octubre 24, 2010

Artificio

Gerardo Galarza (@ggalarzamx)
Excélsior

Desde 1940, cada presidente de la República ha hecho su propia reforma política o electoral.

Durante mucho tiempo "la mejor" solución a los problemas de México fue, y sigue siendo lamentablemente, la formación de una comisión, un fideicomiso, una ley o la reforma a una vigente. Este método tiene una gran ventaja para quienes lo instrumentan: diluye la responsabilidad de las instituciones y de las personas involucradas en ese problema y hace creer que habrá una solución eficaz, y con un supuesto beneficio social.

Esa práctica ha llegado, en el ámbito legislativo, a un exceso de sobrerregulación proveniente de artículos constitucionales, leyes, reglamentos, decretos, normas y demás, muchas veces contradictorios, pero eso sí todos presentados como de avanzada y modelos para el mundo.

De 1977 a la fecha, los legisladores mexicanos, especialistas y políticos han tratado de construir un andamiaje legal para el presunto desarrollo de un sistema político democrático. Desde hace ya 33 años no se ha dejado de legislar en la materia, sin contar conque desde el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), cada presidente de la República hizo su propia reforma política o electoral, según se ha llamado en cada ocasión.

Todo se resuelve con una nueva ley, un nuevo artículo, una nueva prohibición. Siempre, la modificación será necesaria y, por supuesto, la mejor que se haya hecho en el país y en el mundo. Eso dicen. Lo cierto es que a lo que se ha llegado es a normas grotescas que inclusive son violatorias de la Constitución.

Un caso reciente es la pretensión panista, basada en la ley, de que el IFE sancionara a Andrés Manuel López Obrador y partidos que lo apoyan por presuntos "actos adelantados de campaña". Los consejeros del IFE encontraron por ahora la forma para no castigar a un ciudadano mexicano que simplemente ha hecho y está haciendo uso de sus derechos constitucionales a la libre expresión y de asociación política. De igual manera ocurre con el Partido del Trabajo -que sí fue multado- por denigrar y calumniar al PAN y al PRI y algunos de sus personajes.

De acuerdo con la Constitución, López Obrador, como cualquier otro ciudadano mexicano, tiene derecho a manifestar su deseo de ser candidato, de ser Presidente, de llamar a votar por él, cuando él lo quiera, en privado, en público o a través de los medios de información o como pueda y quiera. Para ser candidato de manera oficial, -éste es otro cantar-, deberá cumplir con los requisitos que la ley establezca, pero no para manifestarse.

Además, si la manifestación política de un ciudadano o de un partido político ataca los derechos de un tercero debería ser un juez quien determine si incurrió en una calumnia o en una difamación, mismas que los señores legisladores ya despenalizaron y que ahora sólo se juzgan en el ámbito del derecho civil.

Por supuesto que los sistemas democráticos necesitan de reglas, algunas de ellas ineludibles (como ejemplo rápido y sencillo está el control sobre los gastos político-electorales: el origen del dinero utilizado, el monto máximo a gastar y otros de igual importancia), pero no de aquellas de limitan las garantías constitucionales de los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, quienes hoy también pueden ser reconvenidos y sancionados por sus expresiones o por su actividad política, como si sus derechos hubieran quedado cercenados al momento de aceptar su cargo público sea de elección o por nombramiento.

La mejor manera de inhibir y frenar la expansión de la democracia es el exceso de leyes, normas y reglamentos que en los hechos impiden el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Aunque usted y yo no lo creamos, México necesita con urgencia nuevamente una reforma político-electoral, cuyo objetivo sea el pleno ejercicio y la ampliación de los derechos de los ciudadanos, sustento de cualquier sistema democrático real. Lo demás es mero artificio.

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