junio 30, 2010

Paco Calderón

Vocación democrática

Lorenzo Córdova Vianello
Investigador y profesor de la UNAM
El Universal

El asesinato de Rodolfo Torre, aventajado candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, representa, además del drama personal que supone, la constatación de un urgente replanteamiento del las políticas de seguridad pública, y, a la par, la enésima puesta a prueba de la vocación democrática de la sociedad y de los actores políticos, así como de su compromiso con la legalidad y con los derechos.

Por un lado, demuestra que la lógica unidimensional de combate al crimen organizado, que ha venido inspirado la actuación del gobierno federal, y que neciamente es defendida por éste, está condenada (como desde sus inicios) al fracaso. Es urgente entender que el único modo eficaz de enfrentar a la criminalidad es asumiendo que se trata de un fenómeno multifactorial y que tiene diversas expresiones: criminal —por supuesto—, económica, social, política, cultural y hasta religiosa. Por ello la forma de poder confrontarla con posibilidades de éxito es atacándola en diversos planos y diversificando las estrategias, no viéndola como algo que puede combatirse sólo con la fuerza.

Ayer, en su discurso televisivo, el Presidente hablaba de la necesidad del diálogo y de la unidad para enfrentar el fenómeno criminal. Tiene razón, pero me temo que lo que entiende por unidad es cerrar filas en torno a su fallida estrategia de seguridad pública. Así lo revela la tal vez inconsciente afirmación en su mensaje en el sentido de que: “Frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos. Éste es un reto donde sólo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Éste es un desafío que mi gobierno no ha evadido y, por el contrario, lo ha enfrentado con toda determinación, pero que requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país.”

Cerrar filas entendiendo que el fenómeno criminal es transversal a todas las fuerzas políticas y que su combate requiere de la condena y colaboración de todos los actores políticos y sociales es algo indispensable. Pero que ello tenga que hacerse en torno a una estrategia que apuesta por la fuerza, la militarización y el desprecio a los derechos y a sus instituciones de garantía, como lo evidencia la grosera consideración de “tontos útiles” de la delincuencia con la que el secretario de Gobernación parece confundir la actuación de los ombudsman, es otra cosa. En una democracia el combate al crimen sólo puede fundarse en un compromiso irrestricto e incondicional con el respeto de los derechos.

Por otro lado, como lo recordaba ayer en estas páginas Pedro Salazar, el desafío que hoy lanza a la democracia y a sus instituciones el crimen organizado requiere una respuesta racional y no instintiva que refrende la vocación democrática de nuestra sociedad. No es un problema sólo de las fuerzas políticas, sino también de los ciudadanos que debemos rechazar la lógica y las dinámicas que pretende imponer el crimen. En 1994, cuando la violencia —otro tipo de violencia, pero igualmente disruptiva— se instaló entre nosotros, la respuesta de la sociedad fue acudir masivamente a las urnas. Ese año se dio la mayor participación electoral de nuestra historia democrática: casi el 80% de los ciudadanos votaron y con ello hicieron patente su respaldo a la vía democrática como la ruta pacífica por excelencia para resolver las diferencias políticas.

Hoy el dilema también tiene que asumirse de la misma manera, una participación alta en las próximas elecciones también supone una manera en la que la sociedad puede refrendar su apuesta por la democracia y la mejor manera para demostrarse refractaria a asumir la excepcionalidad como parte de la normalidad.

El asesinato de Rodolfo Torre es un atentado a la convivencia democrática y la respuesta de todos tiene que ser firme y comprometida. Votar no significa avalar una situación en donde la falta de autonomía de muchas autoridades electorales ha sido exhibida, en donde la intervención de los gobernadores —los nuevos señores feudales— ha sido la constante y en donde la pequeñez de las fuerzas políticas ha campeado. Esos son problemas de los que tendremos que encargarnos. Pero votar hoy significa, más que nunca, refrendar nuestra vocación democrática.

Se agotó

Sergio Aguayo Quezada
Reforma

El asesinato de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas confirma una vez más que el principal logro de la transición y la democracia electoral se agotó. ¿Y ahora qué?

La democracia es rigurosa. Para funcionar apropiadamente requiere de un mínimo de seguridad económica y física. Hace 10 años hubo alternancia en la Presidencia y seguimos siendo un país de pobres y multimillonarios, mientras que la violencia obnubila el entendimiento. A Torre Cantú lo ejecutaron ¿por lo que había hecho o por lo que quería hacer? Nunca lo sabremos. En lugar de certidumbres nos abrumarán con versiones encontradas que serán los tabiques para edificar la capilla a la Santa Impunidad, hermanastra de la Santa Muerte.

En el 2000 creíamos que llegábamos al Olimpo de las elecciones confiables, en el 2006 nos desengañamos y en el 2010 observamos azorados cómo los comicios son controlados por unos cuantos. No nos engañemos. Los ciudadanos somos comparsas de los grandes electores: las burocracias de los partidos, los gobernadores, algunos empresarios y sindicatos, el crimen organizado. Pelean con tanta ferocidad porque se juegan cargos, presupuestos y negocios. No hay equidad, control sobre el dinero o certidumbre pues los órganos electorales están sometidos o atemorizados. Y ahora vemos cómo la urna es la versión moderna de la piedra de los sacrificios.

Toda proporción guardada, estamos de regreso a los inicios de la transición. Los inconformes tenemos tres caminos: tomar las armas, seguir confiando en que la redención llegará de alguna manera por medio del voto o empeñarnos en la defensa cotidiana de los derechos en condiciones adversas. Desecho la violencia y en las condiciones actuales seguiré anulando mi voto. Sería de masoquistas seguir concentrándonos tanto en las elecciones cuando la democracia también se construye de otras maneras. Nos queda el compromiso permanente.

Empecemos reescribiendo la historia. Es falso que los partidos fueran los protagonistas de la transición. Algo hicieron, por supuesto, pero la sociedad tuvo una participación mucho más destacada. Tanto así que los partidos pudieron competir en las urnas después de movilizaciones sociales en las que los partidos tuvieron una participación marginal. El movimiento del 68 y la Guerra Sucia llevaron a la reforma de 1977, y las rebeliones zapatista y cívicas de 1994 desembocaron en la legislación de 1996. Estas reformas electorales encumbraron y enriquecieron a los partidos que, cuando tuvieron jerarquía, se despreocuparon por ganar la autoridad que concede la ciudadanía. Al día de hoy los partidos son un lastre, no una vanguardia. La avanzada del futuro es la sociedad organizada que debe repensarse, renovarse y reactivarse. Entre sus tareas está la identificación de quienes corrompen de múltiples formas la vida pública y la presión simultánea a los organismos encargados de tutelar derechos; estos últimos son los aliados naturales de la ciudadanía, aunque a veces hacen lo posible por ignorarlo.

En mi natal Jalisco hay un regidor en el ayuntamiento de Guadalajara llamado Gamaliel Ramírez. Por patear balones de futbol quedó con un halo de celebridad, lo cual le ha permitido ocupar diversos cargos públicos por medio de su partido, el PRI. Por el cambalache de candidatos ahora ejerce como regidor en el ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Verde Ecologista de México. Aunque el "partido" "Verde" pregona en su Declaración de Principios el "respeto por todas las manifestaciones de la vida", Gamaliel Ramírez condenó hace días la marcha del orgullo gay realizada en Guadalajara porque andan "desfasados, casi semidesnudos, porque no es la Guadalajara sidosa que queremos".

No es la primera vez que hace una declaración homofóbica. Cuando buscaba el voto en el 2009 descalificó a los gays tildándolos de "bola de maricones", "anormales" y "cosas nocivas". El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco dejó pasar, por supuesto, esas declaraciones. Los afectados acertaron al presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que por el perfil de quienes lo dirigen debe sacar un pronunciamiento claro y directo.

Hay muchas otras causas por las cuales pelear. No siempre se hará justicia pero es una forma digna de sobrellevar la democracia fallida mientras se crean, en algunos espacios, las condiciones para el florecimiento de elecciones limpias y confiables. Hoy, esa vía ya se agotó.

La miscelánea

Estaré en Oaxaca en vísperas de las elecciones para apoyar a Alianza Cívica en su heroica defensa del juego limpio en los comicios. Hacen falta reflexiones colectivas y es una forma de expresar mi hartazgo por los atropellos y el cinismo de Ulises Ruiz, quien rebasó los límites de la decencia. No lo hago, aclaro, por simpatía hacia el PAN o el PRD, que ahora deambulan como "lloronas" cuando fueron cómplices en la demolición de la cultura democrática.


Colaboró Rodrigo Peña González.

Elección y violencia

Enrique Aranda
De naturaleza política
Excélsior

Inmersos, quizá, en la más grave crisis de inseguridad, desconfianza e incertidumbre de las últimas décadas, hoy cierran campaña quienes, en los comicios del próximo 4 de julio, aspiran a hacerse de alguna de las 12 gubernaturas o de las centenas de alcaldías y curules en congresos locales que estarán en juego.

Y lo harán, digámoslo claro, en momentos en que, más allá de una percepción electoral que da por seguro ganador al priismo, lo que predomina es una mezcla difícil de describir entre la rabia y el terror, entre el desconcierto y la evidente incapacidad de autoridades -de todos los niveles y ámbitos de competencia- y de la sociedad para enfrentar, aunque sólo sea con relativo éxito, a un enemigo que exhibe su poderío regando (literalmente) de cadáveres el territorio, en abierto reto a las instituciones y a quienes las encabezan.

Tamaulipas, tras el artero ajusticiamiento del candidato priista al gobierno estatal, Rodolfo Torre Cantú, es, en la actualidad, centro de atención y motivo de reflexión de todos sobre las causas y la gravedad de la violencia. No es, sin embargo, ni el único ni el último sitio en donde el crimen organizado parece dispuesto a poner en entredicho la estabilidad social y la consolidación de nuestro régimen democrático.

(Ahí están, como simple botón de muestra, los más recientes episodios de violencia explícita o implícita contra la ciudadanía en general o contra actores políticos específicos, de que hemos sido testigos en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Veracruz.).

Por ello es que, hoy, procede abogar por la recuperación de un entorno de paz y respeto a los valores perdidos de la convivencia; por la vigencia del Estado de derecho y el respeto al sufragio libremente emitido; por una activa y comprometida participación social, desde las particulares convicciones. No hacerlo sería rendirse a las implícitas exigencias de quienes desean imponer la fuerza de las armas sobre la de las ideas o, peor, el lenguaje de la barbarie sobre la reflexión y el diálogo como vía de definición del qué y el cómo para nuestra sociedad.

Llamar a cerrar filas contra la violencia, contra los violentos, en el México de nuestros días, parece un lugar común. pero hay que hacerlo, so pena de perder la nación que es nuestra, de todos.

Asteriscos

* A nadie, durante la ceremonia en que el papa Benedicto XVI impuso el palio a 36 nuevos arzobispos del mundo -los de Chihuahua y Acapulco, Constancio Miranda y Carlos Garfias, entre otros- en la Plaza de San Pedro, le pasó desapercibida la reveladora presencia del sacerdote Manuel Corral, operador non del presidente del episcopado mexicano y arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar, acompañado de Roberto Herrera, responsable de las relaciones eclesiásticas ¡del mexiquense Enrique Peña Nieto! Interesante.

