin de cuentas, en democracia la ciudadanía tiene siempre la última palabra. Por ello, esta elección nos ofrece la oportunidad de reflexionar cómo podremos mejorar nuestro sistema electoral, a fin de acercar más la política a las necesidades, preocupaciones y participación de los ciudadanos. Yo invito a todos los mexicanos a… construir puentes para cerrar la brecha entre ciudadanía y política” (5/VII/2009). Puede entonces entenderse la reforma política propuesta ayer por Calderón como producto de la elección misma, y cuyo calado me parece comparable a la reforma política de 1979. Por un lado, Felipe recoge las diversas expresiones de protesta a la clase política que en ella se dieron (voto nulo, voto comprometido y la abstención activa). Por otro, es probable que el descalabro del PAN, que dejó a Calderón con un margen de maniobra más reducido, amenazando con dejarlo como un “pato cojo” (lameduck), también lo haya motivado a proponer esta amplia reforma política y, de ser aprobada en lo esencial, se podrá decir que su gobierno dio al menos algunos pasos para mejorar la democracia (ante el abandono de la misma que mostraron Vicente Fox y el propio Calderón durante la primera mitad de su administración).

El paquete de reformas es polémico en cada uno de sus componentes. Me parece que los ejes del mismo son tres:

1) Incrementar el poder ciudadano, en pequeña pero significativa medida, que nos permita influir sobre el proceso político con mecanismos como la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes (y cuya carrera política dependería en mayor grado de la voluntad de los electores), la incorporación de candidatos ciudadanos (que puedan desafiar a los abanderados partidistas y abrirle a los electores nuevas opciones), y la iniciativa popular, que quita a los partidos el monopolio para presentar iniciativas legislativas (con la solicitud del 0.1% del padrón electoral).

2) Se busca dar mayor gobernabilidad democrática, que supone mejorar las condiciones para tomar decisiones y poner en práctica el proyecto gubernamental (es decir, el mandato popular sobre el Ejecutivo), pero con ciertos contrapesos. La elección del Congreso al mismo tiempo que la elección del Presidente en segunda vuelta (o, en su caso, después de elegido el Presidente en la primera vuelta) puede contribuir a darle a éste más presencia en el Legislativo. También se obliga al Congreso a ser más eficaz al atender ciertas iniciativas importantes y urgentes, pues de no hacerlo pasarán a ser refrendados o rechazados por los ciudadanos a través de figuras de democracia directa.

3) Se intenta mejorar la representación política e integración del Congreso, elevando el umbral para preservar registro partidario (y así financiar sólo a los partidos que demuestren un respaldo ciudadano más significativo), reduciendo el número de diputados (lo cual no me parece algo crucial) y dando una más personalizada y proporcional representación al Senado, sin que pierda su carácter de Cámara federal.

Me pronuncio a favor del sentido general de esta reforma (algunos de cuyos puntos concretos he venido respaldando desde hace años), si bien con varias reservas y matices que en algunas propuestas concretas (como seguramente lo harán también partidos y legisladores). Me parece también que la reforma debiera incluir otros aspectos para mejor alcanzar los objetivos que la animan, como lo sería la revocación del mandato (pero bajo condiciones específicas y claramente delimitadas), la desaparición del fuero legislativo, la ampliación de la participación directa de los ciudadanos en ciertos asuntos clave y una ley de partidos políticos. Esperemos que los partidos sean conscientes de que esta reforma (con los matices, modificaciones y agregados que consideren pertinentes) los acercaría a la ciudadanía, refrescaría la representación política y permitiría relegitimar al sistema partidista y la función legislativa.

Esperemos que los partidos sean conscientes de que esta reforma los acercaría a los ciudadanos.

Buenas noticias

Sergio Aguayo Quezada
Reforma

Dos buenas noticias tiñen de optimismo esta columna dedicada a mostrar que las transformaciones de las sociedades también nacen del empeño de individuos comprometidos con la política de lo concreto.

