noviembre 07, 2010

¿Quién ha matado a esas 30 mil personas?

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
La Semana de Román Revueltas Retes
Milenio

No termino de entender la lógica de los que se oponen al combate que Felipe Calderón está llevando a cabo contra las mafias criminales. Esta disconformidad les sirve, encima, para denostar ferozmente al Presidente de la República como si no bastaran ya las invectivas de siempre, a saber, esos calificativos de “espurio”, “pelele” y tantos otros que tan alegremente le endosan sus enemigos.

El primero de los argumentos utilizados para sostener la descalificación es que la “guerra”, hasta ahora, ha causado más de 30 mil muertes. Es cierto que la cifra es escalofriante, pero estamos hablando, justamente, de una guerra. Y, más allá de la dimensión de tragedia y de la presencia del horror en la vida pública de este país, no creo tampoco que sea demasiada infamia hacerse un par de preguntas: primeramente, ¿qué muertos son esos? Y, en segundo lugar, ¿quién los mató?

La realidad está hecha de matices y verdades relativas, dicho esto último en el sentido de que no son absolutas. Y así, hablar de 30 mil cadáveres puede parecer, a primera vista, razón más que suficiente para condenar tajantemente cualquier estrategia que se haya implementado. Pero, de nuevo, ¿se puede establecer una relación directa entre el número de muertos y la ejecución de dicha estrategia? No hablemos ya de Calderón ni le atribuyamos intenciones políticas, o de otra índole, a su decisión de afrontar al crimen organizado. ¿No es entendible, de entrada, que un jefe del Estado mexicano, el que sea, se responsabilice de parecida tarea? Por el contrario, ¿es aceptable que —sabiendo de la existencia de un poder que amenaza la integridad de la nación y que, desde todos los puntos de vista, representa un auténtico desafío al Estado— el jefe del Ejecutivo se quede cruzado de brazos? Es más, de no haber lanzado la ofensiva, ¿no lo estaríamos acusando ahora de omisión, de tibieza o, inclusive, de complicidad? Y, por último ¿me pueden decir cuál sería la otra alternativa, qué otra opción queda y qué se puede hacer para resolver un problema que, hasta nuevo aviso, es tan real como el número de víctimas?

Pensemos, por un momento, en la capacidad de matar. Es un hecho, vistas las cifras, que hay, en el territorio nacional, fuerzas que pueden asesinar, en efecto, a 30 mil seres humanos. Y, en este sentido, no atribuyamos a Calderón —ni al Ejército, ni a las fuerzas de seguridad del Estado— la autoría de esos crímenes. El Presidente de la República no es quien ha matado a toda esa gente. Tampoco los soldados ni la Policía Federal. Una mínima parte de las bajas, es cierto, puede deberse a errores o excesos de las corporaciones públicas. Otros individuos han caído al oponer resistencia en operaciones llevadas a cabo por esas mismas corporaciones. Y, desde luego, hay víctimas inocentes en todos los casos. Pero, lo repito, no es el Estado el que mata. Los que ejecutan y cortan cabezas y torturan y secuestran y sueltan ráfagas indiscriminadamente en una fiesta de jóvenes son los criminales. Y, en su mayor parte, los muertos son miembros de las propias bandas delictivas, enfrascadas en una cruenta lucha para controlar territorios y mercados. Calderón inició una guerra, como todos sabemos, pero los narcos, sobre todo, se están matando entre ellos.

En este sentido, habría que pensar justamente al revés: esos 30 mil cadáveres son una evidencia brutal; representan, en toda su dimensión, la fuerza del crimen en México; dan cuenta de un poder y reflejan la pérdida de las facultades del Estado en muchos puntos del país. Luego entonces, no podemos siquiera insinuar que el gobierno hubiera debido abstenerse de intervenir. Al contrario, una vez hecha esta constatación, está absolutamente obligado a actuar. No puede, por principio, celebrar pactos de ninguna naturaleza con una potencia capaz de perpetrar tamañas atrocidades ni mucho menos acomodarse, a partir de un pragmatismo tan contraproducente como vil, a una convivencia dictada por el acobardamiento. El mal ya está ahí y no necesita manifestarse de forma tan descarnada y salvaje para requerir, así fuere por una mera cuestión de moralidad pública, la intervención decidida, decisiva y terminante del Estado. Dicho en otras palabras, la posibilidad de que la abstención propiciara una especie de paz presuntamente beneficiosa para la sociedad mexicana no justificaría, en manera alguna, la renuncia a ejercer la fuerza para combatir a los criminales. Todo esto ¿es tan difícil de entender?

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