Veámonos aquí el viernes, con otro asunto De naturaleza política.

Es el PRI el que lucra con la muerte de Torre

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Hay algo que causa repulsión en el juego de espejos que protagonizó ayer Beatriz Paredes, escoltada por sus gobernadores. Denunció al gobierno federal por lucrar políticamente con el cadáver de Rodolfo Torre, pero se sirvió de los actos luctuosos para desgarrarse, acusar, lucrar.

Es la política y Beatriz y los priistas no podían desperdiciar un momento único: el asesinato de un candidato a gobernador horas antes de unas elecciones que, en algunas entidades, adquirieron el tono de guerras del fin del mundo.

Fueron los priistas, con Beatriz a la cabeza, los que llegaron el lunes a Ciudad Victoria. Y los que ayer en esa ciudad encabezaron un velorio multitudinario, que pareció mitin de principio a fin, en donde exigieron “respeto a nuestro duelo” ¿El duelo es exclusivamente priista? Y en donde le expresaron solidaridad al gobernador Eugenio Hernández, como si él fuera un deudo, o una víctima más de la violencia en Tamaulipas. ¿De qué se hace cargo un gobernador del PRI?

Subieron a sus aviones y por la noche, en la sede nacional de Insurgentes Norte, continuaron el novenario. Beatriz repitió lo del respeto a “nuestro dolor”, exaltó la gallardía del partido, reclamó una estrategia de seguridad eficaz (la escuchaban ahí los, en ese tema, ineficientes gobernadores de Durango, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua…) y arremetió contra los oportunistas que “bregan en la borrasca de aguas tormentosas”.

Palabras expresadas con una mano sobre el féretro de un buen hombre, buen candidato, buen priista. Palabras para sacudirse responsabilidades, culpar al adversario y, sí, tratar de ganar unos votos en este horrible tiempo extra.

Bien: es la lucha por el poder. Lo nauseabundo es el discurso. El lloriqueo.

junio 29, 2010

Tamaulipas: el voto de la muerte

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

En Tamaulipas no manda el gobernador Ismael Hernández. Tampoco el Congreso estatal. El control político no lo tiene el PRI, y menos el PAN o el PRD. No, el Tamaulipas manda el crimen.

En realidad Tamaulipas es territorio de uno de los más violentos poderes fácticos, conocido por todos como crimen organizado y tipificado como narcotráfico. Y, faltaba más, ese poder fáctico también está presente en los procesos electorales locales; poder que, como ya vimos, amaga con la más cuestionable de las gemelas; la plata o el plomo.

En Tamaulipas los verdaderos votantes, los que hacen valer su peso en plomo son esos poderes fácticos; el crimen y el narcotráfico. Poderes que decidieron adelantar su voto. Y el suyo es —para vergüenza de todos—, el voto de la muerte. ¿Por qué llegar al extremo de matar a un político, candidato al gobierno de Tamaulipas, que tenía el triunfo en la bolsa?

Por eso, porque en Tamaulipas no hay más ley que “la ley de cuerno de chivo”. Y todo aquel político, aspirante a un puesto de elección popular que comete el pecado de oponerse al dictado de los barones de la droga, no tiene otra respuesta que el grito de las balas. Y es que en Tamaulipas el lenguaje del poder es el tableteo de las AR-15 y los cuernos de chivo.

¿Qué van a decir ahora todos aquellos que han emprendido una campaña en contra de la sola idea de que el narcotráfico y el crimen organizado son poderes fácticos que han rebasado al Estado?; sea el Estado nación, sea tal o cual entidad, éste o aquel municipio. En efecto, la estrategia contra las bandas criminales no es la mejor. ¿Pero alguien sabe dónde está la mejor estrategia, en qué país se ha aplicado con eficacia?

Lo cierto es que por doloroso que resulte, en Tamaulipas la novedad no es que el crimen organizado y el narcotráfico hayan matado al candidato Rodolfo Torre Cantú. No, lo verdaderamente novedoso, indignante e imperdonable es que ni los partidos políticos, sus líderes y menos los gobernantes de los tres órdenes hayan querido tomar en serio una amenaza que ha estado ahí —en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán— desde hace años.

Resulta indignante, imperdonable que sigan cayendo políticos, civiles inocentes, periodistas, policías, a manos de un poder criminal creciente, mientras que intelectuales, opinantes, aspirantes a poderes estatales o federales, pretenden esconder la realidad del poder de las bandas criminales, bajo la alfombra de sus miserables intereses.

¿Qué nivel quieren que alcance la criminalidad, como para entender que ya es imposible permanecer indiferente al avance de los poderes fácticos que día a día alzan la mira de sus misiles? ¿A quién tienen que matar los barones de la droga y el crimen para que la sociedad toda, las instituciones, perciban el riesgo de un Estado vencido?

Y la mejor evidencia de ese riesgo latente es que todos los políticos tamaulipecos sabían que, por ejemplo, Valle Hermoso es un poderoso asiento del crimen organizado y el narcotráfico, donde fue asesinado apenas hace semanas un candidato a alcalde, y a donde la mañana de ayer se dirigía el candidato Rodolfo Torre Cantú, asesinado.

¿Quién se atrevió a reconocer ese riesgo? Nadie. ¿Por qué? Por miopía política, por mezquindad electoral; porque los políticos y los gobernantes —y uno que otro opinante—, son incapaces de reconocer la realidad, a pesar de que están parados en esa bomba de tiempo que de tanto en tanto estalla bajo sus pies. Y si alguien tiene dudas, basta mirar lo que pasó con el candidato Rodolfo Torre Cantú, y antes con el candidato a alcalde de Valle Hermoso y antes… una lista larga de asesinados.

Hoy todos son dolientes, todos condenan el crimen, todos se dicen indignados, pero mañana todos olvidan. Por lo pronto, en el más vergonzoso ridículo, el Instituto Electoral dice que continúan las elecciones, a pesar de que mataron al que iba a ganar. ¿Quiere decir eso que todos los demás fueron palomeados por los criminales? La clase política mexicana.

EN EL CAMINO

Luego de una borrachera y un escándalo en Sudáfrica, fue echado de Fonatur, Miguel Gómez Mont, hermano de Fernando, secretario de Gobernación. Dicen los mal pensados que es un “escucha Juan, para que entiendas Pedro. ¿Será?

Tamaulipas: asesinatos 'in crescendo'

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Seis días antes de la jornada electoral de la que muy probablemente emergería como gobernador de Tamaulipas fue asesinado el doctor Rodolfo Torre Cantú. Como principal candidato a la gubernatura su homicidio sacude a esa entidad y pone en cuestión la pertinencia de realizar los comicios el próximo domingo. Pero más allá de ese estado, donde han menudeado las muestras del poderío delincuencial que aterroriza a la gente común, aquel acontecimiento es un nuevo desafío de un poder fáctico, sobrado de armas y de dinero, al Estado mexicano, que estupefacto no acierta más que a enviar condolencias a la familia de la víctima, a su partido y al gobernador tamaulipeco.

Conocida la fragilidad de la procuración de justicia en esa entidad, ya ingobernable, lo menos que puede hacer el gobierno de la República es que la PGR se encargue de la averiguación previa. No es que de suyo la procuración federal de justicia garantice una indagación que concluya en resultados, pero cuenta en este caso con la presunción de que sus recursos de investigación sean más efectivos y no enfrenten los lastres que podían inhibir al Ministerio Público local.

Se da por descontado que el homicidio del candidato y de sus acompañantes fue cometido por la delincuencia organizada. Autorizan a pensarlo los modos de la agresión y los antecedentes. El crimen organizado ha roto la gobernabilidad en todo Tamaulipas. Solemos detener nuestra atención en la frontera, pero en el sur de la entidad, y en el centro; así en los límites con Nuevo León como en la costa, ha habido en los meses recientes matanzas múltiples, asesinatos de alto impacto (como se llama a los que ultiman a personas notorias), campañas de rumores que paralizan a ciudades enteras. Si el asesinato de Torre fuera puramente una agresión delincuencial para desazonar a la población y sacar de quicio a las autoridades, sería un acontecimiento grave. Pero se inscribe en la ya no breve cadena de homicidios de carácter político, que ha inaugurado una nueva forma de interferencia ilícita en la política. El crimen organizado desalienta o de plano aparta del camino a ciudadanos que han sido convencidos de participar en la lucha electoral. Pero hacerlo en vísperas de las elecciones implica la pretensión de influir también en quién sea el candidato priista al gobierno estatal.

Es posible sustituirlo pues el código electoral tamaulipeco, como lo hacen en general las leyes del caso en todas las entidades y la de orden federal, permiten el registro de un nuevo candidato para reemplazar a uno que muera. Pero la persona que designe el PRI no tendrá identidad propia. Hará apenas, hoy y mañana si hay la premura necesaria, dos días de campaña, y el domingo obtendrá votos no a su nombre sino dedicados a Torre. Se produce así, y ése pudiera ser uno de los propósitos del atentado en este momento, un fraude a la democracia, pues los priistas y sus simpatizantes sufragarán por un desconocido o por lo menos por alguien a quien el partido no consideró idóneo en el momento adecuado. Los tamaulipecos ignorarán a quién escogen para gobernador.

La respuesta a esta situación anómala es el aplazamiento de los comicios, por lo menos los de gobernador (ya que se eligen también ayuntamientos y diputados), a fin de que haya una contienda que permita contrastar la personalidad de los aspirantes. La diferición de la jornada electoral no causaría perjuicio al PRI, que según las varias mediciones obtendría el domingo más del 50 por ciento de los votos, en proporción que deja muy atrás a sus contrincantes, pues su ventaja es estructural, viene de su implantación en el estado y de los modos de condicionar el voto que el gobierno estatal ha practicado desde siempre.

La inclinación natural a atribuir al crimen organizado el asesinato de Torre no debería eliminar otras líneas de investigación, como las rivalidades internas. Es cierto que la contienda por la candidatura se resolvió con tersura y que los aspirantes se ciñeron a la decisión del gobernador Eugenio Hernández para hacer de su secretario de Salud (elegido diputado federal para satisfacer los requisitos estatutarios del PRI) el candidato de unidad. El reconocimiento de que esa decisión era inmutable no sólo impidió escisiones (como en Sinaloa y Durango, en que precandidatos priistas abanderan hoy a la oposición), sino que llevó a gestos como el siguiente: uno de los principales aspirantes, el alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, pidió licencia por 36 horas, que se extenderían la tarde ayer y el día de hoy martes, para acompañar a su amigo el senador Manlio Fabio Beltrones, que a su vez haría campaña con Torre Cantú. Pero eliminando a éste a última hora se abriría la posibilidad de que un precandidato preterido a la hora de escoger a quien postularía el PRI fuera finalmente elegido gobernador.

Como quiera que sea, el atentado que cobró la vida del candidato priista y de sus acompañantes cimbra al país entero, aunque sus habitantes en mala hora vayan acostumbrándose a la violencia homicida, ya sea porque la vivan de cerca o porque tengan noticia de ella a través de los medios informativos. No es extravagante el temor, basado en el orden jerárquico que lleva a suponer posible que así como ya se ultimó a un candidato a alcalde y no pasó nada, y se asesinó a un candidato a gobernador y no pasa nada, se alce la mira y en pleno 2012, o con motivo de la contienda de ese año, se atente contra un candidato presidencial.

Cajón de Sastre

Al cumplirse ayer 14 años de la aparición en público del Ejército Popular Revolucionario, esa organización guerrillera y su brazo partidario, el Partido Democrático Popular Revolucionario emitieron un comunicado que no debe ser pasado por alto. Reiteraron su convicción de que no es "la vía pacífica la que conduzca al pueblo de México a restituir derechos ...perdidos durante esta larga noche del neoliberalismo, a pesar de los invaluables esfuerzos que realizan quienes están seguros de poder conseguirlos". Y recordando que comprometieron con la Comisión de mediación una tregua mientras se logra la presentación con vida de dos de sus militantes, advirtieron que ésa no puede "ser una tregua indefinida (pues) aunque hemos cumplido esa petición de la Comed, no se sabe en qué momento el Estado quiera romper la delgada línea de la tregua...".

¿Hasta dónde podría llegar la violencia?

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

Un gran desasosiego se apoderó ayer del país. Existía mucha preocupación por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, para efectos prácticos el próximo gobernador de Tamaulipas, y seis personas más. Varias personas me preguntaron: ¿Qué va a pasar con México? ¿Hasta dónde va a llegar la violencia?

Quisiera dar una respuesta tranquilizadora, pero no puedo. Me temo que todavía no tocamos fondo en materia de violencia en México. Creo que la situación tiende a agravarse. Ojalá me equivoque. Lo deseo con todas mis fuerzas.

Por desgracia veo a México circulando cada vez más por el mismo camino que recorrió Colombia durante la década de los ochenta, cuando la violencia relacionada con el narcotráfico creció a niveles insospechados. En ese país, tan sólo en la ciudad de Medellín, hubo tres mil quinientos ejecutados en 1986. Los narcotraficantes asesinaron a muchos personajes de alto perfil: un ministro de Justicia, un procurador general, dos candidatos presidenciales y varios periodistas incluido el director del popular periódico El Espectador. También se dedicaron a explotar bombas por todo el país sudamericano. Las más mortíferas fueron la que detonaron a las afueras del edificio del DAS, el órgano de inteligencia colombiano, que dejó más de 70 muertos y la que explotó en un avión de pasajeros en pleno vuelo que mató a 107 personas. El modus operandi del llamado "narcoterrorismo" era claro: ejecuciones, asesinatos a personajes importantes y bombazos.

¿Qué tan lejos está México de este escenario?

En el rubro de ejecuciones, van más de cinco mil en lo que va de 2010. Todo indica que este año llegaremos a las diez mil. Por donde se vea, son números terroríficos.

En cuanto a asesinatos de personajes públicos, en México, hasta ahora, el crimen organizado había ultimado a periodistas y jefes policiacos en algunos estados. En fechas recientes crecieron las ejecuciones de policías federales y miembros de las Fuerzas Armadas.

Por lo que toca a personajes de alto perfil, hace mes y medio secuestraron a Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial, ex presidente del Senado y una de las figuras prominentes del PAN. A la fecha, el caso sigue sin resolverse. Un día antes del secuestro de este político famoso, los criminales habían asesinado a Mario Guajardo Varela, candidato del PAN a la presidencia municipal de Valle Hermoso en Tamaulipas. En el atentado, murieron también su hijo y una tercera persona.

Ayer le tocó el turno a Rodolfo Torre, candidato del PRI a gobernador del mismo estado quien, según las encuestas, iba a ganar el próximo domingo por un amplio margen. En esta emboscada perecieron otras seis personas. Se trata, hasta ahora, del asesinato del político de mayor nivel desde que comenzó la guerra en contra de la delincuencia organizada durante este sexenio.

Quedan los bombazos. Aquí hay que reconocer que ha habido casos muy menores en México, sobre todo en cajeros bancarios con artefactos de manufactura casera. Además, ni siquiera existe la evidencia de que estos hechos estén relacionados con el crimen organizado.

En fin, que el asunto de la violencia en México se pone cada día peor. Después del asesinato de Rodolfo Torre el día de ayer, nos queda una sensación de que el país llegó a un nuevo fondo en materia de violencia. La mala noticia es que podría empeorar más, como sucedió en la Colombia de los ochenta. La buena noticia es que, también como ocurrió en aquel país, eventualmente se llega a una situación tan insoportable que Estado y sociedad se juntan para combatir el flagelo de una violencia desbocada.

El descuido que le costó la vida

Francisco Garfias
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

¿No le tiene miedo al narco? Preguntamos a Rodolfo Torre Cantú, asesinado ayer en Tamaulipas, durante una cena celebrada hace semanas en la casa de una conocida columnista de la prensa nacional. El candidato del PRI al gobierno de la convulsionada entidad, terreno de disputa entre el cártel del Golfo y Los Zetas, respondió, con voz tranquila: "No"

Hasta entonces, Torre Cantú no había recibido amenazas ni mensajes encriptados. Por lo menos eso fue lo que nos dijo. Hablaba, eso sí, de la necesidad de abrir oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan -los famosos ninis- y evitar que sean reclutados por los cárteles de la droga. Pero también de programas de prevención, de multiplicar las canchas deportivas, de darles mejores perspectivas. Nada de llamar la atención.

A pesar de todo, no se excedía en la confianza. Por sus colaboradores supimos que el candidato anduvo siempre en una camioneta blindada. Le gustaba presumir que la suya tenía un blindaje más alto que la que transportaba a Minerva Bautista Gómez, subsecretaria de Seguridad Pública de Michoacán, cuando la emboscaron. Esa camioneta resistió más de 250 balas de alto calibre, y hoy es exhibida como modelo de protección.

Pero ayer tuvo un descuido. Mandó por delante el vehículo blindado. Uno de sus cierres era en Valle Hermoso. La zona es peligrosa. Allí mataron a José Mario Guajardo, candidato del PAN a la alcaldía de ese municipio, apenas en mayo pasado. El comando que lo ejecutó sabía que la camioneta que lo transportaba al aeropuerto no estaba blindada.

A las ocho de la mañana, Torre Cantú habló con una colaboradora que se encontraba en la Ciudad de México. Le avisó, entre otras cosas, que iba a Valle Hermoso. "Allí está muy feo", protestó la mujer. "Hay que ir con todos los tamaulipecos al cierre", replicó el candidato. Pero nunca llegó a su destino. Los criminales dispusieron otra cosa.

* * *

La muerte de Torres Cantú es un parteaguas en la guerra al narco. El Estado está contra la pared. Requiere toda su fuerza para dar una respuesta contundente. El presidente Calderón lo sabe. Reunió ayer de urgencia al Consejo de Seguridad, pero también se comunicó telefónicamente con los dirigentes de los partidos y con coordinadores parlamentarios. Les pidió "cerrar filas" frente al crimen organizado.

No habló con Alejandro Encinas. El coordinador de los diputados del PRD, sin embargo, confirmó la llamada del jefe del Ejecutivo a sus pares, sabe de algunos, pero también a los jefes de los partidos. El diputado está consciente de lo delicado de la situación. Nos hizo notar que, aun cuando su partido no reconoce a Calderón, nunca ha regateado, ni lo hará, cambios a las leyes, o un mayor presupuesto, cuando de combatir al narcotráfico se trata. "No entiendo la señal ni tengo claro hasta dónde quieren llegar (los narcos). Pero esto no se puede quedar así. Hay que sentarse a discutir una estrategia. El tema requiere de la seriedad de todos", puntualizó el legislador amarillo.

* * *

"Fue un contragolpe a Beatriz Paredes", repuso Fernando Belaunzarán, delegado del PRD en Tlaxcala, al explicar las razones que llevaron a Minerva Hernández, candidata del amarillo al gobierno de la entidad, a la polémica decisión de declinar a favor de la abanderada del PAN, Adriana Dávila Fernández.

El hombre asegura que la dirigente nacional del PRI, originaria de Tlaxcala, utilizó los instrumentos a su alcance, incluida la cooptación de perredistas, para que la senadora con licencia declinara, sí, pero a favor de Mariano González Zarur, abanderado del tricolor. "Hubo ofertas muy fuertes en ese sentido", asegura el ex ceuista.

Parar en seco a Beatriz era de capital importancia para Los Chuchos. No podían permitir que se declinara a favor del candidato del PRI en Tlaxcala. Hubiese significado un grave revés a la política de alianzas de la dirigencia nacional. Simplemente quedarían en ridículo.

Fue entonces que convocaron a una "reunión de emergencia" para tomar decisiones internas. La encabezó Jesús Ortega, dirigente nacional del partido. Se realizó el pasado viernes en la casa de Minerva en Tlaxcala. La "acción grosera" de Paredes -así la calificó Belaunzarán- no dejaba otro camino.

Los perredistas pactaron al día siguiente con el PAN. El anuncio levantó mucho polvo. Belaunzarán jura que una "minoría" de perredistas quisieron aprovechar el río revuelto para llamar a votar por Mariano, pero el grueso respaldó la polémica decisión que, asegura, implica un cogobierno, en caso de que Díaz alcance el triunfo.

www.elarsenal.net

http://panchogarfias.blogspot.com

El salto

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Con el asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, el crimen organizado puede haber dado un paso en el camino de su destrucción. Ese camino pasa por un momento decisivo de opinión pública y otro de unidad política.

El momento de opinión pública es que la gente tiene que convencerse de que el enemigo no es el Estado que falla en dar seguridad, sino los criminales que la ponen en jaque.

Esto no sucede cabalmente, sino hasta que los criminales empiezan a disparar ya no sólo contra ellos mismos o contra representantes del gobierno, sino contra representantes de la sociedad.

Antes de que la sociedad colombiana se volviera como un solo hombre contra los barones del narcotráfico, estos mataron candidatos presidenciales y pusieron bombas en lugares públicos.

El momento de unidad política se refiere a que, a fuerza de tener bajas en todos los frentes políticos, la batalla por la seguridad pública deja de ser la agenda de un gobierno o un partido y se vuelve el compromiso indiscutible de todos los gobiernos y todas las fuerzas políticas.

Ninguna de las dos cosas ha sucedido todavía en México. El atentado de Tamaulipas puede acercar ambos momentos.

La violencia criminal ha dado un salto cualitativo. La opinión pública y las autoridades del país deben darlo también, cerrando filas en el rechazo y en el combate al crimen organizado.

Es el único enemigo común que tienen hoy los mexicanos. Sociedad y gobierno deben agruparse sin titubeos contra él.

Por lo pronto, las elecciones del domingo en Tamaulipas debieran volverse un plebiscito ciudadano contra la violencia en general y contra el crimen organizado en particular.

