diciembre 05, 2010

El terror en el teléfono

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
La semana de Román Revueltas Retes
Milenio

Personas muy cercanas a mí —familiares, amigos, compañeros de trabajo— han vivido, sin más, la aterradora experiencia de recibir la llamada telefónica de un tipo que, de entrada, les dice que sabe perfectamente quiénes son, dónde viven, cuántos hijos tienen, cuáles son los hábitos y horarios de dichos hijos, qué profesión desempeñan, en fin, conocen presuntamente esos datos personales que lo convierten a uno en un sujeto vulnerable y, sobre todo, absolutamente indefenso ante las amenazas con que se cierra la comunicación telefónica.

Esta gente, confrontada de manera brutal e inesperada a la realidad de la violencia, sufre un auténtico ataque de pánico y, en un primer momento, no sabe siquiera qué responder, qué hacer y adónde ir. ¿A la policía? ¿A otra ciudad, para comenzar una especie de vida nueva con una identidad, si no diferente, por lo menos un tanto más anónima? O, tal vez, ¿plegarse a las amenazas del extorsionador y apoquinar, cada quincena, el dinero de la caja registradora o la paga del patrón?

Luego, pasada la primera impresión, llega un sentimiento de rabia y de impotencia, más allá del miedo o, precisamente, derivado del terror. Y, desde luego, la sensación de que todo esto —las amenazas a los seres queridos, la perspectiva de tener que pagar una cuota a unos canallas para recibir “protección”, la incertidumbre, el espanto, la intimidación— resulta de un orden de las cosas completamente distorsionado y, sobre todo, injusto. ¿Se puede vivir así? ¿Merecemos vivir así los mexicanos? ¿En este país ya no se puede trabajar honradamente y tener, en lo términos utilizados por Vicente Fox, un “changarro” —es decir, la tiendita de la esquina, la farmacia, la ferretería o la óptica— porque los delincuentes te van a decomisar cualquier ganancia, cualquier beneficio y cualquier provecho?

La acometida ya no es perpetrada contra unos “ricos y poderosos” que serían biológicamente culpables de tener dinero y cuyos bienes merecerían ser expropiados siguiendo los postulados de la trasnochada “lucha de clases” sino que ahora un tendero de un pequeño poblado de la costa de Michoacán, obligado a soltar 15 mil pesos al mes —monto que le es imposible de juntar— sale huyendo y pierde, de un golpe, el patrimonio logrado luego de una vida entera de trabajo; el patrón de un puesto de tacos en Mazatlán, tras denunciar a los extorsionadores, aparece decapitado y con huellas de tortura (es evidente la ruin complicidad de unos cuerpos policíacos que no sólo no nos aseguran —ni a ustedes ni a mí ni a nadie— los derechos más esenciales sino que trabajan al lado de los criminales); el dueño de un negocio de coches usados en Aguascalientes recibe la visita de unos zetas que le birlan el auto más costoso del lote… Esto, ¿qué es? ¿Ésta es una sociedad donde podemos vivir? ¿Éstas son acaso las reglas que debemos seguir de ahora en adelante? Por Dios…

La primera pregunta que te viene a la cabeza es la siguiente: ¿qué clase de sistema de justicia tenemos? Es decir ¿qué jueces, qué policías, qué detectives, qué fiscales y, en general, qué autoridades? Uno pensaría, por ejemplo, que un acto de extorsión resulta, fatalmente, en un encuentro, así sea indirecto, entre el extorsionado y el extorsionador. La transacción económica debe ocurrir, tarde o temprano. Y, a partir de ahí, uno imaginaría que, con un trabajo de investigación adecuado, el criminal va a ser sorprendido en algún momento (a propósito de esto, lo que más extraño le resultaría a un observador externo —en el caso de don Alejo Garza, por citar un suceso reciente— es que no hubiera dado aviso a la policía sabiendo, mira tú, la hora de la llegada de los sicarios porque, justamente, le habían avisado que se presentarían en su propiedad 24 horas después de la advertencia; digamos que ocurrió lo opuesto al desembarco de Normandía, cuando los Aliados guardaron el máximo secreto para sorprender a las tropas alemanas). Pues no. Dar aviso a la policía puede ser una suerte de condena de muerte. Y, en todo caso, la eficiencia de los cuerpos de seguridad es más que dudosa. ¿La prueba? Los casos de extorsión no estarían tan generalizados si el Estado mexicano cumpliera con su primerísima obligación de proteger a los ciudadanos.

No estamos hablando de un asunto menor. Este infierno es una auténtica amenaza para la nación. ¿Ya se habrán enterado nuestros gobernantes?

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