julio 31, 2010

¿Legalizar la marihuana?

Edurne Uriarte
Con ánimo de faltar
ABC

¿Legalizar la marihuana? Hace algunos años habría votado no a esa cuestión. Ahora, votaría probablemente que sí. Si fuera ciudadana de California, claro está, pues es el estado de California el que va a someter esta pregunta a referéndum el próximo mes de noviembre. Y tal como está la intención de voto en estos momentos, el No algo por encima del 50% y el Sí cerca del 50%, California podría sentar un precedente revolucionario este otoño, convirtiéndose en el primer lugar del mundo en legalizar el consumo, la producción y la distribución de marihuana. Porque la pregunta no se refiere únicamente al consumo sino también a la producción y a la venta. Por lo que va muchísimo más allá que la aprobación, conocida esta semana, por parte de la Sanidad española del primer fármaco de cannabis (Sativex).

Y digo que votaría que sí por una razón fundamentalmente. Porque hace años que sigo atentamente la publicación de estudios sobre los efectos de la marihuana y he llegado a la conclusión, en el estado de investigación actual, al menos, de que sus efectos no son peores que los del tabaco y el alcohol. O que si el tabaco y el alcohol son legales, no encuentro razones de peso para que la marihuana no lo sea.

Y lo cierto es que hay una creciente tendencia en esa dirección. No hay más que ver los últimos artículos publicados, por ejemplo, en dos medios de gran influencia como son The Economist y Newsweek. The Economist (The law of the weed) no sólo recuerda lo ajustada que está la intención de voto en este momento, sino que destaca los efectos positivos en el terreno de la criminalidad de los jóvenes (muchos arrestados en asuntos relacionados con la marihuana) y en el fisco de California. Newsweek (Legal Weed Gets a Reality Check in California) apunta otra ventaja, el enorme daño que esta legalización inflingiría a los sangrientos cárteles de la droga mexicana. Algunos analistas estiman que entre un 20 y un 50% de los beneficios de estos cárteles están relacionados con la marihuana, con lo que una legalización en California los dejaría obviamente sin el mercado estadounidense.

Si los medios americanos insisten en estos enfoques, es muy posible que el Sí avance más allá del 50%. Y que, a partir de noviembre, los jardines californianos se parezcan al “jardín de la alegría” de aquella divertida película inglesa de Nigel Cole. Con amas de casa como la interpretada por la estupenda Brenda Blethyn cultivando marihuana para afrontar sus deudas, pero a la vista de todo el pueblo.

Diagnóstico

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La advertencia es generalizada. La desaparición de Nacho Coronel abrirá una disputa por el control de la plaza, es decir, la ciudad de Guadalajara, y los niveles de violencia se dispararán

1. La escalada continúa. El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, gobernador virtual de Tamaulipas, fue un punto de inflexión. Nadie, ningún integrante de la clase política, puede considerarse a salvo. La pregunta no es si ocurrirá un nuevo asesinato, sino dónde y quién será la próxima víctima.

Amén de la incertidumbre y el temor que esto genera en todos los niveles de gobierno. Baste imaginar las amenazas y las presiones que se pueden ejercer sobre gobernadores, legisladores, presidentes municipales y regidores en todo el país.

2. Otro tanto puede decirse del secuestro de cuatro reporteros en Durango vinculados con medios electrónicos. Lo nuevo, sin embargo, no son los atentados contra periodistas ni la intimidación a periódicos y televisoras. Todo eso ya había ocurrido en Nuevo León y Michoacán. Y es la regla en estados, como Tamaulipas, con fuerte presencia del crimen organizado.

Lo nuevo es que el chantaje se hace desde Durango contra dos empresas que elaboran y transmiten programas de difusión nacional situadas en la Ciudad de México. La pregunta es: ¿qué sigue? Y la respuesta es simple: nadie, ninguna región o medio de información, está a salvo.

3. Lo ocurrido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, confirma la crisis de los aparatos de seguridad y del sistema penitenciario. Los reos salían de noche armados en vehículos oficiales a consumar ejecuciones masivas en Torreón.

La historia tiene antecedentes importantes. Todo el mundo sabe que desde las cárceles de la Ciudad de México se planean y organizan secuestros. Y hace apenas nueve años El Chapo Guzmán se fugó de Puente Grande -cárcel federal de alta seguridad.

El factor común en todos estos casos es la corrupción. El sistema penitenciario tiene 500 penales estatales y municipales. La pregunta es: ¿cómo evitar la compra de autoridades y el sometimiento de las mismas al crimen organizado? La respuesta es: no hay forma. Porque, además, el soborno y la complicidad se acompañan de intimidación: plata o plomo.

4. La Secretaría de la Defensa Nacional afirma que una de las estrategias fundamentales del Estado es golpear las finanzas del crimen organizado. No hay en ello secreto ni misterio alguno. Todos los especialistas y las agencias internacionales afirman lo mismo.

Por eso son interesantes los datos. A lo largo del sexenio del presidente Calderón, que va del 1o. de diciembre de 2006 al 26 de julio de 2010, la Sedena informa que decomisó 136 millones de dólares y casi 208 millones de pesos. Lo que a un tipo de cambio de 12.50 hace un total aproximado de 152 millones de dólares.

¿Cómo evaluar si esa cantidad de dinero es mucha, regular o insignificante? Muy simple. Basta con compararla con la estimación que se hace del otro lado de la frontera. Según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (marzo de 2010), en México se lavan anualmente un promedio de 25 mil millones de dólares.

Así que si las cuentas no mienten, lo decomisado por la Sedena a lo largo tres años y medio equivale apenas al 0.6 por ciento de lo que los cárteles lavan en un año y al 0.17 por ciento de los 87 mil 500 millones de dólares que habrían lavado a lo largo de tres años y medio.

5. La muerte de Ignacio Coronel, lugarteniente de El Chapo, ¿es una buena o mala noticia? Depende cómo se observe. Si se hace desde la perspectiva del combate al crimen organizado es una buena noticia.

Fortalece, además, la imagen del gobierno de Calderón en dos registros: uno, porque se trata de un capo mayor; dos, porque contradice las denuncias -de diversa procedencia- de que había un arreglo entre instancias del gobierno federal y el Cártel del Golfo.

Pero desde otra perspectiva las cosas son diferentes. La advertencia es generalizada. La desaparición de Nacho Coronel abrirá una disputa por el control de la plaza, es decir, la ciudad de Guadalajara, y los niveles de violencia se dispararán. Esto ya había venido ocurriendo desde hacía unos meses. Pero es evidente que la espiral se acelerará.

El problema está en que no hay evidencia ni elementos para suponer que las autoridades estatales y federales tendrán la capacidad de imponer orden. Así que la segunda ciudad del país podría entrar en una dinámica similar a la de Monterrey.

6. ¿Qué se puede esperar en el corto y mediano plazo? Nada bueno. La correlación de fuerzas no es favorable al Estado. La capacidad económica y de fuego de los cárteles no ha sido tocada. Ahí están las cifras: 25 mil millones de dólares anuales y un tráfico ilegal de 2 mil armas diarias -muchas de ellas sofisticadas y de alto poder. Todo eso se traduce en una capacidad de corrupción e intimidación enorme o, para fines prácticos, ilimitada.

A lo que hay que agregar que los cárteles tienen enormes posibilidades de reclutamiento. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que 150 mil personas están directamente implicadas en el negocio del narcotráfico y otras 300 mil en el cultivo y procesamiento del opio y la marihuana.

Pero no sólo eso. Hay una cultura del narcocorrido y una enorme cantidad de jóvenes dispuestos alistarse por un salario de 2 mil pesos semanales -tal como lo relató uno de los sicarios que ejecutaron a la subprocuradora de Chihuahua hace unas semanas.

¿Y del otro lado? Policías municipales inexistentes. Mandos estatales corrompidos. Gobernadores atemorizados o pasmados. Una Policía Federal sometida a ataques y, por supuesto, las Fuerzas Armadas, que resultan insuficientes.

No hay, pues, razón para el optimismo. Por eso urge replantear toda la estrategia.

Frente a los violentos

Carlos Puig
masalla@gmail.com
Historias del Más Acá
Milenio

¿Cómo se debe cubrir, cómo se deben contar las historias, cómo se debe hacer periodismo de un fenómeno, de un grupo de personas al margen de la ley que, si pudiera, terminaría con el periodismo que uno quiere hacer?

La pregunta no es nueva en el mundo; para nosotros la respuesta es urgente.

En Estados Unidos se la plantearon el 11 de septiembre de 2001 y con más crudeza cinco meses después cuando el periodista Daniel Pearl, de The Wall Street Journal, fue secuestrado en Pakistán y asesinado un mes después tras una serie de demandas no cumplidas por parte del gobierno estadunidense.

Se lo plantearon también en Estados Unidos cuando Ted Kaczynski, el asesino llamado el Unabomber, exigió la publicación de un manifiesto en la prensa nacional con la amenaza de seguir matando.

Se la plantearon los periodistas en Colombia cuando los cárteles de la droga enfocaron su violencia contra periódicos y periodistas. Cuando mataron a Guillermo Cano, destrozaron El Espectador o secuestraron a Francisco Santos, por nombrar sólo algunos de los casos más relevantes.

Se la han planteado los periodistas en la España democrática, donde la violencia de ETA ha atacado e intimidado a medios de comunicación y periodistas que no le son afines, que no cuentan “su historia oficial”. Cuando el grupo separatista ha atacado a la televisión pública vasca o a la Universidad de Navarra. Cuando han enviado paquetes bomba a periodistas de medios no vascos en el País Vasco.

Los periodistas de estos tres países enfrentaron una nueva circunstancia y tenían viejos cánones; con añejas certezas y axiomas inservibles para los nuevos fenómenos. Sometieron sus verdades de manual al escrutinio de las nuevas realidades y llenos de dudas fueron construyendo nuevos paradigmas.

Convengamos lo siguiente: las acciones de violencia contra el periodismo buscan despojarlo de su más importante poder: ejercer todos los días en plena libertad su oficio, sobre todo decidir, con base en criterios profesionales, qué y cómo contar las historias de interés público. No existen para los violentos las armas cotidianas del oficio, la de la información verificable, la crítica o el escrutinio. En el México de hoy es comprobable que ahí donde reinan los violentos y sus reglas, el periodismo ha muerto.

La situación extrema que hoy viven regiones del país se ha topado, lamentablemente, con un gremio desunido y poco solidario. Confundido entre el recelo, la mezquindad y la sana competencia. Ambiente propicio para quien viene intimidando hace años con una llamada amenazante, una bombita casera, algún asesinato aislado en una población alejada, un secuestro, una extorsión.

Ante las cabezas sin cuerpo, las mantas sin autor verificable, las matanzas, las presentaciones cotidianas de presuntos “capos”, la violencia que nos invade, pues; cada medio, cada periodista, viene actuando y decidiendo sólo. A veces con argumentos de rancio academicismo, a veces por la búsqueda desesperada de audiencia disfrazada de servicio al público.

Cada uno desde su trinchera. Aislados.

El agua está llegando a los aparejos.

Hoy en día, el grupo de profesionales con el que trabajo todos los días, los colegas con los que hablo, tenemos más dudas que certezas; la única, tal vez, es que no sirven las viejas respuestas, y que es hora de pensar y repensar cómo hacemos lo que hacemos.

35 directores de medios colombianos, más cercanos a nosotros y nuestro dilema, después de muchos muertos, muchos silencios, decidieron en noviembre de 1999 firmar el Acuerdo de la Discreción que reproduzco.

Conscientes de la responsabilidad social de nuestro oficio, los profesionales de los Medios de Comunicación de Colombia nos comprometemos con este Acuerdo por la Discreción, porque queremos contribuir al logro de la paz, al respeto de la vida y a la búsqueda del bien común.

1. El cubrimiento informativo de actos violentos —ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos— será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

3. Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

6.Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos.

Preferimos perder una noticia antes que una vida.


Aquí ¿qué hacemos? ¿Quién convoca? ¿Cómo debatimos? ¿Qué firmamos? ¿Cómo aseguramos que nuestro oficio siga siendo nuestro?

Mantener firme una buena decisión

Julio Faesler
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com
Excélsior

Como resultado de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el SME no es ya sino un fantasma.

Pocas acciones del gobierno de Felipe Calderón han merecido un aplauso tan generalizado como fue la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El gobierno no debe vacilar en completar la obra iniciada.

Mantener a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sería confirmarle su control sobre los cuantiosos bienes patrimoniales y los dineros en efectivo del sindicato y sostenerle su poder político en una fase particularmente importante en la historia nacional como es la de los comicios de 2011 y del año siguiente.

Como resultado de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el SME no es ya sino un fantasma, cascarón legal, pero es titular de un patrimonio que según datos oficiales tiene un valor en libros de 8 mil millones de pesos. El Sindicato es propietario de al menos 22 inmuebles en el DF, los estados de México, Morelos e Hidalgo, ahí están la sede central del Sindicato en la Avenida Insurgentes, las oficinas en Antonio Caso, con su gran mural de David Alfaro Siqueiros, los gimnasios, canchas de baloncesto, deportivos en Villa Coapa, Azcapozalco, Cuernavaca y Pachuca, una escuela técnica y predios en Toluca, DF y Pachuca. Más las cuotas, fondos de pensiones y de vivienda y cuentas bancarias congeladas.

El secretario general y el tesorero administran los bienes del sindicato. Para venderlos se requiere un poder notarial avalado por los secretarios del Interior y del Trabajo del gremio, previa aprobación de una asamblea extraordinaria. El producto se repartirá entre los miembros con derechos pudiendo recibir cada uno 90 mil pesos en promedio.

Esto es lo que está en juego. Es evidente que en la mesa de diálogo de alto nivel convocada por el nuevo secretario de Gobernación, Martín Esparza usará todos los medios a su alcance, movilizaciones y bloqueos, para obtener de la Secretaría del Trabajo la "toma de nota" que lo reconozca como secretario general. Esto le permitiría manejar a su arbitrio una asamblea extraordinaria, dominada por su grupo, que le autorizase a disponer del patrimonio sindical. Tantos millones de pesos antes mencionados, bien vale la pena hacer de su ambición un asunto de dimensión nacional.

Sería un grave retroceso que el gobierno, por cualquiera circunstancia o pasajera conveniencia, cediera a las amenazas de un líder reconocidamente corrupto y manipulador. De hacerlo, el presidente Calderón avalaría un caso más manipulación sindical que tanto atraso le ha costado al país en términos de desarrollo económico y competitividad.

Hay bases más que firmes para seguir de frente en el caso de Luz y Fuerza del Centro. Está primero el Decreto de Extinción perfectamente convalidado por la Suprema Corte, en segundo lugar, la generosa liquidación de los trabajadores que así lo solicitaron, y en tercer lugar, el ofrecimiento de incorporar a la CFE a los trabajadores liquidados que acrediten su capacidad laboral.

Es conocida la identidad de objetivos que ligan a Martín Esparza y a Andrés Manuel López Obrador desde que éste era el Jefe de Gobierno del DF. Confirmar a Martín Esparza como secretario general del SME y con ello su plena autoridad sobre el patrimonio del sindicato, es dotarle una determinante fuente financiera a AMLO al inicio mismo de su campaña presidencial recién lanzada en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo pasado.

No hay razón que pudiera justificar que la Secretaría de Trabajo expida la "toma de nota" a la directiva encabezada por Martín Esparza Flores por mucho que el gobierno federal quisiera mantener para los agitados tiempos que vienen el muy precario entendimiento con alguna de las fluctuantes fuerzas de la izquierda actual.

julio 30, 2010

México silenciado

Gabriela Warkentin
Directora del Depto. de Comunicación de la Ibero y de Ibero 90.9 fm.
Twitter: @warkentin
El Universal

Nada lejos el infausto día: lamentaremos la muerte del periodismo en México. ¿Habrá plañideras de la información? Un American Pie redivivo; el día en que la música murió, decía Don McLean, el día en que nosotros morimos. Ya habrá quien articule la elegía: un periodismo que se fue sin haberse acomodado del todo a los tiempos que corren, de velocidad, plataformas multiplicadas y simultáneas, audiencias participativas; sin haber tenido tiempo de voltear a ver bien a sus lectores, sus escuchas; sin sacudirse del todo la añoranza por los tiempos en que se hablaba a los iniciados, y sólo a ellos. Nuestro periodismo, al fin. Y un día se acabó; muerte prematura. La ruta parece trazada si no intervenimos al grito de ya: violencia y coacción acechan al periodismo, un apagón informativo a la vuelta de los días que quedan.

Los más recientes: cuatro periodistas privados de la libertad a su llegada a la Laguna. Con cautela se ha informado del hecho para proteger la vida de los que son; aunque en un mundo acelerado y de incontinencias declarativas, la historia salió a flote. El Comité para la Protección de los Periodistas ya se pronunció. Y tendríamos que decir: una vez más. Porque lo reciente se suma a la retahíla de muertes, atentados, amenazas que padecen muchos periodistas, comunicadores y medios en regiones del país, que se van expandiendo. De ahí el temor de que se imponga el silencio; porque habrá quienes bajen definitivamente la pluma. De ahí también la vergüenza de que se generalice la cooptación, incluso el secuestro de la pantalla: o transmites lo que yo quiero o ya no transmites. Cuentan amigos periodistas del norte del país que ésta es práctica común. Con algo de humor negro me dicen: nos hemos convertido en medios comunitarios, sí, pero de la comunidad criminal. Nada más que la pantalla seduce a todos, y ahora se busca presencia regional y, por qué no, nacional. El que esté a salvo que tire el primer control remoto.

Sugiero que comencemos por reconocer que no sabemos bien dónde estamos parados. El manazo del Ejecutivo no sirve de nada: su “dejen de hablar sólo de violencia” es un regaño que ofende. Deberíamos, en tal caso, voltear el dedo acusador: ¡que el Estado garantice la práctica informativa! Claro que la soberbia de algunos profesionales —“nadie tiene que decirnos cómo trabajar”— tampoco ayuda.

Como con toda enfermedad, hay que comenzar por reconocerla. Y luego asumir la necesidad de esfuerzos coordinados. Hay varios a niveles locales, como el Protocolo de Práctica Periodística de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, o los más recientes en el Distrito Federal. No es suficiente. Porque lo que hace falta es aquello para lo que los mexicanos, dicen, no somos tan buenos: trabajo en equipo, sí; coordinado, sí; a partir del reconocimiento de que no se resuelve solo, sí; con ganas de escuchar, escuchar, lo que otros dicen y han hecho, sí. Debatir.

¿Y si nos sentamos a la mesa? ¿Ya?

La muerte del periodismo será más que canción o elegía; será la cancelación de los derechos a la comunicación e información de nuestra democracia; será la constatación de que hubo un México barullero y hasta marrullero, en que se impuso lo segundo a expensas de lo primero. El deseo y la exigencia es que aparezcan, vivos y bien, los que hoy están desaparecidos. Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Pero ahí no acaba. Ya es hora de que nos indignemos en colectivo, tomemos el control de nuestras pantallas, nos hagamos nuevas y mejores preguntas. Desde algunas universidades y organizaciones convocaremos; ojalá se escuche.

EPÍLOGO: lo asesinaron mientras hacía su servicio social en la Huasteca hidalguense. Arturo Lavín, estudiante de Ingeniería Civil del ITESO. Su muerte, y la del Arturo Hernández, de Hábitat A.C., no son sólo una tragedia en sí mismas. Contribuyen a erosionar aún más la vocación solidaria que quisiéramos en los jóvenes. Reitero: es hora de que nos indignemos, ¡todos!

Colombia-Venezuela: una ruptura anunciada

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Se supone que los periodistas no debemos bajarle el dramatismo a ninguna noticia, pero debo confesar que no me desvela la decisión de Venezuela de romper relaciones diplomáticas con Colombia, ni tampoco la amenaza del Presidente venezolano, Hugo Chávez, de suspender las exportaciones de petróleo a Estados Unidos.

Pese a los grandes titulares sobre el conflicto colombiano-venezolano, diplomáticos latinoamericanos y estadounidenses me dicen en privado que la rencilla entre Chávez y el Presidente colombiano saliente, Álvaro Uribe, probablemente se calme -al menos por un tiempo- cuando el Presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, asuma su cargo el 7 de agosto.

Este último choque diplomático entre Venezuela y Colombia empezó la semana pasada, cuando el Gobierno colombiano convocó una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar videos, fotos y mapas acusando al Gobierno venezolano de dar refugio en territorio venezolano a mil 500 guerrilleros colombianos, y exigir una investigación regional del caso.

Chávez, en lo que algunos críticos definen como una maniobra para desviar la atención de la presencia de guerrilleros colombianos en su país, inmediatamente rompió relaciones diplomáticas con Colombia, y alegó que Estados Unidos y Colombia están creando excusas para invadir Venezuela. También amenazó con reducir las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos, que representan el grueso de los ingresos externos de su país.

¿Qué motivó a Uribe a llevar el caso ante la OEA apenas dos semanas antes de dejar la presidencia?

Existen dos teorías: que lo hizo para atarle las manos a su sucesor y obligarlo a mantener la línea dura de Colombia en materia de seguridad, o lo hizo como parte de un acuerdo secreto con Santos para ahorrarle al nuevo Presidente el problema de una confrontación directa con Chávez desde el principio mismo de su mandato.

La revista británica The Economist y muchos otros medios internacionales apoyan la primera teoría. "Uribe intenta socavar cualquier posible reconciliación de su sucesor con el Gobierno de Venezuela", afirma un titular de esa publicación.

Aunque Santos fue Ministro de Defensa de Uribe y llevó a cabo las operaciones más audaces que emprendió Colombia contra de la guerrilla, incluyendo el ataque a los campamentos de las guerrillas colombianas en Ecuador en 2008, en los círculos políticos colombianos circulan versiones de que los dos dirigentes se han distanciado en las últimas semanas.

Uribe, quien aún goza de altos índices de popularidad en Colombia, consideró hasta último momento la posibilidad de postularse para un tercer periodo presidencial, y Santos no fue su primera elección para la candidatura de su partido cuando los tribunales dispusieron que un tercer periodo presidencial sería inconstitucional.

Después de que Santos ganó las elecciones con un 69 por ciento de los votos, un porcentaje sin precedentes en el país, el Presidente electo se sintió suficientemente fuerte como para anunciar la designación de Ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura que no fueron del agrado de Uribe, según dicen políticos colombianos cercanos a los círculos del poder.

De acuerdo con la segunda teoría, el Gobierno saliente llevó el caso a la OEA para hacerle el trabajo sucio a Santos, y evitarle tomar medidas conflictivas desde el principio de su Gobierno.

Pero la mayoría de los diplomáticos extranjeros coinciden en que Santos encontrará la manera de desactivar la crisis una vez que asuma, aun cuando Venezuela siga negándose a permitir una investigación internacional de los campamentos guerrilleros colombianos.

Ambos países son mutuamente dependientes en el ámbito económico: Venezuela sufre de escasez de alimentos debido a sus desastrosas políticas económicas, y Colombia necesita mantener sus importantes exportaciones de alimentos a Venezuela.

"Para ambas partes hay motivos suficientes para resolver el conflicto", dice un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos. "Entre los dos países hay una relación económica simbiótica".

Mi opinión: esta última crisis diplomática pasará pronto, para volver a resurgir más tarde.

En 2008, Chávez amenazó con declararle la guerra a Colombia tras el ataque colombiano a los campamentos guerrilleros en Ecuador, y en 2009 Venezuela "congeló" las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia después de que Uribe autorizó a tropas estadounidenses el acceso a siete bases militares colombianas. Desde entonces, el comercio bilateral ha disminuido más del 70 por ciento.

Una vez que Santos asuma la presidencia, lo más probable es que veamos una tregua, y quizás una reanudación gradual del comercio bilateral. Pero la luna de miel entre ambos mandatarios difícilmente será duradera.

Santos no se quedará con los brazos cruzados mientras Chávez tolere campamentos guerrilleros colombianos en su territorio, y Chávez necesitará seguir presentándose como víctima de un supuesto complot estadounidense-colombiano para justificar sus medidas cada vez más totalitarias en el plano interno. Es una película que ya hemos visto varias veces, y nada indica que alguien cambiará el libreto.

Campañas anticipadas

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

Para mí, en la más reciente reforma electoral hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad.

La última reforma electoral ha sido muy controvertida: muchos de sus puntos han sido calificados de ineficientes, inaplicables o atentatorios de la libertad de expresión. Para mí, hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad. Está principalmente la limitación de publicidad política a los tiempos del Estado, modelo que no inventamos aquí, sino que es aplicado en varios países con bastante éxito (de Europa y América Latina, esencialmente). La idea era buscar equidad, para que aquellos candidatos y partidos con acceso a grandes empresarios no tuvieran una ventaja decisiva, sino que todos dispusieran de tiempo en los espacios mediáticos a partir, en todo caso, de su respectiva fuerza electoral. No me parece que haya en este caso un atentado a la libertad de expresión, como muchos acusan, sino a la libertad de comercio, que no es un derecho fundamental. Por eso, a este modelo no se le ve como contrario a la democracia en los países donde se aplica. Pero cuando no hay la menor voluntad de los actores (empezando por los políticos) de acatar un acuerdo, no hay ley que valga.

Por otro lado está la prohibición radical de que se usen recursos públicos para la promoción personal de funcionarios públicos con aspiraciones electorales, lo que también provoca inequidad (pues quienes no disponen de tales recursos, están en desventaja). Eso está prescrito en el artículo 134 de la Constitución que, sin embargo, no se ha reglamentado, por lo que su aplicación es prácticamente imposible. Ahí también, quienes han incurrido en recursos públicos para comprar "gacetillas electrónicas", por ejemplo, violentan la Constitución (presuntamente Enrique Peña Nieto y, en menor medida, Marcelo Ebrard). Que no se haya regulado hasta ahora sugiere que los propios partidos políticos no estaban tan interesados en poner ese límite, y de ahí que lo hayan dejado en el limbo legal.

Por otro lado, se ha dicho que la prohibición a las campañas negativas representa también un atentado a la libertad de expresión, generando además una gran cantidad de demandas y contrademandas que sofocan a las autoridades electorales, que tratan de poner límites, inevitablemente borrosos, entre lo que se puede decir y lo que no. Me parece que, en efecto, tales disposiciones son absurdas y atentatorias a la libertad de expresión. Las campañas tienen un aspecto informativo, cuando los rivales se sacan trapos al sol que quizás el electorado desconozca o no recuerde, y ayudan a orientar el sufragio. Si se incurre en calumnia, que se vaya por las leyes civiles. Mejor que los ciudadanos decidan ante lo que oyen, que los infamados se defiendan con argumentos y hechos, y que los partidos cosechen en las urnas los saldos positivos o negativos de sus campañas negras.

Viene finalmente la prohibición de actos anticipados de campaña, de lo cual se acusa ahora a Andrés Manuel López Obrador, a raíz de su acto en el Zócalo donde reitera su pretensión de participar en 2012. El Cofipe en su artículo 228 define como acto de campaña "las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos (actos) en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas". El acto obradorista en el Zócalo cae en esa definición, sin duda. ¿Está prohibido hacerlo ahora? Dice el artículo 211-3, de la ley electoral: "Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna, convocados por cada partido, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas". Aplica. La sanción correspondiente es severísima: "La negativa de registro como precandidato". El IFE ha dicho que actos de campaña anticipada son considerados como tales si son sistemáticos, y no aislados. Depende, como siempre, de cómo se interprete la ley. Aunque tales preceptos estén pensados en términos de equidad, me parece excesivo que nadie pueda ventilar, en el momento que considere adecuado, que aspira a un cargo de elección, sea en entrevista, en un artículo o frente a sus simpatizantes. La ley electoral hace agua por varios lados: tenemos a un presunto infractor, como López Obrador, pero por otro lado a Enrique Peña Nieto, haciendo en los medios una promoción -esa sí sistemática- pero disfrazada de notas informativas. Basta con que él no diga literalmente (ni hace falta) que aspira a la Presidencia en 2012 para librarse de las sanciones. Es absurdo.

Tomo nota de la toma de nota

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

En México nos da por adoptar expresiones lingüísticas muy extrañas y las incorporamos alegremente al habla cotidiana y, sobre todo, a la corrompida jerga periodística. Decimos así que un juez “obsequió una orden de aprehensión” (madre mía, el refrán popular sentencia que al caballo regalado no se le examinan los dientes pero un obsequio así, de merecerlo yo algún día, no me gustaría aceptarlo por ningún motivo), bramamos también que los coches corren por la “carpeta asfáltica”, mascullamos que la “mancha urbana” está invadiendo suelos de sufridos campesinos (terminará, en efecto, por penetrar, la tal mácula, los territorios libres y soberanos de San Salvador Atenco, aunque sus pobladores esgriman machetes para que la comarca “siga en pie de lucha”), farfullamos que “la carga vehicular” es muy alta —o muy intensa o muy “pesada” (pues sí, como suelen ser habitualmente las cargas)—, balbuceamos que hay una “contingencia ambiental” (un disparate del tamaño de una mansión de líder sindical porque, digo, una contingencia, según estipulan legalmente los diccionarios del castellano que nos impuso el conquistador, es, primeramente, la “posibilidad de que suceda algo” o, mira tú, de que “no suceda” y, en otra acepción muy cercana a la anterior, una contingencia es una “cosa que puede suceder o no suceder”; ustedes dirán, entonces, si las susodichas “contingencias ambientales” ocurren cuando suceden o si dejan de ocurrir porque se da la posibilidad de que “no sucedan” y, de paso, me explican lo que son) y gruñimos, sobre todo en estos últimos tiempos, una locución incomprensible pero que, por lo visto, está plenamente entendida, y sobreentendida, en los ámbitos laborales-sindicales: hablo, ya se habrán ustedes dado cuenta, de la famosa “toma de nota”, esa manzana de la discordia que intentan mordisquear a la vez los acojonados negociadores del supremo Gobierno y los avispados pandilleros de la camarilla que lidera el señor Martín Esparza.

He logrado deducir que esta combinación de vocablos significa, en cristiano, que se debe reconocer, oficialmente, al antedicho don Esparza como jefazo indiscutible del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora bien, ya puestos a descifrar enigmas y a disecar terminajos, que me aclaren, también, cómo es que un tipo que no ganó las elecciones internas en su organización obrera a pesar de las trampas que hizo (y que, justamente por no conseguir ser elegido en buena ley, no obtuvo el reconocimiento de las autoridades laborales) puede ahora usar la referida “toma de nota” como moneda de cambio y, peor aún, cómo es que los representantes del Gobierno le confieren siquiera la condición de interlocutor válido. Pero expónganmelo con palabras claras, simples, fáciles y sencillas, por favor. Gracias.

