Diagnóstico

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La advertencia es generalizada. La desaparición de Nacho Coronel abrirá una disputa por el control de la plaza, es decir, la ciudad de Guadalajara, y los niveles de violencia se dispararán

1. La escalada continúa. El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, gobernador virtual de Tamaulipas, fue un punto de inflexión. Nadie, ningún integrante de la clase política, puede considerarse a salvo. La pregunta no es si ocurrirá un nuevo asesinato, sino dónde y quién será la próxima víctima.

Amén de la incertidumbre y el temor que esto genera en todos los niveles de gobierno. Baste imaginar las amenazas y las presiones que se pueden ejercer sobre gobernadores, legisladores, presidentes municipales y regidores en todo el país.

2. Otro tanto puede decirse del secuestro de cuatro reporteros en Durango vinculados con medios electrónicos. Lo nuevo, sin embargo, no son los atentados contra periodistas ni la intimidación a periódicos y televisoras. Todo eso ya había ocurrido en Nuevo León y Michoacán. Y es la regla en estados, como Tamaulipas, con fuerte presencia del crimen organizado.

Lo nuevo es que el chantaje se hace desde Durango contra dos empresas que elaboran y transmiten programas de difusión nacional situadas en la Ciudad de México. La pregunta es: ¿qué sigue? Y la respuesta es simple: nadie, ninguna región o medio de información, está a salvo.

3. Lo ocurrido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, confirma la crisis de los aparatos de seguridad y del sistema penitenciario. Los reos salían de noche armados en vehículos oficiales a consumar ejecuciones masivas en Torreón.

La historia tiene antecedentes importantes. Todo el mundo sabe que desde las cárceles de la Ciudad de México se planean y organizan secuestros. Y hace apenas nueve años El Chapo Guzmán se fugó de Puente Grande -cárcel federal de alta seguridad.

El factor común en todos estos casos es la corrupción. El sistema penitenciario tiene 500 penales estatales y municipales. La pregunta es: ¿cómo evitar la compra de autoridades y el sometimiento de las mismas al crimen organizado? La respuesta es: no hay forma. Porque, además, el soborno y la complicidad se acompañan de intimidación: plata o plomo.

4. La Secretaría de la Defensa Nacional afirma que una de las estrategias fundamentales del Estado es golpear las finanzas del crimen organizado. No hay en ello secreto ni misterio alguno. Todos los especialistas y las agencias internacionales afirman lo mismo.

Por eso son interesantes los datos. A lo largo del sexenio del presidente Calderón, que va del 1o. de diciembre de 2006 al 26 de julio de 2010, la Sedena informa que decomisó 136 millones de dólares y casi 208 millones de pesos. Lo que a un tipo de cambio de 12.50 hace un total aproximado de 152 millones de dólares.

¿Cómo evaluar si esa cantidad de dinero es mucha, regular o insignificante? Muy simple. Basta con compararla con la estimación que se hace del otro lado de la frontera. Según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (marzo de 2010), en México se lavan anualmente un promedio de 25 mil millones de dólares.

Así que si las cuentas no mienten, lo decomisado por la Sedena a lo largo tres años y medio equivale apenas al 0.6 por ciento de lo que los cárteles lavan en un año y al 0.17 por ciento de los 87 mil 500 millones de dólares que habrían lavado a lo largo de tres años y medio.

5. La muerte de Ignacio Coronel, lugarteniente de El Chapo, ¿es una buena o mala noticia? Depende cómo se observe. Si se hace desde la perspectiva del combate al crimen organizado es una buena noticia.

Fortalece, además, la imagen del gobierno de Calderón en dos registros: uno, porque se trata de un capo mayor; dos, porque contradice las denuncias -de diversa procedencia- de que había un arreglo entre instancias del gobierno federal y el Cártel del Golfo.

Pero desde otra perspectiva las cosas son diferentes. La advertencia es generalizada. La desaparición de Nacho Coronel abrirá una disputa por el control de la plaza, es decir, la ciudad de Guadalajara, y los niveles de violencia se dispararán. Esto ya había venido ocurriendo desde hacía unos meses. Pero es evidente que la espiral se acelerará.

El problema está en que no hay evidencia ni elementos para suponer que las autoridades estatales y federales tendrán la capacidad de imponer orden. Así que la segunda ciudad del país podría entrar en una dinámica similar a la de Monterrey.

6. ¿Qué se puede esperar en el corto y mediano plazo? Nada bueno. La correlación de fuerzas no es favorable al Estado. La capacidad económica y de fuego de los cárteles no ha sido tocada. Ahí están las cifras: 25 mil millones de dólares anuales y un tráfico ilegal de 2 mil armas diarias -muchas de ellas sofisticadas y de alto poder. Todo eso se traduce en una capacidad de corrupción e intimidación enorme o, para fines prácticos, ilimitada.

A lo que hay que agregar que los cárteles tienen enormes posibilidades de reclutamiento. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que 150 mil personas están directamente implicadas en el negocio del narcotráfico y otras 300 mil en el cultivo y procesamiento del opio y la marihuana.

Pero no sólo eso. Hay una cultura del narcocorrido y una enorme cantidad de jóvenes dispuestos alistarse por un salario de 2 mil pesos semanales -tal como lo relató uno de los sicarios que ejecutaron a la subprocuradora de Chihuahua hace unas semanas.

¿Y del otro lado? Policías municipales inexistentes. Mandos estatales corrompidos. Gobernadores atemorizados o pasmados. Una Policía Federal sometida a ataques y, por supuesto, las Fuerzas Armadas, que resultan insuficientes.

No hay, pues, razón para el optimismo. Por eso urge replantear toda la estrategia.