Reforma

La medida ni es ilegal ni es para rasgarse las vestiduras. Más allá de nuestras preferencias, es exagerado considerarla una regresión. La Corte ha resuelto que tal medida no atenta contra la libertad de asociación y 20 estados más -gobernados por distintos partidos- contemplan esta prohibición.
Lo preocupante es la ausencia de convicciones. El PRI ha defendido y hecho uso extenso de la figura de candidatura común según las circunstancias por las que atraviesa en cada momento, sin reparar como se repara hoy en el hecho de que "confunden al electorado" o "introducen inequidad en la contienda" o son una amenaza equivalente al crimen organizado.
Lo alarmante es lo que esta reforma revela de la conducta de los políticos -no sólo del PRI- y de la desesperanza de algún día tener un marco institucional estable y que no responda a la posición política que cada partido ocupa al momento de la reforma. Un marco que revele la convicción de que ganes o pierdas, de que estés o no en el poder, de que tengas o no la mayoría, es un marco institucional respetable, confiable y eficaz.
Ejemplos de reformas hechas a modo sobran. Somos de memoria corta pero no hace mucho tiempo (1999) se redujo la edad para acceder al Senado -de 30 a 25 años- con el único objeto de que el hijo del entonces líder del Partido Verde pudiera ser senador. Entonces, se legisló ad hominen: hacían falta los votos del Verde y se cedió a un capricho. La mayoría panista en Guanajuato hace un par de años también prohibió las candidaturas comunes porque así les convenía en el momento. En el Distrito Federal, el PRD sigue sosteniendo la cláusula de gobernabilidad. El año pasado el PRI aceptó elevar un punto en el IVA a cambio de que no hubiera alianzas electorales en las elecciones estatales.
No hay duda de que con excepciones notables los líderes políticos mexicanos tienden a comportarse pensando en sus intereses políticos inmediatos, atendiendo a lo que les conviene en el momento y sin reparar en las consecuencias futuras de sus actos.
Ahora ocurre lo mismo. No sé si Peña Nieto tenga miedo de que un candidato común -como ocurrió en Oaxaca, Puebla y Sinaloa- pueda derrotar a quienquiera que vaya a ser su delfín a la gubernatura del Edomex, pero sus recientes iniciativas y declaraciones apuntan a ello. Revelan al típico político mexicano que guía sus acciones por el interés individual inmediato, en particular, por su condición de precandidato a la Presidencia.
A la prohibición de las candidaturas comunes, que además se hizo a iniciativa del PVEM como para taparle el ojo al macho, se une la propuesta de establecer, no como se ha dicho la cláusula de gobernabilidad, pero sí una que eleve el tope de sobrerrepresentación al 16%. Otra vez, siendo que el estado de México cuenta actualmente con uno de los sistemas más proporcionales, sorprende que se busque disminuir la pluralidad lograda, aunque habría que aceptar que de esta manera se evitaría recurrir a medidas más burdas como aquellas a las que recurrieron sus correligionarios en Oaxaca, Puebla y Coahuila, quienes contaban con cómodas mayorías en sus Congresos locales: adelantar el juicio político, mover la fecha para la revisión de la cuenta pública o nombrar a un auditor superior a modo para un periodo transexenal. Todas ellas para proteger la impunidad de los gobiernos salientes.
También se propone la reducción del tiempo de campañas a sabiendas de que el PRI es el partido mejor posicionado y necesita menos tiempo que resto de los partidos para posicionarse ante el electorado.
Preocupa que el puntero en todas las encuestas, el más conocido y popular de los políticos para ser el próximo Presidente, aquel que ha tejido con gran eficacia los apoyos del dinero, los medios y los electores, y quien se ha querido posicionar como audaz y modernizador en lo económico, se deje ver como temeroso y conservador en lo político. Contrastan estas iniciativas con el carácter, aquí sí modernizador, de su agenda bicentenario en materia económica, que incluye propuestas importantes como la reconducción presidencial, la Ley de Fomento Económico, la de derechos humanos, la del sistema de planeación, la de reglamentación de servicios de seguridad privada o la de ciencia y tecnología.
¿Apertura económica y cerrazón política? ¿Perestoika sin Glasnost?
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