noviembre 16, 2010

Conflicto de intereses

Manuel Clouthier Carrillo
Diputado federal por el PAN

El conflicto de intereses es un tema muy poco discutido en la sociedad mexicana, ya sea en lo político, económico, en las organizaciones públicas o en las empresas privadas. Es parte de nuestra arraigada cultura de corrupción y del ejercicio patrimonial del poder. A veces los mexicanos hasta lo vemos “bien”, deseable y plausible. Quién no ha escuchado a un encargado de compras decir: “Yo tengo un pariente que nos puede proveer determinado producto o servicio”. Y entonces razonamos: ¿Qué no es bueno y correcto desde esta posición que ocupo, ayudar a mi familia?

El conflicto de intereses lo podemos definir como aquella situación que puede presentarse al trabajar para una organización de cualquier índole y que, ante la necesidad de tomar decisiones, puedan entrar en conflicto los intereses de la organización con mis intereses personales por diferentes motivos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define el conflicto de intereses como aquel que se da entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público y puedan estos influir impropiamente en el desempeño como servidor público.

Un ejemplo de conflicto de intereses es: Ser director de una empresa y, al mismo tiempo, ser socio de otra empresa proveedora de la que dirijo. En algún momento, ante tal circunstancia, tendré que tomar decisiones en relación a los proveedores, ¿y qué voy a privilegiar? ¿La empresa que dirijo o la empresa de la que soy socio?

Otro ejemplo es cuando a un Juez, que tiene que impartir justicia y que para ello debe esforzarse por ser imparcial, le toca atender un caso de un hijo suyo. ¿Qué va privilegiar? ¿La justicia o el amor a su hijo?

Son muchos los casos y los motivos que nos pueden poner ante una situación de conflicto de intereses. De hecho, todos los servidores públicos tenemos derechos e intereses privados. Dejando claro que no todo conflicto de intereses es corrupción, lo que se busca es evitar que un potencial conflicto de intereses se convierta en uno real, es decir, el tratamiento debe de ser preventivo.

Para esto debe tomarse en cuenta consideraciones de carácter ético, legal y político. Por ejemplo, en el caso del Juez y su hijo, lo que la ética y la ley recomiendan es “excusarse de conocer”. Es decir, el Juez informa a sus superiores que no puede llevar el estudio de ese caso porque le presenta un conflicto de intereses, ya que puede afectar su imparcialidad tan necesaria para impartir justicia.

O bien, aun actuando con justicia, podrá poner en entredicho su resolución y afectar la credibilidad de la institución que representa por el hecho de resolver el asunto de su hijo.

Así pues, lo que la ética recomienda es que actuemos con criterio preventivo, y reconozcamos que la situación nos presenta un potencial conflicto de intereses. En consecuencia, conscientes de ello, lo reportemos a nuestros superiores y, por supuesto, “nos excusemos de conocer”.

Compras, contratación de personal, manejo de información privilegiada, regalos, financiamientos de campaña, tratos preferenciales, tráfico de influencias, son algunas áreas de alto riesgo en el tema de conflictos de intereses y que pueden levantar sospecha de la imparcialidad de los funcionarios; pueden provocar una ventaja impropia del cargo o pueden comprometer la integridad y credibilidad de la institución que representan. El conflicto de intereses debe resolverse a favor de los intereses superiores, privilegiando el interés público.

De manera reciente, nos enteramos que la esposa del aspirante a la dirigencia nacional del PAN, Roberto Gil, es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Conocimos también que la consejera Carla Astrid Humphrey acompañó a su esposo al registro de su candidatura para presidente del CEN del PAN en la sede de dicho partido.

Este hecho no implica ninguna falta a la ética, quizá fue una imprudencia, pero si Roberto Gil ganara la elección interna por la dirigencia y se convirtiera en el presidente nacional del PAN, su esposa Carla Astrid Humphrey debería renunciar a su cargo como consejera electoral del IEDF para evitar un conflicto de intereses.

Como aquel Juez, la consejera electoral Carla Astrid Humphrey deberá “excusarse de conocer” los asuntos electorales, ya que su marido sería el presidente nacional del PAN.

La confusión entre las obligaciones públicas y los intereses privados quedaría disuelta. Ganaría la ética en la política.

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