septiembre 25, 2010

Dos en un día

Yuriria Sierra (@YuririaSierra)
Nudo Gordiano
Excélsior

En los últimos cuatro años 15 alcaldes han sido ejecutados y de ellos diez se perpetraron en lo que va de 2010.

Sigo analizando lo ocurrido con Julio César Godoy. Inconcebible, como lo escribió ayer Jorge Fernández Menéndez, que hoy aquel esté protegido y facultado para votar las próximas leyes de nuestro país. Qué grave. Cuando el país está en punto máximo en enfrentamiento con el narcotráfico, que un sospechoso de tener nexos con el crimen organizado goce de privilegios legales, peor, cuando esas mismas organizaciones gozan ya de un poder de facto en algunos territorios.

Ayer amanecimos con la noticia del asesinato del presidente municipal de Doctor González, Prisciliano Rodríguez Salinas, uno más de 15 alcaldes que han sido ejecutados en los últimos cuatro años, diez de ellos en los últimos nueve meses. Ramón Mendívil Sotelo, alcalde de Guadalupe, Chihuahua, fue asesinado el 17 de febrero, con él, se abrió el expediente de este año en cuanto a muertes de esta categoría. Le siguieron alcaldes de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. En el transcurso de la tarde de ayer, nos enteramos que Armando Silva Ruiz, alcalde electo de Gran Morelos, Chihuahua, y que tomaría posesión de su cargo el 9 de octubre, también fue atacado ayer por la tarde. Está en coma. Así que la suma va (casi) en 16.

Estas muertes se traducen como un mensaje de las organizaciones del crimen, donde deciden quién debe estar al frente de un gobierno local que, para su mala suerte, está dentro del perímetro de las plazas que tanto pelean. Ahí está su poder, que presumen en cuanta oportunidad tienen, que aterra a la gente y que rebasa a las autoridades. Hablar de las muertes y de cómo éstas han ido incrementando su incidencia, sobra, porque lo sabemos todos, lo leemos, lo escuchamos, lo sentimos. Cuántas personas afectadas por esas 28 mil muertes en cuatro años. Cuánto se han debilitado las instituciones encargadas de impartir justicia. Una ola de violencia que ha llevado a dos estados del país, Chihuahua y Durango, a ser considerados como dos de los territorios más peligrosos del mundo, con una incidencia de 74 asesinatos por cada cien mil habitantes.

El jueves, la cereza del pastel la puso Julio César Godoy Toscano y todos aquellos que permitieron que tomara posesión como diputado federal. ¿A cuántos agentes federales tuvo que librar para llegar al estrado? Si es inocente como asegura, ¿cuál era la necesidad de darse a la fuga, durante nueve meses, y hoy escudarse en el fuero político que le otorga su curul?

Qué mensaje tan peligroso el que se está dando, mientras por un lado las organizaciones criminales ejecutan civiles y funcionarios, por el otro, el que debería estar limpio de dudas y lleno de confianza, le permite a un sospechoso refugiarse en la ley para, irónicamente, no enfrentarla. Con la atenuante de que hablamos de quien se piensa fue operador político de La Familia, aunque lo niegue. La duda, estará ahí el resto de su carrera política y pudo haber sido borrada si hubiera aceptado enfrentar los cargos por la vía legal y no desde el refugio. Lo que sucedió lo entendemos, tristemente, como que hay una probabilidad de que el narcofuero sea también un narcopoder, uno decidido a disparar y facultado para votar en el Congreso.

Y por eso el narcotráfico se siente también habilitado para disparar contra los presidentes municipales que no le acomodan. Contra los periodistas. Y muy pronto, lo hará contra la sociedad civil sin motivos aparentes...

No hay comentarios.: