agosto 01, 2010

Noticia de un secuestro

Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
Excélsior

Los plagiarios quizá no se esperaban que la respuesta fuera una muestra de solidaridad de prácticamente todo el gremio periodístico.

Ha sido una semana trepidante para el periodismo mexicano.

El secuestro de varios colegas en La Laguna, mientras recababan información a las afueras del penal de Gómez Palacio, se había convertido en una inusitada demostración de fuerza del crimen organizado, dispuesto a llegar muy lejos para manipular a su antojo a los medios de comunicación.

Los secuestradores quizá no se esperaban que la respuesta fuera una muestra, no menos desusada, de solidaridad de prácticamente todo el gremio periodístico; el temple de informadores como Denise Maerker, quien tuvo la encomiable reacción de poner en negros la pantalla de su programa semanal en Televisa, mientras se hacían esfuerzos por conseguir la liberación de los colegas, y un eficaz operativo de la autoridad, que logró poner a salvo a los dos camarógrafos que permanecían retenidos.

Lo que el lunes 26 era un signo ominoso para el trabajo de quienes nos dedicamos a informar -incluso considerando lo difícil que se ha vuelto el ejercicio de esta profesión en diversas partes del país-, terminó ayer a mediodía cuando se informó que Javier Canales (de Multimedios Laguna) y Alejandro Hernández (de Televisa Laguna) estaban libres y esta espantosa crisis de los rehenes se había terminado.

El lunes por la tarde, mientras una nueva información sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos recorría la red social Twitter y en la redacción de Excélsior debatíamos qué tratamiento editorial debíamos darle, recibí una llamada de Denise, quien me puso al tanto del secuestro de Héctor Gordoa, colaborador del programa Punto de partida, y otros tres trabajadores de los medios de comunicación.

Yo había seguido el trabajo puntual de Denise y su equipo sobre la masacre de la madrugada del 18 de julio en el ejido Plan de San Luis, de Torreón, uno de esos horrendos episodios ante los que parte de la sociedad mexicana aparentemente ha dejado de impresionarse. Asimismo, la aparición de un video, al que le dieron difusión algunos medios, en el que un presunto policía del municipio de Lerdo relata, bajo tortura, que la matanza de 17 personas fue realizada por reos del penal de Gómez Palacio, a quienes la directora de ese centro de reclusión permitía salir por las noches para cumplir venganzas por encargo.

Me había llamado la atención que las autoridades encargadas de investigar la masacre hubieran llegado a esa misma conclusión, después de que alguien colgó el video del interrogatorio ilegal en internet, y estaba al tanto de las manifestaciones que familiares de reos llevaban a cabo para pedir la reinstalación de la directora del centro penitenciario, Margarita Rojas Rodríguez, quien había sido arraigada por los hechos.

No soy ajeno a las historias de reporteros que trabajan bajo presión del crimen organizado en diferentes estados de la República, como Tamaulipas, Durango y Michoacán. He participado en reuniones convocadas por la organización no gubernamental Artículo XIX para generar una respuesta informativa concertada de los medios en casos de actos de amenazas, desaparición o, peor todavía, asesinato de periodistas, casos que, lamentablemente, se han multiplicado en meses recientes.

Sin embargo, la información que Denise tenía que comunicar esa tarde me puso los pelos de punta. Sabía que no exageraba cuando me decía que era indispensable que los medios guardáramos silencio para no poner en riesgo la vida de los cuatro colegas.

Siempre he creído en lo que ha dicho el maestro de la ética en el periodismo, el colombiano Javier Darío Restrepo, respecto de la publicación de información sobre secuestros: La cobertura de este tipo de noticias siempre debe servir para ayudar a las víctimas. Asimismo, que los medios deben elegir en estos casos entre informar para servir a la sociedad o prestarse al sensacionalismo. Si optan por esto último, ha escrito Restrepo, los únicos afectados serán el secuestrado y sus familiares.

Por tanto, nunca dudamos en hacer caso de la petición. Nos abstuvimos de publicar cualquier referencia al secuestro de los periodistas en nuestra edición del martes 27.

Incluso, cuando el gobierno de Durango y la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelaron la información -algo que sigo sin comprender, sobre todo en el caso de la CNDH-, me comuniqué con Denise para preguntarle si debíamos mantener la misma actitud o cambiarla. "En este caso, creo que es mejor publicar", me dijo.

En el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos hemos hecho la misma evaluación. La tarde del lunes, no pudimos comprobar la autenticidad de la foto, la carta y el comunicado -que había puesto en circulación el periodista José Cárdenas, quien los recibió por correo electrónico- pese a acudir a las fuentes indicadas. Por ello, y porque nos pareció que esos documentos no hacían mucho más que abundar en la humillación de la víctima, sólo publicamos una breve nota en interiores que daba cuenta del fenómeno mediático suscitado por los documentos.

Las lecciones de estos hechos son claras para mí: no podemos acercarnos a los temas de seguridad pública sin reflexionar respecto de cómo estamos informando a la opinión pública sobre sucesos terribles como ejecuciones, matanzas indiscriminadas, secuestros, actos de extorsión, tráfico de personas, entre otros.

Aunque estoy de acuerdo en que el secuestro de un periodista y el de un político tienen alcances diferentes, los criterios para cubrir uno y otro no debieran diferir. Un secuestro siempre es un secuestro.

También debe quedarnos claro que los medios de comunicación son sumamente importantes en la estrategia de expansión de los cárteles. Los delincuentes han comprendido que necesitan de la caja de resonancia de los medios para que sus amenazas lleguen a quienes desean, trátese de autoridades o la población en general. Por tanto, no podemos confundir la labor informativa con hacernos eco de mensajes que los criminales envían para intimidar a quienes les estorban.

Algunos, dados al maniqueísmo, creen que la única opción de no prestarse a ser vocero de los delincuentes es no informar. No es verdad, o por lo menos yo no lo veo así. La alternativa real es informar con sentido de servicio a la sociedad y responsabilidad, así como con apego a los hechos, el interés público y la ética periodística; y, sí, informar con valor, prudencia y precaución a la hora de reportear, porque ya se vio que los delincuentes no se detienen ante nada a fin de cumplir sus objetivos.

Los hechos de ayer son materia de celebración, sin duda. Ver a mis colegas Javier Canales y Alejandro Hernández libres da para reafirmar las convicciones de las que está hecho este oficio y, también, para volver a creer en las instituciones y la lucha contra la impunidad (aunque sin olvidar que aún no hay nadie detenido por este plagio).

Celebremos, pero también reflexionemos. ¿Ha servido de algo, informativamente hablando, difundir imágenes de narcomantas, colgados o un secuestrado sin camisa y los ojos vendados? ¿Han ayudado esas fotos, sin mayor apoyo documental, al entendimiento de lo que le está sucediendo al país? ¿No se habrá tratado, más bien, de concesiones al morbo o, peor, de prestarse inconscientemente al juego perverso de la delincuencia?

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