Razones
Excélsior

Tienen razón los presidentes Calderón y Santos cuando reclaman que no se puede tener una política dual: no puede Estados Unidos estar legalizando la producción, la comercialización y el consumo de drogas, en este caso de la mariguana y al mismo tiempo combatiéndola. No se puede exigir a los países productores (es un decir, porque más de la mitad de la mariguana que se consume en Estados Unidos se produce en ese país) un combate frontal contra las drogas y, al mismo tiempo, admitir, como lo ha dicho el presidente Barack Obama que es muy difícil combatir el consumo en su país porque es una "costumbre muy arraigada".
La Propuesta 19, que se votará el próximo martes en California, prevé que todo el que sea mayor de 21 años pueda poseer hasta 28 gramos de mariguana para su consumo personal, así como cultivar pequeñas cantidades en casa de hasta 2.3 metros cuadrados y consumirlas en privado o en lugares destinados a ello. También le da atribuciones al gobierno para "regular y cobrar impuestos a la producción y comercialización de mariguana a mayores de 21 años de edad". En caso de que sea aprobada la propuesta, la posesión y distribución seguiría siendo ilegal bajo la ley federal. Y eso, aparentemente, crearía un caos en términos de seguridad y de competencia entre los poderes estatales y el federal.
Pero decimos aparentemente porque en eso también hay una trampa. Si bien el presidente Obama ha dicho públicamente que no apoyará la legalización total de la mariguana, realizó un cambio fundamental en las políticas de seguridad al respecto. Hasta el inicio de la actual administración, el gobierno federal mantenía la prohibición en sus leyes y se daba la paradoja de que, mientras en un estado en que la mariguana era legal, allí no era perseguida por la policía local, pero sí podía ser perseguida por la federal. Ahora, a través de distintas órdenes ejecutivas, el gobierno de Obama ordenó a sus agencias federales que sólo persiguieran en esos estados a personas que transportaran o almacenaran cargamentos ilegales mayores de 500 kilos. En los hechos se acabó con ello la persecución de cualquier consumidor o productor pequeño. Y, por eso, si se aprueba el referéndum en California, no habrá persecución oficial.
El tema económico es central en todo esto. Además de los mil 400 millones de dólares que esperan recaudar en términos fiscales con la legalización, otro estudio del centro de investigación Rand establece que cuando menos se estaría hablando de un ahorro de 300 millones de dólares que hoy se gastan para garantizar el cumplimiento de las leyes sobre posesión y consumo de mariguana en California.
Y la clandestinidad en la venta dispara los precios. Por ejemplo, en México, un kilo de mariguana vale unos 80 dólares, pero en California el mismo kilo cuesta dos mil dólares; un kilo de cocaína vale en una ciudad fronteriza mexicana 12 mil 500 dólares, pero cruzando ya la frontera, 26 mil 500 dólares en esa ciudad estadunidense vecina; un kilo de heroína se vende en México en 35 mil dólares, en 71 mil en Estados Unidos y en mucho más en las grandes ciudades del este.
Según cifras oficiales, aunque son muy conservadoras, el narcotráfico, aseguró el gobierno estadunidense, genera en ese país unos 61 mil millones de dólares, de los cuales dos tercios provienen del comercio de mariguana. Y no olvidemos que Estados Unidos produce más de 50% de la mariguana que consume. Es una producción tan importante que en realidad en algunos estados sus utilidades son más altas que las del tabaco, el maíz o el trigo.
Todo eso es una realidad que debe tomarse en cuenta a partir de lo que suceda el próximo 2 de noviembre. Hasta ahora las encuestas sobre el referéndum son confusas: algunas hablan de un virtual empate, otras dan una ventaja a quienes se oponen a la legalización, pero en todas, sobre ese tema existe un índice muy alto de indecisos que son quienes definirán el asunto. El procurador Eric Holder no se ha pronunciado al respecto ni queda claro cómo podría hacerlo, sobre todo si no ganan los demócratas las elecciones. Pero el tema continuará más allá del martes 2. Se debe realizar un debate serio entre los principales países involucrados y adoptar estrategias comunes. Lo que vivimos hoy es una suerte de esquizofrenia donde los mayores costos los pagamos en México, Centroamérica y Colombia.
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