agosto 15, 2010

Realidad que vence a las palabras

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Está pendiente la anunciada y luego aplazada reunión, en los Diálogos por la Seguridad, del Presidente con los coordinadores parlamentarios, única sesión de que podrían desprenderse consecuencias concretas

El diálogo sobre seguridad a que convocó el presidente de la República, con la mira evidente de que voces diversas a las del gobierno cohonesten y mejoren la estrategia de combate al crimen organizado no ha sido estéril. Se han conocido diagnósticos, posiciones, propuestas de solución, algunas de ellas importantes o por lo menos interesantes. Pero no han dejado de ser monólogos en que el gobierno ha llevado la mejor parte, porque el presidente Calderón intervino una y otra vez en cada sesión, sin ofrecer la posibilidad de réplica a sus interlocutores.

Nadie dudará de la relevancia y aun de la trascendencia de las palabras. Pero esas dimensiones del verbo se achican cuando la realidad les opone un sólido muro en que se estrellan los dichos, por brillantes, promisorios y solidarios que sean. La primera semana de los diálogos -con distintas porciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones religiosas y los directivos y dueños de los medios de comunicación- cerró con el motín de Ciudad Juárez, que reveló graves dolencias en la Policía Federal, la principal de las cuales es que no es la corporación nueva y ejemplar que se nos dice haber construido, como no lo fue en su momento la Agencia Federal de Investigación -cuerpos ambos de la autoría de Genaro García Luna- a la que se equiparó con el FBI y con Scotland Yard, y que hubo de ser suprimida por corrupción e ineficacia.

Y la segunda semana de diálogos -esta vez con los partidos políticos, con el Poder Judicial, con los gobernadores- concluyó con la recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el asesinato de los dos ingenieros que estudiaban posgrados en el Tecnológico de Monterrey. Según la CNDH, no sólo fueron ultimados por militares, sino que para evadir su responsabilidad los soldados alteraron la escena del crimen e imputaron a las víctimas un carácter que no tenían, el de sicarios que atacaron a la patrulla que los privó de la vida.

El motín de Ciudad Juárez y sus secuelas, así como el esclarecimiento de lo ocurrido en Monterrey el 19 de marzo muestran graves deficiencias de las fuerzas encargadas de contener a la delincuencia organizada. Esos hechos son parte del catálogo de insuficiencias, abusos y hasta actos delictivos que debieron ser parte de los diálogos, si en ellos hubiera habido espacio para la autocrítica. Ciertamente lo hubo para que algunos participantes cuestionaran la estrategia gubernamental, pero el señalamiento de las fallas de diversa naturaleza hecho por algunos interlocutores debió favorecer el autoexamen, no el de tono encomiástico que Calderón practicó respecto de sí mismo, sino el que en verdad condujera a rehacer el camino que permita un nuevo modo de enfrentar las diversas modalidades de la delincuencia, particularmente la violencia criminal.

En vez de la autocrítica, el autorregodeo insistió en que es un problema de percepción asegurar, como se hace aun en los seleccionados espacios desde donde hablaron los invitados a los diálogos, que el gobierno va perdiendo la guerra contra el crimen. Calderón negó que eso ocurra y citó una cifra, una suerte de marcador futbolístico: "En los enfrentamientos, por ejemplo, aunque hay lamentablemente bajas del Ejército y de las fuerzas federales, las bajas del lado de los criminales son considerablemente mayores. Estoy hablando de proporciones quizá de 8 a 1, o más. Indefectiblemente, la victoria, digamos, de ese enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo".

Esas expresiones -y las complementarias como la de que "sí se puede vencer a los criminales"- muestran la estrechez de mira con que fue concebida la lucha contra la inseguridad. El avance de una política pública de esa naturaleza no puede medirse por el número de bajas. Aunque así la haya concebido Calderón al responsabilizar al Ejército de su desarrollo principal, ésta no es una guerra, porque en ella se trata simplemente de exterminar al enemigo y aquí el objetivo es distinto. El propósito es someter a infractores de la ley mediante los procedimientos legales previamente establecidos. Y ese fin no pue- de alcanzarse únicamente por medio de las balas.

