mayo 31, 2010

Plata o plomo

Denise Dresser
Reforma

"Habló demasiado", es el mensaje colocado encima de un cuerpo sin cabeza. "Para que aprendan a respetar", dice el letrero pegado a un torso sin brazos. "Te lo merecías", dice la nota dejada al lado de un hombre torturado. En las plazas y en las calles y en los lotes baldíos y ante las puertas de un cuartel del Ejército. En Apatzingán y en Zitácuaro y en Morelia y en Tierra Caliente. Muestras de la caligrafía del crimen, ejemplos de la sintaxis del silenciamiento, señales del surgimiento de un estado paralelo en Michoacán y microcosmos de lo que también ocurre en otros lugares de la República. Esos sitios donde no gobierna el gobierno sino "La Familia"; donde no se aplica la ley sino la regla de "plata o plomo"; donde antes que hablarle a un policía en busca de protección, la ciudadanía prefiere que un cártel la provea. Ante ello, la futilidad de una guerra mal librada contra un estado paralelo, descrita de forma devastadora en el artículo reciente de William Finnegan en The New Yorker.

Historia tras historia de secuestros, extorsiones, torturas, asesinatos, robos, corrupción, desempleo, y el simple temor de salir a la calle. Historia tras historia de lo que significa vivir en un municipio asediado, en un estado capturado, bajo el mando de una fuerza paralela a la del gobierno que se ha convertido -como dice un maestro de Zitácuaro- en "segunda ley". A pesar de los 50 mil soldados en las carreteras. A pesar de los 20 mil policías federales en las calles. A pesar de los 23 mil muertos debido a la narco-violencia en los últimos tres años. Sindicatos criminales como "La Familia" crecen y controlan, deciden y se diversifican. Si alguien necesita cobrar una deuda, recurre a ellos. Si alguien necesita protección, se la pide a ellos.

Gracias a los "soldados" que ha logrado formar, a los jóvenes que ha podido reclutar, a la base social que ha logrado forjar. Los campesinos que antes cultivaban melones y ahora siembran mariguana. Los ejidatarios que antes exportaban sorgo y ahora transportan cocaína. Los trabajadores que antes emigraban a Estados Unidos en busca de movilidad social y ahora saben que un cártel la asegurará. Los Ni Ni's que ni estudian ni trabajan y llenan las filas de un ejército que les paga muy bien. "La Familia" no sólo ofrece empleo a quienes lo necesitan. También construye escuelas, organiza fiestas, cobra impuestos, disciplina adolescentes, y regala canchas de basquetbol. Se erige en árbitro de la paz social. Cultiva lealtades y echa raíces. Para sus miles de beneficiarios, la cruzada de Felipe Calderón no es una salvación sino una agresión.

Según Fernando Gómez Mont, la anuencia social ante los cárteles es producto del "Síndrome Estocolmo": la tendencia de los torturados a sentir empatía con sus torturadores, la propensión de los secuestrados a sentir simpatía por sus secuestradores. Pero quizás la aquiescencia refleja algo más profundo y más difícil de encarar. La transición democrática acaba con la "Pax Mafiosa" que el PRI había pactado con el crimen organizado. La democracia entraña el fin de viejos acuerdos y el principio de nuevas rivalidades entre grupos que el poder central ya no es capaz de controlar. Y por ello surge un vacío que los cárteles pueden llenar ante la impotencia y la incapacidad del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. El crimen organizado comienza a suplir las deficiencias del Estado.

Cuando la población no cree en la policía o en las cortes, los criminales juegan ese papel. Cuando el Estado no puede ofrecer seguridad o empleo o cobertura médica o rutas para el ascenso social o bienes públicos, los cárteles empiezan a hacerlo. Como le explica una michoacana y madre soltera a Finnegan: "Tengo un número al que hablo. Si tengo un problema, si alguien me está amenazando, si alguien está tratando de robar mi carro, sólo les llamo y mandan a un policía. La policía trabaja para ellos (los narcos)". Fernando Gómez Mont argumenta que los criminales han perdido "cobertura institucional", cuando ya han logrado poner a las instituciones a su servicio. Es precisamente por ello que 59 por ciento de los mexicanos -según una encuesta reciente- no cree que Felipe Calderón vaya ganando la guerra que hace tres años declaró.

Ganarla requeriría, como lo ha subrayado Edgardo Buscaglia del ITAM, una guerra menos centrada en la aprehensión de los cabecillas y más en la incautación de sus bienes. Requeriría una guerra menos enfocada a matar capos y más a mermar sus finanzas. Requeriría no sólo el combate militar, sino también una estrategia financiera para confiscar cuentas y combatir frontalmente la corrupción en las cortes y en las presidencias municipales y en las gubernaturas y en cada pasillo del poder. Si no, por cada criminal aprehendido, habrá un criminal liberado. Por cada líder extraditado, habrá otro que lo reemplace. Por cada narcotraficante capturado, habrá otro entre los millones de desempleados en el país que lo sustituirá. Y México continuará siendo un lugar donde si no entregas la plata, alguien te dispara el plomo.

Colombia, entre el pasado y el futuro

Gabriel Guerra Castellanos
Internacionalista
www.twitter.com/gguerrac
gguerra@gcya.net
El Universal

Pocas veces en la vida de las naciones se presenta la oportunidad de escoger entre opciones tan diferentes, divergentes, como la que los colombianos enfrentaron ayer domingo.

Escribo estas líneas cuando es aún incierto el resultado de la jornada, pero todo apunta a que de entre los muchos candidatos que contendieron son dos los que pelearán el primer lugar y pasarán a la segunda vuelta: el oficialista Juan Manuel Santos y el del partido Verde, Antanas Mockus.

Los colombianos votaron para elegir al sucesor de un popular pero controvertido presidente, Álvaro Uribe, quien hizo de la política de la mano dura frente al narcotráfico y a la insurgencia guerrillera el sello distintivo de su administración. Casi ocho años después de haber asumido la presidencia, Uribe goza de altos índices de aprobación, pero pese a innegables avances no ha podido poner punto final a esos dos conflictos que sangran y desgarran a Colombia día con día.

Ni siquiera sus más fervientes simpatizantes se atreverían a cantar victoria ni en la guerra contra el narco ni mucho menos en la que la nación libra hace más de 4 décadas contra las FARC y sus aliados del FLN. No son esas guerras fáciles de ganar, como estamos aprendiendo ahora en México, pero la gestión de Uribe ha demostrado las limitaciones de anteponer a toda costa lo militar y la así llamada “fuerza del Estado” para tratar de salir avante.

Hay muchas maneras de tratar de calificar a Álvaro Uribe, y si por la de la firmeza nos vamos no hay cómo olvidar sus enfrentamientos con Hugo Chávez, la incursión armada en territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC en ese país, o el conflicto que Uribe y Chávez protagonizaron durante la llamada Cumbre de la Unidad Latinoamericana en México apenas hace unos meses, donde estuvieron a un tris de llegar a los golpes y a desatar un conflicto regional mayúsculo.

Otra medida del todavía presidente (y si le dedico tanto espacio es porque esta elección es en mucho acerca de su gestión) es la que tiene que ver con el respeto a la legalidad, tanto en la letra como en el espíritu e intención de las leyes, y ahí me parece que Uribe queda a deber: uno de los saldos trágicos de la guerra intestina que libra Colombia es el de las violaciones a los derechos humanos. Dirán muchos que ni los narcos ni la guerrilla los respetan, y tienen toda la razón, sólo que un gobierno —un Estado— no puede rebajarse al nivel de los criminales o terroristas que combate, so pena de perder su legitimidad y su razón de ser.

Los excesos del gobierno colombiano en esta materia quedan de manifiesto en el escándalo de los “falsos positivos”, civiles asesinados por la tropa con tal de inflar artificial y criminalmente las cifras de bajas de la guerrilla. Las cifras son estimadas, hablan de centenares o miles de muertos, muchos de los cuales fueron incluso disfrazados de guerrilleros después de su ejecución, en un horripilante ardid mediático.

El otro aspecto que pinta de cuerpo entero a Uribe es el de sus intentos por eternizarse en el poder, muy al estilo —paradójicamente— de Chávez. Uribe modificó la Constitución para poderse reelegir en el 2006, y lo trató de hacer nuevamente para contender este año, intento que fue frustrado por la Suprema Corte de Justicia colombiana. De no ser por eso, los cuatro años originales se habrían fácilmente transformado en 12 o en muchos más. Al no lograrlo optó por la fácil fórmula de nominar a su ministro de defensa con un partido político a modo.

Por eso la elección, en el más amplio sentido de la palabra, es entre el pasado, o la continuidad uribista encarnada por Santos, y el futuro, personificado por el ciertamente excéntrico Mockus, ex rector universitario y dos veces alcalde de Bogotá.

Ya habrá tiempo, de aquí a la segunda vuelta, de ocuparnos de ambos candidatos. Por el momento, Uribe puede vanagloriarse de haber colocado a uno de los suyos en la antesala de la presidencia, continuación quizás —si llega a ganar— de su proyecto. De lo que tal vez no se dé cuenta es que también ha polarizado a Colombia al grado de ponerla a elegir entre seguir con Uribe o darle la espalda y apostarle a algo radicalmente diferente.

El legado de los estadistas se mide, siempre, por como unieron a sus naciones en torno a proyectos justos y nobles. La división es una triste herencia…

Confusiones y aclaraciones

Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

Porfirio Muñoz Ledo, diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, opinando sobre la negativa del Ejecutivo federal de apoyar el boicot económico contra Arizona (boicot que, estrictamente hablando, no sería en contra de Arizona, sino de algunos arizonenses y, por lo tanto, de no pocos mexicanos: las contrapartes comerciales de aquellos), señaló que “… el libre comercio no es un principio de política exterior mexicana (lo cual muestra lo atrasada que esta dicha política)1, ni está consagrado en la Constitución (lo cual muestra lo mucho que falta para tener una Constitución que reconozca plenamente y garantice jurídicamente la libertad individual y la propiedad privada)2 y mucho menos en la Ley del Servicio Exterior (ley en la cual, por la materia de la cual trata, no tendría que estar contemplado)3”, afirmaciones que a Muñoz Ledo le sirven para descalificar el NO al boicot económico, negativa defendida por el Ejecutivo federal, que supone estar a favor de la libertad, en concreto de la libertad económica, misma que, al menos en el artículo quinto constitucional, queda plenamente reconocida, y que es, entre otras, libertad de comercio, mismo que no debe limitarse al que realizan personas de la misma nacionalidad, debiéndose extender al que se lleva a cabo entre personas de nacionalidad distinta. Lo que importa es la actividad, el comercio, no la nacionalidad de quienes comercian, mexicanos o estadunidenses.

