noviembre 29, 2010

Cuando López Obrador “mató” a Digna Ochoa

Julián Andrade (@jandradej)
julian.andrade@razon.com.mx
La Razón

La abogada Digna Ochoa se suicidó el 19 de octubre de 2001. Tuvieron que pasar nueve años para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pudiera cerrar el caso.

¿Por qué ocurrió así? La historia es interesante, y revela el comportamiento de algunos políticos en el tema de la procuración de justicia.

El primer investigador del caso fue el entonces subprocurador Renato Sales Heredia, quien es ahora procurador de Campeche y colaborador de este diario.

Sales Heredia hizo una buena investigación. Pronto descubrió que la defensora de los derechos humanos se había quitado la vida. Existía, mucho antes de que el cuerpo de Ochoa fuera encontrado, un patrón suicida, que inclusive había hecho que ella se alejara de sus colegas del Centro Miguel Pro.

El cadáver se localizó en el departamento que le servía como oficina y que Ochoa compartía con Pilar Noriega, en ese momento visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Por la posición del cuerpo y por la trayectoria del las balas, se estableció que sólo la víctima había podido disparar.

La PGJDF había resuelto bien, y rápido, un caso delicado. La sorpresa ocurrió cuando el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se negó a que el expediente fuera concluido y enviado al no ejercicio de la acción penal.

Para López Obrador era más importante la opinión de algunos círculos ligados al propio PRD, que la evidencia técnica que se había recabado. Se decidió nombrar a un fiscal para reabrir la indagatoria y buscar a “los responsables” del asesinato de Ochoa.

En la mira estaba un supuesto escuadrón militar y un cacique de Guerrero, Rogaciano Alba, quien se encuentra preso por delitos contra la salud.

El jefe de Gobierno le encargó a la hoy senadora Rosario Ibarra de Piedra y al columnista Miguel Ángel Granados Chapa, que buscaran y eligieran fiscal del caso.

Se inclinaron por la magistrada Margarita Guerra. Sostenían que “ahora sí se haría justicia”.

La felicidad no les duró mucho, porque Guerra llegó a las mismas conclusiones que Sales Heredia: Ochoa se había suicidado.

Tampoco se pudo cerrar el caso, porque quien mandaba en la ciudad de México era López Obrador. Ni a él ni a sus aliados les interesaba la verdad. La abogada murió abandonada por sus colegas.

En la izquierda perredista ni la hacían en el mundo, pero convenía que fuera una mártir y más aún si sus asesinos pertenecieran “a las fuerzas represivas.”

En el fondo “la mataron” porque de otra forma no servía para la causa y mucho menos si era una mujer incomprendida y angustiada que no tuvo ni la atención ni la solidaridad que se merecía.

Hay que celebrar que el procurador Miguel Ángel Mancera haya decidido terminar con un capricho político concluyendo la investigación.

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