Si bien Calderón habló de las fragilidades institucionales, su moderado modo de hacer autocrítica, afuera del Campo Marte, donde se desarrollaron los diálogos -o sucesión de monólogos, en que el Presidente tomó ventaja de su calidad de anfitrión para comentar o refutar los dichos de sus invitados-, no ocurrían hechos que corroboraran la promesa implícita de fortalecer los órganos policiacos mediante su depuración.

Por ejemplo, los cuatro comandantes denunciados en Ciudad Juárez por sus subordinados estaban en libertad una semana después del motín suscitado por sus abusos. No se les había consignado al Ministerio Público federal -no obstante que el director de asuntos internos de la Policía Federal dijo lo contrario- y por lo tanto no se había iniciado la averiguación previa que permitiera a la PGR solicitar arraigo u órdenes de aprehensión. Parecía que se les diera la oportunidad para huir antes de que su situación traspasara los límites de la corporación a que pertenecen. En cambio, los agentes amotinados están siendo interrogados a fondo para que expliquen por qué denunciaron a sus jefes. Es que la corrupción se instala en la Policía Federal con tal naturalidad que resulta sorprendente, anómalo, que alguien no se avenga a sus reglas no escritas y haga públicos desmanes que deben permanecer discretos, soterrados, productivos. Conforme a ese código, los denunciantes se convierten en sospechosos, cuyos móviles conviene determinar en defensa de la corporación.

Una actitud similarmente protectora de los excesos en que incurren mi- litares encargados de acciones de seguridad pública está desplegada de nuevo en torno al caso del Tecnológico. Hace poco habíamos visto una posición igual en torno a la recomendación de la CNDH relativa al ataque castrense a un vehículo cerca de Ciudad Mier, Tamaulipas, en que viajaba una familia entera y en que murieron los niños Martín y Brayan Almanza. En ese asunto, mucho antes de que formalmente se produjera la aceptación o rechazo de la recomendación, se filtraron presuntas opiniones autorizadas tendientes a disminuir la credibilidad del documento de la oficina del ombudsman. En lo que toca al Tec, el viernes nada menos que el director del Colegio de la Defensa Nacional, la mayor institución educativa del Ejército, apareció defensor del apego militar a la ley, para contradecir de ese modo los señalamientos contra quienes ultimaron, ilegalmente, a los estudiantes de posgrado hace cinco meses.

No hubo en los diálogos mención siquiera y menos análisis de situaciones como ésas. Está pendiente la anunciada y luego aplazada reunión, en los Diálogos por la Seguridad, del Presidente con los coordinadores parlamentarios, única sesión de que podrían desprenderse consecuencias concretas de ese intercambio de palabras. Entre los varios reproches que Beatriz Paredes asestó a Calderón se incluyó el no haber fundado su estrategia bélica en el Plan Nacional de Desarrollo y los mecanismos de consulta que hacen posible modificarlo, como lo recordaron los diputados priistas la semana pasada. Más allá de la retórica, en la cita con los líderes de las bancadas en el Senado y la Cámara pueden hallarse coincidencias que permitan la actuación conjunta del Congreso y el Ejecutivo.

Por lo pronto, las sesiones a que citó el Presidente permitieron dibujar el panorama político nacional, no sólo en materia de seguridad. El Partido del Trabajo se abstuvo de asistir debido a que no reconoce el mandato de Calderón. Lo admitió, en cambio y aunque de un modo vergonzante, Jesús Ortega, cuyo partido tiene vigente una declaración de su congreso nacional de agosto de 2007 en sentido contrario. Tampoco asistió, por irresponsable, el líder del PVEM, el niño verde, que envió un representante. Por su amistad y semejanzas pudo haber nombrado a Jorge Kahwagi, del Panal, partido incondicional del Presidente. Y en ese foro se encontraron cara a cara Beatriz Paredes y César Nava, tan cercanos en octubre pasado que firmaron un convenio de alianza y tan distantes hoy, por lo menos si atendemos la acritud resabiosa y la suspicacia con que se presentó la presidenta del comité nacional priista.

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