Desconocemos lo que buscan los criminales que ejecutaron al candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, inminente triunfador de esas elecciones. Sabemos sólo que han disparado contra un bien de todos, que
es el proceso electoral.

Sin dudar un momento, autoridades, partidos y ciudadanos deben rechazar toda posibilidad de suspender o aplazar las elecciones. Por el contrario, deben cerrar filas en inducir una votación sin precedentes en defensa de sus derechos políticos.

De las elecciones del domingo deben salir gobernantes y representantes con un mandato abrumador. Es el único acto de valor que puede exigirse de los ciudadanos desafiados por el crimen: el valor cívico de votar como nunca, elegir como nunca los caminos de la ley y la democracia.

Crimen organizado; crimen político

Rafael Cardona
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

En la extraña lógica de atribuir un crimen político a quien de él se beneficia, no hay ningún beneficiario del múltiple homicidio de ayer en Tamaulipas. Todos perdemos.

Pierde el país por la evidencia del desastre en medio de la tormenta supuestamente controlada.

El pasado día 3 de este mes, en la inauguración en la XXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón dijo entre otras cosas:

“¿Qué teníamos que hacer?

“Teníamos que desplegar a las fuerzas federales para apoyar con todo el poder del Estado, como insistentemente he dicho, a las autoridades locales, precisamente, en esos lugares donde estuviesen más amenazadas por la acción de los criminales…

“Quiero subrayar, señoras y señores, que el gobierno federal ni pretende ni debe sustituir de manera permanente la tarea que en cada municipio y en cada estado debe realizarse para proteger a la población.

“…Sé que hay quienes cuestionan la participación de las fuerzas federales, y en particular de las fuerzas armadas, en estas acciones. Sin embargo, vale la pena recordar, primero, que también es responsabilidad de las fuerzas armadas no sólo salvaguardar la soberanía exterior del país, sino, constitucionalmente se establece, salvaguardar la seguridad interior de la nación.

“…que la virulencia con la que estaban actuando ya las organizaciones criminales hacía imperativo hacerles frente con determinación y con una fuerza superior a las organizaciones criminales, que sólo puede provenir, por ahora, de las fuerzas armadas. Así es como estamos combatiendo al crimen organizado en las zonas más asediadas por la delincuencia, y también lo estamos haciendo con determinación en todo el resto del país”.

Por desgracia ayer este modelo protector no fue suficiente para impedir un múltiple asesinato, el cual por la condición política del principal objetivo de la masacre, el candidato seguramente ganador, Rodolfo Torre Cantú, nos traslada de inmediato a otra circunstancia.

Si ya la violencia había llegado a la esfera política cuando en mayo pasado fue muerto a tiros Manuel Gallardo, candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso y antes en Guerrero, al morir asesinado Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso estatal y seguro ganador del próximo gobierno (PRD), hoy este crimen nos obliga a meditar en distintos planos.

¿Es este ominoso caso un “mensaje” del crimen organizado? Quizá, pero ¿a quién? No puede ser sino a las autoridades federales con grave daño a la autoridad moral y política del gobierno estatal. Imposible además desligar estos hechos del ambiente de “guerra sucia” y de abierta beligerancia contra el Partido Revolucionario Institucional.

No insinúo nada, planteo una hipótesis.

¿No les conviene a los delincuentes organizados cuyo imperio ha sido amenazado por el gobierno cometer este tipo de crímenes para acrecentar el odio entre los partidos, aumentar la confusión y generar la anarquía?

Si esa tesis pudiera valer, también valdría otra: en las actuales condiciones de violencia generalizada es muy sencillo cometer un crimen y adjudicárselo automáticamente a la vasta, ubicua y nunca definida “delincuencia organizada”.

Pero como sean las cosas su origen y paternidad deben quedar debidamente esclarecidos mediante una investigación suficiente y convincente. La PGR ha declarado su intención de mirar las pesquisas en las manos de la autoridad local, como si se tratara de un asesinato más entre los muchos de cada día en esa zona fronteriza.

Es un grave error y, aun más, una contradicción de las palabras presidenciales de ayer por la tarde:

“…En el caso concreto —dijo FCH— trabajaremos en plena coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas para el esclarecimiento de estos hechos y en total apoyo a lo que decidan, tanto las autoridades electorales de esa entidad como el Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos que postulaban, precisamente, a este candidato.

“El crimen organizado nunca conseguirá sus objetivos. No conseguirá vencer nuestra fe en la democracia, ni doblegar nuestra confianza en el futuro de México”.

Por lo pronto la consabida retahíla de condolencias, pésames y acciones poslíricas, como la suspensión de las campañas panistas en Tamaulipas, no sugiere ni permite prever absolutamente nada. La investigación de estos asesinatos son una prueba de fuego para saber si en verdad se quieren hacer labores conjuntas de investigación y lucha contra el delito, o se trata nada más de una pose pasajera como todas, cuya continuidad se verá diluida cuando el gallo haya cantado tres veces.

Hoy como nunca las autoridades electorales hacen suyo aquello de continuar con la función. Hasta la hora de redactar estas línea no se había decidido cambiar la fecha de las elecciones ni hacer nuevas boletas. Los plazos legales, ¿sabe usted?

¿A quién es el mensaje?

Carlos Loret de Mola
Historias de un reportero
El Universal

Rodolfo Torre Cantú era el médico de cabecera del gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Atendía a él y su familia cuando una enfermedad asaltaba el hogar desde antes de que vivieran en la Casa de Gobierno de Ciudad Victoria.

Esa confianza de médico particular hizo que Hernández Flores le nombrara al frente de la Secretaría de Salud local, de ahí lo impulsara a una diputación federal y terminara dirigiendo la sucesión estatal para que él fuera no sólo el candidato del PRI sino “el tapado” al más puro estilo priísta de todos los tiempos, pues en Tamaulipas —como en no pocos estados del país— ser oposición es una labor testimonial frente al poder omnipresente, aplastante, antidemocrático del gobernador y, particularmente, de los cárteles de la droga que terminan mandando.

Torre Cantú llevaba una amplísima ventaja en todas las mediciones —era virtual gobernador electo— y se perfilaba como siguiente gobernador de un estado en el que de manera dramática se manifestaba la debilidad institucional frente a las mafias del narcotráfico.

El 25 de noviembre de 2009, en la columna “Narcotamaulipas” de Historias de Reportero, advertíamos que el gabinete de Seguridad Nacional del presidente Calderón ubicaba a esta entidad como aquella en donde el crimen organizado había logrado más penetración: “los empresarios han huido de Tampico, en Reynosa los principales informantes del crimen organizado son taxistas, en Victoria la droga la venden amas de casa en barrios populares, en Nuevo Laredo los ciudadanos viven con miedo a hablar. En Tamaulipas más que el Presidente, el gobernador o los alcaldes, manda el narco, y no lo duda nadie”.

“Durante la gestión de Manuel Cavazos Lerma entraron, con Tomás Yarrington se expandieron y con Eugenio Hernández se adueñaron. Cuando Fox, era el sitio más violento de México. Ahora, con el presidente Felipe Calderón, no matan tanto porque ya mandan más... que a nadie le quepa duda: el dinero del narco entrará a las campañas en Tamaulipas”, se redactó entonces.

Así pues, el diagnóstico fue que un cártel manda en Tamaulipas por encima del poder político y el gobernador no representaba para estos criminales ninguna amenaza. Alguien no quiso dejar las cosas como estaban. ¿El gobernador entrante? ¿El cártel que reinaba? ¿Un cártel rival? ¿El gobernador en funciones que aún ejercía el control político a plenitud? ¿Un nuevo arreglo? ¿Un desarreglo? Lo demás fue balacear la camioneta del futuro gobernador que ni blindaje tenía.

Síntoma del desconcierto institucional fue que una vez conocida la ejecución, se multiplicaron las comparecencias ante los medios de comunicación de autoridades estatales y federales para expresar su condena, hacer llamados a la unidad, manifestar su preocupación y otras reacciones de cajón, pero sin ninguna luz para informar qué fue lo que ocurrió, en qué circunstancias, por qué.

¿El narco vota? ¿El narco veta?

SACIAMORBOS. La ejecución puede ser el desempate.

De la fiesta a la tragedia

Federico Reyes Heroles
Reforma

En el 2000 la esperada alternancia extendió un velo sobre las malformaciones del sistema electoral. Cierto embrujo y un vano orgullo hicieron pensar que la democracia mexicana se había consolidado. Hubo fiesta. Las normas y las instituciones parecieron haber sido diseñadas para tal situación que en realidad fue el mejor escenario: ganaba el opositor, Fox, por un cómodo margen. Nunca sabremos qué hubiera ocurrido si Labastida hubiera ganado por un margen muy estrecho. ¿Hubiera la decisión del IFE sido aceptada sin más miramientos? Pero la tersura en la transición no sólo se debió a las normas e instituciones, los actores políticos estuvieron a la altura, el derrotado y sobre todo Ernesto Zedillo que actuó como estadista, ellos fueron una parte central de la alternancia. Hoy sabemos que actores así fueron excepción. Las mismas normas e instituciones con actores irresponsables pueden producir el caos.

En el 2003 desde la Presidencia Fox decidió apoyar sin miramientos a su partido. La tentación de eliminar al PRI siempre estuvo presente y las elecciones intermedias eran una buena ocasión para asestarle otro golpe a ese partido. Quitarle el freno al cambio recibió un espaldarazo de millón y medio de spots que terminaron con un auténtico ultimátum del IFE, ultimátum que fue acatado poco tiempo antes de que terminara la campaña. El daño estaba hecho. Ese actor central boicoteaba el espíritu de equidad democrática. Fue el primer anuncio de que las cosas se podrían descomponer, que los amarres no eran tan fuertes como lo habíamos creído tres años antes. Llegó el tortuoso proceso de desafuero contra AMLO que polarizó a la sociedad mucho antes de las elecciones. Ya erigido en víctima y radicalizando su discurso el opositor cultivó un encono que encontró en el cerradísimo resultado electoral del 2006 el escenario ideal para impugnar a las instituciones. Un alto porcentaje de la población consideró que las elecciones habían sido fraudulentas. Los actos violentos de protesta quedaron como una imagen emblemática del fracaso de ese proceso electoral. Qué lejos se miraba la fiesta del 2000. De ahí venimos.

La contrarreforma electoral del 2007 nos mostró que los tres principales partidos políticos podían ponerse de acuerdo para mutilar a las instituciones, como ocurrió al remover a los consejeros electorales del IFE. El cinismo se había apoderado de esos actores. En su afán de revancha, la contrarreforma cercenó además libertades individuales y puso al elector como nunca a merced de los medios. La llamada "spotización" ahogó al ciudadano. La expresión "partidocracia" se volvió imprescindible para explicar la realidad mexicana. En el 2009, con movimientos como el del voto nulo, se mostró un claro agotamiento de las reglas del juego y una brutal lejanía del elector y sus representantes. La descomposición se hizo evidente, la fiesta democrática del 2000 pertenecía a la prehistoria. La crisis del sistema electoral quedó desnuda frente a los ciudadanos. Así llegamos al 2010.

Independientemente de los resultados, las elecciones del 2010 son ya un fracaso. En el amasijo hay de todo. Candidatos asesinados (me entero en este momento de lo ocurrido en Tamaulipas), otros amenazados de muerte; atentados en contra de instalaciones partidarias y electorales; subordinación grosera de ciertos institutos electorales estatales a los gobernadores con las consecuentes decisiones parciales e injustas; uso burdo de recursos públicos estatales; imputaciones de programas federales con sesgos políticos; un candidato a gobernador detenido durante la campaña por posibles ligas con el narcotráfico. Por si fuera poco vemos al presidente del PAN haciendo uso de grabaciones ilegales sin consecuencias jurídicas. También la muy loable desaparición de la tenencia usada por el presidente de la República para impactar en la elección. Un ambiente saturado de maledicencias y sospechas; irresponsables imputaciones de contubernios entre ciertos medios y los partidos, el desfile de desfiguros no tiene fin.

Habrá quien afirme desde la comodidad del escepticismo que todo esto es normal pero, ¿de verdad lo es? Varios aspectos resaltan. El primero es la violencia, asesinatos, amenazas, atentados y agresiones. El segundo es la presencia del narco en la vida política del país. Cuesta trabajo creer que el PRD no supiera de los antecedentes de su candidato en Quintana Roo. Se trata de un enemigo común que, sin embargo, no recibe ese trato. México está amenazado, no es metáfora. Tercero, el evidente desfase entre la calidad de la democracia federal con todas sus carencias y la verdadera mofa de algunos procesos estatales. Habría que pensar en la federalización, no hay margen. Cuarto, el desvanecimiento de los principios, el travestismo es ya generalizado. Quinto, la falta de ética de los actores sin la cual ninguna institución es viable. Última llamada antes del 2012. Que rápido pasamos de la fiesta a la tragedia democrática.

El asesinato de la desestabilización

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

El candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en una emboscada a seis días de los comicios estatales mismos que, según las encuestas, ganaría con mucha amplitud. En la emboscada también fallecieron varios de sus colaboradores. El asesinato del candidato abre una crisis política, institucional y de seguridad en un ámbito que no conocíamos en tiempos recientes, volvemos a estar ante el espectro de 1994, quizás con otros actores pero con un escenario que resulta muy similar aunque ahora mucho más violento y generalizado.

Rodolfo Torre Cantú era un político local con fuerte presencia, había sido coordinador de los diputados de su estado pero era médico de profesión y había sido un reconocido secretario de Salud del gabinete de Eugenio Hernández. No se le conocían, no había información oficial ni extraoficial de relaciones de Torre Cantú con el narcotráfico. Se le consideraba en ese ámbito un candidato limpio en un estado plagado de sospechas y acusaciones. Tamaulipas está en medio de una feroz batalla entre cárteles que hasta hace unos meses eran aliados.

Desde que Osiel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos comenzaron las versiones de que el ex jefe del cártel del Golfo podría estar colaborando con las autoridades del otro lado de la frontera. Su proceso en Houston, que fue cerrado, sin testigos, y la condena que se le aplicó, relativamente leve, de 25 años de cárcel, sumado al hecho de que no está registrado su ingreso a ningún reclusorio en la Unión Americana, alimentaron esa versión. Lo cierto es que, desde la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre, se desató una feroz lucha entre los sucesores de Osiel Cárdenas, identificados con el cártel del Golfo, quienes habrían realizado una alianza con el cártel del Pacífico que encabeza JoaquínEl ChapoGuzmán, con Los Zetas, que encabeza Heriberto Lazcano, y que se habían quedado con el control de la organización luego de la extradición de Cárdenas. La lucha ha sido increíblemente violenta en un estado donde, en particular Los Zetas, pero no sólo ellos, han jugado siempre muy fuerte sus cartas políticas. En esta ocasión, hayan sido ellos o sus adversarios los autores del atentado contra el candidato priista, saben que están generando un proceso de desestabilización inocultable.

En estos comicios la intervención y las denuncias de involucramiento del narcotráfico han sido más intensas que nunca antes. Pero lo que sigue llamando profundamente la atención es que los actores políticos denuncian a sus adversarios por sus reales o supuestas relaciones con esos grupos, pero ninguno de esos actores asume que se requiere una estrategia común para combatir el crimen organizado y frenar su penetración en la política, la economía, los ámbitos de poder. Por eso no hay respuestas, por eso no se pasa, del lamento por lo sucedido, a acciones concretas.

No nos extrañemos, porque no es la primera vez que ocurre. En los hechos que se dieron en 1993 y 1994, el proceso desestabilizador fue llevado de la mano por los grupos criminales, pero la vertiente del narcotráfico nunca quiso ser investigada ni en el asesinato de Luis Donaldo Colosio ni en la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en ambos casos había datos que establecían una relación de esas muertes con el crimen organizado en Tamaulipas, en aquellos años con un cártel del Golfo encabezado por Javier García Abrego. En el caso de Colosio,nunca se investigó a fondo lo que ocurrió cuando el entonces candidato priista hizo retirar de una cena de apoyo en Monterrey a Humberto García Abrego, hermano y operador del jefe del cártel; tampoco se investigó la relación que podría tener Mario Aburto con una banda entonces muy poderosa en esa zona de la frontera, Los Texas, y ni siquiera el dato, que no dejaba de ser extraño, de que el revólver Taurus, con el que Aburto mató a Colosio, había sido registrado por última vez precisamente en Tamaulipas, de donde había desaparecido, para aparecer en Tijuana casi dos años después.

En el caso Ruiz Massieu las relaciones eran más evidentes. El entonces coordinador de los diputados del PRI fue asesinado por Daniel Treviño, un hombre tamaulipeco que se quiso hacer pasar como de Guerrero, fue contratado por personas cercanas a Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado del que nunca se ha vuelto a saber, desde septiembre de 1994. Nunca quedó en claro el porqué de ese asesinato y la investigación que en su momento realizó Pablo Chapa Bezanilla buscó alejarla todo lo posible de la vertiente del crimen organizado, como aquel tristemente célebre fiscal hizo también con el caso Colosio.

Estamos, con todas las diferencias históricas, pese al tiempo transcurrido, en un contexto similar, de violencia y desestabilización, al que vivimos en 1994, pero ahora mucho más radicalizado. Entonces no se tomaron ni las previsiones ni se asumieron las enseñanzas. Tropezamos otra vez con la misma piedra, que siempre ha estado ahí y siempre hemos querido ignorarla: se llama narcopolítica.

Democracia moribunda

León Krauze
leon@wradio.com.mx
Epicentro
Milenio

Uno puede darle todas las vueltas retóricas que quiera, pero los mexicanos debemos enfrentar una verdad incontrovertible: nuestra democracia está muriendo. El proceso electoral de 2010 no deja lugar a dudas. La violencia (que ayer lo cambió todo), el cinismo político-electoral de los gobiernos estatales, la complicidad de muchos medios locales, el surgimiento de la forma más virulenta de las campañas de desprestigio y la falta absoluta de reglas que realmente persiga estos excesos están llevando nuestra democracia a su agonía.

¿Qué tan grave es el problema? Basta darle una vuelta a los estados donde el domingo se disputará la silla del gobernador. La campaña en Sinaloa ha sido una vergüenza. El gobierno priista de Jesús Aguilar ha inclinado los dados a favor de su delfín Jesús Vizcarra, un hombre sospechoso de tener vínculos con el narco en un estado asolado por la presencia criminal. El instituto electoral sinaloense ha jugado el papel de cómplice con gran pericia, haciéndole la vida imposible al candidato de la oposición, metiéndose hasta con su nombre y protegiendo al candidato del PRI de un debate público que podría haberlo dañado. Todo, en contubernio con los medios locales, que ni ven ni oyen lo que para la sociedad es evidente. Algo parecido ha ocurrido en Hidalgo, donde Xóchitl Gálvez ha enfrentado un evidente boicot en los medios de comunicación (eso, y no otras versiones absurdas, es un cerco mediático). Entre groserías, descalificaciones e injusticias, Gálvez ha tenido que nadar contra la corriente. Algo similar se ha visto en Puebla con el candidato opositor Rafael Moreno Valle. Fiel a su acostumbrada desfachatez, Mario Marín ha volcado toda su maquinaria para inclinar el tablero a favor de su candidato. Desde el principio de la campaña, el gobierno poblano ha amenazado e intimidado a la oposición mientras seduce, a punta de despensas y favores, al más puro estilo del dinosaurio, a los votantes. ¿Y qué decir de Oaxaca y Veracruz? Las grabaciones dadas a conocer hace unos días son reprobables y quizá, pero también son de agradecerse: ofrecieron una invaluable radiografía del México donde la transición democrática es sólo promesa. Los dichos de Fidel Herrera y Ulises Ruiz merecen un sitio en los anales del deshonor mexicano. El calibre de soberbia e impudor que despliega Herrera se explica sólo desde la presunción a priori de impunidad: se siente “en la plenitud del pinche poder” porque sabe que nadie puede, realmente, llamarlo a cuentas. Lo mismo ocurre con el procaz gobernador oaxaqueño, quien se da la libertad de planear sucia estrategia electoral y hasta negociar “pendientes”, porque supone que, en este México donde la democracia está muriendo, nadie se atreverá a perseguirlo. Y de ahí el asombroso cinismo priista después de conocerse las grabaciones. Lejos de manifestar una genuina preocupación por el asalto a la democracia mexicana evidente en las grabaciones, la cúpula priista optó por descalificar el método, y mucho pero mucho peor, sugerir que la divulgación del cochinero de su partido era sólo una distracción. “Que se investigue, que se investigue”, dicen con una mezcla de prepotencia y hartazgo que, a mí entender, revela la misma suficiencia que todos escuchamos en las voces de los gobernadores de Oaxaca y Veracruz.

Evidentemente, este no es un asunto exclusivo del PRI. El PAN y el gobierno han degradado el discurso político, poniendo en riesgo, gracias a su violenta estrategia electoral, cualquier posibilidad de negociación en los dos años que quedan de calderonismo. La culpa, en suma, es de todos. La persecución del poder se ha convertido en un auténtico agujero negro en nuestro país, capaz de engullir aquello mismo que le da vida: la sociedad mexicana. Lo ideal sería que los votantes castigaran esta porquería. Probablemente no lo harán. Tocará a la clase política verse al espejo y plantearse un cambio profundo que incluya maneras de embridarse. Si no lo hace, el riesgo del autoritarismo, nuestro gran fantasma, volverá a rondar las calles mexicanas. Esta vez será difícil hallarle un antídoto.

junio 28, 2010

Asesinan al candidato del PRI en Tamaulipas

Redacción
Excélsior

Fuentes del estado confirman la noticia del crimen contra el ex legislador Rodolfo Torre Cantú

TAMAULIPAS, 28 de junio.-
El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado, confirmaron fuentes del estado.

Torre Cantú se dirigía al aeropuerrto de Ciudad Victoria, cuando fue aparentemente emboscado por un grupo armado.

