agosto 28, 2010

Lecciones colombianas: la autonomía del MP y el dinero en las campañas

Carlos Puig
masalla@gmail.com
Historias del Más Acá
Milenio

Bogotá, Colombia. No se ha enfriado del todo la silla presidencial que ocupó Álvaro Uribe, y quien fuera su ministro del Interior, Sabas Pretelt, a quien con prisas lo habían enviado como embajador de Italia, ha tenido que renunciar por que fue indiciado por la fiscalía de la nación como presunto responsable de haber sobornado a legisladores para que votaran por autorizar constitucionalmente la reelección del presidente Uribe hace seis años.

Se dice fácil.

Esa misma fiscalía es la que en los últimos años ha puesto en la cárcel o bajo proceso a, literalmente, cientos de legisladores, alcaldes y otros funcionarios públicos por haber colaborado en distintos grados con los narcos-narcos, los narcos-paramilitares, o los narcos-guerrilleros. Porque aquí, todo ha sido manchado por el narco.

Es innegable progreso colombiano hacia la reducción de la violencia producto del crimen organizado ligado con el narcotráfico, y ese avance es producto de una combinación de acciones, políticas y cambios en el mercado de la droga; pero aquí nadie se imaginaría lo que ha sucedido sin un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo, cambio que se dio en la Constitución de 1991.

En México, esa discusión no existe. Nuestros ministerios públicos y procuradurías son absolutamente dependientes del Ejecutivo y tienen absoluta discreción en la aplicación de la acción penal, a pesar de que la experiencia internacional reciente dice que no sólo en asuntos de narcotráfico y delincuencia organizada, sino de corrupción en el gobierno han resultado herramientas indispensables.

Desde hace tres décadas, la mayoría de los países latinoamericanos han dado independencia del Ejecutivo a sus ministerios públicos y fiscalías; actualmente, sólo República Dominicana, México y Uruguay no han realizado modificaciones en esta dirección.

Una investigación del CIDE, coordinada por Gabriel L. Negretto y que en los próximos días se presentará como libro, llega a las siguientes conclusiones: “Si el Ministerio Público reside en el Ejecutivo —esto es, si el jefe de todos los investigadores, agentes o fiscales obtiene y mantiene su puesto dependiendo de la discrecionalidad del Presidente—, el procurador general tiene un incentivo para servir a los intereses de su jefe político y ejercer esta misma presión sobre sus subordinados”.

“En este sentido, en la medida en que la tarea realizada por cada uno estos actores pueda ser revisada por otro que sea independiente del primero, mejor garantizados estarán los derechos de los individuos involucrados en un crimen, tanto víctimas como sospechosos. Así por ejemplo, si el procurador puede examinar el trabajo de la policía, el juez puede verificar la labor del procurador y los superiores jerárquicos de ambos pueden revisar su trabajo si el individuo afectado apela su decisión, entonces los actores tendrán mejores incentivos institucionales para realizar su trabajo respetando los derechos de los individuos involucrados.

“En conclusión, si el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo donde los mecanismos de selección, remoción y duración en el cargo del procurador general aseguren que no esté subordinado ni a los intereses del Ejecutivo ni a los del Poder Judicial, entonces es más probable que esta institución ejerza correctamente sus funciones en el sistema de frenos y contrapesos.”

La experiencia colombiana señala, por ejemplo, que la autonomía del Ministerio Público no es directamente responsable en la disminución de la violencia, sino indirectamente, porque ha resultado un muy efectivo instrumento contra la corrupción y, por ende, de la asociación entre crimen organizado y políticos.

Otra lección colombiana en el mismo sentido se refiere a las campañas políticas. Buena parte de los representantes populares en prisión están ahí porque se ha comprobado que recibieron dinero del crimen organizado para sus campañas. En Colombia los narcos compraban políticos desde antes de la elección y, según una nueva investigación académica hecha libro —“…Y refundaron la patria”, de Claudia López—, fueron los políticos quienes buscaron a los delincuentes para que los financiaran. Las campañas han resultado buena manera para lavar dinero del narco.

Quedará para la historia la petición del expresidente Álvaro Uribe a los legisladores de que se apuraran a votar sus reforma antes de que los llevaran presos.

¿Está nuestro IFE preparado para prevenir, localizar, hacer judicializable y sancionar a quienes en México así lo hagan? ¿Están nuestras procuradurías, la federal y las estatales, listas?

Hay una especie muy mexicana que tiende a pensar que “México no es Colombia”. Cierto. Y no. Cuando uno repasa la violenta y complicada historia reciente colombiana, suena conocida, cercana, de los mismos colores que la nuestra. Sería de una arrogancia peligrosa no mirarla con cuidado.

El libro que se presenta en unos días es: Debatiendo la reforma política. Claves del cambio institucional en México. Gabriel L. Negretto, editor. CIDE 2010.

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