En el artículo quinto constitucional

leemos que “a ninguna persona (ojo: persona, no mexicano o estadunidense), podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio (ojo: comercio, tanto entre personas de la misma nacionalidad, como entre personas de nacionalidad distinta) o trabajo que le acomode…”, siendo que las relaciones comerciales entre un mexicano y un arizonense son eso, comercio, y se establecen entre esas, personas.

Un boicot económico, que sería sobre todo comercial, supondría impedir que ciertas personas, mexicanas y arizonenses, se dediquen al comercio entre ellas, lo cual violaría el artículo quinto constitucional, que no deja lugar a dudas: a ninguna persona se le impedirá dedicarse al comercio que le beneficie, siendo lo importante la persona, no su nacionalidad, y siendo la actividad el comercio, independientemente de que se lleve a cabo entre personas de la misma nacionalidad o entre personas de nacionalidad distinta.

Mi interpretación del quinto constitucional no traiciona su espíritu, al contrario, ya que, ¡y si así no es así debería ser!, el mismo se refiere a la persona, quienquiera que ésta sea y cualquiera que sea su nacionalidad, de la misma manera que se refiera al comercio, al margen de que se realice entre personas de la misma nacionalidad o entre personas de nacionalidad distinta. Si no es así, entonces resulta discriminatorio, y no es ése su espíritu, ¿o sí?

Interpretado desde el punto de vista del respeto a la libertad, el artículo quinto constitucional, al hablar del comercio, se refiere al libre comercio, a la libertad de las personas para comerciar, reconociéndola y garantizándola, independientemente de la nacionalidad de los comerciantes. ¿O no, don Porfirio?

1 Paréntesis mío.

2 Idem.

3 Idem.

Los otros hijos de Marcial Maciel

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

Entiendo a los fieles de AMLO si pienso en los Legionarios de Cristo, fieles de Marcial Maciel: no es fácil ver caer así a un santo. De ahí la respuesta cada vez más obnubilada y más feroz.

No recuerdo nada igual desde que, a los 15 años, comencé a leer noticias y opiniones. Ha dejado de haber simples opiniones diversas pues quienes las sostenemos somos vendidos, transas, maricones, traidores, dignos de cualquier acto justiciero. Ni siquiera la elección de 1988, que para muchos arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas y otros admitimos al menos la posibilidad, dejaron al país en una crispación semejante. ¿Cuál fue la diferencia? Una sola: Cuauhtémoc.

Nunca los amigos y hasta los hermanos se habían distanciado tanto. Sostienen quienes aún siguen a López que hubo fraude en la elección de 2006 y así es como han envenenado la vida cotidiana del país. Estoy convencido de que cualquier partido comete fraude cuando puede. Pero aún esperamos la explicación de cómo ocurrió en una elección a cargo de vecinos, vigilada por todos los partidos y por observadores nacionales y extranjeros, con recuento voto por voto y casilla por casilla la noche de la elección, con actas firmadas por representantes de partidos; en la que se votó con credencial, padrón y papelería de alta seguridad. ¿Cómo? No saben, pero ocurrió porque, sencillamente, la derrota no era posible. O más sencillo: porque lo dice Andrés Manuel.

La encuestadora oficial de AMLO, Cristina Covarrubias, denunció (es el verbo adecuado) que su cliente jamás tuvo el cacareado 10 por ciento de ventaja y, además, que lo previno acerca del paulatino cierre de su ventaja.

Son cada vez más pocos, pero más feroces. Lo entiendo: es que deben tragar ruedas de molino cada vez mayores: que AMLO pase del PRI al PRD y desde allí llame a votar por el PT, el partido acusado de ser creación de Salinas… Que tuviera al frente de su seguridad a Antonio Mejía López, luego destituido como director del penal de Cancún y acusado de participar en el asesinato del general Tello Quiñones, quien diseñaba un cuerpo de policía confiable en Quintana Roo. Bajo las órdenes directas del famoso Nico, “chofer” de AMLO, Mejía López comandaba las gacelas, mujeres que para su protección personal López envió a Israel para recibir entrenamiento, pagado con fondos públicos, aunque no tuvo empacho ético en llevárselas, con todo y Mejía López, a su gira como candidato. Pasó luego a la seguridad de Marcelo Ebrard y después a dirigir el penal de Cancún.

Llegó a la dirección de ese penal porque Nico lo impuso a Greg Sánchez, el ahora encarcelado ex alcalde de Cancún, candidato a gobernador por PRD-PT-Convergencia. La familia de Nico recibió en pago la jugosa concesión apostólica: Dad de comer a los presos (del penal de Cancún): concesión pública no concursada.

Y no es lo peor, sino que el recién nombrado director de seguridad de esa zona dominada por el narcotráfico, general Mauro Enrique Tello, fuera secuestrado por policías locales y luego apareciera torturado y muerto, con dos de sus ayudantes. Eso ya empieza a ser un bocado indigesto.

Detenido en el penal de alta seguridad de Nayarit, el ex alcalde perredista que busca la gubernatura de Quintana Roo, se dice objeto de un compló para impedir su triunfo, aunque las encuestas lo colocaban más de 10 puntos abajo. La última es que quien fuera su tesorero, Gustavo Ponce… ups, perdón, Carlos Trigos Perdomo, se dio a la fuga dejando un faltante de 150 millones de pesos, según nota de Fernando Meraz en MILENIO.

Se parecen a los creacionistas: P: ¿Y estos huesos de dinosaurio y estos fósiles en capas diversas que muestran sus etapas de evolución? R: Dios los dispuso así, desde la Creación, para probar nuestra fe.

Como señala José Woldenberg en Reforma respecto de los apetitos de venganza que ven justicia en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos: “Ante la moda de cantar loas interminables a las supuestas virtudes de la sociedad en contraposición a las taras de nuestra “clase política”, bien vale la pena revisar las pulsiones de una y otra ante situaciones límite, para repensar qué tan civil es nuestra sociedad y qué tan inciviles son nuestros políticos. Porque todos los días nos topamos con evidencias de que la sociedad reproduce y alimenta resortes intolerantes, impermeables a los derechos de las personas.” Nuestros políticos no caen de Marte, son simples mexicanos con poder, para bien y para mal.

La fiesta adelantada del PRI

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

No se recuerda una toma de protesta de un dirigente del sector popular del PRI tan concurrida y festiva como la de Emilio Gamboa Patrón, símbolo no sólo de su reconocimiento personal entre el priismo, sobre todo en sus élites, sino también de la forma en que el tricolor está comenzando a disfrutar, por adelantado, de su hipotético triunfo en 2012.

Gamboa Patrón, un político bien descrito por Excélsior como un hombre de discreción y lealtad (mismas que tanto faltan en algunos jóvenes políticos ansiosos de reflectores, en el PRI y sus allegados), será, sin duda, su presidente nacional, en el próximo cambio de dirigencia en el partido tricolor. Salvo que ocurra algo extraordinario, difícilmente podrá escribirse otra historia. Por supuesto, Gamboa tendrá contrincantes: seguramente uno de ellos, Ulises Ruiz, sobre todo si saca adelante la elección en Oaxaca, pero Ulises, como otros, entre ellos Fidel Herrera, lo que buscarán con ello es tener sus espacios en el inevitable reacomodo de fuerzas que deberá darse en el PRI previamente a la elección de su candidato y durante la campaña presidencial.

En ese sentido, los acuerdos que ya parecen establecerse entre Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, entre otros, parecen ser fundamentales para establecer esa base que sustente al priismo de cara a la elección, reforzado con la presencia de sus gobernadores, cada día más poderosos.

Si la campaña de Gamboa a la CNOP aportó algo, eso se debe a que interpretó muy bien esa realidad y, aunque iba como candidato único, aprovechó la oportunidad para recorrer todos los estados y restablecer los acuerdos y alianzas con los gobernadores y los grupos de poder locales. Si el resultado del 4 de julio resulta ampliamente favorable al priismo, ese esquema habrá cuajado completamente. Si no es así, los daños los pagarán otros, el resultado global lo seguirá favoreciendo y la corriente que impulsa a Gamboa no habrá tenido costos importantes. Pero nada indica que esta última vaya a ser la realidad próxima.

Llama la atención al respecto lo que están haciendo los partidos en estas campañas. Mientras el PRI consolida su estructura y está apostando casi todo a restaurar plenamente su maquinaria política y electoral, y ha tratado de no involucrarse en problemas, sin hacer siquiera demasiadas propuestas originales en ninguno de los estados en disputa, Jesús Ortega y César Nava, dirigentes del PRD y del PAN, respectivamente, se han concentrado en las denuncias.

Ortega y su equipo en la defensa de Greg Sánchez, su candidato de Quintana Roo preso por acusaciones de narcotráfico y que involucran en éstas en forma directa al presidente Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont (lo que le debe encantar a los panistas a la hora de votar, sobre todo en los estados en donde hay coaliciones con el PRD); Nava está denunciando el involucramiento gubernamental para casi todos los comicios en estados priistas. Actúan ambos como oposición, y lo son, pero en el caso del panismo parecen olvidar que están en el poder federal y desde ese poder deberán defender posiciones en los comicios de 2012.

Esa diferencia de actitud decidirá este 4 de julio más de una elección. Mucha gente termina votando por su percepción del triunfo: le gusta votar por quien siente que va a ser el ganador. Eso terminó llevando en buena medida al poder a Vicente Fox en 2000 y actuó en contra de López Obrador en 2006 (muchos votaron para que no llegara el tabasqueño al poder). Y eso parece estar más claro que nunca en la actitud de los partidos, si no se puede comparar la actitud pesimista del panismo en su reciente Consejo Nacional, su máximo órgano de dirección, con la fiesta del priismo en un acto aparentemente menor, como la unción del nuevo líder de la CNOP.