Según las fuentes consultadas, otras tres personas fallecieron en el ataque armado

De acuerdo con los reportes, el aspirante priísta iba sin seguridad y estaba en pleno cierre de campaña.

El prísta fue coordinador de los legisladores tamaulipecos del PRI en la Cámara de Diputados, y fue seleccionado por su partido como abanderado el 19 de enero.

En un momento más información.

Este cuento se acabó

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Pues, ya está: Argentina es un equipo que, jugando a medio gas, logra meter goles. Sus delanteros los sacan de la chistera, así nada más, como magos. Se acabó el triunfalismo, señoras y señores, y volvemos a ser lo que somos: un país que no es una potencia futbolística a pesar de que el futbol le sirve para construir castillos en el aire y montar numeritos de desaforado patrioterismo.

El cacareado quinto partido es una aspiración perfectamente legítima pero, a estas alturas, deseaban también jugarlo los alemanes, los argentinos, los uruguayos y los ghaneses. No somos los únicos que tienen ambiciones en el Mundial y ése es justamente el problema: hay otros participantes que desean obtener exactamente los mismos logros que nosotros y que no están ni cojos ni mancos sino todo lo contrario. Pero, no es una vergüenza, ni mucho menos, figurar entre las mejores 16 selecciones de futbol de todo el mundo. Eso sí, alcanzar, digamos, el séptimo lugar no es tampoco motivo para magnificar desmedidamente las presuntas virtudes de la raza azteca. Primero consigamos los niveles educativos de un país como Corea del Sur y luego, si quieren, lanzamos todas las bravuconadas y presunciones puedan ocurrírseles a los exaltados publicistas ¿vale?

Ahora bien, te queda un mal sabor de boca cuando el equipo pierde como pierde. Porque, digo, una cosa es enfrentarte al rival poderoso con todos tus recursos y toda tu gente y otra muy diferente es aparecerse en un Mundial con un equipo armado por un director técnico con ideas muy extrañas y preferencias incomprensibles. El Tri de Aguirre no estaba para ganarle a la Argentina aunque los futbolistas mexicanos de la nueva generación sí tengan con qué plantarse ante el más pintado. Hay, sin embargo, un elemento todavía más llamativo en la Selección: resulta que no funcionan ni con Hugo ni con Eriksson ni con Aguirre. Dirigidos por La Volpe jugaban muy bien pero al hombre tampoco lo quiere la gente. Qué fastidio. Y pensar que faltan cuatro años para el próximo campeonato… una eternidad.

La inmoralidad del PRI

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

El PRI no decepciona nunca porque no puede. A diferencia del PAN, que llegó al poder en el 2000 arrastrando todavía la reputación de un partido democrático y legalista, el PRI lleva décadas siendo un conglomerado de intereses pragmáticamente unidos por el poder y el dinero. Eso no ha cambiado. Por eso cuando escuchamos a Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, convertido en el jefe de campaña de su partido y distribuyendo recursos públicos entre sus candidatos nadie puede sorprenderse. ¿Alguien imaginaba otra cosa? No creo. ¿Eso le quita gravedad? De ninguna manera. Dice Juan Pardinas (IMCO) que las actuales reglas de distribución del dinero público hacen que los gobernadores dispongan de muchos recursos sin que se hayan construido mecanismos de rendición de cuentas obligatorios y eficaces. Son pues, como borrachitos en cantina. Puede ser, pero el asunto aquí es que son borrachitos. Es decir que cualquier huequito que les deje la ley ellos lo explotan hasta que reviente porque ningún freno ético los hace contenerse. Ahí esta el ejemplo de Montiel, que se gastó millones de pesos del dinero público promoviendo su imagen —literalmente su foto— al grado que se tuvo que cambiar la ley para que nadie más lo pudiera hacer. La oportunidad hace al ladrón –dicen–, pero es mucho más fácil si no se tienen escrúpulos, ni filtros morales ni molestos ideales. Eso es lo que pasa con los priístas.

El PRI no decepciona porque no se espera de ellos moralidad. Desde que perdieron en el 2000 no ha habido ninguna refundación ideológica, ni autocrítica sobre su forma de hacer política, sólo tuvieron que aprender a sobrevivir sin la Presidencia. Hoy es un partido dirigido de manera más consensuada y menos unipersonal y han aprendido que si no se pelean entre ellos ganan. Por eso arropan –así le llaman– lo mismo a los que pactan con el narco que a quienes buscan perpetuarse familiarmente en el poder o a los que cometen delitos. Para evitar confrontaciones y desconfianzas, se solapan lo que sea. Los priístas hoy buscan cimentar con impunidad la unidad para regresar a la Presidencia. Nada más.

El PRI es el mismo, pero en una versión más descarada. Finalmente, el presidente priísta era ideólogo sexenal y disciplinador. Daba línea y ponía limites. Hoy ya no hay quién los modere. ¿Qué partido del mundo hubiera sostenido a Mario Marín después de escucharlo hablar con Kamel Nacif? ¿Qué partido aceptaría que algunos de sus gobernadores le hayan cedido al narco el control de sus estados?

Huérfanos y sin dirección, los operadores, cuadros y militantes priístas se revelaron conservadores. Ni revolucionarios ni defensores del laicismo: en 19 estados se ha modificado la constitución para garantizar la vida desde el momento de la concepción gracias a que el 96% de los diputados locales priístas han votado junto con el PAN.

Los priístas no pueden decepcionar porque no ofrecen ningún proyecto de gobierno ni visión del país. Peña Nieto ganó su estado comprometiéndose a cumplir una serie de modestas peticiones locales totalmente inconexas entre ellas.

No tienen ideas ni principios, pero dicen que son eficaces. Habrá que consultar los datos.

Patriotismo 1.0

Denise Dresser
Reforma

"El patriotismo es el último refugio de un bribón", escribió Samuel Johnson. Pues en México, en estos días, suele ser el primer lugar en el cual muchos actores prominentes buscan resguardo. Buscan refugio. Buscan protección. Llaman a la sociedad a cerrar filas detrás de instituciones o causas del Estado cuyo desempeño ha generado cuestionamientos crecientes, como las guarderías subrogadas del IMSS, el Ejército, o la guerra contra el narcotráfico librada por Felipe Calderón. Para la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, para Fernando Gómez Mont y para el propio Presidente, ser patriota hoy entraña "hablar bien de México". Ser patriota ahora significa ser porrista incondicional, en todo momento y en todo lugar. Ser patriota implica envolverse en la bandera nacional, aunque debajo de ella ocurra lo indefendible.

Porque el tipo de patriotismo enarbolado por los defensores de la situación actual es un impulso contraproducente y peligroso. Constituye un llamado a la conformidad en un país que ya no puede darse el lujo de permanecer tal y como está. Constituye un llamado al silencio que ofusca y tapa aquello que debería ser la preocupación de todos los que se ocupan de vivir en México. La injusticia, la impunidad y la incompetencia institucional pueden continuar cuando las personas dejan de hablar. Cuando dejan de disentir. Cuando quienes revelan lo que para tantos es evidente -el incendio en la Guardería ABC fue producto de omisiones que involucran a los altos mandos del IMSS y el Ejército lamentablemente incurre el violaciones recurrentes a los derechos humanos- son catalogados como "tontos útiles". Cuando se vuelven objeto del ostracismo o la condena, como le está ocurriendo ahora al ministro Arturo Zaldívar por haberse atrevido a llamar a las cosas por su nombre y asignar responsabilidades que en una democracia funcional, nadie hubiera osado rehuir.

En México, los que disienten se vuelven objeto de burla, de sorna, de descalificación. El aparato del Estado se encarga de pintarlos como individuos protagónicos. "Progresistas" con una agenda propia que corre en contra del bienestar de la colectividad. Los conformistas emergen entonces como héroes verdaderos que defienden la reputación del IMSS, el honor del Ejército, la valentía del Presidente, la ley, los intereses de la sociedad. Pero en un sentido importante, lo contrario se acerca más a la verdad. Como lo argumenta el célebre académico constitucionalista Cass Sunstein en Why Societies Need Dissent, quienes disienten suelen beneficiar a los demás, mientras los conformistas se benefician a sí mismos y a su grupo. Tal y como la Suprema Corte benefició a la élite política al negar un precedente de responsabilidad ante errores cometidos. Como Fernando Gómez Mont benefició a su jefe al negar que el Ejército -que tanto necesita- hubiera matado a los niños Brayan y Martín en fuego cruzado. Y mientras tanto, quienes disienten corren el riesgo de perder su trabajo, enfrentar el ostracismo, ser vistos como traidores a su clase o al consenso que ha permitido a los altos funcionarios del Estado mexicano operar en la más absoluta impunidad.

Si a quienes disienten -como el ministro Arturo Zaldívar o Raúl Plascencia, presidente de la CNDH- se les diera la razón, alguien tendría que renunciar, alguien tendría que ser enjuiciado, alguien tendría que asumir los costos. Alguien tendría que pagar las consecuencias por los 49 niños de la Guardería ABC o por los dos pequeños que murieron en la carretera debido al fuego cruzado o por los estudiantes del Tec de Monterrey cuyo caso aún no ha sido cabalmente explicado. Pero la conformidad "patriótica" sustenta una ortodoxia de protección que hace imposible mejorar a México. Impide que información relevante sea tomada en cuenta, como el hecho de que Juan Molinar renovó el contrato de subrogación de la Guardería ABC, pese al reporte que denunciaba serias fallas de seguridad. Impide que la Suprema Corte reconozca errores o que el Ejército los evite.

En México el disenso necesario incomoda; es visto como peligroso, desestabilizador, anti-patriótico. Produce tensión entre los jueces, miedo en la burocracia, ansiedad en la cabeza de Gómez Mont. La conformidad en la Suprema Corte y en la Secretaría de Gobernación suele ser mucho más redituable que la actitud contraria. Conlleva ascensos y aceptación, longevidad y muy buena remuneración. Resulta bastante más lucrativo aceptar la encomienda del Ejecutivo que cuestionarla. Resulta menos políticamente condenable "defender a las instituciones" que reconocer cuando fallan. Pero el patriotismo mal entendido -tan en boga en estos tiempos- lleva a la aceptación de hechos que son moralmente inaceptables. Conduce a la resignación ante eventos donde la injusticia es obvia. Produce, paradójicamente, el descrédito institucional que tantos quieren evitar. Porque como lo escribió Twain, el patriotismo moderno, el único patriotismo verdadero es la lealtad a la nación todo el tiempo, y la lealtad al gobierno sólo cuando se la merece.

Otra historia de censura

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

Nuestros "padres" del Instituto Federal Electoral deciden qué sí y qué no podemos ver los "niños" votantes.
Leo Zuckermann

Los mexicanos no tenemos derecho a pensar por nosotros mismos. Nuestros "padres" del Instituto Federal Electoral (IFE) deciden qué sí y qué no podemos ver los "niños" votantes. Recordemos que la reforma electoral de 2007 prohibió, en la Constitución, las campañas negativas. Una prohibición que protege los intereses de los políticos; que silencia sus errores; que restringe la información.

