septiembre 04, 2010

La pesadilla

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La LXI Legislatura deberá abocarse, en primer lugar, a elaborar la ley de egresos e ingresos de 2011. En esas negociaciones y arreglos se consumirá el tiempo y la energía de todos los legisladores

Felipe Calderón trazó, desde el inicio de su gobierno, dos grandes objetivos: 1) emprender una ofensiva contra el narcotráfico para recuperar territorios, restaurar el Estado de derecho y abatir el consumo de drogas; 2) avanzar en las reformas estructurales más importantes: fiscal, laboral y energética.

Para efectos de tiempo y coyuntura política, la administración de Calderón prácticamente ha concluido. En materia de combate al narcotráfico el Presidente en persona reconoció que la victoria no está al alcance de la mano y que las cosas empeorarán en el corto plazo.

Así que los próximos dos años y medio veremos más de lo mismo: las Fuerzas Armadas en las calles y el recrudecimiento de la violencia.

No correrán con mejor suerte las reformas pendientes. La LXI Legislatura deberá abocarse, en primer lugar, a elaborar la ley de egresos e ingresos de 2011. En esas negociaciones y arreglos se consumirá el tiempo y la energía de todos los legisladores. Nada importante, en consecuencia, se puede esperar de ahora a que concluyan sus trabajos en diciembre.

El contexto del segundo periodo (febrero-abril, 2011) será más tenso y complicado. Las tres principales fuerzas tendrán los ojos puestos en la elección del estado de México. La posibilidad de una alianza PAN-PRD para enfrentar al PRI reeditará los conflictos y las riñas del 2010. Por eso la agenda electoral modulará las relaciones y las negociaciones en el Congreso.

De hecho, no hay ninguna razón para suponer que en 2011 se podrán alcanzar acuerdos que no se lograron en 2010. De entrada, porque los resultados en estado de México tendrán un impacto decisivo al interior de todos los partidos políticos. Y luego, porque estaremos ya en la antesala de campañas por la Presidencia de la República.

Pero además, las probabilidades de alcanzar acuerdos en materia fiscal, laboral y energética son muy remotas. El IVA en medicinas y alimentos, condición indispensable de una verdadera reforma fiscal, no tiene posibilidades de pasar. En el PRI es un tema que divide a militantes y está proscrito en su programa. AMLO, por su parte, emprendería un linchamiento contra todo perredista que lo aprobase.

La reforma laboral está y seguirá entrampada porque los priistas no correrán riesgo de lastimar cúpulas sindicales. La cuenta es muy sencilla: si no lo hicieron en el pasado, menos lo intentarán en vísperas de una elección presidencial cuando la prioridad es sumar al mayor número a cualquier costo.

Amén de que las corrientes duras del PRD se oponen por principio a cualquier reforma o decisión que "afecte" a los trabajadores –como hicieron manifiesto al protestar contra la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Y de la reforma energética mejor ni hablar. El PRI jamás entrará a un debate en que los prejuicios son moneda corriente y otro tanto harán los perredistas que defienden los tabúes y el pasado como una cuestión de principios.

De ahí la imposibilidad de una reforma de segunda generación que abriese la petroquímica secundaria a la inversión privada o que permitiese la alianza de Pemex con empresas internacionales.

Ante semejante perspectiva, toca hacer un balance de estos casi cuatro años y deslindar responsabilidades. Los tres grandes logros del gobierno de Calderón son la reforma del régimen de pensiones del ISSSTE, que ahora sabemos insuficiente, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el fortalecimiento de la Policía Federal.

Por el contrario, sus errores más importantes son dos: haber apostado por las reformas posibles y no por las necesarias en los primeros tres años; haber evaluado mal, o no haberlo hecho, las consecuencias de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico.

El mejor y más lamentable ejemplo de lo primero fue la permuta de una reforma fiscal pírrica por la contrarreforma electoral de 2007. El Presidente cambió, en sentido estricto, valores y principios por un plato de lentejas.

La decisión de emprender una ofensiva el 11 de diciembre de 2006 contra el crimen organizado en Michoacán y luego en Tijuana y otras entidades tuvo consecuencias indeseadas. Las enumero: el "efecto cucaracha" –la fuga-contagio de un estado a otro–, el fortalecimiento de los cárteles y la espiral incontenible de la violencia.

La intervención del gobierno federal –para reciclar la metáfora de Felipe Calderón– produjo no una cura, sino una metástasis. Por eso no se ha logrado recuperar territorios ni imponer el Estado de derecho y mucho menos reducir el consumo de drogas. La estrategia ha fracasado y urge revisarla.

Hay, sin embargo, elementos de corresponsabilidad. La inexistencia de policías estatales y municipales para contener la ola de violencia no es responsabilidad de Felipe Calderón ni se puede achacar al gobierno de Fox. La historia viene de atrás y remite a 71 años de priato.

Algo similar puede decirse del fracaso en materia de reformas estructurales. Si Calderón hubiese encontrado un interlocutor moderno y responsable, dispuesto a hacerse cargo de ese paquete, otro gallo le y nos hubiera cantado.

Pero más allá de esa repartición de culpas, lo cierto es que el país atraviesa por una emergencia, el sexenio ha concluido para fines prácticos y lo que vendrá no es prometedor.

El próximo presidente de la República –sin importar su color– enfrentará una situación más complicada; además que muy probablemente carecerá de mayoría en el Congreso para diseñar políticas y estrategias.

En dos palabras, la administración de Calderón habrá terminado en dos años y medio, pero nuestra pesadilla –como el dinosaurio en la fábula de Monterroso– seguirá aquí.

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