El apoyo de Ortiz

Días atrás entrevisté en radio a Guillermo Ortiz Martínez, el ex gobernador del Banco de México. Estaba en Sinaloa, para una reunión de la Liga de Economistas Revolucionarios, una institución priista. Le pregunté si seguía siendo del PRI y me dijo que siempre lo había sido, pero que durante su gestión en Banxico no podía tener actividades partidistas. Le pregunté entonces si apoyaba a Jesús Vizcarra en Sinaloa. Me dijo que a eso había ido al estado y se deshizo en elogios hacia ese candidato, según algunos tan controvertido. No sé para otros, pero, en lo personal, un aval de esa magnitud de Guillermo Ortiz, un hombre recto y firme en sus convicciones, le da toda la credibilidad a una candidatura.

mayo 27, 2010

Las íes y los puntos

Rafael Cardona
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

Y como también era obvio, el arma comenzó a ser utilizada por quienes ven en Peña un riesgo para sus ambiciones. Juicio político es lo menos a lo cual han llamado en Santa Alianza el PRD y el PAN. En el caso de este partido es notable y digno de consignarse, cómo en su desaforada búsqueda de parar a Peña puede llegar al extremo de llamar a juicio contra uno de los suyos... Bazbaz está afiliado al PAN

El sábado de la semana anterior, 72 horas antes del anuncio de Alberto Bazbaz sobre su renuncia al cargo desde el cual arrastró la cobija durante un tiempo demasiado largo, en esta columna se escribieron los motivos y el desenlace.

No se necesitaba demasiado para anticipar la solución. Era tan fácil como pronosticar el papel de México contra Holanda. Los “ratones” ni probaron el quesito Gouda.

“Cercado por la suspicacia y disminuido en su autoridad —decía la columna publicada el domingo 23 de mayo—, el procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, llegó quizá al fin del calvario construido por su novel imprudencia: presentó el informe del “caso Paulete” y al final del preciso y exhaustivo documento pronunció 226 palabras en las cuales defiende su proceder jurídico, lo cual por desgracia para su causa no cambia su circunstancia política.

“Como se le quiera ver, a partir de hoy Bazbaz es un lastre para el gobernador del estado y un arma en manos de los recurrentes enemigos del ‘candidato’ Enrique Peña Nieto”.

Y como también era obvio, el arma comenzó a ser utilizada por quienes ven en Peña un riesgo para sus ambiciones. Juicio político es lo menos a lo cual han llamado en Santa Alianza el PRD y el PAN. En el caso de este partido es notable y digno de consignarse, cómo en su desaforada búsqueda de parar a Peña puede llegar al extremo de llamar a juicio contra uno de los suyos... Bazbaz está afiliado al PAN.

“Los presidentes nacionales del Partido Acción Nacional, César Nava, y de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, demandaron juicio político contra el ex procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, tras su fallida investigación en la muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

“Entrevistados al participar en el segundo foro Seguridad y justicia, aseguraron que con su renuncia no acaba el escándalo que generó la procuraduría a su cargo en el caso de la menor, por lo que exigieron una nueva investigación para dar con los responsables. Nava dijo que la renuncia de Bazbaz es un acto necesario, pero insuficiente”.

Por eso, en el mismo foro, donde el presidente Felipe Calderón aceleró la ocupación del ataúd de Bazbaz (cuando dijo así nomás sobre la justicia dispuesta al mejor postor) no le quedó más remedio al propio Peña Nieto sino salir al paso de los ataques.

“...Sobre este tema en particular —dijo el gobernador cuando confirmó la aceptación de la renuncia de su procurador—, sí he de lamentar la actitud que partidos políticos y que algunos de sus actores han tomado frente a esta tragedia que es la muerte de una niña, para procurar o lucrar políticamente, llevar ganancia política sin que en ello se observe el más mínimo interés siquiera, de saber qué ocurrió realmente.

“No han tenido, ni de cerca siquiera, las pruebas que valoró la Procuraduría ni (conocen) cuál fue el fundamento que le llevó a la Procuraduría a tomar esta determinación. Más bien se aprecia un interés lamentablemente en esta tragedia humana, por llevar ganancia política hacia su terreno”.

Lo primero en una estrategia de control de daños es reconocer las afectaciones sufridas. Objetividad y serenidad, primero. Contraataque después.

TERRORISMO RELIGIOSO

El atentado en contra de la imagen guadalupana en Los Ángeles, cuya culminación fue un pestilente detritus de “zorrero” en medio del templo, no puede sino ser inscrito en el progresivo aumento del racismo y la xenofobia. Hoy el desprecio a los “latinos” llega hasta las alturas celestiales.

Los atacantes dejaron escrito el número apocalíptico “666”, pero también pudieron escribir SB1070, pues tal es el número de la ley Arizona, como se llama en términos generales al mecanismo legal de persecución étnica instaurado por los gringos y respaldado desde anteayer con mil 200 efectivos de la Guardia Nacional.

Eso para seguirse sintiendo infantilmente orgullosos de cómo le aplaudieron a Calderón en Washington. Sí, Chucha.

La agencia Notimex, como todos sabemos, divulgó este despacho el pasado martes:

“Al menos dos hombres dañaron la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Iglesia de Santa Rosa de Lima en Maywood, California, y causaron destrozos en el recinto, un acto que es investigado como delito basado en diferencias raciales o religiosas.

El sacerdote David Velázquez dijo que los agresores “entraron por la noche (del domingo al templo católico) y rompieron las imágenes de Jesús y la Virgen de Guadalupe. A la virgen de Guadalupe le dejaron clavado un cuchillo en pleno rostro. Es inaudito”, señaló.

“Nos sentimos muy entristecidos por lo que pasó, pero más que el daño que causaron nos preocupa el daño que esas gentes (sic) tengan en su corazón. Lo que hicieron es un reflejo de lo que tienen en su corazón”, consideró el religioso”.

El secuestro

José Woldenberg
Reforma

Se ha dicho y escrito pero resulta ineludible repetirlo: el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es una nueva y más que potente inyección de terror a la de por sí envenenada convivencia social. Que un ex candidato a la Presidencia de la República, ex diputado, ex senador, político más que destacado, haya sido secuestrado, resulta preocupante y traumático. No es como dicen algunos que unos secuestros "valgan" más que otros, sino que la visibilidad pública y la centralidad política de la víctima multiplican el impacto de la acción delincuencial.

La terrible y dolorosa fotografía de Diego Fernández de Cevallos con los ojos vendados, sin camisa, humillado, debería servir para recordar lo elemental que es lo fundamental: cualquier secuestro es inaceptable. Se trata de una violación a los derechos que le dan sentido a la vida y de la pretensión de una banda que cree y actúa por encima de las frágiles reglas que intentan ofrecerle cauce y sentido a la convivencia humana. El secuestrado pasa de ser un hombre con garantías a convertirse en una mercancía que tiene un valor de cambio. Y el Estado y sus instituciones, que son tales porque su primera misión es la de ofrecer seguridad a los integrantes de la sociedad, se ven retados en su misión y erosionados en su prestigio.

Pocos delitos resultan más repulsivos que el secuestro: a través de la violencia un pequeño grupo captura, maltrata y domina a una persona para transformarla en un bien de cambio y coloca o intenta colocar la responsabilidad del desenlace en los familiares o amigos del plagiado. Se trata de un chantaje con una singularidad atroz: el rehén -su vida, su integridad, su libertad- es convertido en una mercadería. La lógica de la eventual negociación es estrictamente comercial y la integridad del secuestrado es el artículo que se pone a remate.

El secuestro de Fernández de Cevallos desvela además un buen número de nuestras debilidades como sociedad y Estado. Si entre los políticos la reacción fue casi de unánime repudio a lo que no puede sino calificarse como un acto criminal (lo cual no deja de ser un signo alentador); entre los opinadores espontáneos que todos los días mandan sus comentarios a los diarios on line se pudieron leer las más descarnadas y delirantes muestras de incomprensión, tontería y apetitos de venganza, hasta el extremo de que no faltaron quienes convertían a la víctima en el responsable. Ante la moda de cantar loas interminables a las supuestas virtudes de la sociedad en contraposición a las taras de nuestra "clase política", bien vale la pena revisar las pulsiones de una y otra ante situaciones límite, para repensar qué tan civil es nuestra sociedad y qué tan inciviles son nuestros políticos. Porque todos los días nos topamos con evidencias de que la sociedad reproduce y alimenta resortes intolerantes, impermeables a los derechos de las personas.

Que la principal televisora del país, además, en aras de no perturbar la posible negociación con los plagiarios y a petición de la familia, decline de su obligación de informar, sorprende y preocupa. Porque más allá o más acá del juicio que esa decisión nos merezca, estamos ante la constatación palmaria de que un acto criminal tiene la capacidad de acallar a una institución básica en el complejo circuito de información y deliberación públicas.

Que además la Procuraduría General de la República declare que suspenderá las investigaciones otra vez a solicitud de la familia nos coloca en un escenario inquietante: el de la autoanulación de la autoridad, el de su dilución en aras de encontrar una salida negociada. (Es comprensible la intención de los allegados de Diego Fernández de Cevallos de llegar a un acuerdo para rescatar con vida a su padre-hermano, no resulta tan entendible la desaparición fáctica de la PGR).

Tenemos que hacer entonces un esfuerzo consistente para tratar de poner de pie lo que al parecer se encuentra de cabeza: el repudio absoluto y sin mediaciones de cualquier secuestro -independientemente que la víctima sea o no "santo de nuestra devoción"- parece ser la condición primera para que la coexistencia social no se convierta en la ley de la selva; tiene que construirse o reconstruirse un consenso social sin coartadas que no contemporice con actos delincuenciales. Por su parte, los medios están obligados a informar por supuesto de manera responsable y no especulativa no solamente en casos delicados, sino sobre todos y cada uno de los asuntos que merezcan su atención. Por su parte, las autoridades no pueden declinar su responsabilidad. No deben dar la impresión que sus obligaciones son opcionales, potestativas.

El clima de nuestra convivencia se encuentra seriamente lesionado. La incertidumbre y la zozobra acompañan a la sociedad mexicana. Hay una percepción generalizada de que el crimen organizado o el crimen a secas es una sombra permanente que escolta a la vida diaria. No es un tema menor. No es un tema al que se le pueda dar la espalda.

Otro de falsos redentores

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Hace dos semanas, siete diputados recurrieron a la Suprema Corte para intentar echar abajo la extinción de Luz y Fuerza.

El perredista Ramón Jiménez López aseguró haber “descubierto” que para presentar un recurso de controversia constitucional bastaba que lo quisiera “uno solo”, y antier afirmó que la Corte había “aceptado y discutido” la tramposa petición.

Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Corte aceptó (desde marzo) resolver en definitiva el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas (el caso está en manos del ministro Juan Silva Meza), también lo es que todos los intentos de hacer prosperar una controversia constitucional han fracasado: el que pretendió Martín Esparza, el que no reunió a la mayoría diputadil y el presentado por la Asamblea Legislativa del DF.

La verdad (que de guajes confiesan a sus defendidos) es que la pretensión de estos becarios del erario fue desechada “por notoriamente improcedente”, y que su agónica reclamación quedó en un simple trámite.

El circo de la crueldad

Lydia Cacho
Plan B
El Universal

Me llamó la atención descubrir que cuando llegan a pueblos y ciudades muchos circos hacen cacería de perros y gatos callejeros para dárselos de alimento a sus animales; a veces vivos, a veces muertos.

Recientemente el Circo de Portugal, con tigres, leones y toda suerte de animales salvajes encerrados en constreñidas jaulas, visitó Cancún. Por la noche sus empleados llegaron a una zona en que jugaba una manada de perros que se habían convertido ya en parte del inventario local; les dispararon somníferos y se los llevaron. Los testigos quedaron impresionados. Otro circo que paseaba por el sureste indignó a varios vecinos que descubrieron que sus mascotas que salían en libertad por las calles fueron carnada circense. Una mujer con siete gatos me aseguró que cuando el espectáculo llega a su pueblo, encierra a sus mascotas.

Algunos dirán que es mejor que los canes callejeros tengan un propósito alimentario a que sean aniquilados con crueldad en las perreras o mueran famélicos en las calles, y tendrán razón, al menos parcialmente. Sin embargo lo que hacen estos circos es ilegal.

Recién llegado al poder Fidel Castro decidió deshacerse de miles de perros cubanos porque les “arrebataban” alimento a las personas. Años más tarde México hizo la exportación de canes más grande de la historia hacia Cuba. La ausencia de mascotas generó problemas de socialización y depresión. Sicólogos y médicas explicaron la importancia vital que la presencia de perros tiene en la vida comunitaria, en el desarrollo de sensibilidad y compasión.

La compañía canina es medicina preventiva; acariciar a un perro o gato induce la producción de endorfinas y equilibra la presión arterial. Quienes crecen con perros aprenden a cuidar de otros y a expresar emociones; y un hogar con perro tiene 9 veces menos probabilidad de ser asaltado que uno sin guardián. Hay varias historias de comunidades que eliminaron a sus gatos sólo para repoblar la cuidad de felinos una vez que se infestaron de ratas y cucarachas.

Hay problemas en el país cuya solución está lejos de nuestras manos, pero el de la protección y tenencia responsable de mascotas es asunto en que toda la gente puede participar. México tiene leyes de protección de los animales y la unión y presión comunitaria ha demostrado ser útil en varios casos. No es casualidad que con la violencia que se vive en México se renueve el movimiento de protección a los animales. Podría parecer ocioso hablar de este tema cuando todos los días docenas de personas mueren a manos del crimen organizado. Pero la crueldad humana se nutre cuando no hacemos nada para detener las pequeñas acciones de desprecio a la vida, no importa si la víctima es una persona o un animal. Las sociedades más civilizadas han entendido que la paz se construye diariamente, creando una cultura armónica que evita conscientemente todo acto de crueldad.

La caída de Greg Sánchez

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La detención de Greg Sánchez, alcalde con licencia de Benito Juárez, donde se localiza Cancún, y actual candidato del PRD, PT y Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, acusado de vínculos con los cárteles de Los Zetas y los Beltrán Leyva, termina de cerrar una historia que se abrió hace mucho.

Aunque nunca se hubieran podido comprobar, existían desde tiempo atrás acusaciones sobre vínculos de Sánchez con la delincuencia organizada, incluso desde antes de que Greg se afincara en Cancún, proveniente de Chiapas. Por eso, cuando fue electo alcalde, buscó reuniones con funcionarios de seguridad y militares, para tratar de deslindarse de las acusaciones. En la Secretaría de la Defensa Nacional le propusieron que se llevara al general Mauro Enrique Tello Quiñones, quien acababa de pasar a retiro y había tenido notable desempeño al frente de la Zona Militar en Michoacán durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, para hacerse el responsable de la muy cuestionada seguridad del municipio, permeada por el narcotráfico.

El mismo día en que el general Tello fue presentado en su nueva responsabilidad, durante una cena con los que se suponía serían sus colaboradores, el general fue asesinado. Terminando la cena, en el estacionamiento del restaurante lo abordaron policías locales y fue secuestrado y torturado. Información no confirmada oficialmente sostiene que habría sido llevado al penal de Cancún, donde lo “interrogaron” sus secuestradores. Brutalmente maltratado, el cuerpo del general, junto con dos de sus ayudantes, lo abandonaron en la carretera a Mérida.

Por el caso fueron detenidos, poco después, todos los principales colaboradores en el área de seguridad del alcalde: Boris del Valle Alonso, un ex militar cubano, que fungía como asesor en temas de seguridad del presidente municipal y estaba involucrado, además, en el tráfico de indocumentados de origen cubano y en temas de drogas; además, Francisco Velasco Delgado, de apodo El Vikingo, y quien era en ese momento el jefe de la policía del municipio de Benito Juárez y, también, Marco Antonio Mejía, un hombre que había sido jefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, y fue enviado por Nicolás Mollinedo (Nico, aquel chofer de AMLO que se convirtió en su jefe de logística) con Greg, para que se hiciera cargo del penal de Cancún. En retribución, la familia de Nico se quedó con el aprovisionamiento de alimentos del reclusorio. Otros elementos de seguridad fueron detenidos o dados de baja y, todos, acusados de estar colaborando con Los Zetas.

Después de esas detenciones, una tarde, Greg Sánchez me invitó a comer en Cancún. Me comentó qué estaba haciendo para reparar los daños: esa vez me dijo que dejaría la investigación en las manos federales, lo que ya había hecho, y le comenté que, si él no tenía nada que ver, debería dejar la policía local en mandos también federales, lo que no hizo. Al contrario, más tarde se le descubrió un sofisticado centro de espionaje sofisticado ligado al gobierno estatal, sitio que manejaba el teniente de navío Manuel Vera Salinas, un personaje que había trabajado para los gobiernos priistas, luego fue a laborar en Oaxaca, con José Murat y, fue uno de los grandes protagonistas, junto con Manuel Moreno Rivas, del famoso autoatentado que se organizó el entonces gobernador, aquel en el que supuestamente le dispararon 39 tiros, aunque el peritaje de la PGR descubrió que 36 los había disparado Moreno Rivas y, los tres restantes, otro de los custodios del entonces mandatario. Vera Salinas, a quien acusaban de reprimir a la APPO, terminó trabajando para el candidato del PRD en Quintana Roo.

Algo sucedió porque, después de las detenciones, las indagatorias parecieron congelarse e incluso se dijo que a El Vikingo se le estaría cambiando la acusación, para que recibiera una condena más benigna, lo que había provocado incluso fuertes molestias de la familia del general Tello. Pero, según lo que ha trascendido en las últimas horas, los tres principales detenidos, El Vikingo, Boris y Mejía, se habrían convertido en testigos protegidos de la Procuraduría y ellos habrían escalado las acusaciones hacia Greg Sánchez.

El problema es que todo se entrelazó con el expediente político del caso. Hubo una fuerte presión, a la que estuvo a punto de sucumbir el PAN, para que, en Quintana Roo, Greg se convirtiera en candidato de unidad PRD-PAN. Algo pasó porque, después de muchas negociaciones, Acción Nacional desechó esa posibilidad y, según la información que ha trascendido, Jesús Ortega, un férreo defensor de Sánchez, habría sido informado de que existían indagatorias en contra del alcalde con licencia. El martes en la noche, finalmente fue detenido. Ayer ya estaba en el reclusorio de alta seguridad en Nayarit.

mayo 25, 2010

El Consejo y el Presidente. Primera parte

Javier Corral Jurado
Diputado Federal del PAN
El Universal

El fin de semana pasado se llevó a cabo la XXI Asamblea Nacional del PAN que eligió, para los siguientes tres años, al Consejo Nacional, el órgano que entre otras facultades aprueba el informe financiero y de gasto, las plataformas legislativa y de gobierno en el ámbito federal, elige a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos al Presidente.

Sin embargo, la función más permanente e importante se constituye en ser el espacio de deliberación y orientación para la estrategia electoral, la actuación de nuestros dirigentes y el desempeño de nuestros gobernantes. “La conciencia reflexiva del partido”, así lo definió Efraín González Luna.

La Asamblea que renovó el Consejo Nacional fue la más numerosa de que se tenga memoria. Y la enorme cantidad de delegados asistentes de todo el país, lamentablemente no fueron correspondidos en la calidad de las exposiciones. El ambiente, que fue revelador del estado de ánimo del partido fue recogido de manera puntual en una crónica de Victor Hugo Michell, de Milenio.

La elección del Consejo Nacional dejó de ser aquel proceso de selección individualizada de candidatos. El crecimiento de la Asamblea —ahora se habló de más de 6 mil acreditados con derecho a voto—, en que cada delegado puede votar 55 nombres, de los cuales surgen como consejeros los 150 más votados, se ha vuelto un proceso indiferenciado a la hora de sufragarcon hay una feroz disputa de grupos por el control del partido, a través de la elección del presidente del CEN.

El proceso está dominado por las listas que circulan los grupos, definidas nominativamente con antelación en cada uno de los 55 espacios. Se trata de grupos de poder, no de formaciones ideológicas o corrientes de opinión. Algunos grupos dan margen para que el delegado, si quiere, incorpore algunos nombres bajo su libre elección. Pero las negociaciones nacionales hacen casi imposible que candidatos fuera de las listas obtengan un lugar en el consejo. Tendría que ser una personalidad arrolladora para vencer la férrea disciplina de los grupos y los cálculos aritméticos que se realizan con eso, precisión matemática.

El Presidente de la República encabeza al grupo mayoritario, y así se ha mantenido estos 4 años, como cabeza de un grupo dominante, no sólo por tener los instrumentos que brinda el poder, como el nombramiento de delegados federales, sino porque a diferencia de su antecesor, Calderón sí conoce la vida partidaria, ha creado estructura propia, y ya fue jefe nacional del partido.

En efecto, las listas que circularon los operadores del presidente Calderón en la Asamblea, dos de ellas ¡impresas en papel seguridad!, consiguieron meter a 145 de sus 150 candidatos. De este hecho inocultable se ha derivado la interpretación de que el Presidente tiene por si mismo una mayoría absoluta en el Consejo Nacional. Lo cual es inexacto, primero porque el Consejo se integra por 370 miembros, de los cuales 150 fueron electos en asambleas estatales donde se lograron esquemas más incluyentes, y segundo, porque hay otros 70, entre ex-oficio y vitalicios, donde por su propia trayectoria hay más tradición libertaria.