Es más fácil criticar que dar soluciones. Quienes ejercemos este oficio, solucionamos los enigmas creados por una transición pasmada, invocando una fantasmagórica "participación ciudadana", salida que no atiende las urgencias de los tiempos borrascosos. En el 2009 se disparó el número de lectores inquietos que me preguntaron sobre fórmulas concretas para enfrentarse a la corrupción política. Lo que relataré a continuación me ayudará a ser más específico sobre los métodos que permiten a ciudadanos comunes y corrientes contribuir a los grandes cambios.

El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante la última efeméride, dos instituciones -una nacional y otra extranjera- regalaron buenas noticias a los interesados en mecanismos para frenar esa impunidad con la cual se violan cotidianamente nuestros derechos. En México, el Senado de la República reformó ¡por unanimidad! el artículo 17 constitucional para permitir las "acciones colectivas" que abren la puerta a la defensa de los consumidores. En Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable al Estado Mexicano por sus omisiones e ineficiencias en la localización y castigo de los asesinos de tres jovencitas juarenses: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos.

Enumero, a continuación, los resortes que hicieron posibles los portentos. El núcleo fue el trabajo individual de Adriana Labardini y Daniel Gershenson, quienes abrazaron la causa de los consumidores, y de Karla Micheel Salas y David Peña, los abogados que tomaron el caso de tres de las ocho jovencitas encontradas sin vida en el "Campo Algodonero" de Ciudad Juárez en noviembre del 2001. Entre ellos hay diferencias y similitudes.

Los dos primeros se acercan a la madurez con una formación en instituciones privadas de México y el extranjero; los segundos rondan los 30, estudiaron en universidades públicas y se forjaron en luchas populares. Los cuatro comparten un profundo rechazo a los abusos e injusticias y trabajan desde organizaciones civiles: Alconsumidor, nacida en el 2006, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que litiga desde 1991 y que acompañó al Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y Nuestras Hijas de Regreso a Casa (ambas juarenses) en el asunto de la Corte Interamericana.

Los cuatro donaron enormes cantidades de su tiempo en batallas políticas y jurídicas tortuosas, lentas y poco visibles. Hace años Rodolfo Gómez Alcalá, el litigante que me representó en una demanda contra difamación (que finalmente gané), me dijo una frase que captura las dificultades del reformista: "una cosa es tener la razón, otra saberla alegar y otra que los jueces [o los políticos] te la quieran dar". Las buenas noticias aquí celebradas demuestran lo mucho que logran personas cuando se centran en casos paradigmáticos.

El activismo fructificó porque gestionaron y obtuvieron el respaldo de algunos medios de comunicación, de organizaciones civiles, de instituciones académicas y gubernamentales y de gente común y corriente. Por ejemplo, la causa de los consumidores dio un brinco cualitativo cuando fue adoptada por el ITAM y por el senador priista Jesús Murillo Karam. El empuje definitivo vino cuando Blanca Heredia, una académica que actualmente dirige la Unidad de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, hizo un eficaz trabajo de convencimiento con algunos actores clave.

En el asunto de las adolescentes sacrificadas en el feminicidio de Ciudad Juárez fue determinante el papel de algunas integrantes de la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos. Entre otras, Rosa Celorio, Rosa María de Castro y la jueza Cecilia García Medina. Es una bocanada de aire fresco saber que la inserción de México en la globalización ha permitido obtener en el exterior la justicia que el país nos niega.

No estamos ante victorias definitivas. Durante el 2010 se debatirán y aprobarán las leyes que regularán las acciones colectivas y las grandes empresas intentarán mantener intacta la servidumbre de quienes consumimos. También deberá vigilarse que el Estado mexicano cumpla con el fallo de una Corte internacional a la cual respeta de dientes para afuera, porque la mayor parte de nuestros funcionarios no asume a plenitud que México es sujeto de obligaciones frente al exterior.

Ante la incertidumbre sobre el futuro, estos retoños de esperanza confirman la trascendencia de individuos con sueños que se hacen realidad en proyectos ambiciosos pero manejables. Es una vía atractiva porque, asumámoslo de una buena vez, la mayor parte de los partidos y los gobiernos difícilmente renunciarán a sus privilegios pensando en el bien común. Los derechos no se mendigan, se conquistan.