noviembre 02, 2010

Mariguana

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

El 18 de octubre, el azar permitió descubrir en Tijuana, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, un gigantesco alijo de mariguana. Lo que iba a ser un incidente de tránsito atendido por la policía municipal se convirtió en un hito en el combate contra las drogas. En varios vehículos fueron hallados paquetes de la droga, probablemente preparados para su exportación a California. Pesaban 134 toneladas, que poco después fueron quemadas en ceremonia pública.

Así, por casualidad, no como resultado de un trabajo de inteligencia, se interrumpió el flujo de la yerba a Estados Unidos. Es de imaginar que se había concentrado un envío de tal magnitud para ponerlo en el comercio clandestino de aquel lado del lindero antes de que cambiaran las condiciones del consumo, mudanza que sería posible dos semanas después, es decir hoy, 2 de noviembre. El episodio revela las conexiones de la droga producida en México y su mercado californiano. Por ese motivo inmediato, y en mayor medida por las repercusiones que generará legalizar la yerba en ese estado de economía tan pujante, el resultado del referéndum de hoy debe ser registrado y analizado en nuestro país.

Criminalizado el consumo de mariguana en México, combatir su producción y su consumo ha significado a lo largo de varias décadas la aplicación de crecientes recursos institucionales, presupuestales y humanos. Aunque se decomisan de tanto en tanto cargamentos de droga lista para su exportación o venta local o se destruyen cultivos de la yerba, es claro que ha podido más el tráfico de ese estupefaciente que la capacidad estatal para impedirlo. La situación se ha agravado con la aparición de nuevas drogas o el abatimiento del costo de otras como la cocaína, que ha incrementado su uso. Las bandas que se dedican a esa actividad delictuosa son cada vez más poderosas financieramente (porque no se las ataca en el último eslabón de la cadena productiva, que es la inserción de la ganancia en el circuito legal del dinero), lo que les permite comprar complicidades e impunidad (frente al Estado) y organizar pandillas de matones para proteger o disputar mercados y rutas (frente a sus rivales).

La batalla contra esas bandas es claramente infructuosa. De allí que se busquen alternativas distintas a la criminalización del consumo. Las alternativas parten de los diversos puntos de vista que requiere un fenómeno poliédrico como el uso y abuso de drogas ilegales. Por un lado, se plantean problemas de libertad personal y de salud pública (semejantes a los que genera el consumo de alcohol y de tabaco, que son tóxicos legal y socialmente admitidos) y por otra parte los que conciernen a la seguridad pública, disminuida o rota abiertamente por la violencia criminal adosada al comercio de enervantes.

En Estados Unidos, principal mercado de la droga que se produce o se comercia en México, abordar el problema de la mariguana incluye un nuevo factor: el carácter federal de esa República, que permite a los estados un tratamiento jurídico particular. A partir de 1996, en 14 entidades de esa unión, entre las cuales California fue primera, es lícito el uso de mariguana para fines terapéuticos, algo que se practica también en algunos círculos mexicanos aunque con el riesgo de incurrir en sanciones penales que incluyen prisión.

El movimiento que consiguió hace tres décadas esa nueva visión de la mariguana en Estados Unidos avanzó hasta el punto de que hoy, en el marco de la gran movilización electoral que incluye la renovación total de la Cámara de diputados y un tercio del Senado, así como la gubernatura en California, los votantes dirán sí o no a la Propuesta 19, cuya aprobación permitiría a personas mayores de 21 años la posesión y consumo de una onza de la yerba (como ya lo permite la legislación penal mexicana para toda la República) y también el incipiente cultivo legal de ese cáñamo, tan presente en la vida y la cultura mexicana que se le atribuye ser una especie de combustible que hace caminar a la cucaracha.

En los últimos días cambió el curso de la opinión californiana, que pareció inclinada a la legalización en esos términos y es probable que hoy la mayoría de los votantes deseche la propuesta cuya discusión requirió el apoyo de cerca de 700 mil ciudadanos, sin cuya firma no se habría podido convertir el asunto en un dilema electoral. Aun si la propuesta fuera aprobada, no sería automática su puesta en práctica, pues el gobierno federal norteamericano la impugnaría en modo semejante a su actitud ante la propuesta racista contra la migración indocumentada en Arizona. Además, continuaría aplicando la legislación federal en la materia. Por ello, dicho sea de paso, carece de sentido la protesta que varios gobiernos latinoamericanos (incluido el de México) formularon ante Washington.

Cualquiera que sea el curso de la Propuesta 19, su solo planteamiento en un estado con el que México está vinculado de tantas maneras, impide que asistamos impasibles a la decisión ciudadana sobre la yerba. Ex presidentes de Brasil, Colombia y México (Fernando Henrique Cardoso, Carlos Gaviria y Ernesto Zedillo) han planteado la legalización paulatina del consumo de ciertas drogas, dados los altos y crecientes costos de toda índole generados al combatirlo. El presidente Calderón, contrario a ese extremo, ha dicho que no se opone a discutir. Aunque se opusiera a él, he allí un debate que ya está ocurriendo y que convendrá formalizar mediante una convocatoria legislativa o universitaria.

Cajón de Sastre

Hace dos años, en el primer martes de noviembre -día 4 entonces- la atención del segmento de público más informado estaba puesta en el proceso electoral norteamericano, del que se desprendería, aunque en el curso de la jornada ese resultado parecía inalcanzable, la elección del primer presidente negro de Estados Unidos, el singularísimo Barack Obama. Ya cerca del anochecer el foco de esa atención cambió abruptamente hacia una información nacional: se había precipitado a tierra una aeronave de la Secretaría de Gobernación en que viajaban, entre otras personas, el titular de esa cartera Juan Camilo Mouriño, y el antiguo subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Fue un golpe en el plexo para el presidente Calderón, que depositaba gran confianza en el joven político nacido en España y naturalizado mexicano.

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