agosto 12, 2010

Drogas, política y legalización reglamentada

Humberto Musacchio
Periodista y autor de Milenios de México
Excélsior

No escuchar las denuncias de los policías federales amotinados en Ciudad Juárez es una actitud política.

Para Felipe Calderón (ver Excélsior 11/VIII/2010), la lucha antinarco se politizó. Él se refiere a que los temas relacionados con el combate al crimen "son materia de disputa electoral de todos los actores", lo que es cierto y comprensible, pero más cierto es que la llamada guerra contra el crimen organizado se politizó al momento de decidirse, porque se trata de una acción de gobierno y toda actividad gubernamental tiene carácter político.

No escuchar las denuncias de los policías federales amotinados en Ciudad Juárez es una actitud política. Lo es dejar en libertad a los comandantes acusados de corruptos y lo es también proceder al virtual encarcelamiento de los acusadores. Actuar de esa manera implica que el gobierno federal se mantiene sordo ante las acusaciones que involucran al secretario de Seguridad Pública federal y lo protege por extrañas y desconocidas razones.

Estar en favor o en contra de la legalización reglamentada de ciertas drogas es también una posición y una actitud políticas. Por ejemplo, los jefes policiacos, procuradores de justicia y otros funcionarios del área de seguridad abogan porque continúe la carnicería, pues eso les representa jugosos presupuestos, confiscaciones y otros beneficios que nunca se sabe bien a bien dónde ni cómo terminan.

Que el lamentable César Nava diga que está por mantener la actitud prohibicionista frente a las drogas es también una posición política, pues su cargo depende de que apoye cabalmente a quien lo impuso al frente del PAN. Beatriz Paredes, más inteligente, señaló que la estrategia gubernamental contra la delincuencia se aplica con fines políticos, lo que es una verdad de a kilo.

Demandar la despenalización de las drogas, por lo menos de algunas, es una vieja propuesta de la izquierda pensante desde hace 30 años y posteriormente de numerosos intelectuales, quienes de ese modo defienden la libertad de todo adulto para intoxicarse con coca, mariguana, alcohol, mejorales o programas de entretenimiento de la televisión mercantil.

Lo cierto es que en forma contradictoria, con muchos titubeos, pero la despenalización gana terreno y se va convirtiendo en inevitable. Es una demanda social que se expresa indirectamente como resultado del auge criminal y de la nula eficacia de la acción gubernamental, pero es también el resultado de lo que ocurre en Estados Unidos, donde son ya 14 los estados que autorizan el empleo de la cannabis con fines terapéuticos, lo que ha dado cobertura legal al consumo.

Para hacer frente a la ignorancia de muchos de nuestros políticos sobre las implicaciones de la despenalización, conviene pasar ya a la etapa de las propuestas. Se trata de proceder a una legalización rigurosamente reglamentada de sustancias adictivas como la mariguana y la cocaína, lo que implicaría crear un monopolio estatal de la producción en el caso de la primera, de la importación tratándose de la segunda, y en ambos casos de la comercialización. Igualmente, tendrá que establecerse como obligación del Estado dotar a los adictos a las drogas duras de dosis o tratamiento médico, según escojan.

Si fumar mariguana o aspirar coca en lugares y condiciones previamente establecidos se convierte en algo legal, si las drogas duras las proporciona gratuitamente el Estado, se acaba con el negocio de los capos, a quienes habría que incluir en una amnistía a cambio de que acepten dedicarse a negocios legales, para lo que cuentan con capital suficiente para crear los empleos que México tanto necesita. ¿Lo entenderán nuestros políticos?

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