septiembre 11, 2010

Pésimo remedio

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La nueva ley asigna a los eslabones más débiles del Estado mexicano -los municipios y los estados- la iniciativa y la responsabilidad de preservar la seguridad interna

El Senado de la República aprobó en el pasado periodo la Ley de Seguridad Nacional. Ahora se discutirá en la Cámara de Diputados. Manlio Fabio Beltrones y otros han urgido su aprobación a partir de los últimos hechos en los que un convoy del Ejército victimó "por equivocación" a dos miembros de una familia en Nuevo León.

La pregunta obligada es si esta ley contribuirá a proteger los ciudadanos y si constituye, por otra parte, un mecanismo efectivo para regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

La respuesta a la primera pregunta suscita más dudas que certezas. La aportación importante de la nueva ley es que sujeta a los militares y marinos -que participen en los operativos- a tribunales civiles en caso que cometan delitos o abusos contra la población. Un paso, sin duda, en la dirección correcta.

Pero esa acotación del fuero militar no garantiza que no habrá más abusos ni que no se cometerán errores o que los daños colaterales se reducirán a cero. La única manera de garantizarlo sería regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Cosa que no sucederá por el momento.

Por otra parte, la nueva ley introduce el concepto de seguridad interna y establece que ésta se ve afectada cuando existan actos que pongan en peligro la estabilidad, seguridad, paz u orden de un estado, municipio, delegación o región, y que las instancias competentes sean ineficaces o insuficientes para restablecer la normalidad.

A partir de esa definición, la ley crea un procedimiento complicado y burocrático para decidir la participación de las Fuerzas Armadas en la restauración de la paz y el orden.

Sintetizo: a) el gobernador -o el Congreso- de un estado se declara incompetente para garantizar la paz y el orden (o admite y canaliza la petición de un determinado municipio);

b) solicita al Consejo Nacional de Seguridad (integrado por el presidente de la República, el gabinete de seguridad, los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades y el secretario ejecutivo del CNS) el auxilio federal;

c) el secretario ejecutivo convoca al CNS e integra el expediente;

d) el mismo secretario elabora una declaratoria que turna al presidente de la República -y al Senado para que revise su legalidad;

e) el Presidente dispone, si lo considera conveniente, la participación de las Fuerzas Armadas.

Esa intervención está acotada tanto en el tiempo como en el espacio. El despliegue de militares y marinos se circunscribe al municipio, estado o región que haya solicitado su intervención por un tiempo determinado. Además que sujeta las Fuerzas Armadas a las autoridades legalmente constituidas en ese estado o municipio.

Los talones de Aquiles de ese procedimiento son varios.

Mete en un brete a gobernadores y presidentes municipales. Cualquier autoridad que reconozca que es incapaz de garantizar la paz y el orden incurre en una falta grave. La responsabilidad por el vacío de poder es de orden constitucional y constituye un motivo para abrir un juicio político.

De hecho, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia al respecto. El fallo sobre lo ocurrido en Oaxaca en 2006, cuando la APPO tomó la capital por varios meses, responsabilizó al gobernador Ulises Ruiz no por haber cometido abusos, sino por haber sido incapaz de proteger los bienes y la seguridad de las personas.

Así que cualquier autoridad que solicitase la intervención de las fuerzas federales se estaría exponiendo automáticamente al riesgo de un juicio político. Pero además, la ley excluye explícitamente los conflictos de carácter político, electoral o social.

Esto significa que de reeditarse el caso Oaxaca, el gobernador en turno no podría solicitar el auxilio federal por tratarse de un conflicto político teñido de protesta social. El hecho de que la anarquía y la violación de la ley se enseñorearan de nuevo en ese estado sería irrelevante. Los oaxaqueños serían dejados a su propia suerte.

Pero las inconsistencias y las contradicciones van más allá. La delegación de la iniciativa en gobernadores y presidentes municipales tendrá consecuencias muy graves. Cómo confiar en los cabildos cuando, según la estimación del propio Senado de la República, 6 de cada 10 están infiltrados por el narco.

Por si fuera poco, la experiencia confirma que la mayoría -por no decir la totalidad- de los gobernadores de todos los partidos se mantiene al margen y tiene pavor de enfrentarse al crimen organizado. Amén que hay pruebas, como en el caso de Mario Villanueva en Quintana Roo, de colusión con cárteles.

Dicho de otro modo, la nueva ley asigna a los eslabones más débiles del Estado mexicano -los municipios y los estados- la iniciativa y la responsabilidad de preservar la seguridad interna. Y esto ocurre en el contexto de más de 12 alcaldes ejecutados en los últimos 26 meses y del asesinato del virtual gobernador de Tamaulipas.

Por último, es evidente que el crimen organizado no respeta fronteras estatales ni municipales. Su implantación y fuerza son, por definición, regionales. Cómo enfrentar esa realidad cuando el gobernador de un estado solicite el auxilio de las fuerzas federales pero su vecino no. Qué pasará en el momento que los convoyes de sicarios pasen, por ejemplo, de Chihuahua a Sonora.

Concluyo. La estrategia para contener al crimen organizado ha fallado y no hay idea ni método alternativo para enfrentar el problema. Pero no hay duda que la nueva Ley de Seguridad Nacional complicará y dificultará aún más el combate al narcotráfico. El remedio, lejos de curar al enfermo, empeorará el tratamiento. ¿Es lo que quieren los legisladores?

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