Se ganó una escaramuza, perdiendo la guerra

Ana María Salazar
amsalazar@post.harvard.edu
Twitter: @amsalazar
Analista política
El Universal

Se ganó una escaramuza esta semana, pero se perderá la guerra a largo plazo. Llego a esta conclusión al analizar todos los eventos relacionados con la ley SB1070 de Arizona. Y es que, aunque sin respaldado legal, el espíritu y los objetivos de la SB1070 no sólo siguen vivos, además crecen cada día: Se incrementa el hostigamiento abierto en contra de los indocumentados, sus familiares y amigos buscando que se reduzca dramáticamente el flujo de personas buscando vivir y trabajar en los EU.

No debemos subestimar la importancia de la decisión de la juez federal Susan Bolton de suspender temporalmente la implementación de tres de los artículos más controversiales de la llamada ley “anti migrante” de Arizona; recordemos que hubo aspectos importantes y preocupantes de esta ley que entraron en vigencia este jueves, incluyendo considerar un delito que se transporte o refugie a indocumentados o se les aliente a vivir en Arizona. Este artículo en particular es catastrófico para familias y comunidades donde algunos de sus integrantes tienen documentos para vivir en EU y otros no. Todos los empresarios que contratan a indocumentados también podrían estar corriendo el riesgo de enfrentar un proceso penal por transportar a sus trabajadores.

También debemos recordar que la decisión de la juez es sólo el inicio de un prolongado debate legal que pasará por varias instancias y muy probablemente será revisada en algunos años. Sí, la batalla legal podría durar años sin tener claridad si al final del camino los jueces de la Suprema Corte encuentren constitucional esta ley SB1070.

En México, es importante entender que la válvula de escape que representaba la migración de mexicanos a los EU se cerró. No se puede pensar que en los siguientes años, aunque mejore dramáticamente la economía de los EU, podría regresarse al esquema actual que podríamos calificar de hipócrita en lo que respecta a ambos países.

En este momento, la política de empleo y de desarrollo estaba basada, en buena medida, en que, por lo menos, medio millón de mexicanos se cruzarían anualmente a buscar trabajo en EU, y la economía de los vecinos del norte se beneficiaría ampliamente de los salarios bajos y escasas prestaciones para estos trabajadores “ilegales”.

Durante la administración Obama, las redadas antiinmigrantes se han multiplicado sin publicidad. Según el Buró de Inmigración y Aduanas (BIA), más de 400 mil extranjeros fueron o están en camino de ser repatriados en lo que va del año. La debilitada ley SB 1070 incrementó la presión de deportar aún más personas por el ambiente político que se vive en EU.

La decisión de la juez Bolton se espera reduzca la aprobación de legislaciones como la SB 1070, no obstante la verdad es que, desde el 2006, las legislaturas locales han aumentado en un 50% el número de iniciativas para regular la migración, muchas abiertamente anti-migrantes.

Las posiciones de ambos países no se han prestado para hallar una solución jurídica viable, que sería legalizar un porcentaje importante de los 16 millones de indocumentados que están en EU y crear un esquema de visas de trabajo. Las actuales tendencias anti-migrantes en EU están enfocadas a representar a los indocumentados como “criminales” por ser “ilegales”. En México seguimos insistiendo en un “derecho” de trabajar, porque para la economía de EU “somos indispensables”.

La verdad es que tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata. Son igualmente culpables los que contratan a los indocumentados y, por lo tanto, deberían de recibir el mismo tratamiento de “criminales.” Desafortunadamente, en México no hemos querido entender que simple y llanamente no quieren más mexicanos.

Lamentablemente México no tiene en este momento mucha autoridad moral para argumentar la protección de derechos de sus connacionales en el exterior, ante la realidad de que estos mismos derechos no se respetan en México. Que le pregunten a los indocumentados centroamericanos. Es más, siendo más claros ¿Alguien quiere hablar a favor de cómo la policía mexicana respeta los derechos de los ciudadanos en general?

La relación entre México y EU en estos momentos me recuerda a una pareja que quiere divorciarse, en donde se conocen muy bien, pero parecería que son incompatibles como pareja. Los dos se están peleando por la casa y los bienes, pero también es imposible que se separen por los intereses económicos y familiares que los unen.

No se ve una “reconciliación” en corto plazo.

El secuestro de Diego

Carmen Aristegui F.
Reforma

Del conjunto de hipótesis que se podían plantear en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, la mayoría se han desechado. De entre las dos más fuertes, prevalece la de un secuestro, sí económico, pero con trasfondo ideológico-político. La otra línea hipotética abierta es la de un secuestro con fines de intercambio de personas. Esta línea se ha debilitado por las más recientes informaciones. Hay que decir, sin embargo, que los supuestos de la hipótesis ahora debilitada no han quedado clarificados con suficiencia por las autoridades. Se llegó a pensar que a Fernández de Cevallos se le había llevado en respuesta a la detención de Ignacio Coronel, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa, en un operativo realizado en Jalisco horas antes del secuestro de Fernández de Cevallos. Se pensó que podrían los delincuentes plantear al gobierno un intercambio de rehenes. En esos mismos días se detuvo y liberó -también en cuestión de horas- a la ex esposa de El Chapo Guzmán en medio de un enorme operativo realizado en Culiacán, mismo que terminó con un brevísimo comunicado oficial en el que se anunciaba la liberación de la señora, simple y llanamente "con las reservas de la ley". Detener a la madre de los hijos de El Chapo para liberarla en sólo algunas horas lo único que dejó tras de sí fue una espesa estela de dudas. Era la misma semana en que Felipe Calderón hacía la primera y única visita de Estado que tendrá con el gobierno de Obama. Calderón fue recibido con severas críticas de la prensa estadounidense -que incluyeron reportajes de la Radio Pública Nacional- que lo acusaban de instrumentar una estrategia con claro sesgo a favor del cártel de El Chapo Guzmán. Las fechas, el contexto y la simultaneidad de estos elementos -amén del hermetis- mo oficial- hicieron posible imaginar que el gobierno mexicano, necesitado para su visita de demostrar que no tenía tal sesgo, pudo haber realizado estas acciones para intentar sacudirse la sombra de la acusación.

Hasta ahora ninguna voz oficial ha confirmado ni desmentido esta versión de ese operativo. Sólo el secretario de Gobierno de Jalisco habló del suceso, sin después confirmar pero tampoco desmen- tir el sentido de sus declaraciones. Apenas hace unos días, Proceso dedicó su portada precisamente a Nacho Coronel, a quien ubicó como un "capo en ascenso". El artículo de Ricardo Ravelo daba cuenta de informaciones sobre el poder adquirido por el capo, lo que hace suponer a la DEA y al FBI que podría crear su propio cártel en corto tiempo. En 20 años, informan las fuentes de Ravelo, se convirtió en el cuarto hombre más importante del cártel de Sinaloa (el más poderoso del país y de Latinoamérica). Es claro que las críticas al gobierno de Calderón sobre su presunta inacción y protección a este cártel lo han sometido a una presión internacional cada vez mayor.

La hipótesis fortalecida de un secuestro económico pero realizado por motivaciones político-ideológicas contó en estos días con mayores elementos para sostenerse. El periodista José Cárdenas publicó el viernes pasado, en El Universal, información de alto nivel, donde informaba que los plagiarios son un grupo guerrillero extremista asentado en la zona del Bajío y dependiente del ERPI. Un fin de semana después, Cárdenas recibió en su cuenta "el boletín #2" cuyo remitente dice "misteriosos desaparecedores", una carta por Fernández de Cevallos -fechada el 10 de junio, aniversario de la matanza de estudiantes de 1971- y una segunda fotografía sosteniendo el número 1751 de Proceso del 23 de mayo de 2010. La portada muestra la foto del "jefe Diego", y el contenido se refiere a la "historia negra" del ex legislador. La carga crítica de la revista, implacable, parece haber sido utilizada como una señal -sin responsabilidad para Proceso- del signo político e ideológico de esta acción.

De último momento, justo al terminar este artículo, la noche de ayer, el Ejército anunció la muerte de Ignacio Coronel en un operativo militar realizado en Zapopan, mismo lugar donde habría ocurrido el operativo nunca confirmado ni desmentido horas antes del secuestro del ex legislador.

La caída de Nacho Coronel

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Hablamos de uno de los principales capos del narcotráfico en el país desde hace muchos años: su nombre ya era conocido en los 90.

La caída de Ignacio Nacho Coronel es un golpe durísimo para el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de uno de los principales capos del narcotráfico en el país desde hace muchos años: su nombre ya era conocido a principios de los 90, cuando se convirtió en uno de los principales operadores de Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, en Ciudad Juárez. Desde entonces, Nacho Coronel, nacido en Durango, había controlado la ruta que llega de Sinaloa a Ciudad Juárez cruzando por el triángulo dorado, donde confluyen Chihuahua, Durango y Sinaloa. Esa capacidad operativa le otorgó rápidamente preeminencia en la organización que encabezaba Carrillo Fuentes.

A la muerte de éste, Nacho Coronel fue uno de los encargados de realizar un profundo ajuste de cuentas en la organización y de establecer los nuevos mandos y los repartos de territorio. En ese camino fue cuando se afianzó en la plaza de Guadalajara, desde donde controlaba Jalisco, pero también toda la zona del Pacífico, incluidos Colima y Nayarit, plazas clave del cártel en la producción de marihuana, pero sobre todo para el nuevo negocio de la introducción de metanfetaminas y otros productos destinados a hacer drogas sintéticas, el mejor negocio de esa organización desde hace años.

Luego de la fuga del ChapoGuzmán y en la medida en que se iba dando el distanciamiento entre los herederos directos de Amado Carrillo con los nuevos jefes de la organización, Coronel fue parte de esos nuevos mandos: El ChapoGuzmán, IsmaelEl MayoZambada, Coronel y Juan JoséEl AzulEsparragoza tomaron una suerte de control colegiado del cártel al que aspiró a sumarse plenamente Héctor Beltrán Leyva, quien controlaba Sonora y buena parte de la seguridad y la operación de todo el grupo. No hubo ese espacio para los Beltrán y comenzó, hace casi tres años, el enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa, con todos sus aliados en buena parte del país, y la alianza que formaron los Beltrán Leyva, Los Zetas y el cártel de Juárez, de Vicente Carrillo, con la organización que ahora conocemos como La Línea. Buena parte de los más de 20 mil muertos que se han dado en estos años han sido producto de los ajustes de cuentas de estos grupos.

Paradójicamente, Jalisco, y la ciudad de Guadalajara en particular, se habían mantenido ajenos a estos enfrentamientos, a la violencia que azotaba otras regiones del país. Para muchos la razón estaba en el férreo control que tenía Coronel sobre esa plaza. Adicionalmente, Coronel se había encargado, también desde tiempo atrás, del control financiero de buena parte de los recursos de la organización. Esa suma de control territorial, así como el acceso a los puertos de entrada de buena parte de la droga que comercializaba el cártel, y de los recursos, le otorgaron un enorme poder.

Pero ese control comenzó a resquebrajarse tanto en Nayarit como en Colima, se reflejó cada vez más en Jalisco y comenzaron no sólo los enfrentamientos sino también la pérdida relativa de control de Nacho Coronel en su territorio.

Simultáneamente, la inteligencia militar (el Ejército Mexicano ha asumido desde hace ya tiempo la tarea de combatir en forma directa al cártel de Sinaloa) comenzó a presionar a Coronel y se resquebrajó también su esquema de seguridad. Hace unas semanas fue asesinado uno de sus hijos en Nayarit y él mismo comenzó una serie de ajustes de cuentas que hicieron mucho más evidente su presencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido no hacer públicos los procedimientos operacionales que le permitieron llegar hasta Coronel, pero ha destacado, primero, que desde hace tiempo venían realizando un seguimiento riguroso de inteligencia contra el capo; también, que su localización e intento de captura (Coronel murió cuando intentaba escapar de una de las dos casas de Zapopan que utilizaba como su base de operaciones) fue una obra exclusiva de la inteligencia militar: en el operativo no participó ninguna otra fuerza federal y mucho menos de los estados, y tampoco hubo, en este caso, ningún tipo de colaboración con alguna fuerza de inteligencia externa, internacional.

A diferencia de otros capos, Nacho Coronel no utilizaba fuertes dispositivos de seguridad para preservar su integridad. Solía estar, como lo estaba cuando ocurrió el enfrentamiento que llevó a su muerte, sólo con un custodio y prefería manejarse con un bajo perfil, hasta ayer a las 13:30 horas, cuando las fuerzas militares se aprestaron a detenerlo: con su muerte el cártel de Sinaloa sufría el golpe más fuerte del sexenio.

A la misma hora, si usted cree en las casualidades, llegaba el presidente Calderón a Guadalajara, para una reunión con empresarios y a inaugurar, en la noche, el estadio de las Chivas.

¿Nos toca resolver nuestra crisis de los rehenes?

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Han sido 72 horas extenuantes. Ayer al mediodía nos informaron que uno de los periodistas tomados como rehenes por un grupo de narcotraficantes de la Comarca Lagunera acababa de ser liberado. Lloramos de alegría, un minuto. Un minuto nada más, porque el resto del grupo sigue retenido. Además, no podemos dar la noticia. Salir, gritar que ya está libre, que está bien. Hay que esperar a que “otro medio” lo haga, porque hay notas que uno no puede dar.

La tarde es de señales cruzadas. ¿Por qué quedamos en medio de una situación así? ¿Qué es esto de que si transmitimos una imagen liberan a nuestro compañero rehén; pero si no lo hacemos, lo matan; o si lo hicimos, no lo sueltan; o si lo volvemos a hacer, quién sabe qué carajos pasará?

Esa no puede ser una tarea nuestra. Un medio de comunicación no está diseñado ni equipado para negociar una toma de rehenes.

Con Carlos Marín coincidimos en que el Estado mexicano tendría que asumir al cien el manejo de esta crisis, que no es de televisión, sino de seguridad nacional. Tendría que intervenir nuestra señal en este tema. Y anunciar que ha intervenido nuestra señal en este tema y sólo en este tema.

Y que sea el Estado, no nosotros, el que resuelva si se transmite o no una imagen que vale la vida de uno, dos, tres, cuatro periodistas, y que puede desencadenar quién sabe qué violencia. Que el Estado asuma esa responsabilidad: no sólo la policiaca, también la política. Y que cuando haya un desenlace, el Estado regrese a lo suyo.

Sirva la crisis de La Laguna para sentar un precedente. Nunca más un dueño, o un director de periódico o de un canal de televisión, en el centro de la negociación de una toma de rehenes.

julio 29, 2010

'Carro completo' por Paco Calderón



Tres negociaciones peligrosas

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Ninguna decisión de este gobierno tuvo tanto apoyo social como la desaparición de LyFC: ¿qué lógica puede tener echarse para atrás?

Tres negociaciones peligrosas que, en realidad, son cuatro, pero una es clandestina. La primera es la del gobierno con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvieron un primer encuentro en Gobernación el lunes en la noche y nadie sabe en realidad qué se trató: una vez más se dejó que la vocería del encuentro la tuviera Martín Esparza, que tampoco se sabe bien a quién representa, pero que quiere la toma de nota de su comité ejecutivo para apropiarse de los recursos que están congelados: se ha dicho que estos suman más de 400 millones de pesos, pero esas son sólo las cuentas bancarias, lo suculento viene en las propiedades que en total suman unos siete mil millones de pesos.

Esparza se dijo convencido de que recibirán la toma de nota. No existe argumento legal alguno que pueda respaldar ese optimismo del controvertido líder sindical. Más de la mitad de los trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro ya se liquidaron, los seguidores del "líder" son cada vez menos, ha quedado en claro que no hubo ninguna huelga de hambre y que todo fue un engaño que sectores del gobierno, algunos partidos y medios aceptaron ingenua o maliciosamente. Y que varios miles de supuestos trabajadores de LyFC simplemente parece que no existían y que como los salarios se pagaban en efectivo y la distribución la controlaba el sindicato, simplemente se iban a los bolsillos de los líderes. No hablamos de poco dinero: la empresa nos costaba 40 mil millones de pesos al año.

Pero además, si finalmente por medio de una negociación con el SME se da la toma de nota a Esparza, el gobierno federal se enfrentará a una crisis interna, de menor o mayor magnitud, pero que será tan inocultable como aquella que llevó al entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont a renunciar a su militancia en el PAN. Con un agravante: ninguna decisión de esta administración tuvo tanto apoyo social como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro: ¿qué lógica puede tener echarse para atrás en lo que ha tenido mayor respaldo social?, ¿qué puede trascender ese hecho como para negociar con la gente de Esparza? ¿Qué están negociando en Gobernación con el SME? Nadie lo sabe y eso no es una buena señal.

La segunda negociación se ha dado en Veracruz. Javier Duarte es ya el gobernador electo del estado, ha recibido la constancia de mayoría y la correspondiente llamada del presidente Calderón. Ya se rumora que Miguel Ángel Yunes regresa a una posición en el gobierno federal y, más importante, Duarte ya designó como su coordinador en el proceso de transición nada menos que a Tomás Ruiz, un funcionario hacendario que fue parte central del proyecto de Nueva Alianza con Elba Esther Gordillo y que tiene excelentes calificaciones profesionales. No sé si la relación de Tomás con la maestra sigue siendo tan cercana como lo fue en el pasado, creo que no, pero la señal política es evidente, porque Ruiz también es cercano a buena parte del equipo económico de la actual administración federal. Ruiz sería un hombre confiable para el gobierno federal en la administración de Duarte. Y puede haber otra sorpresa si el ex procurador general de la República, el general Rafael Macedo de la Concha, finalmente aparece como el responsable de la seguridad pública en el estado. Sería otro mensaje con demasiados destinatarios.

Una tercera negociación se ha dado en otro ámbito, el de la seguridad, en un tema que parece menor, pero que es eminentemente político. El Sistema Nacional de Seguridad Pública anunció que el ICESI, este instituto privado, que encabeza Luis de la Barreda, y en el que participan desde instituciones empresariales hasta universidades públicas y privadas, ya no realizará las encuestas sobre delincuencia y seguridad en los estados y que las mismas las efectuará el INEGI. No es que el ICESI cumpliera mal con su tarea: el problema es que lo hizo muy bien y demostró cuáles eran los verdaderos índices delictivos en las distintas entidades. A muchas, en primer lugar el DF, no les gustó lo que se reflejaba en el espejo y la decisión fue entonces evitarse problemas y dejar al ICESI de lado. Los índices delictivos también terminaron siendo parte de una negociación.

Y hay una cuarta negociación que es clandestina y delincuencial, pero que también es política. La del secuestro de Diego.

¿Cómo dijo?

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Las elecciones del 4 de julio han fortalecido al Presidente. Sus ganancias son notorias. Las he revisado antes en este espacio:

Tiene un mecanismo creíble, la alianza con el PRD, para competir al PRI en las elecciones mexiquenses de 2011, final anticipada de las presidenciales de 2012.

Tiene, por primera vez en su sexenio, a la izquierda sentada a la mesa, dispuesta a negociar y romper el antiguo diálogo único con el PRI.

Tiene en la mano a su propio partido, el PAN.

Tiene un secretario de Hacienda disciplinado políticamente, arma fundamental de litigio de poder con los gobernadores.

Se ha quedado con la presidencia de la Cofetel, que regula el sector más dinámico de la economía del país y el más pendiente de decisiones.

Tendrá una cadena de televisión única, por la expansión del Canal 11. Y la economía está creciendo.

¿Qué hacer con ese nuevo poder?

El Presidente ha convocado, por lo pronto, a revisar la estrategia de seguridad para volverla una estrategia de todas las fuerzas políticas.

Me parece que no sería un mal momento para relanzar también su decálogo de reformas de septiembre del año pasado y dar a sus últimos meses de gobierno una clave reformadora más que electoralista.

Parece un buen momento para recordarle al país, a los adversarios políticos y a sí mismo, que hay cosas en qué aplicarse además de las estrategias electorales para el 2012.

Me atrevo a pensar que la mejor estrategia hacia el 2012 para este Calderón fortalecido no es poner el énfasis en la puja electoral, sino, otra vez, en las reformas que México necesita, el horizonte de cambios ante el que deben definirse las fuerzas políticas.

No creo que haya tiempo para legislar estas reformas, pero es buen momento para sembrar en el vacío programático de nuestra política un horizonte deseable, un rumbo.

No hay mucho que inventar en la materia: los problemas grandes de México y sus soluciones están más o menos a la vista. También parece claro el costo de no poner manos a la obra. Pero hay mucho que decir y repetir a este propósito.

