Horizonte político
Excélsior
El problema con el coche bomba es que representa un escalamiento del nivel de violencia utilizada por los capos.

De ahí que nuestro embajador en Washington, Arturo Sarukhan, se esfuerce por reducir el impacto político y mediático de ese ataque en Estados Unidos. Dijo en el Congreso norteamericano que no se quiere "esconder bajo la alfombra el tema de la violencia (sino) poner en contexto la violencia, mostrar que es focalizada" (20/VII/10). Es racional poner las cosas en su justa proporción, pues la magnificación de la violencia es frecuente, y el daño político de ello, considerable. Dice el diplomático que para definir el terrorismo debe considerarse contra quién se dirige el ataque: sólo si va contra los ciudadanos se puede hablar de terrorismo, afirma él. Quizás el coche bomba en efecto no haya sido dirigido contra los ciudadanos, sino contra policías federales. Pero otros actos, como los granadazos en Morelia o las ejecuciones de menores en las afueras de su escuela en varias ciudades del norte o los recientes granadazos en Nuevo Laredo y en Guadalajara, esos sí contra ciudadanos, serían terroristas. Dice por su parte Carlos Pascual, contraparte de Sarukhan, que tampoco es terrorismo pues los atacantes no pretenden adueñarse del gobierno. Ese tampoco es un criterio válido en la definición. Y el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, agrega otro criterio más: la frecuencia y sistematicidad de los ataques, por lo cual considera lo de Juárez como un incidente aislado.
El problema con el coche bomba es que representa un escalamiento del nivel de violencia utilizada por los capos. Coches bomba se utilizaron en Colombia en el pináculo de la narcoviolencia, y también en la resistencia patriótica y terrorista de Irak. De seguirse por ahí, el pánico ciudadano (sea o no el propósito de los capos) irá al alza. Como lo señala, Alfredo Rangel, experto colombiano en el tema: "En Colombia esas primeras explosiones fueron el inicio de una oleada de narcoterrorismo que provocó mucha conmoción e impacto en la sociedad y ocasionó una dinámica política muy preocupante para el Estado. Los ciudadanos reclamaban cada vez más airadamente protección al Estado o, en caso de no poder garantizarla, un diálogo con los narcotraficantes a efecto de otorgarles concesiones, con tal de que cesara esa violencia homicida que de manera indiscriminada estaba afectando a la población. Con lo cual pusieron en un dilema muy complicado a las autoridades, que no podían ni controlar el narcoterrorismo ni ceder a las exigencias de los criminales" (17/VIIl/10). Eso, me parece, es lo más relevante del hecho.
Al negarse las autoridades mexicanas a llamarle a lo sucedido en Ciudad Juárez "terrorismo", dicen apegarse estrictamente a la definición legal. Y algunos legisladores afirman que debe tipificarse el terrorismo, pues al no estarlo en nuestra normatividad no puede penalizarse ese tipo de acciones que podrían serán más frecuentes a partir de ahora. Pero bastaría con que gobernantes y legisladores leyeran la legislación vigente para que se percatasen de que la figura ya existe, y despeja las dudas sobre cómo caracterizar el estallido en Juárez (y otros actos terroristas que no quieren ser reconocidos como tales). El Código Penal Federal, en su artículo 139 tipifica como "terrorismo" los actos que utilicen "explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio, cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población. (sean) para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación". Como puede verse, en la definición legal de terrorismo no se considera si el ataque va dirigido sólo a ciudadanos, si los perpetradores quieren acceder al poder o si son ataques múltiples y sistemáticos. No hay duda, pues, de lo que el coche bomba significa, ni de lo que enfrentamos. El problema radica en definir cómo enfrentarlo eficazmente.
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