agosto 14, 2010

La pinza

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

Los casi cuatro años de la guerra contra el narco han consolidado el poder económico y de fuego de los cárteles frente a un Estado que ha sido incapaz de fortalecerse y trazar una estrategia efectiva

Tesis 1. La legalización de las drogas no resolverá el problema de la violencia en México.

Respuesta: por supuesto que no. La violencia es un asunto complejo. La proliferación de cárteles y el entrelazamiento de delitos complican enormemente la situación. El tráfico de drogas asociado al secuestro, la extorsión -derecho de piso- y el robo son cabezas de la misma hidra. Se puede cortar de tajo una sin que desaparezcan las demás.

Todo eso es cierto. Pero también es cierto que los mayores recursos del crimen organizado provienen del tráfico de drogas. De ahí su enorme poder de corrupción. A la cifra de García Luna -los cárteles invierten mil 277 millones de pesos anuales para cooptar y corromper las policías municipales-, habría que agregar lo que destinan a ministerios públicos, jueces y, por supuesto, policías estatales y federales.

Frente a semejantes datos, sólo un obtuso no vería la importancia de golpear al crimen organizado allí donde más le duele: sus recursos. En ese contexto, la marihuana aporta casi el 60 por ciento de lo que obtienen los cárteles en Estados Unidos por venta de drogas. Por eso nadie en sus cinco sentidos puede sub- estimar la importancia de golpear esa columna vertebral.

Corolario: la legalización de las drogas, la marihuana para empezar, no eliminaría de un solo golpe el poder de fuego y el nivel de la violencia de los cárteles, pero asestaría un golpe estructural a su capacidad financiera y, consecuentemente, a su poder de corrupción, de avituallamiento e, incluso, de reclutamiento. No existe una forma más simple, eficaz e inmediata de alcanzar ese objetivo.

Tesis 2. La unificación de las policías municipales en una sola policía estatal atenta, primero, contra la Constitución y, segundo, contra el principio de que el nivel más bajo de la autoridad, la municipal, se involucre en la garantía de la paz y el orden público. Ese entramado es parte esencial de todo sistema democrático.

Falso. Los ejemplos internacionales refutan la última tesis. Basta referirse a los casos de España, Chile y Colombia. En todos ellos existe una policía nacional única, profesional y con un alto espíritu de cuerpo. A nadie, sin embargo, se le ocurriría cuestionar las credenciales democráticas de esos países por el hecho de que no cuenten con corporaciones municipales.

El argumento constitucional resulta más aberrante. El Constituyente del 17 diseñó un orden federal inspirado en la Constitución de 1857 y en Estados Unidos. Pero en la historia de México ese orden formal jamás coincidió con el orden real. La autonomía de los municipios y la soberanía de los estados fueron verdaderas entelequias bajo el porfirismo y el priato.

El fortalecimiento de los gobiernos estatales, que no siempre de los municipales, ha sido consecuencia del desmantelamiento del sistema presidencialista. Por eso la alternancia de 2000 a la fecha y el ascenso de los virreyes (perdón, gobernadores) han sido procesos simultáneos. El problema está en que la gran mayoría de los municipios no cuenta con recursos propios ni con la capacidad de formar cuerpos policiacos profesionales y bien equipados.

Eso por una parte. Por la otra, al Estado y la sociedad nos alcanzó el futuro. El terror y la violencia se han generalizado. Los casi cuatro años de la guerra contra el narcotráfico han consolidado el poder económico y de fuego de los cárteles frente a un Estado que ha sido incapaz de fortalecerse y trazar una estrategia efectiva de combate.

El mejor y más dramático ejemplo de esa incapacidad de Estado, y no sólo del gobierno de Calderón, es el asunto de la policía. La urgencia de profesionalizar las policías nadie la discute, cuando menos en teoría. Pero cuando se trata de los cómo y cuándo las diferencias son mayores. La resistencia a una policía nacional única es absoluta.

Por eso fue un verdadero avance cuando la mayoría de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pronunció por la desaparición de las policías municipales y la integración de una corporación única por cada una de las 32 entidades.

Los opositores a esta propuesta son de chile, mole y picadillo. La mayoría de los alcaldes de toda la República la rechazan por razones entendibles, aunque no atendibles: se niegan a perder un espacio de poder. Pero entre los opositores hay también panistas y priistas de primer nivel.

Como en el caso de los detractores de la legalización de las drogas, "los contras" de la policía estatal advierten que no será la solución definitiva y se montan en el argumento de que contraviene un precepto constitucional que no debe ser tocado.

Sobra subrayar que la tesis legalista no tiene fundamento. Si para alcanzar un objetivo hay que modificar la Constitución, pues hay que enmendarla y ya. ¡Cuál es el problema! De hecho, se ha modificado cientos de veces a lo largo de la historia. El verdadero hoyo negro en la argumentación no está, sin embargo, en lo que dice sino en lo que omite.

Ninguno de los municipalistas ofrece una alternativa viable para enfrentar la situación que viven Estado y sociedad. Hay que repetirlo. Policías capaces y profesionales no son una varita mágica que resolverá el problema de la noche a la mañana. Pero sin esos cuerpos el crimen organizado jamás será contenido.

Llegó la hora de cerrar la pinza. La legalización de la marihuana y una política de Estado para forjar cuerpos policiacos modernos y eficaces son las condiciones indispensables para cambiar la correlación de fuerzas. La ventana de oportunidad existe, pero no estará abierta indefinidamente.

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