octubre 19, 2010

Por la vía de los hechos

María Amparo Casar
Reforma

Hay ocasiones en que una postura arrojada tiene buenos dividendos. Es lo que ocurrió cuando en noviembre de 2004 el presidente Fox vetó el Presupuesto argumentando que los diputados se habían extralimitado en las modificaciones que hicieron a su iniciativa.

Hasta ese momento la comunidad académica llevaba décadas discutiendo si el Ejecutivo tenía o no la facultad para hacer observaciones al presupuesto y la clase política declarando la imperiosa necesidad de hacer una reforma para aclarar las potestades tributarias de cada uno de los poderes.

Pasaron los años y ni la discusión se zanjó ni la reforma se concretó. La realidad nos alcanzó en 2004. La mayoría opositora en la Cámara hizo modificaciones sustanciales a la iniciativa de presupuesto, al Presidente no le pareció y amparado en el artículo 72 de la Constitución interpuso el veto sin saber si al final del camino tendría que recular. Se desató una tremenda discusión, los poderes se acusaron mutuamente de invadir sus respectivas esferas de acción, hubo amenazas y recriminaciones y se recurrió a la controversia constitucional. Al final intervino la Suprema Corte y a través de su resolución quedó asentado que el Presidente sí tenía la facultad de vetar el presupuesto. Así, por la vía de los hechos, gracias a una acción del Ejecutivo, quedó resuelto un asunto que por años rondó los pasillos de la academia y de la política sin más resultado que permanecer en el limbo.

Ahora pasa lo mismo con otra disposición constitucional -el fuero legislativo- cuyos alcances son materia de interminables discusiones jurídicas y de un debate político en el que todos los actores aceptan la necesidad y urgencia de una reforma que nunca llega.

La Constitución señala dos cosas que suelen confundirse. Primero, que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y que jamás podrán ser reconvenidos por ellas (art. 61). Segundo, que gozan de inmunidad procesal, esto es, que no se puede proceder penalmente contra ellos, sin que la Cámara de Diputados declare si se puede proceder contra el inculpado (art. 111).

Más allá de la confusión que generan estos preceptos, en la práctica se han prestado para la comisión de abusos y delitos que quedan impunes.

Para acabar con esta situación se antojan posibles tres vías. La primera -la más deseable pero improbable- es que los legisladores honren su palabra y se den a la tarea de hacer una reforma para "acotar el fuero" y hacer expedito el proceso mediante el cual se retira la inmunidad parlamentaria para poder procesar a un legislador por la presunción fundada de haber cometido un delito.

La segunda -también improbable- sería que los legisladores dejaran de acogerse o de interpretar el fuero como vía para evadir la ley. Los presuntos culpables entregándose a la justicia para ser procesados y el resto dejando a un lado un mal entendido espíritu de cuerpo -que a ratos parece más complicidad- y allanando el camino para no hacer del proceso de desafuero el único obstáculo para juzgar a quien se presume culpable de un delito. En la Cámara de Diputados permanecen sin atender al menos 19 solicitudes de declaratorias de procedencia para poder juzgar a funcionarios que presumiblemente han cometido delitos.

Se hizo en Colombia en circunstancias parecidas a las que hoy atraviesa México como parte del compromiso para contribuir a la lucha contra el narcotráfico. Al muy temido narcotraficante Pablo Escobar, senador de Colombia, le fue retirada la inmunidad parlamentaria. Algo similar ocurrió a más de 30 legisladores acusados por nexos con paramilitares y narcotraficantes y al propio senador y ex presidente del Congreso colombiano a quien la Corte Suprema giró orden de captura.

La tercera, sin duda más radical, es la vía de los hechos. La que usó Fox para el presupuesto. Si como dice el artículo 111 de la Constitución la inmunidad procesal se restringe a "la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo", no haría falta desaforar a un diputado para hacer efectiva una orden de aprehensión y juzgarlo por un delito -delincuencia organizada y lavado de dinero- cometido con anterioridad a ocupar el cargo como es el caso de Julio César Godoy.

No cabe duda que si se optara por esta vía se generaría una gran polémica por no decir una situación explosiva y que al final la Suprema Corte tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida. Pero dada la morosidad de los legisladores para hacer una reforma necesaria quizá la vía de los hechos sea la única que proporcione una solución.

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