enero 12, 2010

¿Guerra fallida o pax narca?

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

No puede sino compartirse la desesperanza con que muchos ven los resultados de la guerra del gobierno federal contra el narco. Lo que no se encuentra en esas críticas es qué puede hacerse en lugar de lo que se hace.

Prospera el argumento de que la guerra no sólo es un fracaso, sino que es la causa de la violencia que se registra en algunos lugares. Es la crítica alzada por el gobernador de Coahuila ante la muerte de un periodista: de esto no había aquí hasta que llegó la Federación a presionar y a romper el equilibrio.

Nadie se atreve a decir que en su paraíso local no había un problema con el narco. La crítica es que había un cierto acomodo funcional que la guerra desacomodó.

Escoger entre males es un viejo dilema de la política y de la vida. Empieza a oírse que el mal previo era menor que el mal presente y que entre la guerra fallida y la pax narca anterior, esta segunda podría ser preferible.

Parece demasiado decir que el acomodo con la pax narca era mejor o que será mejor para el futuro. Como si el narco fuese un actor público razonable, y no la fuerza corruptora, violenta y desmesurada que es.

Conviene recordar que la guerra emprendida por el gobierno federal a partir de 2006 fue una respuesta a los ya escandalosos niveles que alcanzaba no la pax, sino la guerra narca por rutas y territorios.

En todo caso, la pregunta sigue vigente: si no es esta guerra fallida la que hay que hacer, esta guerra que multiplica con su presión la lógica homicida de los cárteles, ¿qué otro camino hay? ¿Qué hacer y qué no hacer en lugar de lo que se hace?

¿Rediseñar la estrategia? ¿Sacando al Ejército y a la Marina de las tareas policiales? ¿Para sustituirlas con qué? ¿Devolverle a los gobernadores su acomodo anterior con el narco? ¿Dejar que cada quien arregle su gallinero y haya intervenciones federales sólo a petición de parte local?

El campo de batalla es un horror, qué duda cabe. La caravana de cadáveres pone los pelos de punta. Los errores y traiciones gubernamentales, documentados en el curso de la guerra, crean dudas sobre la viabilidad de la victoria oficial y sobre su solidez institucional para la tarea.

Los rangos mismos de lo que sería una victoria parecen confusamente definidos, quedando claro sólo que nadie cree posible obtener una victoria. La orden de batalla es contención, no victoria.

Hay mucho que corregir y todo por revisar. Pero el dilema duro sigue ahí: ¿Combate, por imperfecto que sea, o complicidad? ¿Guerra fallida o pax narca?

Fe estatista

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

El menú de opciones de reformas políticas es aún más largo que el de Vips. Lo primero que hay que decidir es el objetivo: fortalecer al Poder Ejecutivo, transitar a un régimen parlamentario, acotar el poder de los gobernadores, etcétera. Luego uno pasa a las opciones para conseguir el objetivo deseado: eliminación de los legisladores plurinominales, elección indirecta del Ejecutivo en el Congreso, consolidación de todas las policías en una sola corporación nacional, etcétera.

En la actual discusión sobre una posible reforma política, al parecer el PRI y el PRD están en el ánimo de debilitar al Presidente. Por eso están proponiendo, entre otras medidas, la ratificación de los secretarios de Estado por parte de una o de ambas cámaras del Congreso. Esta alternativa, sin duda, acotaría al Ejecutivo quien ya no podría nombrar a su antojo al gabinete. Tendría que negociar con el Legislativo las designaciones de los mandos superiores de la administración pública federal, como sucede hoy con el procurador general de la República.

Para acotar más al Presidente, Carlos Navarrete también propone “valorar la posibilidad de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sea aprobado por las cámaras para que no sea un documento burocrático simplemente por cumplir el requisito”. Tiene razón el coordinador del PRD en el Senado: hoy el PND es un trámite inútil. Pero el hecho de que el Congreso lo aprobara tampoco cambiaría esta realidad.

El PND es una herencia del sistema político anterior. Los priistas, que algo tenían de soviéticos, llegaron a pensar que los problemas económicos y sociales de México podían —y debían— ser resueltos con un gran plan del Estado. Tenían —como siguen teniéndola los perredistas— una fe estatista.

El artículo 26 de la Constitución es la base de este dogma. Manda al Estado a organizar “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. Una aspiración tan noble como grandilocuente. La Ley de Planeación regula el artículo 26. Se trata de una pieza histórica que podría estar en el Museo de la Revolución Institucionalizada. Una joya de los que pensaban, y siguen pensando, que el Estado debe ser el rector de la economía y de la sociedad.

La realidad es que estos planes nunca funcionaron. Fueron puros sueños de políticos y burócratas. Un desperdicio de recursos de los contribuyentes. Véanse, por ejemplo, los tres últimos planes. Contienen aspiraciones con objetivos tan generales como “reformar la administración pública, acabar con el burocratismo y la corrupción”. El PND vigente define que la finalidad de la política económica “será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos”. Perfecto. ¿Quién no puede estar de acuerdo con este objetivo? Y si no se logra, ¿qué pasa?

Los políticos pueden planear todo lo que quieran y soñar que el Estado todo lo puede. Pero si las tres fuerzas políticas del país hoy no se ponen de acuerdo para sacar de la ruina al sector energético, ¿qué puede esperarse de un PND aprobado por el Congreso? Pues únicamente objetivos generales, nobles todos, que en el fondo proponen la felicidad de los mexicanos.

Los grandes problemas del país no se resuelven con planes al estilo soviético sino con políticas públicas diseñadas a modo, que cuenten con la aprobación del Ejecutivo y del Legislativo. Ya viene siendo la hora de asumir que este país es una democracia y que en un régimen de este tipo se gobierna con políticas públicas específicas, no con magnos planes.

Esa debe ser la nueva convicción de los políticos, no que el Estado puede traer la felicidad a la Tierra por medio de un PND.

Los grandes problemas del país no se resuelven con planes al estilo soviético.

El oscuro acuerdo anti pirata

Jesús Ramírez Dìaz
www.twitter.com/jeramm
Secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Senado de la República
El Universal

Es poco lo que se sabe del llamado Acuerdo Comercial Anti-falsificación, conocido como ACTA por sus siglas en inglés, al que el gobierno federal negocia sumarse internacionalmente, por lo que tarde o temprano deberá ser aprobado por el Senado de la República. Sin embargo, para los diversos sectores industriales y de servicios interesados en el tema es preocupante el hermetismo y confidencialidad bajo el que se realizan las negociaciones y redacción del texto del tratado en cuestión.

El ACTA tiene como objeto principal establecer normas internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual a fin de combatir de manera más “eficiente” las actividades de falsificación y piratería, que de acuerdo a sus impulsores afectan significativamente los intereses comerciales, disminuye la creatividad e innovación y en muchos casos son responsables del financiamiento de actividades ilícitas.

El propósito no parece malo; sin embargo, diferentes industrias, como la musical, cinematográfica, televisora y de desarrollo de software tienen serias dudas sobre el desequilibrio de intereses entre productores de contenidos, usuarios y consumidores que no están siendo consultados y que temen, por ejemplo, por lo que será de los derechos de autor en el entorno digital.

No se ha dado oportunidad a la sociedad civil de participar en las negociaciones de este tratado comercial y únicamente se conocen documentos presumiblemente filtrados de algunas oficinas pertenecientes a otros países que también participan en la negociación del ACTA.

Principalmente, existe incertidumbre respecto a los contenidos y comunicaciones que circulan en internet. Los pocos documentos que hasta el momento se han podido conocer suponen que los prestadores de servicios de conexión a internet estarían obligados a filtrar toda comunicación que se intercambie a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Puesto en otras palabras, los prestadores de servicios de conexión a internet estarían obligados a conocer todo el contenido de las comunicaciones que pasen por su infraestructura, independientemente de la tecnología que se utilice. Lo anterior se percibe como un atentado grave a la privacidad de las personas, además de que obliga, injustamente, a un prestador de servicios a convertirse en delator de sus propios clientes.

A tales inquietudes se suma el Senado de la República —que de acuerdo a la Constitución tiene la facultad exclusiva de aprobar este tipo de instrumentos—, ya que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de información por parte del Ejecutivo de las negociaciones y contenido de ACTA. Ha existido un total silencio y una ausencia de información sobre los alcances y beneficios que México pudiera obtener por la adopción de este acuerdo.

La experiencia demuestra que la mayoría de los tratados económicos firmados por México han sido en condiciones notablemente desventajosas o en su caso respondieron a intereses particulares alejados de beneficios reales a la sociedad o al sector productivo. Es momento de ser cuidadosos en las acciones que tomamos en el ámbito comercial y económico. Debemos tomar decisiones que tengan el mayor consenso de quienes serán afectados por las mismas. La prioridad debe ser proteger la economía, el empleo de los mexicanos y prepararnos para salir de esta crisis económica de la mejor manera.

En este sentido, el Consejo Coordinador Empresarial nos remitió hace algunos días a diversas comisiones, una comunicación para que el Senado considere no aprobar ningún nuevo tratado internacional de naturaleza comercial, en tanto no se revisen las condiciones internas para fortalecer la competitividad del sector productivo, toda vez que en las actuales condiciones, los nuevos tratados sólo incrementarían el saldo negativo de nuestra balanza comercial y la afectación de nuestro sector productivo sin beneficios reales para el sector exportador.

En conclusión es preocupante y cuestionable la evidente violación a las disposiciones que rigen la aprobación de este tipo de instrumentos, sobre todo por las consecuencias e implicaciones que la firma del ACTA podría traer aparejada. ¿Será quizás que existen demasiados intereses detrás de su firma?