septiembre 05, 2010

Para frenar al crimen, frenar la corrupción

Pascal Beltrán del Río (@beltrandelriomx)
Bitácora del director
Excélsior

Ojalá veamos caer en manos de la justicia a los políticos que abren la puerta a la delincuencia organizada y la dejan operar a sus anchas.

En la extensa declaración que dio ante una cámara de video y una interrogadora de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el capo Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, reveló que destinaba 2.5 millones de dólares mensuales de sus ganancias ilícitas para corromper a autoridades del estado de Morelos, entre otras.

Esa parte de la declaración, que no se ha dado a conocer en México, fue hecha del conocimiento de funcionarios estadunidenses, que a su vez la comentaron con este diario.

En realidad, la confesión no es sorprendente. Imaginar lo contrario -es decir, que La Barbie y su organización podían traficar miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos, como está asentado en dos acusaciones que existen en su contra en aquel país, sin necesidad de corromper a autoridad alguna- sería verdaderamente ingenuo.

Aunque la corrupción no es el único componente del crimen organizado, hay una relación estrecha entre ambos. Diversos estudios, teóricos y aplicados, han mostrado los vínculos que existen entre el crecimiento de crimen organizado y la corrupción en el sector público en un gran número de países. México no tendría por qué ser la excepción.

La Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional, adoptada por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2000, definió al crimen organizado como un grupo estructurado, que realiza delitos graves para obtener ganancias y cuyas características son el uso de la corrupción, la violencia, el lavado de dinero y la reinversión de sus utilidades en la economía lícita.

Si bien la corrupción puede existir sin la presencia del crimen organizado, éste no sobreviviría sin la corrupción.

Como decía, hay muchos factores que vuelven a un país propicio para el florecimiento de la delincuencia organizada. Entre ellas están la impunidad, la falta de competencia en el ambiente de negocios, la ausencia de una definición clara de los derechos de propiedad, la discrecionalidad de los servidores públicos, etcétera.

Sin embargo, la posibilidad de comprar a autoridades es fundamental para el crecimiento de esas actividades ilícitas. Cualquier índice de medición sobre criminalidad organizada, como el que desarrollaron los investigadores Jan van Dijk y Eduardo Buscaglia para la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Controlando el crimen organizado y la corrupción en el sector público, 2003), tendrá entre sus variables el nivel de "captura estatal" que existe en determinado país.

Hace un mes, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, dijo que el crimen organizado destinaba unos mil 270 millones de pesos mensuales para corromper a los cerca de 150 mil policías municipales que existen en México.

No hace falta reflexionar mucho para darnos cuenta que la corrupción ha sido la puerta de entrada al crimen organizado.

Sin duda, la detención de La Barbie ha sido gran éxito de la procuración de justicia en México, pero ¿cuántos Barbies no estarán a punto de franquear esa puerta que es la corrupción?

Preguntémonos qué se está haciendo para combatir la corrupción en México. Para ser justos, se han hecho algunas cosas: la mejora regulatoria y la instauración de controles sobre la actividad financiera sin duda reducen los márgenes para que individuos y organizaciones privadas puedan abusar de los poderes públicos para sus fines particulares.

Sin embargo, persisten muchas otras condiciones, identificadas en estudios internacionales, que hacen posible la corrupción. Entre ellas, el sometimiento de los servidores públicos a las presiones políticas.

Veamos el caso reciente del Instituto Nacional de Migración (INM), una dependencia donde, de acuerdo con innumerables evidencias, se ha solapado una enorme discrecionalidad -si no es que una abierta corrupción- en el manejo del tránsito de cientos de miles de personas por territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos.

El miércoles pasado, la comisionada del INM, la veterana política panista Cecilia Romero, estaba convocada en la Secretaría de Gobernación para entregar el cargo. Al menos eso le habían avisado la víspera. Sin embargo, faltando cinco minutos para la cita, ésta fue suspendida. Después de consultar a algunas fuentes, di a conocer el dato en ese momento a través de la red social Twitter, así como el nombre de quien debía ocupar el cargo, el también panista Edgardo Flores Campbell.

Un antecedente inmediato del relevo frustrado el miércoles fue la matanza de 72 migrantes, provenientes de cinco países, en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

El gobierno federal ha dado muestras de que no le tiembla la mano cuando se cree que debe ser destituido un funcionario por una mala actuación, como lo hizo con el director de Fonatur, Miguel Gómez Mont. Sin embargo, ese no fue el procedimiento elegido en el caso de Cecilia Romero, quien tampoco presentó su renuncia después de los hechos.

Lo que se pretendía hacer en la Secretaría de Gobernación era un relevo express, que no mencionara la masacre, aunque dejara en el aire la impresión de que el cambio se debía a eso. La contraorden dejó al secretario Francisco Blake con un palmo de narices, y en el suspenso a quien eventualmente tomará el cargo, Flores Campbell.

Aunque hubo quienes ya celebraban la salida de Romero, yo preferí tomar una distancia crítica del procedimiento. Estamos demasiado acostumbrados en México a exigir que rueden cabezas (metafóricamente hablando, en este caso) y a pensar que cualquier cambio es bueno, aunque no vaya a las raíces del mal que lo antecedió.

Pero ¿no cree usted, lector, que habría que revisar el trabajo de Romero antes de que se vaya, así como los conocimientos de Flores Campbell y su plan de acción para hacerse cargo del INM?

¿No convendría que una y otro comparezcan ante una comisión legislativa para saber, de parte de ella, si la corrupción entre agentes del INM condujo al desenlace trágico de San Fernando, y, de parte de él, qué piensa hacer para erradicar las malas prácticas en el Instituto?

De otro modo, ¿cómo se puede combatir el sometimiento del servicio público a las necesidades partidistas, que, de acuerdo con muchos investigadores, es una de las fuentes de la corrupción?

Vuelvo a la pregunta inicial: ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para combatir la corrupción? Yo digo que muy poco.

Cuando topan con pared en casos de aparente corrupción como las llamadas telefónicas del gobernador de Veracruz, en las que se escucha cómo Fidel Herrera dispone de recursos públicos para favorecer a candidatos de su partido, o el apoyo del director de la Lotería Nacional a un aspirante a gobernador por el PAN, ¿cómo podemos esperar que se desvanezca la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones?

Leo la lista que elaboraron Van Dijk y Buscaglia en 2003 para la ONU, sobre condiciones propicias para el desarrollo del crimen organizado, y veo con pesar que México cumple con la mayoría: distanciamiento de la ciudadanía de la toma de decisiones, desigualdad, corrupción, falta de competencia, cabildeo no regulado de grupos de interés, impunidad, evasión de impuestos, falta de independencia de los servidores públicos, escasez de crédito, débil seguridad jurídica.

Lo que da esperanza, y lo dice el mismo estudio, es que cuando un Estado se decide a revertir las cosas, puede esperar éxito en su lucha contra el crimen organizado.

Ojalá que pronto veamos caer en manos de la justicia, al ritmo con el que caen los capos y los sicarios y los cargamentos de armas y droga, a los políticos corruptos que abren la puerta a la delincuencia organizada y la dejan operar a sus anchas. De momento, sería bueno ver caer a quienes recibieron el dinero sucio de La Barbie, y que narren frente a una cámara de video -con respeto al debido proceso, diría yo- cómo recibieron esos millones de pesos de manos del crimen organizado.

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