agosto 15, 2010

Legalizar no servirá de nada

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
La Semana de Román Revueltas Retes
Milenio

Hagamos algunos razonamientos utilizando el método de reducción al absurdo: el asesinato es ilegal; pues bien, supongamos, por un momento, que se legalizara y que pudieras matar a quien te diera la gana sin tener problema alguno con la justicia. ¿Esa circunstancia nos convertiría a todos en homicidas? Pero, me he adelantado: he dicho que “pudieras matar a quien te diera la gana” presuponiendo que la gente, por lo general, tendría ganas de matar a alguien. En realidad es al contrario: la gran mayoría de nosotros no tiene la menor intención de cometer un asesinato. Luego entonces, podemos decir, para empezar, que la posibilidad de matar impunemente no te despierta siquiera el deseo de hacerlo. En segundo término, ese permiso otorgado no se trasmuta obligadamente en una oportunidad aprovechada, es decir, la perspectiva de poder consumar cierto acto no significa, necesariamente, su ulterior consumación. Para mayores señas, en gran parte del territorio nacional no contamos con una policía eficaz ni con un aparato de justicia efectivo y, sin embargo, la tasa de homicidios es más reducida en México que en otros países. Esto significa que los mexicanos, tomados como una colectividad, administran ellos mismos sus responsabilidades y se encargan de vivir en paz por su cuenta. No reaccionan obligadamente a las advertencias previas de la autoridad —la amenaza de una pena de prisión o, inclusive, la perspectiva de que les fuera administrada esa pena de muerte que proponen algunos como la última medida disuasoria— sino que actúan correctamente de manera espontánea. Es el caso, toda proporción guardada, del automovilista que se detiene ante una luz roja de madrugada en una calle desierta: lo hace porque se lo dice su conciencia y no porque pueda salir un policía de tránsito, digamos, de una coladera. Por último, los asesinos por vocación se dedicarían, ahí sí, a matar de manera imparable y sin reserva alguna. Ése sería precisamente el problema: viviríamos rodeados de fieras sueltas y salvajes descontrolados; peor aún, estaríamos enteramente a su merced. Terminaríamos, tal vez, por querer matarlos nosotros mismos para asegurar nuestra supervivencia. Algo de esto hay ya en la fantasía de poder ejecutar a los secuestradores: su eliminación es una especie de promesa de que vamos a vivir seguros.

Vemos, entonces, que muchos seres humanos matan aunque sea ilegal, matan a pesar de que saben que van a ser castigados, matan sin problemas de conciencia y —he aquí lo más aterrador del asunto— matan más de lo que debieran porque la escandalosa impunidad que existe en este país casi equivale, en los hechos, a una facultad concedida por un aparato de justicia corrompido e inepto: los asesinos, desgraciadamente, andan sueltos. Y seguirán sueltos.

Pero, el problema de la inseguridad en México no sólo se manifiesta en los asesinatos. La ausencia de un verdadero Estado de derecho —aunada a una pavorosa crisis de valores morales— ha desatado una descomunal oleada de robos. Todo se roba: el mobiliario urbano, los equipamiento de los gimnasios públicos, las tapas de las atarjeas, las señales de tránsito, los materiales de la oficina, el menaje de las casas, la mercancía de los supermercados, los coches, los cables de la electricidad, el petróleo que fluye por las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Los mexicanos, al parecer, no somos un pueblo de asesinos; pero sí somos un pueblo de rateros. Robar está menos penado que matar. Y, nuevamente, la mayoría de los robos no merecen otra cosa que la más absoluta inacción de las autoridades. Pero, a diferencia de la descomunal dimensión de un asesinato —en todos los sentidos— el robo no parece sacudir demasiado nuestras conciencias: es más, significa, muchas veces, una revancha legitimada por la desigualdad social.

Tenemos así un panorama de lo que podríamos llamar la “delincuencia común” (y corriente): no matamos demasiado y robamos muchísimo. Existe, sin embargo, la otra delincuencia, la que lleva el nombre de “crimen organizado” y que ha merecido la más descomunal respuesta del Gobierno a pesar de que nosotros, las personas de a pie, padecemos mucho más los embates de los ladrones, los extorsionadores y los secuestradores que de los narcos. La solución, según dicen, estaría en la legalización de las drogas. Pues bien, formalizar la utilización de las sustancias ilegales no disminuiría en lo absoluto el imperio de unos cárteles que matan, degüellan, ahorcan, queman, estrangulan, decapitan, torturan, ejecutan y mutilan sin pedirle permiso a nadie, sea legal o ilegal, esté permitido o no lo esté. Es más, cuando les quiten su negocio, se seguirán dedicando a lo mismo de la misma manera como el asesino mata en abierto desafío al juez, a sus víctimas, a las Escrituras, a la Constitución, al Código Penal, a Dios y a los hombres. Estas organizaciones criminales no existen porque las drogas estén prohibidas ni dejarán de existir cuando las vendan en la farmacia de la esquina. Están ahí porque no funciona la justicia en México.

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