Por eso señalo que, el del presidente Calderón es el grupo más fuerte, pero no hace mayoría. Las listas que, a simple vista parecían reproducir en el fondo el escudo del Estado Mayor Presidencial, en efecto, ganaron, pero son también fruto de una negociación que hacen los jefes estatales del partido, el grupo de gobernadores, para entrar en un proceso de votación nacional. Es un error por lo tanto, señalar como incondicionales o acríticos al Presidente a todo aquel que apareció en cualquiera de las tres listas ganadoras. Ahí hay compañeros y compañeras tan o más preocupados por la situación del partido, lo único que ha sucedido es que han hecho a un lado temporalmente su prurito por la intromisión del aparato gubernamental en la decisión de la XXI Asamblea Nacional.

De ser consecuente con ese deber, el Consejo está obligado a mantener al PAN fiel a uno de sus ejes esenciales y ejemplo de su fuerza moral en la tarea rehabilitadora de la política: no ser un órgano sumiso a los deseos del Presidente de la República. La diferencia hasta ahora más substancial del PAN con los otros principales partidos en México es no tener dueños específicos. Quienes se identifican con el Presidente no se pueden convertir en siervos, ni quienes disienten se deben transformar en adversarios. No se trata de hostilizarlo, ni de aplaudirlo. Calderón, que ha asumido directamente la responsabilidad mayor en modelar la anterior como la actual integración del Consejo, debe asumir también la responsabilidad de los aciertos y los errores de esa estrategia concentradora de poder en el partido.

Caso Diego: “Tranquilo, vamos bien…”

Francisco Garfias
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

Al Jefe Diego ya lo mandaron precipitadamente al otro mundo dos veces en los últimos 12 días. La primera fue cuando, en forma por demás irresponsable, algunos comunicadores, muy activos y ansiosos de llevarse la “primicia”, le dieron crédito a una versión de Manuel Espino sobre el hallazgo de su cuerpo en un campo militar. El ex jefe del PAN había comentado la versión en las redes sociales, precedida de un “me dicen…”

En la segunda ocasión, peritos de la PGR, interrogados por un diario de circulación nacional, cuestionaron que la multidifundida foto de Fernández de Cevallos con una venda en los ojos, el torso desnudo, recargado en un plástico negro —que la familia dio por buena— constituya una prueba de vida.

Los peritos respaldan su deducción por la rigidez del cuero cabelludo que muestra la gráfica, la ausencia de emoción en el rostro y la falta de tensión muscular en los hombros. El estiramiento del plástico negro que tiene de fondo les hace suponer que el cuerpo se encuentra acostado. Pero también que el papel o periódico esté sobre el cuerpo y no sostenido por Fernández de Cevallos.

Las cosas, sin embargo, parecen perfilarse de forma diferente. “Tranquilo, vamos bien…”, comentó hace poco Antonio Lozano Gracia, amigo y socio de Fernández de Cevallos, al panista Juan José Rodríguez Pratts, cuando éste le preguntó por el controvertido Jefe Diego, desaparecido desde el viernes 14 de mayo.

El comentario de Lozano Gracia coincide con señales de que el político del PAN está vivo y que ya hay negociaciones en curso para liberarlo: El llamado de la familia para negociar, la petición de retirar los espectaculares de apoyo a Diego, el anuncio de que la PGR abandonaría las investigaciones; la suspensión, en la Comisión Permanente, de un debate sobre el caso; en síntesis: la cautela con la que se ha manejado todo el asunto es indicio de que algo pasa con Diego. En la cúpula del PRI en el Senado tienen información en el mismo sentido.

* * *

En el PAN prevalecen la “onda grupera” y el “agandaye”. Lo dice Juan José Rodríguez Pratts, ex senador y ex diputado federal de ese partido. ¿Motivos de la queja? Hay panistas con merecimientos suficientes, como Javier Corral o Humberto Aguilar, que no forman parte del nuevo Consejo Nacional panista. “Me dolió que hayan quedado fuera”, admite el político tabasqueño, quien considera que hay otros, cuyos nombres mantuvo en reserva, que no deberían estar allí.

Buscamos a Humberto Aguilar para preguntarle sobre su exclusión. El senador poblano está que no lo calienta ni el sol. Llevaba 19 años como consejero nacional. Le faltaba uno para ser vitalicio. Aguilar recuerda que, a la lista de los que no llegaron, hay que sumar también a Ricardo García Cervantes.

El senador no se explica por qué lo dejaron fuera. Tampoco que nadie del CEN, al que pertenece, haya votado por él. “Soy más conocido que muchos de los que quedaron”, destaca. Y puntualiza: “Si me sacaron por ser amigo de Santiago Creel, qué pena me dan”.

Por cierto que en la Fundación Rafael Preciado, del CEN del PAN, hicieron encuestas entre militantes y adherentes sobre las controvertidas alianzas electorales con el PRD y otros partidos de la izquierda en cinco estados de la República.

Curiosamente, donde mayor oposición hay a las coaliciones es en las entidades donde no hay alianza. Donde sí existen, hay resistencia de las cúpulas locales, pero no “de la base” que, según el estudio, respalda las alianzas en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

* * *

Nos llegó un reporte de Sinaloa que da cuenta de la renuncia a Acción Nacional del delegado de la Secretaría de Economía, Cesáreo Castillo, por estar en desacuerdo con la postulación de Malova para gobernador.

Castillo ha sido un par de veces candidato a presidente municipal de la capital del estado.

Se fueron también tres regidores de Culiacán, quienes se declararon independientes. Otra mala noticia para la coalición opositora local la dio Consulta Mitofsky. En su encuesta de mayo, da una ventaja de ocho puntos al candidato del PRI, Jesús Vizcarra. Los amarrillos no pintan en esa encuesta. Sólo aportan tres puntos.

* * *

En la televisora del Ajusco alucinan a Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes. “Trae un relajo en el sector”, aseveran. Lo acusan de invadir esferas de la Cofetel, descalificar de antemano a unas empresas y favorecer a otra. No admiten que las bases de licitación de la fibra oscura hayan sido para un solo postor.

www.elarsenal.net

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mayo 24, 2010

La foto de Diego sometido

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Las reacciones de sorpresa e ira llegaron cuando aún estaba al aire MILENIO Noticias de las diez de la noche del jueves pasado.

La justificación periodística para transmitir la foto de Diego Fernández de Cevallos sometido, delgadísimo, con el torso desnudo y los ojos vendados, fue relativamente sencilla. La imagen, verosímil, circulaba con profusión en internet. Pensamos que no tardaría en aparecer en Youtube y que sería publicada en al menos dos diarios nacionales. Así ocurrió.

Es una de las fotografías más impactantes en mucho tiempo. La familia de Diego aceptó que era él.

La foto demostró, por si hiciera falta, que no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que tenga que ser visto, dicho o leído, se verá, dirá y leerá. Por eso cuesta comprender la molestia de algunos funcionarios del gobierno. Es comprensible su estrategia de tratar de darle bajo perfil a la noticia del secuestro. Pero no pueden pedir a los periodistas que dejen de informar lo que otros, de cualquier manera, pondrán a dar vueltas.

En las cartas de lunes y viernes, la familia de Diego no dice una palabra contra los medios. Su desconfianza apunta a las autoridades y procuradurías. Con razón o sin ella, les pide que no estorben, que no provoquen un desenlace trágico.

Qué jodido debe ser para la autoridad que en un caso tan severo y noticioso, la familia de un ex candidato presidencial, ex senador, líder histórico e inspiración de procuradores, secretarios y ministros, opte por hacer a un lado a las instituciones del Estado mexicano.

Ese es el drama institucional, estructural. No la foto. La foto no tiene la culpa.

PIGS, Washington, Mérida, Diego

Agustín Basave
abasave@prodigy.net.mx
Académico de la Universidad Iberoamericana
Excélsior

La tragedia griega no tiene madre, como no la tuvo el manejo anárquico de la deuda hipotecaria gringa y de la bolsa en Wall Street. Ante esos dos desastres, con sus respectivas ineptitudes, los nuestros parecen ahora yerros menores.

TRAGEDIA GRIEGA: LA IRRESPONSABILIDAD FINANCIERA TIENE NUEVO CÓDIGO POSTAL. Durante décadas, los latinoamericanos hemos sido regañados por el establishment financiero mundial por manejar irresponsablemente nuestras finanzas públicas. Ellos, los guardianes de la ortodoxia económica, los gurús del neoliberalismo, se dignaron condescendientemente a darnos la receta del éxito y luego nos reprobaron una y otra vez por no aplicarla bien. Y eso que nosotros la seguimos a pie juntillas y acabamos siendo más papistas que el Papa: ningún país primermundista ha bajado los aranceles comerciales y eliminado los subsidios agrícolas como los nuestros, y pocos han llevado la privatización a los extremos a los que llegamos nosotros. Pero nada era suficiente para complacer a nuestros arrogantes maestros. Su gesto de reproche sólo era sustituido de vez en cuando por el de desdén. Para ellos el mundo subdesarrollado —congénitamente indisciplinado, tercamente populista— simplemente no tenía remedio. Entonces estalló la crisis financiera estadunidense. Y después les (nos) cayó encima la debacle de lo que los ingleses atribuyeron a los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) y resulta que son crímenes del tiempo y no del primer mundo. ¡Ajá! La enorme irresponsabilidad que llevó a la tragedia griega no tiene madre, como no la tuvo el manejo anárquico de la deuda hipotecaria gringa y de la bolsa en Wall Street. Ante esos dos desastres, con sus respectivas ineptitudes, los nuestros parecen ahora yerros menores. Y lo increíble es que pese a todo no cambiamos nuestra mentalidad tercermundista, y seguimos viendo a Estados Unidos y a Europa como adalides infalibles y esperando sus directrices para saber qué hacer con nuestras economías.

