septiembre 09, 2010

La sonrisa de 'La Barbie'

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Édgar Valdez Villarreal pidió amparo contra el arraigo por 40 días al que está sujeto desde el 4 de septiembre, pero inmediatamente se desistió de ese recurso, lo que sugiere un acuerdo sobre su destino

No es honesto negar que la detención de Édgar Valdez Villarreal fue un éxito de la estrategia de la actual administración en su lucha contra la inseguridad. Lo fue por la importancia del delincuente arrestado y por su doble oportunidad: ocurrió en vísperas del Cuarto Informe Presidencial, que sin ese acontecimiento hubiera sólo referido la muerte de Arturo Beltrán Leyva y de Ignacio Coronel como hechos centrales en el combate al narcotráfico; y porque la noticia de la captura nubló los preocupantes efectos de otra información sobre la materia, la depuración de la Policía Federal, consistente en el despido de más de 4 mil agentes de esa corporación, admitidos irregularmente y puestos en la calle para enriquecer la reserva de desempleados a quienes, así sea someramente, se adiestró para el uso de la violencia. Están por verse los efectos negativos que la detención de La Barbie causó en la banda que hasta ahora dirige y para el narcotráfico en general. Al conocerlos se podrá calibrar de modo más preciso la dimensión de su captura.

Pero van acumulándose indicios que conducen a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del hecho en que el delincuente quedó en manos de la Policía Federal. La Secretaría de Seguridad Pública, en que se encuadra esa corporación, se ha ufanado de que la aprehensión del capo resultó de operaciones de inteligencia que permitieron localizarlo. Aunque hubo evidencia del fracaso de una de esas operaciones, que lo situó en Bosques de las Lomas de la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal el 9 de agosto, la del 30 de ese mismo mes, en Lerma, estado de México, habría afinado la puntería y ubicado al jefe de bandoleros en un momento y un modo tales que se le pudo capturar sin disparar un solo tiro. La numerosa tropa que lo resguardaba fue sorprendida por la Policía Federal y sin mayor esfuerzo, ¡zas!, La Barbie estaba ya detenido, ante el estupor, el desconcierto y el pasmo de sus guardaespaldas.

La Policía Federal lo retuvo durante más tiempo del debido, para hacerlo protagonista de una de las escenificaciones a que es dado el antiguo director de la Agencia Federal de Investigación y ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En vez de que lo interrogara el Ministerio Público y sus declaraciones quedaran sometidas al sigilo de esa etapa del procedimiento penal, La Barbie se convirtió en estrella de la televisión, gracias al interrogatorio a que se le sujetó para hacerlo público.

Esas conversaciones, en que se hizo notar la sonrisa del delincuente, enigmática como la de la Mona Lisa, dieron cuenta de su relación con otros jefes de banda. No ofreció ninguna información nueva al respecto, mejor o más afinada que la conocida por los periodistas especializados, ni sobre sus nexos con autoridades, que se dan por supuestos en toda indagación sobre delincuencia organizada. Mientras se difundían esas sesiones, la Procuraduría General de la República pasaba apuros para obtener el auto de formal prisión e iniciar uno o varios procesos, entre los cuales alguno habría de ser la vía para extraditar a Valdez Villarreal.

Al final del término debido, el Ministerio Público federal sólo pudo solicitar a la Judicatura el arraigo de Valdez Villarreal. Uno imaginaría que las operaciones de inteligencia que presumiblemente condujeron a su detención habrían servido también para reunir evidencia capaz de sustentar la consignación ante un juez penal. Pero no fue así. En vez de que se le inicie proceso, La Barbie está arraigado por 40 días, plazo susceptible de duplicarse, siempre con el riesgo, formalmente abierto, de que al cabo de ese periodo se le dejara en libertad por ser imposible consignarlo a la justicia. Claro que sería un escándalo soltar a un delincuente cuya captura fue cantada como un logro gubernamental, pero el trayecto formal puede ser ése. Por lo pronto, en vez de conducir a Valdez Villarreal al Centro Nacional de Arraigos, se le mantiene en la comodidad del Centro de Mando de la policía que lo detuvo que no es, hasta donde sabemos, un recinto apto para este momento jurídico del peligroso jefe de banda.

Por si fuera poco, La Barbie dio un paso procesal sorprendente. Tan pronto se le dictó el arraigo, su defensa solicitó amparo contra esa decisión judicial. Pero casi inmediatamente se desistió de esa demanda, según consta en el juzgado quinto de amparo del Distrito Federal, donde el trámite del juicio de garantías intentado duró lo que un suspiro. Puesto que nadie, y menos un presunto hampón de la catadura de Valdez Villarreal, renuncia a un recurso procesal que eventualmente podría significar su libertad, cabe preguntarse para qué, a cambio de qué desistió La Barbie de ser protegido por la justicia federal.

Es posible que a la hora de su detención o como condición para ella, se estableciera la conversión de La Barbie de indiciado en testigo colaborador, como se designa formalmente al testigo protegido. En esa condición Valdez Villarreal aportaría información (o la negaría) a cambio de un trato benévolo, que significara en realidad su pronta liberación o por lo menos la preservación de sus capitales, de los que podría disfrutar tras un corto periodo carcelario, determinado por una acusación suave. La institución del testigo protegido puede convertirse en puerta falsa para la libertad de quienes deben permanecer detenidos y como recurso de mala ley para conducir hacia otros acusaciones de que el testigo se libra. Acaso por eso La Barbie sonríe.

Cajón de sastre

No necesariamente tiene por qué saberlo, ya que fue su abogado sólo en causas penales. Pero Heraclio Bonilla, que al lado del licenciado Juan Velásquez defendió a Luis Echeverría de las acusaciones por la matanza del 10 de junio de 1971, dijo que la familia del ex Presidente está vendiendo en Playa del Carmen, Quintana Roo, terrenos con valor de 130 millones de dólares. Adujo la cifra para justificar la presentación de una demanda civil para que Echeverría cubra sus honorarios como penalista, ya que si bien su compañero de litigio Juan Velásquez no cobró por sus servicios, él sí ha pretendido hacerlo y no ha encontrado respuesta no obstante su insistencia y a pesar de que la fortuna que el ex primer mandatario heredó a sus hijos e hijas incluye bienes como el de aquella playa quintanarroense.

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