La droga en Estados Unidos

Carlos Tello Díaz
ctello@milenio.com
Carta de viaje
Milenio

Estados Unidos es el más grande mercado ilegal de drogas y mercado legal de armas en el mundo. Pero no sufre de narcoviolencia. Su gobierno podría, si quisiera, decomisar los gigantescos cargamentos de droga que entran en su territorio, antes de ser distribuidos y vendidos. Podría golpear a los cárteles mexicanos que han desplazado a los colombianos, a los chinos y a los coreanos, que son los que meten la droga que luego reparten las pandillas. Pero no lo hace. Las organizaciones y las pandillas, a su vez, no desafían al Estado: no luchan por el control territorial en Estados Unidos. Entre ambos, autoridades y narcotraficantes, no hay pactos ni acuerdos, por supuesto, pero existen intercambios de señales, códigos y entendidos para lograr algo que le conviene a todos: no convertir el narcotráfico en narcoviolencia. Las autoridades persiguen y reprimen, es su deber, pero no hasta el final. Hay un esquema de tolerancia controlada administrada por el Estado.

Por las consecuencias que tiene en términos de violencia, Washington ha optado por delegar el trabajo de represión a otros países, los de producción y los de paso, como Colombia y México en América Latina. Esa represión ha generado violencia, inseguridad y corrupción en estos países, como lo señala Fernando Henrique Cardoso en un trabajo editado por el Banco Mundial: “Los países desarrollados, los principales consumidores, han impuesto políticas dañinas sobre los países productores de drogas. Estas políticas han tenido consecuencias terribles, como la corrupción de las fuerzas policiacas y judiciales, y la violencia relacionada con el tráfico” (citado por Nexos, octubre de 2010).

¿Cuáles son esas políticas? Desde 1986, por ejemplo, el Congreso estadunidense exige certificar a los países de producción o de paso que estén “cooperando totalmente” con Washington a combatir el tráfico de drogas ilícitas en Estados Unidos (En 2003 la ley fue modificada para sólo castigar a los países que hayan “fallado demostrablemente” en este combate). Los gobiernos descertificados pierden el derecho de recibir asistencia de Estados Unidos. Hasta el día de hoy, México es certificado de esta manera, a pesar de que gasta relativamente más dinero que Estados Unidos en la guerra contra el tráfico de drogas: 9 mil millones de dólares al año, “el triple del gasto estadunidense si se comparan las cifras con sus respectivos productos internos” (Nexos, octubre de 2010).

Las cosas pueden cambiar a partir de la semana que viene con la legalización de una droga, la mariguana, en el estado de California. La propuesta de legalizar el cultivo y la venta de mariguana argumenta que esta droga no es más dañina que drogas legales como el tabaco y el alcohol, y daría por la vía fiscal al menos mil 300 millones de dólares anuales al gobierno de California, que a su vez dejaría de gastar alrededor de mil millones de dólares adicionales en perseguir, procesar y encarcelar a quienes consumen mariguana en este estado de la Unión Americana. ¿Por qué no legalizarla?

Es común leer desde hace algunos meses argumentos a favor de la legalización de las drogas en México. Pero no tiene sentido legalizar las drogas aquí si ellas no son antes legalizadas allá, pues la fuente del ingreso que perciben los cárteles de la droga —enorme, a causa de la prohibición— está en el mercado de Estados Unidos, no en el de México. Por eso es tan importante el resultado del plebiscito, este lunes 2, en torno a la Proposición 19 en California. Las últimas encuestas sugieren que ella no va a ser aprobada, desafortunadamente, pero aun así puede generar una dinámica a favor de la legalización. Yo creo desde hace años que la legalización (la regulación) es deseable. Hoy creo que es además factible, en el caso de la mariguana.