octubre 18, 2010

¿Encarcelar a los narcopolíticos?

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

En la guerra contra el crimen organizado, el Estado tiene dos pendientes. Uno está relacionado con el lavado de dinero. Si bien el gobierno ha requisado cuantiosas sumas de efectivo durante este sexenio, todavía estamos esperando que caiga una red sofisticada de delincuentes, empresarios, banqueros y autoridades involucrados con el blanqueo de recursos de procedencia criminal. El segundo pendiente es el descubrimiento, procesamiento y encarcelamiento de políticos que ofrecen protección a la delincuencia organizada. No ha caído ni un solo “pez gordo” de la política. Ni siquiera un “charalito” como Julio César Godoy Toscano, un político de poca monta del estado de Michoacán.

Su historia es paradigmática de la falla del Estado mexicano para combatir la infiltración de la criminalidad en la política. En vísperas de las elecciones intermedias de 2009, el gobierno federal anunció la detención de diversos políticos presuntamente vinculados con el cártel de La Familia Michoacana. Uno de ellos, sin embargo, se fugó. Era Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de Michoacán.

Desde su escondite, Godoy ganó la elección de diputado federal. Gestionó, entonces, un amparo para poder tomar posesión de su cargo y tener, así, fuero constitucional. Un juez le dio la razón y obligó a la Cámara de Diputados que así procediera. Pero el fugitivo de la justicia primero tenía que llegar al Palacio de San Lázaro. Lo hizo escondido en una camioneta de un diputado de su bancada. Durmió, esa noche, en la oficina del coordinador del PRD en la Cámara baja. Al día siguiente, protestó y adquirió la inmunidad que le otorga el fuero. Diversos medios lo entrevistaron. Godoy negó tajantemente que tuviera vínculos con el crimen organizado. Afirmó desconocer a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, uno de los capos michoacanos. En todo este proceso, su partido, el PRD, lo apoyó.

Mientras tanto, el gobierno de Calderón quedó en ridículo y pidió, entonces, desaforar a Godoy para llevarlo a la justicia por presuntos vínculos con el cártel de La Familia Michoacana. La Procuraduría General de la República comenzó el juicio de desafuero. El asunto se turnó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Apareció, entonces, una conversación telefónica entre Godoy y La Tuta en los medios. La grabación no dejó dudas: el diputado federal conoce perfectamente al capo quien lo trata como “mi hijo” y “compadre”; el presunto narcotraficante tuvo gente suya trabajando en la campaña del entonces candidato a legislador, le ofreció todo tipo de apoyos y le aseguró que ganaría la elección; Godoy, además, le solicitó que le quitara de encima a un periodista local que andaba publicando notas adversas; el capo prometió arreglar este asuntito.

La grabación resultó ser una bomba mediática. El PRD no supo cómo reaccionar ante el descubrimiento de que Godoy es un mentiroso y presunto delincuente. Algunos insistieron en la inocencia del michoacano; otros pidieron que el caso se ventilara en los tribunales y no en los medios; algunos, los más sensatos, recomendaron que el diputado renunciara para enfrentar a la justicia. Mientras tanto, Godoy no se presentó a declarar a la Sección Instructora. Adujo que tuvo que regresar a su tierra “por razones familiares”. A ver si esta semana aparece.

Por donde se vea, se trata de un caso vergonzoso. Varias instituciones del Estado mexicano, de alguna manera u otra, quedaron mal. El Ejecutivo federal por no haber capturado a Godoy para enjuiciarlo antes de que ganara la elección, tomara protesta y adquiriera el fuero. El Poder Judicial por haber otorgado un amparo para darle posesión a un fugitivo de la justicia. La Cámara de Diputados, no obstante que estaba obligada jurídicamente a darle posesión a Godoy, por haberlo acogido hasta con entusiasmo. Y el PRD por defender a un político que cuenta con el padrinazgo de uno de los cárteles más violentos del país.

Una vergüenza. Un enredo, propio de una mala comedia, para atrapar a un “charalito” de la política mexicana. Imaginemos lo que sería tratar de arrestar a un “pez gordo”, un gobernador o un secretario de Estado, por ejemplo.

La semana pasada, el ex presidente de Colombia César Gaviria criticó que en México “creen que los únicos que están corruptos es la policía, y están totalmente equivocados, aquí con absoluta seguridad todos los estamentos de la justicia, y el poder regional, y del poder político deben estar ‘retecontaminados’ del narcotráfico, porque esa es la realidad, eso es lo que nosotros hemos descubierto con nuestra justicia”.

Tiene toda la razón. La población así lo percibe: en México debe haber políticos encumbrados que protegen a los delincuentes organizados. Sin embargo, en este rubro el Estado ha fallado. No hemos visto en México, como sí ocurrió en Colombia, el descubrimiento, procesamiento y encarcelamiento de políticos pesados vinculados con el crimen organizado. Queda, pues, ese pendiente. Y si lo ocurrido en el vergonzoso caso de Godoy Toscano es una muestra de lo difícil que es atrapar a un político presuntamente corrompido por el narcotráfico, tampoco esperemos mucho.

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