noviembre 04, 2010

Crónicas malditas

Purificación Carpinteyro
pcarpinteyro@gmail.com
Reforma

2 de septiembre de 2010: en su discurso con motivo del IV Informe de Gobierno, el presidente Calderón anunció la publicación de un decreto que anticipa la transición de la televisión analógica a la digital, con el propósito de hacer "posible la participación de un mayor número de proveedores de señal de televisión". En palabras llanas, la decisión ejecutiva de abrir a la competencia la televisión abierta.

7 de octubre de 2010: la Cámara de Diputados aprobó promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se reconozca que el decreto de transición digital está fuera de las competencias del Ejecutivo federal. Igual decisión fue adoptada por el Senado.

8 de octubre de 2010: en entrevista radiofónica, Alfonso Navarrete Prida, diputado priista del grupo cercano del gobernador Peña Nieto, defendió con firmeza que el Congreso no está en contra de la digitalización, pero es la "legítima sospecha" de que el decreto tiene fines electoreros, lo que hizo necesario impugnar su validez.

¿Será sospecha la razón por la que los representantes del PRI, PRD, Convergencia, Nueva Alianza y Verde Ecologista decidieron impedir que Televisa y TV Azteca enfrenten competencia? O ¿será que los poderosos grupos televisivos usaron a sus fieles escuderos para impedir que su poder se vea afectado y tenga que ser compartido con nuevos jugadores? Es pregunta.

20 de octubre de 2010: la ministra Olga Sánchez Cordero admitió las controversias constitucionales presentadas por los diputados y senadores en contra del decreto de TV digital y otorgó la suspensión provisional, fundada en el argumento de que con esa suspensión no se dañará a la sociedad, ni se afectará la economía ni la seguridad nacional.

Explicó que "la salvaguarda del interés social está garantizada en la medida que podrá seguir teniendo acceso a las señales que emitan los concesionarios y permisionarios de televisión, en la modalidad analógica". Es decir, podremos seguir disfrutando del elevado nivel cultural e informativo transmitido o por Televisa o por TV Azteca.

Noche a noche, los monitores de las televisiones de decenas de millones de hogares mexicanos permanecen conectados a la transmisión del canal en el que recién terminó un capítulo de la telenovela del momento. La inercia de la curva de audiencia simplemente garantiza el rating, y el noticiario oficial de las cadenas de televisión -de chile o de manteca, a su elección- se escucha de fondo entre las actividades previas al sueño, casi como un mantra.

Sus verdades y la propaganda de las campañas pseudofilantrópicas se insertan en el inconsciente colectivo que no cuestiona. A la mañana siguiente los mexicanos tenemos claro quiénes son los gobernantes que están haciendo algo por el país, cuáles deben ser crucificados y quién es quién para ser considerado en las encuestas para futuras candidaturas.

No hay nada de qué preocuparse, nuestros representantes en el Congreso estarán siempre alertas para garantizar que podamos conocer el último parte oficial de las noticias relevantes del día, en boca de los voceros de la verdad absoluta, según la televisión.

3 de febrero de 2006: Felipe Calderón Hinojosa, candidato a la Presidencia de la República por el PAN, acudió a la convocatoria de Emilio Azcárraga Jean y se reunió con los integrantes del consejo de administración de Televisa, en Valle de Bravo. El día anterior había tocado el turno de Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado, candidatos por la coalición Por el Bien de Todos y la Alianza por México, respectivamente, que tampoco dudaron en asistir.

Todos los candidatos rechazaron haber abordado en estas reuniones el tema de la Ley Televisa, que estaba siendo ventilado en el Congreso.

30 de marzo de 2006: las modificaciones conocidas como Ley Televisa son aprobadas por el Congreso. En apenas siete minutos el pleno de la Cámara de Diputados vota a favor, y pasa sin modificaciones por el Senado.

Tiempo después, los senadores Pablo Gómez del PRD, Santiago Creel Miranda del PAN, entre otros, declararon haber aprobado la ley "bajo presión" y en el contexto de las elecciones presidenciales.

Esta crónica macabra, que dista de ser exhaustiva, da lugar a más que la legítima sospecha de que el Estado mexicano está supeditado al omnipresente poder de los grupos televisivos, herederos del "dedazo". Ésta es la realidad que los legisladores no quieren cambiar, y que según la ministra Sánchez Cordero puede esperar, hasta que se decida si el Ejecutivo puede hacer algo por recuperar la supremacía del Estado.

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