septiembre 25, 2010

Las llamadas de Godoy

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El Universal

Las grabaciones fueron obtenidas por el equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, y fueron aportadas por éste a la averiguación previa iniciada por la PGR, con el número PGR/SIEDO/UEYDCS/205/2009

¿Qué negoció el PRD con el PRI, para que este partido ayudara a que Julio César Godoy tomara protesta como diputado federal?

En el expediente judicial que la PGR tiene abierto en contra de Julio César Godoy Toscano, obran varias conversaciones telefónicas entre el ahora diputado federal y Servando Gómez, La Tuta, presunto líder del cártel de La Familia Michoacana. En esas grabaciones, obtenidas mediante espionaje telefónico, se escucha al flamante legislador hablar con gran familiaridad con el capo, al que se refiere en varias ocasiones como Tío, y al que le pide apoyos, lo mismo para financiar una campaña que para “poner quieto” a un periodista local de Michoacán.

Las grabaciones fueron obtenidas por el equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, y fueron aportadas por éste a la averiguación previa iniciada por la PGR, con el número PGR/SIEDO/UEYDCS/205/2009. Según la SSP, Godoy hablaba con cierta regularidad con La Tuta y tenía con él tratos que tenían que ver con su proyecto político en Michoacán. Es en esas llamadas en las que se fincan las acusaciones por vínculos con la delincuencia organizada que se atribuyen al hermano del gobernador michoacano, Leonel Godoy.

En los audios se escucha la voz de quienes, según García Luna, son Godoy y Servando Gómez sosteniendo varias pláticas. En una de ellas, Julio César le reporta al líder de La Familia cómo van las campañas políticas de varios candidatos a alcaldes de municipios michoacanos, y se habla lo mismo de políticos del PRD que del Partido Verde. Se escucha al presunto narcotraficante comentarle a Godoy que le pida al gobernador que interceda en el ámbito federal para que “nos deje de estar chingando la Policía Federal”.

En otro fragmento de llamadas, escuchadas por este columnista, se oye a Godoy Toscano comentarle a La Tuta de un periodista michoacano “que nos está chingando mucho. A ver si nos lo puede arreglar Tío porque, sabemos que él trabaja con usted pero no nos hace caso”. “No te preocupes —le dice Servando a Godoy— yo hablo con ese cabrón y lo arreglo”.

Todas esas llamadas forman parte de la investigación contra el diputado Godoy Toscano y son la base de la orden de aprehensión girada en su contra y que no pudo cumplimentar en casi un año la PGR. También obran en el expediente, declaraciones de un testigo protegido, que bajo el nombre de “Emilio”, afirmó que en una conversación que tuvo con un tal Santiago, a quien se refiere como yerno de Servando Gómez La Tuta, quien además es policía de Caminos, éste le dijo: “Mi suegro se codea con políticos chingones; tiene muy buen paro con Julio Godoy, medio hermano del gobernador. Le resuelve cualquier problema que tenga...”

La duda que surge es ¿por qué entonces, con todos esos elementos en contra, la PGR no pudo detener en varios meses a Godoy Toscano y prácticamente le dio el tiempo y la libertad de obtener el amparo que le permitió tomar protesta como diputado? ¿No lo ubicaron o no lo quisieron ubicar?

También sería interesante saber qué negoció el PRI con el PRD para apoyar la protesta de Godoy Toscano. Porque, conociendo el modo de operar de los priístas, que dirán que avalaron la protesta y el encubrimiento al nuevo diputado por ser un “asunto de legalidad”, lo más seguro es que hayan pactado algo con los perredistas a cambio de ayudar a que se diera la protesta del perredista. Ya hay quien señala que detrás de esa negociación, que podría hacerse extensiva al juicio de procedencia que ya anuncia el gobierno federal pedirá en contra del diputado Julio César, está una petición muy concreta de los priístas al PRD: que no vaya en alianza con el PAN en los comicios locales del Estado de México el próximo año. ¿Será posible tanto pragmatismo para permitir que un hombre acusado y con una averiguación penal abierta se convierta en legislador federal y obtenga la cuestionada protección del fuero constitucional?

CUCHILLOS LARGOS EN PRI Y PRD

Los ajustes que dejaron las elecciones locales del pasado 9 de julio todavía no terminan, y en los casos concretos del PRI y el PRD, las derrotas de aquellos comicios provocarán expulsiones y rupturas de militantes de alto nivel, acusados de “traición” a sus partidos, por haber apoyado a candidatos de otras fuerzas políticas.

Hoy podría estallar el primer caso de expulsión en el PRD, cuyas comisiones internas ya emitieron un dictamen para retirar su militancia a los senadores Tomás Torres y Raymundo Cárdenas, además de a los políticos zacatecanos Juan José Quirino y Eleazar Camerino. A todos ellos los acusan de haber “traicionado” al perredismo y haber violado los estatutos internos que prohiben a militantes de ese partido promover o hacer campaña por candidatos de otras fuerzas políticas.

Anoche el dictamen fue enviado a los cuatro políticos involucrados en ese juicio interno promovido por la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García y por su corriente Foro Nuevo Sol, de la que es integrante la secretaria general del PRD, Hortensia Aragón. En el documento se les comunica a esos perredistas la decisión de expulsarlos con base en la normatividad.

En el caso del senador Tomás Torres, éste analiza la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral federal para pedir que se revise el juicio. El último de esos juicios sonados en el PRD fue el del senador Ricardo Monreal, quien logró que los magistrados federales rechazaran el dictamen con el que fue expulsado de la militancia perredista, sólo para después renunciar él mismo y sumarse al PT.

En el PRI hay también un caso de expulsión en marcha en contra del diputado José Murat, a quien un supuesto consejero político, cuya identidad es difusa, acusó ante la Comisión de Honor y Justicia del CEN priísta de haber apoyado al candidato aliancista en Oaxaca y hoy gobernador electo, Gabino Cué. A diferencia de los perredistas, Murat no esperó a que el proceso avanzara y en cuanto supo de la denuncia en su contra presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral, al que pide proteger sus derechos políticos. Murat niega los señalamientos de apoyo a Gabino.

En ambos casos, el de los perredistas y el del priísta Murat, es muy posible que el Tribunal Electoral federal y sus magistrados terminen dando la razón a los militantes, como ha sucedido en la mayoría de los juicios de ese tipo, y que lo que resulte sea un revés para las dirigencias partidistas que aplican las expulsiones de manera selectiva.

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