Presento otro ejemplo de otra censura más de un spot de radio y televisión que la Comisión de Quejas y Denuncias (CQD) del IFE resolvió sacar del aire hace unos cuantos días. En el anuncio aparece la imagen de una mujer quien dice: "Parece que en Puebla la justicia no existe, que todo se arregla con una llamada de teléfono". Se oye la voz del gobernador Mario Marín diciendo "quiúbole, Kámel". El acaudalado empresario Kámel Nacif responde "¿qué pasó, mi góber precioso?" Vuelve a escucharse la voz de la mujer: "Esta historia ya es conocida por todos, y lo que es todavía como un secreto -aparece, entonces, la imagen del candidato a gobernador del PRI, Javier López Zavala- es que había otro hombre atrás de todo esto, arreglándolo todo, y esto no es un chisme popular, sino el producto de una investigación respaldada por la opinión de varios magistrados de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quieres otro futuro precioso? Piénsalo dos veces."

El spot evidentemente tenía la intención de afectar la campaña de López Zavala y beneficiar a la de su adversario Rafael Moreno Valle. De inmediato, el PRI solicitó al IFE que se retirara el anuncio del aire. Los tres consejeros electorales de la CQD votaron unánimemente a favor de que así ocurriera. El spot fue censurado. Ni siquiera puede observarse en YouTube donde fue suprimido "debido a una infracción en los términos de uso".

El IFE, una vez más, acabó guardándoles las espaldas a los políticos. Es su obligación en la medida en que los partidos prohibieron las campañas negativas en la Constitución. Instituyeron una especie de omertà al estilo de la mafia italiana: de "no hablar de cualquier cosa que se haya sentido o visto, aunque se tenga conocimiento".

Son tres consejeros del IFE quienes aplican el omertà consagrado en el artículo 41 de la Constitución que ordena: "En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas".

En el caso del spot poblano, de acuerdo al consejero Virgilio Andrade, se realizan afirmaciones en contra de una tercera persona (López Zavala) que es ajena a todo el escenario del problema que contiene el anuncio. "Existe la finalidad de denigrar a una persona y de calumniarla". Ergo, debe censurarse.

Sin embargo, la CQD introdujo otro elemento en su decisión y con ello se extralimitó en sus facultades. Para los consejeros no son suficientes los instrumentos de censura que le otorgan las normas jurídicas sino que también les gusta interpretar el espíritu de las leyes.

El consejero Marco Gómez argumentó que él no sabía si los spots en cuestión denostaban o calumniaban pero que eran propaganda electoral que utilizaba grabaciones que habían sido obtenidas de forma ilícita. Como se violaba una comunicación privada, había que retirar los spots. Se trata de un argumento con méritos. Pero los consejeros sólo tienen la facultad constitucional de censurar spots si hay, de acuerdo a su juicio, denuestos o calumnias. Ellos no pueden meterse a un análisis de cómo se consiguieron las grabaciones que, por cierto, filtró la esposa de Kámel Nacif a los medios.

Las grabaciones en cuestión habían sido ampliamente difundidas y eran conocidas por medio mundo. Así lo reconoció Virgilio Andrade pero argumentó que esto no le daba a nadie el derecho a continuarlas reproduciendo. Para él, si bien es dudoso que lo puedan hacer los medios, de ninguna manera pueden ser retransmitidos por los partidos, y mucho menos en un spot. ¿Por qué? Porque "son contrarios al espíritu constitucional en materia de este tipo de materiales, dado que los partidos políticos no pueden retransmitir estas conversaciones privadas que violan la intimidad".

Correcto. Pero los consejeros no tienen la facultad para interpretar esto. Ellos deben utilizar la ley para sustentar sus decisiones y no el "espíritu constitucional". El IFE es un órgano administrativo que aplica la ley. Punto. No es ni debe convertirse en una especie de Suprema Corte con capacidad de interpretar los valores de la ley. De acuerdo a la norma vigente, les corresponde hacer un juicio de si los spots son denigrantes o calumniadores y nada más (lo cual, por cierto, ya es un absurdo para todos aquellos que creemos en la libertad de expresión).

En la discusión sobre este asunto en la CQD, resultó muy interesante una disquisición del consejero Andrade. Reconoció que antes de hablar de lo que la gente puede observar o platicar, se trata de ver lo que los partidos pueden emitir o no, independientemente de quien lo vea: "Es natural que en este tipo de asuntos, los intereses de la sociedad no sean compatibles con los de los partidos políticos, conforme a la reforma electoral, lo cual no es responsabilidad del IFE".

Reveladora declaración. Cuando se trata de escoger entre los intereses de la sociedad o los de los partidos, el IFE opta por lo segundo, incluso teniendo que interpretar el "espíritu de la ley" para ello. Ese es el camino que ha tomado nuestra bisoña democracia que, gracias a los partidos y los árbitros electorales, cada día es menos liberal.

Vindicación villamelona de la absurda proposición de un diputado

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Ha perdido México en el Mundial en el partido donde siempre pierde, el cuarto, y frente al mismo equipo con el que perdió antes, Argentina.

Hemos vuelto, deprimidos y enervados, a lo obvio: el futbol no arreglará nuestras cosas. ¡Ay, pero hubiera sido un extraordinario momento del ánimo para nuestras desarregladas cosas haber ganado a la Argentina ayer!

Hasta aquí las quejas.

Como villamelón, sé que nunca hubo en la opinión pambolera tanto acuerdo en torno a dos o tres equivocaciones del técnico de la selección, Javier Aguirre.

El entrenador tenía en sus manos la administración de un bien público, de transitoria pero inusual resonancia simbólica en el ánimo de la nación.

Nunca hubo tanto acuerdo en tan pocas y tan persistentes equivocaciones del entrenador, este responsable del ánimo público y del sentimiento de los mexicanos durante estas semanas.

Exhibiendo su desconocimiento de las reglas que lo obligan, un legislador yucateco dijo a la prensa que el entrenador debía ir al Congreso a explicar sus decisiones.

El diputado fraseó torpemente una necesidad pública real de estos días: entender las decisiones del entrenador del equipo cuyos azares futbolísticos ocupan la atención del país y afectan el ánimo público.

El entrenador de la selección tomó una y otra vez decisiones que la absoluta mayoría de los aficionados al futbol consideraban equivocadas o incomprensibles.

En particular, la insistencia en alinear a un delantero, Guillermo Franco. Creo que la buena lógica democrática de decisiones impopulares es que quienes las toman las expliquen a la sociedad.

La idea de que el entrenador del equipo explique sus decisiones al Congreso es absurda. Pero es sano que las explique al público.

Creo que Javier Aguirre haría bien en “comparecer” ante los medios y explicar la razón técnica, futbolística, humana, deportiva, de las dos o tres decisiones impopulares que sostuvo con tan pobres resultados.

Es un asunto de esclarecimiento que va más allá del futbol, hasta el espacio de los usos y costumbres democráticas.

Los medios debieran emplazar a Aguirre y él acudir a ellos para explicar por qué tomó decisiones tan impopulares y, dados los resultados, tan erróneas.

El programa Tercer Grado sería un foro adecuado al efecto.

junio 25, 2010

Paco Calderón

¿Será Colombia el próximo Chile?

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Préstenle atención a Colombia. Tras la aplastante victoria electoral del Presidente electo, Juan Manuel Santos, Colombia podría seguir los pasos de Brasil, Chile y Perú y convertirse en la próxima estrella económica de Latinoamérica.

Es verdad que muchas cosas pueden salir mal, incluyendo un resurgimiento de la violencia guerrillera, y de las tensiones con Venezuela y Ecuador. Pero varios observadores bien situados me citaron cuatro razones por las que Colombia podría despegar bajo el Gobierno de Santos.

En primer lugar, Santos, quien recientemente fue Ministro de Defensa del Presidente saliente, Alvaro Uribe, ganó con casi 70 por ciento de los votos, y con 2 millones de votos más de los que obtuvo Uribe en su última elección. Eso le dará a Santos una sólida mayoría en el Congreso, lo que le permitirá atraer inversiones con garantías de continuidad económica, y embarcarse en ambiciosas reformas en el campo energético, de la salud y la educación.

Colombia es ya el cuarto mayor receptor de inversiones extranjeras de Latinoamérica -después de Brasil, Chile y México-, según un reciente informe de las Naciones Unidas. Y muchos economistas creen que Santos logrará cumplir su promesa de campaña de llegar a un crecimiento económico de 6 por ciento en dos años, porque su primera prioridad será la economía.

A diferencia de Uribe, que es abogado de profesión, Santos es un economista graduado en la Universidad de Kansas y de la London School of Economics, que empezó su carrera gubernamental como Ministro de Comercio Exterior, y luego fue Ministro de Finanzas.

No resulta sorprendente que su primera designación haya sido la de su futuro Ministro de Finanzas, Juan Carlos Echeverry.

En segundo lugar, es posible que Santos tenga mejores posibilidades que Uribe de conseguir que el Congreso estadounidense ratifique el acuerdo de libre comercio que fue firmado por el ex Presidente George W. Bush y Uribe en el 2006.

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos se han negado a ratificar el acuerdo por las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los sindicalistas en Colombia.

"Santos se va a entender mejor con los demócratas porque no tiene una historia (de tensiones) con Obama y Clinton", me dijo esta semana el ex Presidente de Colombia, César Gaviria.

Sin embargo, fuentes del Congreso de Estados Unidos me dicen que la mayoría demócrata del Congreso no someterá a voto el acuerdo antes de las elecciones parlamentarias de noviembre, y que lo que ocurra después dependerá del resultado de esas elecciones.

En tercer lugar, Santos tiene una personalidad menos mercurial que Uribe y es probable que alivie las tensiones tanto a nivel nacional como con los países vecinos, afirman los observadores.

"Ya hay un nuevo clima en el país, de menos polarización", me dijo Gaviria. "La gente siente que el nuevo Gobierno no va a estar comprando los pleitos de Uribe con las organizaciones no gubernamentales (de derechos humanos). Y Santos tampoco se va a dejar aislar internacionalmente, como Uribe".

En cuarto lugar, Santos prometió en su discurso de aceptación luchar contra la impunidad y mejorar los vínculos presidenciales con el sistema judicial, para mejorar la situación de los derechos humanos.

José Miguel Vivanco, director de asuntos latinoamericanos del grupo de monitoreo Human Rights Watch y uno de los más conocidos críticos del desempeño de Uribe en el campo de los derechos humanos, me dijo que "Santos es un pragmático, que si recibe señales fuertes de la comunidad internacional con respecto al tema de derechos humanos, probablemente responda de manera más positiva que el Presidente saliente".

No obstante, Vivanco añadió que en la comunidad de derechos humanos existe preocupación por la promesa de campaña hecha por Santos de permitir que sean las cortes militares las que juzguen a miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de los derechos humanos, y por sus declaraciones a favor de subordinar la Fiscalía General al Poder Ejecutivo.

Mi opinión: No comparto la opinión generalizada en Colombia de que Santos será capaz de mejorar las relaciones con el Presidente venezolano, Hugo Chávez, porque este último seguirá necesitando un enfrentamiento permanente con Colombia para distraer la atención de sus problemas internos, y para poder justificar su Gobierno cada vez más autoritario.