FINTA NORTEAMERICANA: A VER CUÁNDO EXIGIMOS ALGO MÁS QUE APAPACHOS. En la visita de Estado del Presidente de México a Washington los anfitriones echaron la casa por la ventana. El mensaje enviado no es desdeñable; la pregunta es si los vamos a dejar que se queden indefinidamente en la retórica de “reconocemos que nuestra drogadicción es el origen del narco” o si les vamos a exigir más apoyo en los hechos. Esa frase fue muy importante la primera vez que se pronunció públicamente, pero ya llevamos veinte años escuchándola y no se traduce en acciones contundentes. Los mexicanos pagamos un costo muy alto por una guerra que les corresponde primordialmente a nuestros vecinos mientras ellos evaden su responsabilidad en la disminución de la demanda de drogas, en la prohibición de la venta de armas de asalto y en el combate al lavado de dinero. Y qué decir de la migración. ¿Nos vamos a conformar con la condena a la ley Arizona o vamos a presionar por su derogación y por una reforma migratoria integral? Somos un país de más de cien millones de habitantes pegadito al de ellos, que no puede darse el lujo de una frontera inestable y que necesita a nuestros migrantes. Tenemos cartas de negociación que no nos atrevemos a usar. Si vamos a permitir que el precio que paguen por el narcotráfico que provocan y por la satisfacción de sus requerimientos de mano de obra barata sea uno que otro apapacho verbal, les va a salir muy barato.

BOMBA YUCATECA: MÉRIDA ES UNA PROBADITA DEL BANQUETE PRIISTA. El calendario electoral tiene la gentileza de anticiparnos la avalancha. Para que podamos guarecernos quién sabe dónde, Yucatán nos avisa que viene un alud de triunfos priistas que dejará las elecciones federales del año pasado como meras pedradas. Si no hay una sorpresa el PAN va a ser sepultado el 4 de julio y el PRD no va a poder asomar la cabeza. La única esperanza parece ser Oaxaca: el triunfo de la alianza en ese estado sería un tanque de oxígeno entre los escombros. Y es que justo cuando se truncó nuestra transición democrática a nivel nacional caímos en la cuenta de que nos faltan treinta y un transiciones estatales. Y construir contrapesos a gobernadores caciquiles va a estar en maya. Perdón, en chino.

MISTERIO ALARMANTE: ¿QUIÉN SE LLEVÓ A DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS? No voy a hacer conjeturas a partir de información escasa y errática. No sé qué haya detrás de la desaparición de Fernández de Cevallos, pero sí sé que no presagia nada bueno. Salvo que sea rescatado pronto, la señal en cualquiera de los escenarios será ominosa porque aumentará el miedo de la sociedad y la debilidad del Estado. Y si tuviera algo que ver con la tentación milenarista, peor, porque sería una alarma nueva que se sumaría a las que ya están sonando. Apenas es necesario recordar lo que su figura representa: es el ex candidato presidencial, el ex líder de los diputados y de los senadores del partido en el poder, el padrino del nuevo procurador y del actual secretario de Gobernación. En fin. Así se trate del defensor indefendible, muy por encima de posturas ideológicas y con el sufrimiento de su familia en mente, hago votos por que Diego salga con bien de este trance, como los hago para que todas las personas que han sido secuestradas sean liberadas sanas y salvas. Todo secuestro es una monstruosidad abominable.

México tiene su propio 'Arizona'

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Uno de los argumentos más frecuentes de los defensores de la ley antiinmigrante de Arizona es que ese estado no está haciendo algo muy distinto de lo que México hace con los indocumentados centroamericanos, ni de lo que hacen los países latinoamericanos con sus propios inmigrantes ilegales. Es un argumento muy poderoso, y no del todo disparatado.

Desde un punto de vista estrictamente legal, es una afirmación engañosa, porque la nueva ley de Arizona podría promover la discriminación racial, mientras que la ley mexicana es mucho más protectora de los derechos de los inmigrantes. Pero en la vida real, México tolera el maltrato de los inmigrantes indocumentados centro y sudamericanos tanto o más de lo que lo ha hecho Arizona hasta ahora.

Empecemos por las leyes. Un reciente artículo del Washington Times, titulado "Las Leyes de México Contra los Ilegales son Más Severas que la de Arizona", afirmaba que "según la ley mexicana, la inmigración ilegal es un delito grave, penado hasta con dos años de cárcel. Los inmigrantes que son deportados e intentan volver a entrar al país pueden ser condenados a 10 años de cárcel".

El artículo citaba al congresista republicano de Texas, Ted Poe, afirmando que las críticas del Gobierno de México a la ley de Arizona son "hipócritas", porque las leyes inmigratorias de México son "aún más severas que las de Estados Unidos".

Durante su visita a Wa- shington la semana pasada, el Presidente mexicano, Felipe Calderón, le dijo a CNN que "eso solía ser cierto, pero ya no lo es". Calderón señaló que la ley inmigratoria de México fue enmendada en 2008, y que todos los duros castigos impuestos a los inmigrantes indocumentados fueron eliminados.

Según me explican funcionarios mexicanos, hay dos grandes diferencias entre la ley mexicana actual y la ley de Arizona:

Primero, ser un inmigrante indocumentado en México no es un delito grave, ni siquiera un delito menor, sino una falta administrativa. Esto significa que en México, a diferencia de lo que ocurre en Arizona, nadie puede ser encarcelado por violar las leyes inmigratorias.

Los que violan esas reglas tienen que pagar una multa, y sólo pueden ser deportados si son detenidos por funcionarios de inmigración.

En segundo lugar, la Policía mexicana no puede preguntar sobre el estatus inmigratorio de una persona, aun cuando esa persona haya sido detenida por otras razones. La Policía mexicana sólo debe notificar a las autoridades de inmigración cuando los inmigrantes declaran voluntariamente que, por ejemplo, están ilegalmente en el país en camino hacia Estados Unidos.

En comparación, la ley de Arizona exige que la Policía pida los papeles inmigratorios a las personas que detiene por cualquier otra razón válida, incluidas infracciones de tráfico.

Los defensores de la ley de Arizona afirman que ese estado es mucho más generoso con los indocumentados que México.

"En México, el Gobierno no les da vales de alimentos, ni servicios educativos, ni servicios médicos de emergencia a quienes no tienen documentos de inmigración", dice George W. Grayson, profesor de la Universidad William and Mary.

Los funcionarios mexicanos y muchos activistas de derechos humanos refutan esa afirmación, pero aceptan que los inmigrantes centroamericanos en México son habitualmente extorsionados por agentes de Policía vinculados con los traficantes de personas.

Un informe del 28 de abril de Amnistía Internacional dice que el maltrato a los inmigrantes centroamericanos en México se ha convertido en "una crisis de los derechos humanos".

Según el informe, los secuestros de inmigrantes para pedir rescate alcanzaron una cifra récord el año pasado, ya que casi 10 mil inmigrantes fueron secuestrados durante más de seis meses. Casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijeron que había funcionarios públicos involucrados en sus secuestros.

Además, alrededor del 60 por ciento de mujeres y niñas inmigrantes sufren violencia sexual, agrega el informe.

"El problema de la ley de Arizona es que promueve el racismo", dice José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas del grupo Human Rights Watch. "En México no hay una legislación semejante, pero hay una situación de hecho en la que los inmigrantes son víctimas de toda clase de maltratos por parte de las Policías locales vinculadas con las mafias, y que operan con total impunidad".

Mi opinión: estoy de acuerdo. Arizona acaba de aprobar una ley lamentable que le abre las puertas a la discriminación racial, mientras que México ha aprobado una ley mucho mejor, pero en la práctica no hace gran cosa para erradicar los maltratos policiales a los indocumentados.

Los abusos de México contra los inmigrantes centroamericanos no deben ser excusa válida para justificar leyes como la de Arizona. Y los abusos de la ley de Arizona tampoco deben ser excusa para que México continúe tolerando los abusos de sus policías contra los indocumentados. Ambas cosas están mal, y deben ser denunciadas.

El mensaje

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

Quienes secuestraron a Diego Fernández de Cevallos sabían lo que estaban haciendo. A juzgar por las reacciones atropelladas e inciertas del gobierno y la apatía y división que generó en la sociedad, el golpe estaba bien calculado. Porque no es sólo dinero lo que buscan. No nos engañemos. Para financiar sus actividades seguramente habrían podido elegir muchos otros “blancos” que les reportarían lo mismo sin atraer sobre sí todos los reflectores y los riesgos que eso implica. Pero no lo hicieron porque justamente buscaban el efecto que están produciendo. Y si alguna duda quedaba, la forma en que se aseguraron de que todos o casi todos los mexicanos y no solamente la familia y los negociadores tuviera acceso a la fotografía de Diego golpeado y sometido, lo demuestra.

Esa imagen es en sí misma el mensaje. Un mensaje poderoso y destructivo: “Nadie está a salvo en esta sociedad”. Nadie es nadie, ni siquiera los pocos, poquísimos, que tienen poder económico y que además detentan el poder político. Si ellos no están a salvo, si el gobierno no puede defender a los suyos, mucho menos lo podrá hacer con todos los demás. El efecto es inmediato: la imagen de fuerza y autoridad del Estado se ve disminuida y su legitimidad por lo tanto. Ya no se trata de lamentarse porque el Estado está perdiendo la capacidad de mantener el control en Ciudad Juárez o en las carreteras de Tamaulipas, ni de garantizar la seguridad en Monterrey o en Acapulco, ya no es cuestión de clase social o de geografía, el golpe es en el centro y hasta arriba.

Quienes secuestraron a Diego nos gritan a través de esta foto: “Escuchen todos: este Estado y este régimen no sirven”. Y un Estado que no garantiza ni la seguridad de sus élites, los sabemos todos y los saben ellos, es un Estado que pierde apoyos fundamentales y que puede empujar a algunos a soluciones desesperadas como la creación de grupos paramilitares. Rociar con violencia la violencia: es la apuesta de los que creen que sus ideas avanzan cuando las contradicciones se agudizan.

Y ahí viene la otra razón de por qué eligieron a Diego. ¡Quizá ningún otro político de la transición democrática hubiera servido tan bien a sus intereses! Conocen bien nuestras debilidades y divisiones y las usan para sus fines. Porque desprestigiar al Estado a través de un secuestro político es inaceptable en cualquier democracia y ameritaría la más enérgica de las reacciones tanto de la clase política como de la sociedad. Pero eligieron a un hombre que desde hace años encarna en el imaginario popular lo peor del político: la negociación en lo oscurito, el permanente conflicto de interés, el enriquecimiento a costa del interés general. Resultado: una reacción dividida y tremendamente tibia.

Quienes secuestraron a Diego saben lo que están haciendo. Nosotros también debemos saber lo que está en juego. Por eso, no deberíamos ni por un instante permitir que ese acto sea justificado ni explicado, sin importar, insisto, la ideología y el comportamiento de Diego, hacerlo abre un flanco que nos vulnera a todos porque legitima una forma de acción “política” que ataca los cimientos mismos del régimen democrático.

mayo 17, 2010

¿Un desafío?

