diciembre 12, 2010

Economistas aterrados

Jean Meyer
Profesor investigador del CIDE
jean.meyer@cide.edu
El Universal

Sobre la crisis que no parece alejarse y que nos reserva siempre nuevas sorpresas, unos economistas europeos formularon, en septiembre, un “manifiesto” titulado Diez falsas evidencias y 22 medidas en debate para salir del callejón sin salida. Subrayan cuán frágil es la mejoría de la economía mundial y cómo los gobiernos han errado al darle prioridad a la lucha contra los déficits públicos, en lugar de enfocar esfuerzos en el crecimiento. La “guerra de las monedas” —que no había empezado cuando los cuatro autores escribían, pero que Pierre-Noël Giraud, autor francés publicado por el Fondo de Cultura, había anunciado— sólo agravó la situación, al dificultar el comercio mundial. Malas noticias cada día y la reunión del G20 ha evidenciado la impotencia general: no estamos lejos del ¡sálvese quien pueda! o ¡rásquese con sus propias uñas!

Los economistas “aterrados” señalan que los dirigentes redescubren la palabra “irracionalidad” que habían empleado tanto al principio de la crisis financiera del 2008. Ahora deberían darse cuenta de que la amenaza, más que la deuda pública, es la fragilidad del modelo de crecimiento y del sistema bancario. Lo que diagnostican para Europa, vale para nosotros que perdimos nuestra banca nacional y nos quedamos hipnotizados en la lucha contra la inflación. Ellos, con Paul Krugman, el Nobel de Economía, denuncian la prioridad dada a la reducción de los gastos públicos que amenaza al empleo, a los servicios públicos y a la protección social.

En lugar de una política voluntarista de fomento del empleo y del crecimiento, los gobiernos asustados se someten a una dictadura de los mercados que es inadmisible. La mayoría de los economistas que intervienen en el debate público en Europa y América lo hacen para justificar o racionalizar el sometimiento de las políticas económicas a las exigencias de los mercados financieros. Después de improvisar medidas de corte keynesiano para relanzar la economía, quieren olvidarlas y volver a lo de antes, de corte clásicamente liberal: disminuir el gasto público, privatizar servicios públicos, ablandar el mercado del trabajo (lo que significa facilitar y abaratar los licenciamientos), liberalizar el comercio, servicios financieros, mercados de capitales etc…

No olvidaron nada de sus antiguas prácticas, las que contribuyeron a la crisis; no aprendieron nada de la crisis, cuando los argumentos que, en los últimos 30 años, sirvieron a orientar las políticas económicas, han sido pulverizados en los hechos. ¿Cuál eficiencia, cuál racionalidad de los mercados? ¿Cuál necesidad de reducir el gasto público? ¿Cuáles “pactos de estabilidad”? Son algunas de las “falsas evidencias” criticadas por los cuatro economistas franceses.

Afirman que los mercados financieros ni son eficaces, ni estables y tampoco favorables al crecimiento económico; de ninguna manera los mercados deberían ser jueces de la solvabilidad o insolvabilidad de los Estados. Pero es lo que pasó a Grecia o Islandia y que puede pasar mañana a Irlanda, Portugal y… la lista podría ser larga e incluir Estados americanos. Las agencias de notación financiera no son neutrales y sus calificaciones, subjetivas, alimentan la inestabilidad, fuente de ganancias especulativas. Cuando rebajan la calificación de un Estado, aumentan la tasa de interés exigida por los actores para comprar títulos de la deuda de dicho Estado, lo que aumenta, incluso crea el riesgo de bancarrota que anuncian.

Denuncian la teoría de que los países están ahogados por su deuda pública, sacrificando así las generaciones futuras. La explosión reciente de la deuda pública en el mundo no se debe a los gastos del Estado, sino a los planos de rescate de la finanza (¡Fobaproa nuestra!) y, principalmente, a la recesión por la crisis financiera y bancaria de 2008. Una reducción del gasto público tiene por secuela una recesión agravada y, por lo mismo, un nuevo crecimiento de la deuda pública. Para restablecer de forma equitativa las finanzas públicas se debe dar un carácter redistributivo a la fiscalidad directa, suprimir las ventajas fiscales a las empresas, cuando no tienen efectos sobre el empleo. Pero nuestra reforma fiscal es la gran serpiente del mar: todos hablan de ella y nadie la ha visto.

Imponer la “austeridad” pública y reformas “estructurales” significa debilitar las solidaridades sociales en cada país y entre países. La crisis ha inducido a las élites financieras y a los tecnócratas en la tentación de radicalizar su agenda anterior; están destinadas a fracasar pero quien pagará el pato es la gran mayoría de la población.

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