agosto 28, 2010

Molinos de viento

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

El narcotráfico se ha fortalecido, ha ampliado su control de territorios, la espiral de la violencia se ha acelerado y no se ve luz al final del túnel. El tiempo corre contra Estado y sociedad

Una imagen, reza el proverbio chino, dice más que mil palabras.

Creel, Chihuahua, 16 de agosto de 2008. El sábado por la tarde arriba un convoy. Alrededor de 15 pistoleros irrumpen en una fiesta y asesinan a 13 personas -entre ellas un bebé de brazos. Corren versiones que policías estatales le abrieron paso a los sicarios y que los agentes municipales se acuartelaron o abandonaron el pueblo para evitar enfrentamientos.

Santiago, Nuevo León, 15 de agosto de 2010. El domingo por la noche un convoy de cinco camionetas llega al domicilio de Edelmiro Cavazos Leal, presidente municipal, y lo secuestran. El miércoles 18 encuentran su cadáver con huellas de tortura y varios balazos. Fue ejecutado por policías municipales vinculados con los Zetas.

El diagnóstico de las corporaciones municipales no es menos alucinante. Más de la mitad de las 2 mil 20 corporaciones existentes cuentan con menos de 20 agentes. El 61 por ciento de los 160 mil efectivos perciben sueldos mensuales de 4 mil pesos o menos. El 70 por ciento no tiene estudio alguno o cuenta con educación básica (primaria y secundaria).

Pero lo más grave está en la cooptación. Según el investigador Edgardo Buscaglia, el 72 por ciento de los municipios del país son feudos del narcotráfico. Y según García Luna, secretario de Seguridad Pública: "la delincuencia financia con unos mil 270 millones de pesos cada mes a las policías municipales".

La fuerza de corrupción del narcotráfico, frente a un Estado con estructuras extremadamente débiles, se puede medir por la estimación de García Luna. Al año se invierten 15 mil 240 millones de pesos (mil 219 millones de dólares) sólo para la cooptación de agentes municipales.

A lo que habría que añadir lo que se destina a las policías estatales, a mandos federales y militares (ahí está el general Gutiérrez Rebollo) y por supuesto a jueces y ministerios públicos.

Por razones evidentes resulta imposible modernizar, profesionalizar y homologar 2 mil 20 corporaciones. Pero además, no tendría sentido emprender esa tarea por la composición de esos cuerpos policiacos y por la penetración y cooptación del crimen organizado.

De ahí la propuesta de García Luna: crear una policía nacional única para resolver de cuajo el problema. Liquidar, por una parte, los cuerpos municipales y, por la otra, trabajar en la construcción de una nueva corporación con normas y estándares profesionales.

Pero como siempre ocurre en este país, la iniciativa se politizó y fue satanizada por todo el mundo. Fue así como se llegó a una opción intermedia: crear 32 policías, una por cada entidad, para facilitar la profesionalización de las corporaciones policiacas. Hubieron de pasar casi 12 meses para que, al fin, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hiciera suya la propuesta y comunicara al gobierno federal su decisión.

Sobra decir que esta estrategia es tardía. Se debería haber adoptado al día siguiente que Calderón declaró la guerra al narcotráfico y decidió emplear las Fuerzas Armadas en labores policiacas. Porque el regreso de Ejército y Marina a cuarteles depende de corporaciones policiacas capaces de enfrentar al crimen organizado y garantizar paz y orden.

Sorprendentemente, la estrategia posible, que no dese- able -para utilizar la expresión de Calderón-, ha suscitado la oposición de alcaldes de todos los colores e incluso de panistas de primer nivel, como el gobernador de Jalisco. Quien ha llevado la voz cantante en ese coro es Azucena Olivares, alcaldesa de Naucalpan y presidenta de la Asociación de Municipios de México, AC (AMMAC), que aglutina a mil 200 alcaldes -multicolores.

La guerra de la AMMAC contra la unificación de las policías es, literalmente, una ofensiva contra molinos de viento. Denuncian el quebrantamiento del municipio como célula básica del sistema federal, pero no explican cómo ni por qué del resquebrajamiento. Inventan falsos riesgos como que la autoridad municipal no recibiese apoyo oportuno de la fuerza estatal por razones políticas. O lamentan la desaparición del policía de barrio.

La Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara son ejemplos de mandos policiacos unificados que funcionan con delegaciones o municipios de todos los colores y donde la figura del policía de barrio desapareció irremediablemente.

Pero lo más grave no está en las falsas razones o en la construcción de molinos de viento, sino en el hecho de que la AMMAC no se hace cargo ni de la gravedad de la situación ni del diagnóstico del problema.

Me explico. El país atraviesa por una situación de emergencia. El narcotráfico se ha fortalecido, ha ampliado su control de territorios, la espiral de la violencia se ha acelerado y no se ve luz al final del túnel. El tiempo corre contra Estado y sociedad. Urge avanzar. No hay que quemar pólvora en infiernillos. Las policías municipales no son rescatables.

Pues bien, ante esta emergencia la AMMAC propone tres alternativas: primero, no desaparecer sino coordinar a las corporaciones municipales con las estatales y federales. Segundo, crear un mando único si los municipios deciden sumarse y cooperar con dicha iniciativa. Tercero, crear un comité técnico para estudiar y evaluar la complejidad del problema.

Lo grave del asunto no está, sin embargo, en los delirios de la AMMAC y sus compañeros de viaje, sino en la posibilidad de que le impongan al gobierno federal y a la Conago esa agenda a fin de "crear y preservar consensos". Si ése fuera el caso, posibilidad no descartable, la estrategia fallará irremediablemente y el futuro -que ya está aquí- nos arrasará fatalmente.

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