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

A la hora en que escribo estas líneas aún no se sabe nada oficial sobre cómo y quién está detrás de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos. Lo único cierto es que Diego no aparece y que la autoridad no ha sido capaz, en estas primeras horas, de dar con su paradero ni de descartar públicamente ninguna hipótesis.

Son horas de incertidumbre. Y no sólo para la familia y los amigos sino para todos los mexicanos. Y no por una cuestión de simpatía personal o de coincidencia ideológica, es que dependiendo de lo que le ocurrió a Diego sabremos si ha sido o no lanzado un desafío mayor al Estado mexicano. Y eso es algo que nos debe preocupar a todos sin distinción alguna.

Escribo esto abrumada por los mensajes y comentarios de algunos que ayer se congratulaban por lo ocurrido. ¿Acaso no se dan cuenta de que si un grupo es capaz de secuestrar, no sólo a un ex candidato a la Presidencia sino, y mucho más importante, al jefe del actual secretario de Gobernación y del procurador de la República, es porque no les inspira ningún temor toda la fuerza que el Estado pudiera desplegar en su contra?

Todas las vidas son importantes, todas las muertes son tragedias individuales y familiares pero algunas tienen un significado que trasciende el ámbito privado. El asesinato de un candidato a una alcaldía es la muerte de un hombre pero también una amenaza para el sistema que nos hemos dado para elegir a nuestros dirigentes; el atentado contra una secretaría de seguridad estatal es un deliberado intento por doblegar y neutralizar a las fuerzas de seguridad en una región determinada, secuestrar a Diego Fernández de Cevallos es desafiar al grupo en el poder y poner a prueba la fuerza del Estado toda. Es una declaración de guerra sin cuartel.

Los autores de un desafío de esta magnitud no pueden ser sino dos: el crimen organizado o el EPR. Pero, ¿así de fuertes se sienten? Esa es la incertidumbre que nos ronda a todos en estas horas inquietas. Si ya le perdieron todo el respeto al Estado ¿qué sigue? ¿Es esto un intento por doblegar a Calderón en su lucha contra el narco? ¿Es la acción simbólica de una guerrilla decidida a festejar a su manera el bicentenario y el centenario?

Las horas pasan y el temor aumenta. Finalmente el más interesado en decirnos que no fue el narco ni la guerrilla es el propio Estado. No lo ha hecho y eso resulta un mal presagio.

Hay poco más que decir. Esperemos que esta hipótesis no se materialice, que Diego aparezca con vida y que detrás de esto haya un problema personal o profesional. Ojalá. Por lo pronto no queda sino esperar.

mayo 03, 2010

Estaca y puente

Denise Dresser
Reforma

Según la mitología y los cuentos para niños, los vampiros mueren cuando se les clava una estaca en el corazón. Y la legislación antiinmigrante en Arizona es precisamente eso: una estaca punzante, afilada y mortífera. Pero en lugar de matar a una criatura de la noche, la gobernadora Jan Brewer ha acabado con la posibilidad de una reforma migratoria integral en Estados Unidos en este año. Arizona ha clavado una estaca en el corazón de algo que debía vivir y que muchos consideramos imperativo: una reforma capaz de sacar a los inmigrantes mexicanos de las tinieblas y colocarlos en el camino a la ciudadanía plena. Pero esa criatura incipiente acaba de ser colocada en un ataúd y sólo revivirá cuando Barack Obama esté dispuesto a usar tanto su cabeza como su corazón para sacarla de allí, asumiendo un liderazgo firme en favor de la legalización. Pero por el momento probablemente no lo hará.

Primero, porque como dice el dicho, no debes interrumpir a tu enemigo cuando se está destruyendo a sí mismo. Y al perseguir a los inmigrantes como lo está haciendo, el Partido Republicano comienza a suicidarse políticamente, aunque no lo entienda. La demografía corre en su contra ya que Estados Unidos se está volviendo un país cada vez más hispano. Pero los republicanos han optado por atizar el enojo antiinmigrante de su base conservadora, como lo demuestra la retórica de Sarah Palin y los miembros del Tea Party Movement. En lugar de ampliar su coalición electoral, la están reduciendo. Como escribe el periodista Ron Brownstein en The National Journal, "el endurecimiento de los republicanos (en el tema migratorio) demuestra cómo el partido ha sido jalado hacia el 'nativismo' al mismo tiempo que su coalición se vuelve más monocromática".

Segundo, dado que Barack Obama entiende que el tema migratorio es divisorio y que al usarlo como lo están haciendo en Arizona, los republicanos juegan con fuego, el Presidente puede esperar y ver cómo se queman. Arizona -paradójicamente- es un gran regalo para el inquilino de la Casa Blanca. Él no quería empujar una reforma migratoria integral en este periodo y ahora no tendrá que hacerlo. Quienes argumentan que la ley aprobada será un "catalizador" y un "acicate" que obligará a Obama a actuar en favor de los inmigrantes no entienden cómo ha cambiado la dinámica política en los últimos días. Lo ocurrido en Arizona le permitirá a Obama y a los congresistas demócratas salir en defensa de los inmigrantes sin verse obligados a hacer algo -legislativamente hablando- por ellos. Obama dirá que está comprometido con el tema, montará una contra-ofensiva judicial, distintos legisladores presentarán iniciativas parciales en el Congreso, y el Partido Demócrata se pronunciará -de manera apasionada- en defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Todos ellos aprovecharán la oportunidad para denostar a los republicanos y exaltar a los mexicanos. Pero no instrumentarán una reforma ambiciosa en su favor. Arizona ha demostrado que ahora no conseguirían los votos republicanos necesarios para algo así.

Tercero, como lo dijo el propio Obama en una entrevista concedida la semana pasada, el Congreso estadounidense no tiene "apetito" para una reforma migratoria ahora. Al hablar así, Obama está reconociendo implícitamente que no va a empujar a los legisladores de su partido en este tema, en esta coyuntura. Él seguramente sabe que para que haya una reforma migratoria de gran calado deben ocurrir tres cosas: 1) la economía estadounidense tiene que recuperarse lo suficiente para que el desempleo baje a menos de 7 por ciento; 2) la población necesita sentir que Estados Unidos está en control de su frontera y que se han instrumentado medidas efectivas de seguridad allí; 3) será indispensable crear un sistema de empleo y verificación en el cual los trabajadores mexicanos estén sujetos a los mismos derechos y obligaciones que sus contrapartes estadounidenses. En pocas palabras, no habrá reforma migratoria hasta que -de manera conjunta- republicanos y demócratas resuelvan los temas de recuperación económica, seguridad fronteriza y legalización y verificación del empleo.

Mientras tanto, la estaca está allí, clavada en Arizona por la derecha del Partido Republicano que prefiere odiar mexicanos, antes que conseguir electores. Es una estaca que va a exacerbar las tensiones sociales y políticas que Arizona evidenció y removerla eventualmente será una tarea difícil pero indispensable para un Presidente descrito en la biografía magistral de David Remnick -The Bridge: The Life and Rise of Barack Obama- como "un intérprete que puede explicar un lado al otro". Un Presidente que representa la diversidad misma de la vida estadounidense: multi-racial, multi-lingual, inmigrante, caleidoscópica. Un hombre que para ser consistente con su discurso, con sus promesas de campaña y con su propia historia, deberá quitar la estaca de la división y usar ese pedazo de madera para iniciar la construcción de un puente, por el cual puedan caminar los inmigrantes mexicanos también.

Pues que vengan los empresarios de Arizona…

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

La industria y la agricultura de Estados Unidos necesitan mano de obra que no tienen. México tiene mano de obra desocupada por su incapacidad de legislar para abrir las fuentes de trabajo necesarias; ambos países no están distantes 3 mil 500 kilómetros, sino unidos por una frontera de esa longitud. ¿No debería estar resuelto el problema en ambos lados de la frontera?

Los empresarios de Arizona se quedarán sin la mano de obra necesaria debido a una ley tan contraria a sus intereses, allá, como a los nuestros las leyes que urde acá el Congreso. Solución para el empresario: Me llevo mi industria al otro lado, a México. La ley racista perjudica así a Estados Unidos y beneficia a México.

Pero México se opone: puedes traerla, pero no si produce electricidad, tampoco si refina petróleo, ni te será fácil si es de telefonía o TV o radio porque son concesiones, mercedes que el gobierno mexicano otorga travestido de “nación”.

Lo peor que nos hizo la Revolución a los mexicanos fue transfundirnos una ideología que desde la primaria nos hace ver una desgracia en tener 3 mil 500 kilómetros de frontera con el mayor comprador del mundo.

Así que al inversionista de Arizona que venga para que la mano de obra no vaya, los trámites pueden llevarle años. La propiedad del terreno comprado no está garantizada con el pago y la escritura correspondientes porque siempre habrá una decena de personas que, por motivos inescrutables, tome el terreno, ponga un campamento y enormes mantas: ¡La tierra no se vende!

Cuando la compañía exija la intervención de las autoridades para hacer valer sus títulos de propiedad, éstas temblarán ante el Trauma de Tlatelolco y el Juicio de la Historia: ¿Y si en unos años me somete a juicio una Fiscalía Especial por haber golpeado épicos defensores de la tierra entre los que uno cayó muerto por bala que parece haber salido de sus amigos pero éstos sostienen que fue víctima de la represión? ¿Y sí…?

Superado de alguna forma el trance, el inversionista se encontrará con la sorpresa de que un piquete de huelga le cerró la obra en construcción y con permisos en regla, cuando apenas levantaba estructuras. El empresario no entiende: no son sus constructores, éstos exigen que los ajenos los dejen continuar la obra y eso basta para que sean declarados esquiroles por los desconocidos. Se le explica a la patronal venida de EU que la legislación mexicana defiende a los trabajadores aun contra su voluntad y los que trabajan para la compañía de Arizona deben recibir mejor salario y un hospital propio o algo así… El caso es que la huelga impuesta dure. Su trasfondo será motivo de análisis en diarios y especulaciones en la calle: Dicen que fue el alcalde… No, no, fue el diputado…

Repartidos algunos millones de dólares entre los líderes que ninguno de los trabajadores conocía, los huelguistas que nadie conocía quitan las banderas rojinegras que nadie votó poner. Pero la empresa debe contratar personal para abrir: los jóvenes que estudian y por eso desean un contrato por horas no pueden ser contratados porque la ley mexicana los protege de esa infamia; los recién graduados, tampoco, los que no saben hacer nada y desean entrar como aprendices con un salario bajo y un contrato temporal para ver si pueden con la chamba, también se topan con la justicia laboral mexicana.

La compañía de Arizona se entera, luego, de que los contratados llegarán a propuesta del sindicato y no por una evaluación de aptitudes a cargo de la empresa, que deberá despedir a quien el sindicato señale, que el contrato colectivo lo detentará un sindicato nacional cuyo dirigente máximo es senador de la República un sexenio y al otro es diputado… Y el patrón gringuito, exclama Yisus!, añade Yis-s Crráist!, luego Oh mai Gaad! Y decide quedarse en Arizona y ayudar indocumentados a colarse por la frontera.

Partidos y ciudadanos. Un entrevistador, novato y fuera de tema, me preguntó, con motivo del lanzamiento por Planeta de mi novela Olga, contrarrevolucionaria, si, ante el desastre de los partidos, no deberían los ciudadanos organizarse por fuera. Respondí que, una vez organizados, poco importa cómo llamen a eso, será un partido. Luego me preguntó qué hacer ante la pulverización de las organizaciones estudiantiles, dije que no le veía lo malo: son muchas porque las formas de pensar son variadas… Lo estaba diciendo cuando sentí que se me aparecía mi amigo Pepe Woldenberg, a quien le mando un abrazo.

Nuestro propio racismo

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

Así como nuestro gobierno ha sido enfático al condenar las tendencias racistas y antimexicanas en Arizona, ojalá mostrara el mismo empeño en combatir el racismo en nuestro territorio. Y no sólo por el conocido mal trato que nuestras policías otorgan a migrantes que vienen de la frontera sur, sino por el que dan también a los mexicanos, sea por su origen humilde o por ser indígenas. Un racismo y un clasismo, legado del virreinato, que no han podido ser erradicados ni por la Independencia ni por la Reforma ni por la Revolución. Los mismos liberales veían en la población indígena un lastre para sus proyectos de desarrollo y modernización. Y no les daban un trato precisamente justo, promovían, en cambio, la inmigración de europeos como palanca de desarrollo, como contrapeso a “los excesos de los indios”. La población indígena, narra el historiador Moisés González Navarro, era buena “sólo para colonizar las cárceles”. Un hacendado de Chihuahua confesaba al historiador estadunidense L.B. Simpson: “La más grande calamidad que México ha sufrido fue el disparate de Estados Unidos al no ocupar todo el país en 1848. ¡Ustedes sí saben cómo tratar a los indios!” Eso, para no hablar del racismo ejercido contra otras razas, como la negra, y el pueblo chino. Guillermo Prieto, por ejemplo, pensaba que los negros “ruborizan por su fealdad al cerdo, a la tortuga y al burro”. Y el diputado Jesús Castañeda escribía: “El pueblo chino es el más antiguo del mundo y a su vez el menos civilizado... emplean la agudeza de su ingenio en inventar los medios más hábiles para adquirir la propiedad ajena”. Paradójicamente, no fue Juárez sino Maximiliano el gobernante del siglo XIX que más intentó hacer por indígenas y campesinos pobres. Esfuerzo que fue boicoteado por los burócratas y los funcionarios mexicanos a los que se encomendó la tarea de proteger e impulsar a los grupos más humildes.

En el actual discurso oficial, desde luego, no existe tal racismo, pero en los hechos lo vemos con demasiada frecuencia. Uno de los ejemplos más recientes fue el caso judicial construido contra las tres otomíes queretanas, Jacinta, Alberta y Teresa, que por fortuna han sido dejadas en libertad (las dos últimas, por un fallo de la Suprema Corte de Justicia). Lo cual suscita algunas reflexiones:

A) Por lo visto, hay quienes siguen pensando que los indígenas sólo sirven “para colonizar las cárceles”. B) La tesis oficial en que se sustentó su aprehensión y condena (por más de 20 años) fue que las tres mujeres secuestraron a seis agentes de la AFI. Con razón los cárteles de la droga desafían y se ríen de nuestras instituciones encargadas de la “seguridad”. C) Pero, en los hechos, se trató de una venganza hacia la comunidad queretana a la que pertenecen las tres mujeres, y que reaccionó a la arbitrariedad de esos agentes de la AFI contra sus pobladores. Los motivos y las formas en que se llevó el proceso a las tres otomíes son un ejemplo de racismo mexicano, ejercido institucionalmente. D) El problema no fue sólo de la AFI al cometer esa atrocidad, sino de la PGR, que compró el absurdo cuento del secuestro a manos de las tres mujeres y lo llevó a las últimas consecuencias, violando el proceso debido y los derechos humanos de las detenidas, y fabricando pruebas. E) Preocupante también fue que el juez que condenó a las mujeres haya querido quedar bien con la autoridad ejecutiva (por la razón que sea), violentando la autonomía que debe preservar el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura debe investigar al juez en cuestión, en el caso —no descabellado— de haber habido corrupción para emitir un fallo tan pleno de mezquindad, con claro sello clasista y racista.

F) Bien por la Suprema Corte, porque volvió a exhibirse el grado de putrefacción que prevalece en nuestro sistema de impartición de “justicia”. Para enmendarlo no basta con liberar a las tres víctimas —y ni siquiera una hipotética y más que merecida reparación por los daños y atropellos sufridos—, pues mientras no haya castigo para quienes perpetran tales injusticias (agentes, ministerios públicos y jueces), no habrá precedentes eficaces que hagan más costoso incurrir en ellas, en el futuro próximo. Se hizo, pues, sólo justicia a medias. Sin el justo castigo de quienes sembraron pruebas e inventaron testimonios, no hay prevención de futuras mezquindades como ésta.

G) Por fortuna, pese a la demagogia y el oportunismo del Partido Verde, no hay pena de muerte. Con este sistema de justicia, ¿cuántos inocentes irían a parar al cadalso?

Vamos a todas

Rafael Cardona
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

Me escribe un politólogo de mi confianza. Vive fuera de México y de cuando en cuando viene a este país. Se fue hace un par de días y como otros muchos está escandalizado por la legislación de Arizona. Como ya sabemos de cual ley hablamos, y los adjetivos implacables e invariables a ella impuestos de manera eterna e indeleble, no tiene caso definir más el asunto.

Pero la sorpresa de mi amigo no tiene relación con la ley misma, sino con la forma como los políticos mexicanos la utilizan para construirse una plataforma efímera y oportunista; enrollarse en el paño tricolor y perorar sentenciosos en espera del mármol donde sus ideas queden grabadas para la eternidad.

—Estos tipos —me dice escandalizado—, hablan de todo a la menor provocación y hasta sin ella.

Y yo le digo, es parte de la cultura nacional. La tradición del “pronunciamiento” aunque se despliegue y desarrolle con mala pronunciación. Como sabemos los notables mexicanos viven de manera oscilante entre el “pronunciamiento” y el “deslinde”.

Si en algo les conviene meterse, emiten sentenciosos y cariacontecidos, un pronunciamiento. Mientras más vago, rimbombante, oratorio, ditirámbico y barroco sea, mejor. No importa la estatura del declarante o del pronunciador. Y si algo no les place, entonces se deslindan huidizos.

Cosas como esta, por ejemplo, son piezas maravillosas en el catálogo:

“La criminalización de los migrantes (Porfirio Muñoz Ledo en El Universal) va a contrapelo de los avances mundiales en este campo. Abre la vía para que las autoridades locales asuman, al margen de toda responsabilidad, competencias migratorias que por definición son nacionales. Desata un nativismo histérico” contrario a la globalización y promueve el delito de xenofobia por la persecución fundada en identificación étnica.

“Debiéramos sumarnos por entero a la lucha de nuestros compatriotas por su dignidad. Hemos propuesto que desde la Constitución quede estipulado que la nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales, así como la obligación de proteger a los mexicanos en el extranjero. Tendríamos que consagrar cuanto antes el derecho universal a votar en elecciones nacionales para nuestros compatriotas del exterior y a ser votados en el marco de una sexta circunscripción”.

Confieso mi lerdez, pero no hallo por dónde el derecho al voto (para elecciones mexicanas, obviamente) de los paisanos radicados así sea temporalmente en Estados Unidos va a abatir la monstruosa ley por la cual ser prieto, panzón y chaparro es un delito de lesa humanidad. Nomás no le entiendo.

Pero tampoco entiendo al presidente Felipe Calderón, quien desde Alemania y junto a Ángela Merkel, nos informa cómo ha emitido una alerta con los riesgos para quienes quisieran ir a ese sitio tan nefasto y la solicitud para abstenerse de hacer viajes más allá de lo indispensable, para no sufrir vejaciones, esas sí dispensables.

“Subrayamos la necesidad de que se actúe con precaución, se omita en lo posible la realización de viajes innecesarios hacia ese estado… para que los connacionales conozcan los alcances de la legislación y eviten sufrir un trato discriminatorio y de vejación”.

Pero de esto hablan todos aquí sin darse cuenta de dónde está la verdadera voz importante. Allá.

Felipe Calderón estará pronto en Washington con Obama para una cena a la cual fue invitado por la presión de la violencia fronteriza por causa del narcotráfico. Los asuntos migratorios no eran tema de la reunión cuando más los habrían tocado, con la vieja agenda, quizá en los postres.

Hoy se tiene una oportunidad para hablar no de la ley sino de la migración, tema al cual rehuyen todos los políticos americanos cuando no hay elecciones.

Los simplones de la aritmética dicen: el voto latino (¿habrán votado muchos italianos?) le dio el triunfo a Obama. Otros pueden decir con la misma certeza, el voto negro le dio la victoria a Obama. Y los capitalistas dirían, nuestro dinero le dio la ganancia. Y el gringo medio también se colgará el mérito.

Pero la verdad es simple: a los mexicanos y los demás sureños, siempre nos han tratado con la bota o peor.

Cuando el presidente de México quiera cambiar los temas de la cena, le dirán, bueno, bueno, pero vamos a cosas más serias, como el “Plan México”; el control militar de la frontera y las fuerzas binacionales. No perdamos el tiempo hablando en Washington. D.C., de cosas relativas a Phoenix, Arizona.

TREGUA.

De acuerdo con los ordenamientos del IFE, en los estados donde hay elecciones debe haber una supresión de la propaganda oficial.

Eso impide muchas cosas, pero permite otras. Por ejemplo: “durante la emisión radiofónica denominada La Hora Nacional deberá suprimirse toda alusión a propaganda de poderes públicos o de cualquier ente público. Asimismo, no podrán difundirse en dicho espacio slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, ni difundirse elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”.

—¿Ni siquiera cuando se habla de la Selección Nacional y el jugador número doce? Pregunto, no hago otra cosa.