noviembre 27, 2010

Don Alejo

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La historia de don Alejo puede ser leída de muchas maneras. Se trata, sin duda, de un hombre cabal y muy valiente. Defendió su convicción y su propiedad hasta las últimas consecuencias

La historia es conocida y ha sido ampliamente difundida. Alejo Garza Tamez fue asesinado la madrugada del 14 de noviembre por un comando de 30 sicarios en su rancho a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un día antes, esos mismos delincuentes le habían dado un plazo de 24 horas para que abandonara su propiedad y se las entregara.

En respuesta, don Alejo, de 77 años, pidió a sus trabajadores no presentarse a trabajar al día siguiente y, viejo cazador, se atrincheró solo en su casa con sus armas. Cuando el convoy de sicarios se presentó, alrededor de las cuatro de la madrugada, abrió fuego, eliminó a cuatro e hirió a otros dos.

Para ultimarlo, los sicarios utilizaron armas de alto poder y granadas. Ante la intensidad de la balacera, los presuntos zetas abandonaron el lugar por temor a que se presentaran las Fuerzas Armadas, como de hecho ocurrió cuando posteriormente se apersonaron elementos de la Marina.

La historia de don Alejo puede ser leída de muchas maneras. Se trata, sin duda, de un hombre cabal y muy valiente. Defendió su convicción y su propiedad hasta las últimas consecuencias. Seguramente porque sabía que si se doblegaba se convertiría en un muerto en vida. Y eso es algo mucho peor que perder la vida.

Pero plantea, también, una serie de preguntas. ¿Por qué no recurrió a las autoridades municipales y estatales para que lo protegieran? La respuesta la dio Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, al declarar que en varias ocasiones había denunciado amenazas y presiones pero nunca se le atendió.

Queda, sin embargo, una segunda pregunta: ¿por qué no pidió la protección de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas? La respuesta es sencilla. Porque era un ciudadano común y no tenía un canal de comunicación privilegiado. Y porque su solicitud hubiese sido procesada (ignorada) como tantas otras.

Con un agravante. La denuncia y la solicitud de protección equivalían a correr el riesgo de que los delincuentes fuesen informados y perdiera, con ello, la única ventaja real que tenía: el factor sorpresa. Por eso resulta admirable no sólo la valentía, sino la coherencia y sangre fría del personaje.

En las redes sociales, Twitter y Facebook, la historia de don Alejo ha tenido un gran impacto. Todos los comentarios son favorables y hay quien lo define como el único héroe del bicentenario. Y no es difícil entender por qué. Su historia encarna a la perfección el sentimiento de indefensión y rabia que sentimos la gran mayoría.

Indefensión, porque sabemos que el Estado es incapaz de garantizar nuestra seguridad personal. Rabia, por la impotencia frente a criminales que tienen enormes recursos e imponen su ley a sangre y fuego en la más completa impunidad. Quedan, entonces, sólo la certeza de que la buena suerte nos protege y la esperanza de no toparse nunca con el crimen organizado.

Sin embargo, el malestar social y las respuestas iracundas de la población empiezan a proliferar. El 20 de octubre pasado en Tetela del Volcán, Morelos, un grupo de ciudadanos detuvo y estuvo a punto de linchar a un grupo de secuestradores (cuatro hombres y una mujer) y al subdirector de la policía municipal por estar coludido.

Un mes antes, el 21 de septiembre en Ascensión, Chihuahua, otro grupo de ciudadanos indignados detuvo a una banda de seis secuestradores, que había levantado a la hija de un regidor. No sólo eso. Los ciudadanos exigieron y obtuvieron del alcalde el despido de los 12 policías municipales y el entonces gobernador, Reyes Baeza, reconoció que era necesario abrirle espacios a la inconformidad y participación ciudadana.

La historia de don Alejo y las movilizaciones en Ascensión y Tetela del Volcán tienen una misma matriz: la incapacidad del Estado para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Frente a ese vacío de poder, que está infestado de corrupción y complicidad, la gente decidió asumir su propia defensa.

¿Es indeseable que así sea? En el mundo perfecto de la teoría y el derecho, sí. Lo mejor sería que el Estado asumiera responsable y eficazmente esas tareas. Pero como la realidad no es así, no se les puede pedir a los habitantes de Ascensión ni a los de Tetela del Volcán que sufran los delitos y los asesinatos poniendo la otra mejilla y rogando a Dios que un día el Estado cumpla sus obligaciones.

De hecho, no hay ningún elemento para suponer que en el mediano y largo plazos las cosas vayan a mejorar. Todo indica que seguirán empeorando. Con un agravante indignante, pero real. La clase política en su conjunto no parece mayormente preocupada por el problema.

El mejor ejemplo está en que mientras mantenían larguísimas discusiones para repartirse los 3 billones 430 mil millones de pesos del presupuesto 2011, la iniciativa presidencial para reformar los cuerpos policiacos bajo un mando único seguía y sigue entrampada.

Ante semejante desastre vale recordar que la Constitución de 1857 establece en su artículo 10: "Todo hombre tiene derecho a poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa". Más aún, se podría agregar hoy, cuando el Estado es incapaz de garantizar la paz y el orden.

La historia de don Alejo impone mucho más que una reflexión. Los ciudadanos tienen todo el derecho de organizarse para defenderse. Ellos son, en los municipios, barrios y pequeñas comunidades, quienes mejor pueden hacerlo. Sería más inteligente utilizar ese potencial que ignorarlo o, peor aún, intentar sofocarlo.

Basta imaginar qué hubiera pasado si don Alejo hubiese podido recurrir a vecinos y amigos para defender su rancho y su dignidad. No honraríamos hoy su memoria, sino celebraríamos su triunfo.

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