agosto 05, 2010

Legalizar

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Una de las mayores restricciones mentales del problema del narcotráfico es que apenas puede pensarse por fuera de la lógica del consenso punitivo que rige en esa materia la actuación de los gobiernos.

La noción central del consenso es que las drogas deben ser prohibidas y, en consecuencia, perseguidas. En ambas cuestiones rige un acuerdo político mundial, que no deja espacio a otros enfoques.

Gobiernos, prensa y ciudadanos viven atrapados en el mundo de la persecución, en las premisas del consenso punitivo.

Hay que dar un paso fuera del círculo del consenso punitivo para poder pensar el tema de las drogas en sus otras dimensiones: de moral y costumbres, de consumo y mercado, de salud pública, de libertad y responsabilidad personal.

La reflexión sobre estas dimensiones está lejos de ser una novedad en el mundo, pero no tiene espacio en la discusión mexicana sobre el narcotráfico.

México vive absorbido en el círculo infernal de la persecución y del crimen, a la sombra del consenso impuesto hace medio siglo por Estados Unidos.

Medio siglo después de asumido ese consenso, en Estados Unidos el consumo de drogas no desciende y, en cambio, prosperan corrientes de legalización de la mariguana, que desafían los axiomas de la persecución como única salida.

Al igual que Colombia, México ha pagado un alto precio por perseguir las drogas. México tiene derecho, diría que también tiene el deber, de asomarse, en defensa propia, a la opción de legalizar las drogas.

Lo menos que México debe hacer al respecto es abrir su propio espacio de análisis sobre la conveniencia de la legalización y sus efectos frente a los costos de la persecución y sus efectos.

Apenas se da un paso fuera del consenso punitivo, se hace evidente el absurdo de que alguien deba ser perseguido, encarcelado o muerto por sembrar o comerciar mariguana, cocaína o cualquier otro estupefaciente.

Cada variedad de lo que llamamos drogas requiere análisis aparte. Todas deben ser reguladas según su peculiaridad, qué duda cabe, y sometidas a reglas en su elaboración y su consumo, como sucede con otras sustancias adictivas de comprobadas consecuencias catastróficas para la salud pública, como el alcohol o el tabaco.

Pero poner a países enteros en pie de guerra para que no puedan producirse o venderse sustancias cuyos equivalentes, regulados y no regulados, existen en el mercado legal, es una aberración lógica y moral: un capricho punitivo de la historia reciente del mundo.

No hay comentarios.: