agosto 04, 2010

No es la estrategia, es la política

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Ayer me tocó participar en los Diálogos que está realizando la Presidencia de la República con todos los sectores sociales para evaluar y analizar la estrategia de seguridad. Fueron cuatro horas de un encuentro productivo y que reflejó amplísimos puntos de vista, desde la estrategia de seguridad en sí misma hasta capítulos como la despenalización de ciertas drogas.

En mi opinión, así lo dije ahí, el problema no es la estrategia de seguridad, que fue muy bien presentada, con una adecuada visión histórica, por Guillermo Valdés, el director del Cisen, y ampliamente comentada por el presidente Calderón. Esa estrategia ha tenido problemas: las instituciones del Ejecutivo deben coordinarse más y mejor. Los operativos son imprescindibles pero su operatividad en ocasiones deja que desear porque en casi ninguno hay mandos únicos; las áreas de inteligencia deben tener también más y mejor coordinación y, como señaló en su momento Héctor Aguilar Camín, la batalla por la opinión pública está prácticamente abandonada. No se comunica bien, no hay una narrativa del conflicto ni un seguimiento detallado de la información. Historias tan importantes como la caída de Nacho Coronel no fueron presentadas, y eso no tiene por qué violar las pautas de seguridad, con la profundidad y los detalles que una gran historia requiere para que la gente comprenda, como dijimos, que una cosa es un narcotraficante histórico como Coronel y otra muy diferente, un "jefe", aunque así se le presente, de La Línea.

El problema, ya lo hemos dicho en este espacio, no es la estrategia, sino la política, y nada es más grave en este sentido que el profundo desfase que existe entre la Federación y los estados y los municipios. El problema consiste en que la estrategia es nacional por su extensión, pero no ha sido tomada como tal por los tres Poderes de la Unión y por los tres órdenes de gobierno. Y la verdad es que la mayoría de los estados y municipios, por las razones que sea, no se involucran en esta lucha.

Puse dos ejemplos. Durango, con el escándalo del penal de Gómez Palacio, donde las autoridades de la cárcel dejaban salir a los reos en la noche, para matar a sus adversarios, con las armas y los vehículos del penal, sólo motivó del gobierno de la entidad un comunicado de prensa, donde el gobernador Ismael Hernández Deras se limitó a decir que los funcionarios detenidos eran unos traidores. Nunca volvió a tratar el tema. Sí lo trató su secretario de Gobierno, quien afirmó que el problema real era que les enviaban demasiados presos acusados de delitos federales, como si eso ocasionara en automático la corrupción de sus empleados. El segundo caso, Jalisco: no hemos visto al gobierno local decir ni una palabra sobre el caso de Nacho Coronel, absolutamente nada. Y el jefe de policía de Guadalajara, interrogado sobre la probable protección que tenía el capo por las fuerzas policiacas locales aseguró que "si eso se comprobaba entonces se investigará a la policía local". Por lo menos, absurdo.

El hecho es que estos dos gobiernos, uno, priista, el otro, panista, han actuado de la misma forma ante hechos relevantes de la lucha contra la delincuencia y pareciera que ninguno de los dos tiene responsabilidad alguna en los hechos. Y sin esa participación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, no hay estrategia posible para detener el fenómeno de la inseguridad. Y encontrar esa operatividad es, debe ser, parte de un profundo trabajo político y de asumir una corresponsabilidad que en buena medida no existe.

Los temas ahí están: no cabe duda de que se necesita centralizar policías, pero no sólo no vamos hacia una policía única, pese a que casi todos los participantes destacaron los enormes esfuerzos realizados en la construcción de la Policía Federal, sino que la reforma para integrar 32 policías estatales está a la espera de quién sabe qué ocasión legislativa y muchos presidentes municipales, sobre todo panistas, se oponen por razones eminentemente políticas. Y sin esa reforma, sin fuerzas locales poderosas, no se pueden atacar los delitos que más lastiman a la gente, que son la extorsión y los secuestros. La reforma a la justicia apenas registra avances en siete estados: han pasado dos años de su aprobación y faltan aún seis para su plena implementación y el objetivo se ve, por lo menos, más que lejano: 98% de los delitos quedan impunes y, de todos los detenidos relacionados con el narcotráfico, 63% terminan siendo dejados en libertad supuestamente por falta de pruebas.

El problema es de política y requiere decisiones y soluciones políticas. La estrategia, con sus insuficiencias, es correcta, pero sin corresponsabilidad es imposible imponerla en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos. Hay un elemento que puede ser positivo: si bien en el Congreso será difícil tener avances, en los próximos meses la mayoría de los gobernadores estarán comenzando o han comenzado hace muy poco su periodo. No pueden darse el lujo de nadar seis años de muertito.

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