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La historia en breve
Milenio

No fue así. El propio procurador Arturo Chávez, junto con la subprocuradora de Delincuencia Organizada, Marisela Morales, salieron (1) a dar la cara, (2) a enmendarnos la aritmética y (3) con un cuchillo entre los dientes, a advertir que a este asunto le queda cuerda. Y (4) a señalar frontalmente al juez primero penal de Morelia, Efraín Cázares, no sólo por haber liberado a los funcionarios sospechosos de trabajar con o para los narcos, sino virtualmente a exhibirlo como uno de ellos. Duro.
Por partes. (1) Los jerarcas de la PGR no traen la cola entre las patas. O eso pareció. Para anunciar que cumplirán con la obligación de apelar, de “conocer si nos asiste o no la razón”, llamaron a conferencia de prensa, se fueron a la ofensiva e informaron que, incluso, llevarán el caso del juez Cázares ante el Consejo de la Judicatura federal.
(2) Aprovecharon para aclararnos a quienes manejamos con soltura la cifra de 34 de 35 liberados, que sería mejor decir 31 de 32, ya que el propio ministerio público federal asumió que no había elementos para pedir que encarcelaran a tres de ellos.
(3) El procurador habló de la posibilidad de volver a acusar a 22 de los 32 por delitos relacionados con el mismo tema de crimen organizado.
(4) La subprocuradora marcó al juez Cázares por el enrarecido proceso que se le sigue, y podría dejar pronto en libertad a Luis Servando Gómez Patiño, el hijo de La Tuta, capo de La Familia michoacana.
Y eso por no hablar de lo que expresaron sobre el proceso del diputado Julio César Godoy. Pintada de guerra, la PGR dijo que esto no se acaba hasta que se acaba.
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