Además, Santos me dijo en una entrevista reciente que él y Chávez son "como el agua y el aceite", y esos dos elementos no se mezclan por más que uno trate de combinarlos.

Pero creo que existe por lo menos un 50 por ciento de posibilidades de que Santos le dé un empujón a Colombia, aprovechando la estabilidad económica que heredó, el mandato que acaba de recibir en las urnas y su experiencia en el manejo de la economía.

Si le va razonablemente bien, Colombia podría ser la próxima estrella emergente de la región.

Fraude a la democracia

Emilio Álvarez Icaza
Espacio Civil
El Universal

El pasado miércoles 23 tuve la oportunidad de acudir al foro “Propuestas ciudadanas en el marco del proceso electoral en Veracruz 2010”, organizado por la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Recive), en Xalapa. Las conclusiones no pudieron ser más contundentes. Lo que se vive en esa entidad (y otras en proceso electoral), es un fraude a la democracia por parte de gobiernos, autoridades electorales y partidos políticos. El pacto social fundado en la democracia se encuentra en crisis.

El proceso electoral en esa entidad se desarrolla bajo la compra y coacción del voto, uso ilegal de recursos públicos en las campañas; uso perverso de la pobreza; contexto de campañas negativas que superan el lodazal y evidencian ausencia de propuestas, entre otros vicios. De hecho, se reportó que el gobernador opera, ilegalmente, como jefe de campaña, lo que pone en riesgo la gobernabilidad del estado.

Para explicar parte de este fenómeno, Alberto Olvera, académico de la Universidad Veracruzana, refirió que entre 2004 y 2010 Veracruz duplicó en términos reales su presupuesto y no hay fiscalización ni rendición de cuentas eficientes, lo que ha llevado al descaro absoluto. La “plenitud del pinche poder” feudal.

Las organizaciones señalaron que en este contexto la autoridad electoral, el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), no cumple con los principios de legalidad, equidad, transparencia e imparcialidad mínimas requeridas para la generación de certeza. De hecho, es una instancia fuertemente cuestionada por muy diversos actores; su consejera presidenta quedó también involucrada en los radio-escándalos.

El tétrico círculo lo cierra el uso clientelar de recursos por parte de los distintos partidos políticos. Francisco Canseco sintetizó así “dime quién gobierna y te diré qué programa usa electoralmente”. Lo alarmante es que estamos volviendo a ver esas prácticas de los 80 o anteriores contra las que tanto se luchó.

Se respira un ambiente de tensión en peligroso aumento y de impunidad en lo que a delitos electorales se refiere. Flota la idea, casi certeza, de que pase lo que pase, el resultado de las elecciones se resolverá en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

PARÉNTESIS: Alianza Cívica abrió el portal www.cuidemoselvoto.org para recibir denuncias de irregularidades en los procesos electorales estatales. También se puede denunciar por teléfono celular, enviando mensajes, fotos o videos, al número 88200 o mediante Twitter en el tag #cuidemoselvoto .

Democracia sin demócratas

Carlos Tello Díaz
ctello@milenio.com
Carta de viaje
Milenio

El 2 de julio de 2000, México culminó su larga y accidentada transición a la democracia. La transición permitió, ese día, la alternancia en el poder. El PRI perdió la Presidencia: ganó el PAN. México comenzó el siglo XXI con un bono a su favor, el de la democracia. Pero le duró poco. En 2005, el presidente de la República —electo gracias a la transición— intentó sacar de la contienda, a la mala, a quien era visto entonces como el más probable ganador de las elecciones en México. En 2006, el candidato de la izquierda, el mismo que sufrió la ofensiva política, jurídica y mediática del presidente, al perder la elección por un margen estrecho, optó por no reconocer su derrota, adujo fraude, fue creído y seguido por la tercera parte de la población, la que votó por él. En 2007, en fin, el Congreso promovió una reforma electoral que significó avances muy importantes, en especial la normatividad en materia de radio y televisión, que puso fin a las transferencias millonarias de recursos públicos hacia la televisión y el radio, pero que al violar el principio de inamovilidad de los consejeros puso también en entredicho la independencia del IFE. Son los antecedentes de nuestras elecciones, que enfrentan, afuera, las nuevas amenazas del crimen organizado y, adentro, las viejas mañas de nuestra cultura política, y que en ambos casos confirman la imagen de un país que vive en la ilegalidad.

Un candidato a gobernador fue detenido en plena campaña, acusado de tener ligas con el narcotráfico en Quintana Roo; otro candidato a gobernador fue señalado por tener relaciones de compadrazgo con uno de los líderes del cártel de Sinaloa; un candidato más fue asesinado durante su campaña, sin que hasta la fecha sea conocido el responsable de ese crimen en Tamaulipas. La violencia en el país amenaza a la democracia. Así lo ven también los medios en el extranjero. “Los narcotraficantes refuerzan su dominio sobre la política mexicana”, es la cabeza de un artículo en Le Monde (17-06-2010). Pero no nada más el narcotráfico; también el fraude que parecía desterrado hace diez años.

Es ilegal que los gobernadores operen a favor de sus candidatos con recursos que son públicos. También es ilegal grabar conversaciones privadas, como lo han hecho los enemigos de los gobernadores. Y es ilegal difundir esas conversaciones en los medios. Todo es ilegal —¡incluso hacer campañas negativas para señalar esa ilegalidad! ¿Qué va a decir el Tribunal Electoral? ¿A quién va a castigar? ¿A los gobernadores de Oaxaca y Veracruz? ¿A quienes los grabaron? ¿A los dirigentes que los exhibieron? ¿A los medios que difundieron esas grabaciones? ¿A todos? El PAN y el PRD denuncian el uso electoral de los programas sociales por parte de los gobiernos dominados por el PRI. El PRI acusa al gobierno federal de manipular el programa Oportunidades para beneficiar al PAN. El gobierno federal señala la corrupción de los gobernadores del PRI, pero no hace más para no contribuir a empañar la imagen de México.

La lucha por el poder no puede ser como quieren nuestras leyes, diseñadas para santos, no para políticos. Pero los casos más recientes revelan una actitud incompatible con la democracia. Los candidatos quieren ganar como sea, por las buenas o las malas, con actos no sólo ilegales, sino incluso inconfesables en un país, el nuestro, que desprecia la legalidad. ¿Podemos tener democracia sin demócratas? ¿Podemos aspirar a mantener nuestro sistema democrático sin tener una cultura democrática? La respuesta es no, no podemos, no es posible.

La estrategia de picar el ombligo

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Los priistas, con más colmillo, al contrario que los del PAN, personalizaron el enfrentamiento, concentraron sus obuses en César Nava.

Una máxima en la política tendría que ser no picarle inútilmente el ombligo a los adversarios. Cuando, en la política y en la vida, se ataca a alguien con virulencia, se debe tener la certidumbre de la victoria, si sólo se ataca y el adversario no sale afectado, el que terminará vencido es el atacante. En El arte de la guerra Sun Tzu dice que "un ejército victorioso gana primero y entabla batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después". El tema de las grabaciones telefónicas, con todo lo que han desencadenado posteriormente, parece un intento de luchar primero para tratar de obtener una victoria posterior. Y según Sun Tzu esa maniobra está destinada a la derrota.

Veamos lo que pasó en los últimos días: todo comenzó con las grabaciones de Fidel Herrera. Fue un golpe durísimo para el mandatario veracruzano y para la campaña de Javier Duarte, que podría enviar esa elección al TEPJF, independientemente de los resultados del 4 de julio. Pero alguien no se conformó con eso: entonces comenzaron a aparecer como por arte de magia grabaciones de todo el mundo, sobre todo gobernadores priistas, distribuidas con generosidad: algunas con verdadera sustancia, otras con chismes (un saludo a Carlos Marín y mis queridos amigos de Milenio, infamados injustamente), unas terceras simplemente hechizas. El impulsor público de esta estrategia, César Nava, comete dos errores: primero, acepta haber divulgado las grabaciones, aunque luego trata de matizarlo; segundo, en vez de personalizar el hecho, de concentrarlo en una persona o un estado, trata de generalizarlo y todos los gobernadores del PRI pasan a ser sus enemigos y "virreyes" en sus entidades. Comienza la respuesta y la lluvia de demandas de procesos penales o un juicio político contra sus adversarios. Pero el PRI esgrime una carta que puede utilizar: si la Suprema Corte no involucró directamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en el caso del incendio en la guardería ABC, en un fallo que no gustó en la sociedad, los diputados priistas consideran que entonces ellos pueden avanzar con un juicio político contra el funcionario. Traducido al español: si tú me acusas de corrupto, yo te acusaré de provocar la muerte de 49 niños. No importa si es justo o no, lo importante es que se puede plantear para buscar una respuesta política que a la larga avalará el PRD, porque ya antes había pedido esa misma medida contra el mismo funcionario.

Así planteada la batalla y sin mayor parque mediático luego de que su partido generalizó el ataque en lugar de focalizarlo en el punto más débil de su adversario (Veracruz), el presidente Calderón tuvo que ir al puerto a inaugurar la regata del Bicentenario. Ahí lo recibió el gobernador Fidel Herrera: el Presidente y el mandatario se tomaron la foto juntos. Alguien invitó al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sin mayor explicación (¿quizá como enlace entre un buen sector del priismo y el gobierno del que Agustín formó parte?) y, al llegar al buque Papaloapan, el presidente Calderón se encuentra, además, con la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, que fue invitada, a su vez, por el secretario de Marina, el almirante Francisco Saynes. Y nuevamente el Presidente y la líder del PRI aparecen juntos en la foto. Y todos terminan avalando lo dicho por Herrera de que no es hora para grabaciones ni juicios políticos sino de una conmemoración republicana. Es más, el gobernador aclara que el culpable del espionaje que sufrió no es ni el Presidente ni el secretario de Gobernación, sino el panista César Nava, y lo avalan los demás priistas. Y con eso descontamina el tema.

En otras palabras, los priistas, con más colmillo, hicieron lo contrario que los panistas: personalizaron el enfrentamiento, quitaron del medio al Presidente y el secretario de Gobernación y concentraron todos sus obuses en el líder del PAN, al que, siguiendo los criterios del caso de Carpinteyro, pueden terminar enjuiciando, mientras mantienen bajo la manga la carta del juicio político a Molinar, misma que jugarán de acuerdo a lo que hagan sus adversarios.

Habrá que esperar los resultados electorales, por lo pronto no creo que las grabaciones hayan cambiado en la mayoría de los casos la dinámica de los comicios estatales. Pero el ambiente político ha quedado convulsionado y a partir del 5 de julio las cosas serán mucho más difíciles. Es evidente que la estrategia panista puede haber alterado los ánimos, puesto en el debate muchos temas, pero hasta ahora ha sido neutralizada por los priistas. Dice Maquiavelo que "las armas se deben reservar para el último momento, donde y cuando los otros medios no basten". Pero ni Sun Tzu ni Maquiavelo son best sellers.