Harry Truman decía: si quieres ganar las ocho columnas con un dicho tienes que repetirlo ocho veces.

¿Alguien recuerda el decálogo de Calderón? Yo he tratado, sin éxito, de recordarlo de memoria. ¿Qué decía? ¿Cómo dijo?

El país está ávido de propuestas y harto de políticos en campaña.

“Toma de nota”

Alfonso Zárate Flores
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

“Es la causa y no la muerte la que hace al mártir”: Napoleón Bonaparte

La camarilla que dirige al SME —un sindicato que, amparado en un discurso radical y en la agitación permanente, ordeñó sin recato a Luz y Fuerza del Centro— está a punto de alcanzar uno de sus propósitos mayores: la “toma de nota”, que le permitiría disponer de los cuantiosos recursos sindicales.

Cuando la vida de algunos de los huelguistas de hambre del SME entró en zona de riesgo y para evitar que una muerte absurda se cargara a la cuenta del gobierno de Felipe Calderón, disparara movilizaciones y protestas violentas y propiciara la censura de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, los negociadores del gobierno federal (el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el del Trabajo, Javier Lozano) aceptaron revisar la documentación para, quizás, encontrar que no hay impedimento legal para reconocer a la directiva que encabeza Martín Esparza.

Los excesos de la organización sindical y la debilidad tanto de las direcciones del organismo Luz y Fuerza como del gobierno a lo largo de muchas décadas hicieron del organismo un barril sin fondo que consumía los recursos públicos que cada año se entregaban a esa empresa sin remedio. Un sindicato maximalista y gobiernos irresponsables, a quienes les resultaba más cómodo ir cediendo en vez de poner límites razonables a las demandas laborales, le hicieron un boquete mayúsculo a las finanzas públicas.

Ante la decisión gubernamental de decretar la desaparición del organismo, el SME recurrió a todas las instancias legales, incluida la Suprema Corte de Justicia, y fue perdiendo uno a uno sus recursos; usó sin éxito todos los espacios para defender “su verdad” y, al final, sólo le quedó la presión política: las movilizaciones iracundas, los sabotajes “hormiga” y la huelga de hambre: una medida extrema por una causa menor.

La aparente decisión gubernamental de ceder en una de las demandas —la “toma de nota”— abre riesgos mayores porque anticipa la posibilidad de que esos u otros huelguistas regresen a esa forma de lucha, ahora para reclamar que los acoja la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como “patrón sustituto”. Pero hay otro riesgo: que otros grupos aprendan la lección y entonces bastará con que animen a unos cuantos a jugársela (o a simular que se la juegan) para poner contra la pared a las autoridades. En un país como el nuestro, lastimado por la inequidad y la pobreza, las “causas” sobran.

Aunque no son los únicos en el país, en el caso de los ex trabajadores de Luz y Fuerza los privilegios de que disfrutaban habían agotado al organismo. Pero, a diferencia de las empresas que entran en quiebra y que sólo reparten sus saldos ruinosos, casi nada, en este caso el gobierno ofreció a los ex trabajadores una liquidación que excede con mucho la que establece la ley, otros fueron recontratados y para algunos se abren posibilidades de constituir empresas proveedoras de la CFE. Pero muchos de estos combativos sindicalistas prefieren la comodidad del dolce far niente, eso significa la preservación de sus “conquistas laborales”.

¿Quién engañó a quién? ¿Esparza, que logró arrinconar con la huelga de hambre a las autoridades, o los negociadores del gobierno federal, que lograron que se levantara la huelga sin darles a cambio nada tangible? Habrá que ver si, en tanto se alargan las negociaciones, sigue desgastándose el movimiento o si, por el contrario, un comité central con enormes recursos, hasta hoy congelados, hace de las suyas. Por lo pronto, el acuerdo evitó que la concentración del movimiento lopezobradorista coexistiera con el campamento del SME, lo que podría haberle arrojado gasolina al fuego y que los corresponsales extranjeros, con todo y sus camarógrafos, sacaran otra “nota” perturbadora desde la plancha del Zócalo.

Posdata

Al gobernador cuyo partido perdió las más recientes elecciones en su estado, sus paisanos le dicen “el Sumo Pontífice”, y no por su jerarquía y sus profundas convicciones religiosas, sino porque mientras el Papa es Benedicto XVI, él es bien adicto desde los dieciséis.

La hora de la hora

Germán Dehesa
dehesagerman@gmail.com
Gaceta del Ángel
Reforma

He estudiado minuciosamente el rostro, las facciones, la silueta y el cuerpo de la señora Jan Brewer, gobernadora del Estado de Arizona. Tras estos abundantes y muy detallados estudios, el comité que yo presido, llega a la conclusión de que la señora Brewer está fea como mordida de burro, como si la hubieran manufacturado en alguna de estas fábricas aztecas donde hacen Judas, piñatas de presidentes y otros horrores. Pobrecita, pero Doña Jan no tiene salvación por más que uno quisiera mirarla con buenos ojos. Ahora bien, tampoco es cosa de cebarse con el esperpento caído; ninguna intención tengo yo de andar subrayando la desarmonía y la condición gallinácea de la señora. Yo a lo que voy es a esto: esa mujer y no AMLO es un verdadero peligro para México. Me cuentan que hace algunos años quién sabe qué le hicieron o le dejaron de hacer en su visita a la playa de Caleta; pero desde entonces nos trae en jabón y literalmente no nos puede ver. Éste no es el meollo del problema; el asunto se pone peludo cuando, en estos momentos tan delicados de la relación migratoria México-Estados Unidos, descubrimos que Doña Jan tiene múltiples poderes e influencias que se especializan en la espinosa cuestión de los migrantes. De todo esto se extrae una conclusión muy simple: hay que neutralizar a Doña Jan a como dé lugar y si esto implica el dolor y la sangre de algún mexicano, pues dibodo badito; siempre llega ese momento en el que la Patria nos pide un sacrificio y una pena. Así están las cosas. Lo diré de modo lo más inteligible que pueda: se necesita urgentemente a un mexicano de no malos bigotes y en edad de merecer para que haga por la Patria un sacrificio mayúsculo: para que se aviente a la cazuela con Doña Jan Brewer.

La comunidad nacional entiende que no será una noche fácil; que el afortunado mexicano que nos represente tiene ante sí una tarea hercúlea y que, una vez lanzado al estanque de los patos, no hay vuelta atrás, ni solicitudes de auxilio y/o de tiempo fuera. Será cosa de ver a Doña Jan y ¡papas!... todos esperaremos un feliz y benéfico amanecer; Doña Jan será colocada en su "limo" y enviada C. o D. a Arizona. "Nuestro muchacho" será convertido en diputado suplente y en retadora del Presidente. En la Avenida Altavista del sur de la Capital, todas las porquerías que ahí ha reunido José Luis Cuevas serán enviadas como regalo a Don Hugo Chávez por su notoria simpatía y don de gentes. Ya con Altavista escombrada podremos poner dos que tres imágenes de nuestro muchacho y santo remedio. Fin de la historia.

Ahí dejo las cosas. Les dará su coraje pero estoy invitado a comer con Gaby Vargas y tengo que atravesar media ciudad para presentarle mis respetos, saborear su exquisita cocina y mirarla hasta que mis ojos se conviertan en peces de la belleza.

Vengan, amigas y amigos, vamos al mundo exterior. ¿Se han dado cuenta de que el narco y la estupidez de nuestros políticos nos están aislando y arrinconando cada vez más hasta que toda la gente de bien languidezca. Opongámonos.

¿QUÉ TAL DURMIÓ? MDCCCLIX (1859)

MONTIEL.

Cualquier correspondencia con esta columna que necesita aventarse, favor de dirigirla a dehesagerman@gmail.com (D.R.)

Campañas presidenciales adelantadas

Ruth Zavaleta Salgado
ruthzavaletas@yahoo.com.mx
Maestra en derecho constitucional por la UNAM
Excélsior

Si bien es cierto, México tiene un largo periodo de estabilidad política y de libertades civiles que permiten a quien quiera anhelar la Presidencia de la República, ¿nos conviene entrar de lleno a esa guerra de frases y de egos que buscan granjearse nuestro voto?

Ruth Zavaleta Salgado
¿Cómo generar una cultura de la legalidad en una sociedad en dónde sus usos y costumbres son romper las reglas establecidas?

Ahí los dichos de que "El que madruga Dios lo ayuda", o el de que "Para uno que madruga otro que no se duerme" o "El que no transa no avanza" o el de "Un político pobre es un pobre político".

Así en las pasadas elecciones escuchamos y vimos de todo, desde funcionarios corruptos que canalizan recursos del erario para las campañas de sus delfines hasta grabaciones ilegales que dieron cuenta de ello, pero también escuchamos que a falta de la posibilidad de generar un acuerdo nacional para sacar adelante a nuestra Nación los diferentes partidos políticos y sus candidatos usaron todos los instrumentos a su alcance para denostar al adversario, al fin que, "en la guerra y en el amor todo se vale" .

Pero hace un buen rato que en el río revuelto de las múltiples elecciones que estamos teniendo en diferentes estados de la República los pescadores ya empiezan a tener sus ganancias y, ni tardos ni perezosos, aun cuando en algunas entidades del país todavía no se acaba de decidir la integración de los Congresos locales, algunos aspirantes ya afinan sus equipos y sus recursos para formalizar su candidatura a la Presidencia de la República.

De hecho, este año fue el preludio electoral que todos los partidos tuvieron para ver dónde anda errada la maquinaria.

Si bien es cierto, México tiene un largo periodo de estabilidad política y de libertades civiles que permiten a quien quiera anhelar la Presidencia de la República, ¿nos conviene entrar de lleno a esa guerra de frases y de egos que buscan granjearse nuestro voto? ¿Será adecuado que aun cuando la ley especifica los tiempos ya estén pensando en candidaturas y campañas políticas?

Parece que México vive un tiempo en el que, en materia política electoral, importa lo que decimos y el grado de convencimiento que los decires tengan, pero poco el sustento que tengan en la realidad.

Incendiar la plaza pública para adelantar en la carrera electoral parece un método ya usado por casi todos, porque exige poca responsabilidad política.

Quienes reunidos en torno a líderes y gobernantes escuchan esos discursos poco reparan en lo grave de las frases; se entiende que el descontento justificado en gran medida, les impide ver que las palabras pueden ser demagogia.

