octubre 26, 2010

Legalidad y fuero militar

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Será, me parece, un gran error legislar como asuntos independientes el inevitable tema de la reducción del fuero militar y la Ley de Seguridad.

Si entiendo bien la queja o la inquietud del Ejército, su preocupación mayor no tiene que ver con el fuero, sino con la incertidumbre jurídica en que las fuerzas armadas han sido llamadas a la acción en defensa de la seguridad pública.

No parecen tener todavía, en ninguna ley, facultades y obligaciones precisas en la materia. En un extremo de la preocupación está el que pueda alegarse con fundamento que todas sus intervenciones para resolver problemas de seguridad pública de los últimos tiempos puedan ser tipificadas como ilegales, si no como inconstitucionales.

La ley no define ni ha definido claramente cuándo un problema de seguridad pública se vuelve un problema de seguridad interior y, con ello, una amenaza a la seguridad nacional, materia, ésta sí, de la exclusiva jurisdicción y obligación del Ejército y la Armada.

Una segunda inquietud militar respecto a la minuta de Ley de Seguridad que se aprobó en el Senado y que está a revisión en la Cámara de Diputados, se refiere a quién puede reclamar la intervención de las fuerzas armadas en un problema de seguridad interior.

Ejército y Marina no reconocen otro jefe que el que les marca la Constitución, el Presidente de la República, y no parecen conformes con la idea de que pueda llamarlos a la acción un gobernador o un Congreso estatal en apuros.

La discusión sobre el fuero militar adquiere particular importancia en este contexto, porque si la acción del Ejército durante estos años de intervención en la seguridad pública puede ser impugnada como ilegal, su vulnerabilidad ante los tribunales civiles sería muy alta, y el fuero militar sería un refugio de última instancia frente a acusaciones del fuero común por delitos cometidos durante acciones militares en cumplimiento de las órdenes de su comandante en jefe, el Presidente de la República.

El problema, de otro lado, es que la figura misma del fuero militar parece condenada a la extinción, por la evolución internacional en la materia y por fallos de la Corte Interamericana, que obligan a México a suspender su vigencia por delitos que supongan la violación de derechos humanos.

Mi impresión es que un buen arreglo de la Ley de Seguridad que dé certidumbre jurídica a la acción del Ejército en materia de seguridad pública, facilitará el hallazgo de un buen acuerdo en materia de reducir el espectro del fuero militar vigente.

El Ejército parece sentirse en un limbo legal, la posición más incómoda en que puedan ponerlo civiles que necesitan de su fuerza.

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