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Twitter: @amsalazar
Analista política
El Universal

No debemos subestimar la importancia de la decisión de la juez federal Susan Bolton de suspender temporalmente la implementación de tres de los artículos más controversiales de la llamada ley “anti migrante” de Arizona; recordemos que hubo aspectos importantes y preocupantes de esta ley que entraron en vigencia este jueves, incluyendo considerar un delito que se transporte o refugie a indocumentados o se les aliente a vivir en Arizona. Este artículo en particular es catastrófico para familias y comunidades donde algunos de sus integrantes tienen documentos para vivir en EU y otros no. Todos los empresarios que contratan a indocumentados también podrían estar corriendo el riesgo de enfrentar un proceso penal por transportar a sus trabajadores.
También debemos recordar que la decisión de la juez es sólo el inicio de un prolongado debate legal que pasará por varias instancias y muy probablemente será revisada en algunos años. Sí, la batalla legal podría durar años sin tener claridad si al final del camino los jueces de la Suprema Corte encuentren constitucional esta ley SB1070.
En México, es importante entender que la válvula de escape que representaba la migración de mexicanos a los EU se cerró. No se puede pensar que en los siguientes años, aunque mejore dramáticamente la economía de los EU, podría regresarse al esquema actual que podríamos calificar de hipócrita en lo que respecta a ambos países.
En este momento, la política de empleo y de desarrollo estaba basada, en buena medida, en que, por lo menos, medio millón de mexicanos se cruzarían anualmente a buscar trabajo en EU, y la economía de los vecinos del norte se beneficiaría ampliamente de los salarios bajos y escasas prestaciones para estos trabajadores “ilegales”.
Durante la administración Obama, las redadas antiinmigrantes se han multiplicado sin publicidad. Según el Buró de Inmigración y Aduanas (BIA), más de 400 mil extranjeros fueron o están en camino de ser repatriados en lo que va del año. La debilitada ley SB 1070 incrementó la presión de deportar aún más personas por el ambiente político que se vive en EU.
La decisión de la juez Bolton se espera reduzca la aprobación de legislaciones como la SB 1070, no obstante la verdad es que, desde el 2006, las legislaturas locales han aumentado en un 50% el número de iniciativas para regular la migración, muchas abiertamente anti-migrantes.
Las posiciones de ambos países no se han prestado para hallar una solución jurídica viable, que sería legalizar un porcentaje importante de los 16 millones de indocumentados que están en EU y crear un esquema de visas de trabajo. Las actuales tendencias anti-migrantes en EU están enfocadas a representar a los indocumentados como “criminales” por ser “ilegales”. En México seguimos insistiendo en un “derecho” de trabajar, porque para la economía de EU “somos indispensables”.
La verdad es que tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata. Son igualmente culpables los que contratan a los indocumentados y, por lo tanto, deberían de recibir el mismo tratamiento de “criminales.” Desafortunadamente, en México no hemos querido entender que simple y llanamente no quieren más mexicanos.
Lamentablemente México no tiene en este momento mucha autoridad moral para argumentar la protección de derechos de sus connacionales en el exterior, ante la realidad de que estos mismos derechos no se respetan en México. Que le pregunten a los indocumentados centroamericanos. Es más, siendo más claros ¿Alguien quiere hablar a favor de cómo la policía mexicana respeta los derechos de los ciudadanos en general?
La relación entre México y EU en estos momentos me recuerda a una pareja que quiere divorciarse, en donde se conocen muy bien, pero parecería que son incompatibles como pareja. Los dos se están peleando por la casa y los bienes, pero también es imposible que se separen por los intereses económicos y familiares que los unen.
No se ve una “reconciliación” en corto plazo.
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