Casi todas las fuerzas políticas tienen en su agenda principal decidir quién será el candidato presidencial.

Los programas y planes, las respuestas al ¿para qué y cómo gobernar?, quedan atrás, perdidos entre el mar de las figuras y de los grupos.

Las respuestas esenciales del "poder" están fuera y por debajo del quién. Es más, ya ni siquiera importa si los partidos políticos tiene que reformarse para generara mayor confianza.

Pasados los procesos electorales estatales, entre los cuales algunos siguen pendientes, los partidos políticos no atienden de lleno las agendas de inseguridad o educativas, si éstas nos les reportan dividendos políticos.

La vida de la política pública y del trabajo legislativo simple y sencillamente sólo tiene un referente: la elección presidencial de 2012.

Hoy, el gobernante no confía plenamente en que su ejercicio de gobierno, que sus obras y su manejo adecuado de los recursos materiales y humanos, dejen en los ciudadanos buena imagen.

Por eso hay que utilizar los mecanismos ilegales. Si las fechas establecidas para contender no les convienen a los aspirantes, entonces trasgreden la norma porque en un país con el grado de impunidad y la calificación vergonzosa de niveles de corrupción no importan porque pedimos legalidad pero la violamos y violentamos en aras del triunfo.

La visión práctica por alcanzar el poder suple la necesidad de construir cultura de respeto, de tolerancia, de cumplimiento a las normas, de honorabilidad y de honestidad, es decir nos impide ver que estos valores son precisamente los que sustentan la consolidación democrática que requiere nuestro país.

De Ciro Gómez a Cayetano Cabrera

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Transmitimos anoche en MILENIO Televisión la entrevista que nuestro compañero Raymundo Pérez Arellano le hizo a Cayetano Cabrera, el integrante del SME que se mantuvo 89 días en huelga de hambre.

Raymundo lo abordó cuando llegaba a su casa. Cayetano enfureció y le gritó que no aceptaba ninguna entrevista con nosotros, porque yo (me citó por mis apellidos) era un “mentiroso, hocicón, puto, sin güevos, hijo de la chingada”, que me había pasado diciendo que él nunca había estado en huelga de hambre.

En su furia, Cayetano se fue quitando la ropa para probar con el cuello, costillas, abdomen, piernas, que el ayuno había sido real y absoluto. No cesaba de insultarme.

Un poco más adelante se tranquilizó y la entrevista corrió con razonable fluidez. Puedo comprender su situación anímica, el momento límite por el que atraviesa. Lo que no puedo dejar en el aire son las calumnias.

Jamás expresé en la pantalla de MILENIO Televisión que Cayetano no respetara la huelga de hambre. Jamás. No hay siquiera una insinuación o parodia que me acerca a tal afirmación. Creo que Cayetano no veía MILENIO Noticias en el Zócalo, y que alguien con muy mala leche lo nutrió de odio con esas invenciones.

Lo invito, a él, a que venga a nuestras instalaciones y revise las 58 notas y crónicas que me tocó presentar en los 89 días de la huelga de hambre (ninguna televisora hizo una cobertura medianamente parecida). Lo invito a que consulte lo que quiera.

Si descubre que dije una vez lo que él dice que me pasé repitiendo, le doy mi palabra de que renuncio de inmediato al espacio que conduzco en la pantalla de MILENIO Noticias.

Si no encuentra nada, lo único que le pido es que se retracte de sus calumnias.

julio 28, 2010

Sólo mafias china y rusa superan al narco



Doris Gómora
politica@eluniversal.com.mx
El Universal

Se expande más allá de sus mercados naturales: Buscaglia. Aumentan operaciones de cárteles aztecas en EU, Canadá, la UE y Asia

Los grupos criminales mexicanos se ubican como los terceros más importantes a nivel mundial, sólo superados por la mafia ruso-ucranianas y la china, que se encuentran en primero y segundo lugar.

“Las mafias italiana y colombiana están muy por debajo”, aseguró Edgardo Buscaglia, experto reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el DF.

“Los grupos mexicanos están en el lugar número tres, pasaron del lugar cinco al tres, esto de acuerdo al ranking que generamos anualmente en el Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico”, informó.

En los últimos cuatro años, explicó, los cárteles de México han aumentado 735% su presencia en las listas negras de bienes patrimoniales que tienen Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Asia, lo que se traduce en el reconocimiento de que los grupos mexicanos ya se expandieron globalmente, aseguró Buscaglia en entrevista telefónica desde Afganistán donde realiza trabajo de campo de investigación para la ONU.

A título de catedrático del ITAM y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico, Buscaglia dijo que las cifras más recientes que ha obtenido, le permiten concluir que las autoridades de esos países reconocen el crecimiento de la capacidad patrimonial de los grupos criminales mexicanos.

“Eso puede ser porque se está investigando mejor a esos grupos, o puede ser porque aumentaron en su escala esos grupos. Pero el reconocimiento es que han aumentado tremendamente y es por eso que se está poniendo el dedo a este problema con mucha más frecuencia. Hay un reconocimiento ya global de que los grupos mexicanos tienen una presencia global ya preocupante”, complementó Buscaglia.

El catedrático ha dado a conocer, que por ejemplo, el cártel de Sinaloa mantiene operaciones en 40 países del mundo, lo que le permite tener una impresionante estructura financiera.
Cárteles prefieren Europa

El factor de dinamismo de crecimiento de la presencia de las empresas sospechosas mexicanas ligadas con los cárteles mexicanos ha aumentado más en las listas negras de la Unión Europea que en el resto de los países, precisó el experto de la ONU.

“En parte por la apreciación del euro que generó atracción hacia la Unión Europea, además de que existen bolsones de ingobernabilidad en países nuevos que se han incorporado a la Unión Europea, lo que ha generado demanda de entrada de capitales con una enorme corrupción en el sector privado lo que produce un atractivo enorme”.

Los cárteles mexicanos, comentó, están prefiriendo al mercado patrimonial de la Unión Europea, seguidos de la India en Asia por la enorme cantidad de insumos ilegales de la industria farmaceútica como precursores para drogas sintéticas.

A nivel mundial, México es el destino principal de los cargamentos de efedrina y pseudoefedrina que utilizan los cárteles mexicanos para elaborar drogas sintéticas, destacando la India como el principal proveedor de precursores para metanfetaminas, informó el Reporte Internacional Estratégico de Control de Drogas 2010 del Departamento de Estado Norteamericano.

Para el caso de México, “los decomisos mostraron que los cargamentos continúan originándose en India a través de países europeos, Estados Unidos, Centroamérica y Argentina”.

Pero, el reporte del Departamento de Estado de EU destaca que “los decomisos también indican nuevos patrones desde la India a través de Corea del Sur destinado a México”.
Dolor de cabeza para otros

Con el análisis de información y los decomisos realizados en el periodo del 1 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2010 “se reafirma que la India es la principal fuente y México el principal destino” de esos precursores químicos, detalló Edgardo Buscaglia.

El profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México expuso que los grupos criminales mexicanos se han expandido más allá del ámbito territorial de sus mercados naturales y están presentes en mercados que normalmente eran ajenos a su ámbito patrimonial y se han convertido en un dolor de cabeza para autoridades de otros países.

Los cárteles mexicanos, agregó el especialista, en realidad “son grupos criminales que abarcan a porciones del Estado mexicano, a porciones del sector legal mexicano, y a porciones de grupos armados mexicanos”.

Opinó que la delincuencia organizada mexicana forma parte del Estado y lo explicó:

“Cuando uno habla que el Estado mexicano se ha fragmentado en su debilidad, quiere decir que diferentes fragmentos del Estado mexicano a nivel municipal o estatal, forman parte ya estructural del crimen organizado y la proyección que eso le da mundialmente es enorme: falsificación de certificados de importación y exportación en los puertos mexicanos con protección del Estado del más alto nivel”.

'Pensiones' por Paco Calderón



El hijo de Diego

Francisco Garfias
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

Se veía preocupado, pero entero. La mirada, melancólica, aunque siempre amable. En los labios llevaba la esperanza.

"Unidos y resistiendo.", reviró Diego Fernández de Cevallos hijo, cuando le preguntamos por su madre y sus hermanos. Teníamos años de no verlo. Lo conocimos en la campaña del 94, cuando El Jefe era el candidato presidencial del PAN. Nos vimos después en un par de ocasiones.

Nos topamos ayer en un restaurante del centro de la ciudad. Se veía preocupado, pero entero. La barba de uno o dos días, la mirada, melancólica, pero siempre amable. En los labios llevaba la esperanza. Prometió que volveríamos a juntarnos con su padre. No dijo más.

Lo acompañaba Fauzi Hamdan, rector de la Escuela Libre de Derecho y uno de los mejores amigos de Fernández de Cevallos. La mesa la completaba un tercer comensal, que ni la boca abrió. La discreción se imponía. Allí permanecieron alrededor de hora y media. Primero se retiró el comensal. El abogado y Diego hijo permanecieron en el lugar otros 15 minutos.

Casualidades. Por la mañana habíamos conversado por teléfono con Fauzi. Comentamos lo de la carta que detonó el día anterior el periodista Pepe Cárdenas en las redes sociales. "Ya la conocíamos, está desfasada, tiene fecha del 10 de junio", manifestó el ex senador del PAN. ¿Hay otra?, preguntamos. "No", repuso seco. Fue todo sobre el tema. "No es conveniente hablar, no abona al proceso. El momento es delicado", se disculpó.

Lo entendimos.

- Nos dicen que la decisión fue tomada "en lo oscurito" y publicada en el Diario Oficial de la Federación. El gobierno resolvió hacer a un lado al Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), que desde hace seis años, y por acuerdo del Ejecutivo con las ONG, hacía las mediciones sobre criminalidad. En adelante la encuesta nacional de inseguridad la va a levantar el INEGI.

El cambio no gustó nadita a las organizaciones ciudadanas. Alejandro Martí, de México SOS, Federico Reyes Heroles, de Transparencia Mexicana, Edna Jaime, de México Evalúa, y Eduardo Gallo, de México Unido Contra la Delincuencia, entre otras, harán pública su protesta el día de hoy.

Van contra el "mero mero" del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que no es otro sino el presidente Calderón. Dicen que decidió excluir a la "sociedad civil" de la medición de la criminalidad. "El gobierno se va a medir a sí mismo, en términos de la eficacia, en el combate a la delincuencia, lo que levanta muchas sospechas sobre la manipulación de las encuestas", argumentan.

La historia se remonta al compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad -aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 21 de agosto de 2008- para invitar a las instancias ciudadanas a participar en la medición, la evaluación y el seguimiento de la situación de seguridad pública y el desempeño de las autoridades.

- Gustavo Enrique Madero quiere ser líder nacional del PAN. "Es una de mis opciones", admite el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. No se ha movido aún para buscar el cargo porque, asegura, es "respetuoso" de los tiempos. Habrá que ver si no le comen el mandado

Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aspira también a suceder a César Nava. El ex secretario de Gobernación dice que de llegar a la jefatura nacional de su partido dará un "golpe de timón" que devuelva al PAN a sus orígenes.

Madero no pretende ningún "golpe de timón". La expresión no le gusta. Pero tampoco pretende convertirse en la opción de los que quieren que haya continuidad. Su objetivo sería modernizar al partido, ponerlo al día con su situación de partido en el gobierno. "Lo que habría que hacer es una revisión de los temas que han alejado a la ciudadanía del PAN, para que la ciudadanía vuelva a encontrarse con el PAN", puntualizó.

- El PRI de Oaxaca está en rebelión contra Jesús Murillo Karam, secretario general de partido, por haber declarado que los comicios de gobernador en Puebla, Sinaloa y en esa entidad se perdieron por la mala elección de candidatos.

"Deslegitima el esfuerzo que hicimos los priistas en las tres entidades", se quejó ayer el presidente estatal del tricolor, Eviel Pérez Magaña, quien perdió la gubernatura frente al aliancista Gabino Cué. "La dirigencia nacional conoció a fondo el proceso interno que el partido desarrolló para decidir su candidatura y nunca expresó ninguna inconformidad.", puntualizó el ahora presidente del PRI en Oaxaca,

Activismo electoral prohibido

Lorenzo Córdova Vianello
Investigador y profesor de la UNAM
El Universal

Una de las conductas ilícitas recurrentes en los procesos electorales que culminaron con la jornada comicial del pasado 4 de julio, fue el activismo político de los gobernantes.

A raíz de la reforma electoral de 2007, la Constitución incorporó límites claros y precisos a ese activismo al prohibir tanto la difusión de la propaganda gubernamental como el uso de recursos públicos con el fin de beneficiar a algún partido, coalición o candidato o de promoción personal. Se trata de prohibiciones que persiguen una finalidad clara y específica: impedir que los gobernantes intervinieran en los procesos electorales afectando la equidad en la contienda que, se entiende, debe desarrollarse entre los partidos políticos y los candidatos y no entre éstos y los gobiernos.

Esa, por cierto, es la lógica que inspiró buena parte del proceso de democratización del país, y que hizo de la construcción de condiciones equitativas para competir en las elecciones una de las principales apuestas políticas planteadas en, por lo menos, los últimos quince años. No debe olvidarse que venimos de un régimen político en el que existía una absoluta confusión entre el gobierno y el partido hegemónico y en el que las contiendas electorales eran libradas por los partidos de oposición en contra de ese partido y, consecuentemente, contra todo el aparato estatal volcado durante los comicios en apoyarlo.

La gradual construcción de la equidad en la contienda pasó por inyectar a la política, generosos recursos públicos mediante el financiamiento a los partidos y por garantizar a éstos un acceso equilibrado a los medios electrónicos como una vía para que sus propuestas llegaran en condiciones equitativas a los ciudadanos. Pero además, se buscó inhibir la desequilibradora injerencia de otros actores públicos y privados en la contienda electoral principalmente, pero no sólo a través de la radio y de la televisión.

La reforma electoral de 2007 tuvo un papel decisivo en esa apuesta, aunque es sólo la última escala de una historia que se fue escribiendo a través de varios acuerdos del IFE y resoluciones del Tribunal Electoral. Piénsese sólo en el severo pronunciamiento con el que en 2003, el Consejo General conminó al gobierno de Fox a retirar los spots con los que llamaba al voto en aquellas elecciones, en los acuerdos de neutralidad que en el 2006 expidió el IFE, en la resolución de la Sala Superior del TEPJF mediante la que anuló las elecciones de Colima en 2003, debido a la intervención del gobernador, o en el dictamen con el que ese órgano validó la elección presidencial de 2006 en donde subrayó el indebido activismo de Vicente Fox. Todos ellos son antecedentes que fueron dando forma a las actuales prohibiciones constitucionales que están recogidas tanto en el artículo 41 como en el 134.

El impedimento para el activismo político de los gobernantes durante los procesos electorales puede no gustar y su pertinencia e idoneidad ser cuestionable; a mí me convence y me parece que cumple una función atendible y justificable, pues —como lo ha señalado incluso la Suprema Corte— la equidad es un valor político que debe procurarse y preservarse en las elecciones. Pero en todo caso eso forma parte de otra discusión. El punto hoy es que esas prohibiciones están constitucionalizadas y deben cumplirse y hacerse cumplir o asumir que se trata de letra muerta.

Por eso, la resolución con la que el pasado 21 de julio el IFE determinó fundada la queja que el PRI interpuso contra la sistemática intervención mediática del presidente Calderón en las campañas locales, es correcta y congruente con lo que prevé la Constitución; como también lo fue, por cierto, la queja que hace algunas semanas el PAN presentó en contra del indebido intervencionismo electoral del gobernador de Oaxaca y que el mismo IFE consideró fundada.

Ahora, ante la impugnación que presentará el gobierno federal en contra de la decisión del IFE, el asunto deberá resolverse en definitiva por el Tribunal Electoral. Ojalá que el sentido de la resolución del IFE sea refrendado por la Sala Superior. Lo que está en juego es la razón de ser de las actuales disposiciones constitucionales, de su cumplimiento y, con ello, mandar un mensaje claro a los actores políticos de cara a los futuros procesos electorales y, particularmente, a los comicios presidenciales del 2012.

Pacto ciudadano

Sergio Aguayo Quezada
Reforma

Es la hora de la ciudadanía. El maratón que culmina en julio de 2012 abre una coyuntura adecuada para la aparición de un movimiento social que redefina la relación entre élite política y sociedad, desmantele partes del andamiaje autoritario y reduzca la corrupción e ineficiencia oficiales.

Un factor tras las victorias opositoras en las elecciones para gobernador de Oaxaca y Puebla fue la participación de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Después de esa experiencia en la cual Alianza Cívica participó activamente, su actual presidente, Rogelio Gómez Hermosillo, inició la ronda de encuentros para armar un pacto nacional de personas con organizaciones sociales, académicas, de comunicación y ciudadanas.

Es una iniciativa promisoria porque es ya insoportable el deterioro por la falta de cambios en beneficio de las mayorías. O la sociedad se involucra, o los partidos y los poderes fácticos seguirán posponiendo las reformas porque ellos están satisfechos con un orden establecido que los beneficia. Es una propuesta oportuna, pues la sociedad organizada debe prepararse para un posible regreso del PRI a Los Pinos. El tricolor tiene muy poca simpatía por la organización ciudadana y hará todo lo posible por escamotearle los escasos avances logrados en ese campo.

Lo más urgente es darle confiabilidad a las elecciones. Desde el 2006 las urnas están atrapadas en procesos inequitativos que se mueven en tres dimensiones paralelas: una parte de los electores puede ejercer en libertad su derecho al voto; en las zonas pobres lo usual son las irregularidades, tan comunes en el viejo régimen; y hay regiones cada vez más grandes en las cuales el crimen organizado impone su ley.

Los organismos electorales son clave. La primera batalla del año 2012 se librará en la Cámara de Diputados donde el próximo otoño se elegirá a tres nuevos miembros del Consejo General del IFE. Si por ellos fuera se repartirían las posiciones (el "cuotismo") y elegirían a personajes mansos y menores con lo cual se iniciaría una vez más el ciclo de 2006. Ante tanta irresponsabilidad, una tarea para el posible pacto es lanzar una cruzada nacional contra el "cuotismo" en el IFE y los organismos públicos, y proponer candidatos que combinen experiencia, integridad individual y agenda. Para renovar las élites políticas los organismos públicos tienen que ser dirigidos por personajes con otro tipo de valores y trayectoria. Si al IFE llegan tres personalidades independientes y con prestigio que arriesgar, mejoraría la confianza de los partidos y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en la institución que organizará los comicios de 2012.

Sería un error del eventual pacto quedarse en lo electoral. En los tres estados donde triunfaron las alianzas están dadas las condiciones para que una nueva coalición social establezca otro tipo de interlocución con los gobernadores. El 14 de julio pasado Gabino Cué (Oaxaca), Rafael Moreno Valle (Puebla) y Mario López Valdez (Sinaloa) se comprometieron a cumplir con 12 puntos (disponibles en www.sergioaguayo.org). Entre ellos, la ciudadanización de los órganos electorales, la eliminación del "cuotismo" y la transparencia. Es decir, puntos de la agenda ciudadana. Como el prometer no empobrece, el reto es que cumplan; un proyecto lógico sería el monitoreo permanente de su gestión para elaborar informes periódicos sobre los avances o retrocesos en los compromisos. El ejercicio se completaría con un seguimiento similar de lo hecho o dejado de hacer por gobernadores priistas elegidos el mismo día.

Por la magnitud de ésos y otros temas una condición para el éxito es llegar a un entendimiento con organizaciones y personajes de la derecha; un bocado duro de tragar después del juego sucio de 2006. La gravedad del momento exige y justifica un acuerdo para el establecimiento de reglas del juego aceptables para todas las corrientes. Para darse una idea de las distorsiones de la alternancia basta con revisar los "Veinte compromisos por la democracia" firmados en 1994 por Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Donaldo Colosio y Diego Fernández de Cevallos. Por cierto, estos compromisos fueron elaborados y promovidos por un grupo tan plural que incluía a Jorge Alcocer, Agustín Basave, Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti.

Es imposible saber si cuajará el pacto ciudadano, pero ante la magnitud de la desilusión que se discuta su creación es motivo de esperanza. Es la hora de la sociedad organizada.

LA MISCELÁNEA

Bien por el Banco de México que frena un poco la voracidad de los bancos. Mal, muy mal por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) que, encabezada por Alfonso Carballo Pérez, decidió convertirse en alcahuete de las empresas vendedoras de alimentos chatarra en las escuelas. Los empresarios y Cofemer están decididos a que las escuelas públicas sigan siendo los lugares donde no se educa pero sí se engorda a la infancia mexicana.