febrero 27, 2010

Coincidencias y...

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La diferencia más profunda entre la iniciativa presidencial y la priista está en el mecanismo para formar mayoría en el Congreso

Hay coincidencias importantes entre las iniciativas de reforma del presidente de la República y del PRI. Ambas están a favor de la reelección de senadores y diputados y ambas proponen la reducción de 100 diputados y 32 senadores. El punto de acuerdo está al alcance de la mano.

Poco importa si el periodo de reelección para los diputados se fija en nueve años, como propone el PRI, o en 12, como estipula la iniciativa presidencial. Y frente al avance que esto representaría tampoco es relevante que la reelección de alcaldes y de delegados quede como una asignatura pendiente.

Otro punto muy importante son las formas de participación directa. Ambas propuestas coinciden en la creación de mecanismos de consulta popular, pero difieren en el procedimiento.

El PRI establece que a petición del presidente de la República, del 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón o de 2/3 de ambas Cámaras se debe efectuar una consulta popular con efectos vinculatorios. La propuesta presidencial, en cambio, la contempla para las iniciativas preferentes de reforma constitucional. Las diferencias no son menores.

Sin embargo, como en el caso de la reelección, el acuerdo está al alcance de la mano. El espíritu de ambas propuestas es el mismo: poner a consulta directa aquellos temas que no pasan en el Congreso porque las opiniones están muy divididas o porque nadie se atreve a abordarlos. La consulta popular o el referéndum son el único mecanismo capaz de romper esa parálisis parlamentaria.

Las diferencias en otros aspectos son notables. La iniciativa priista propone la ratificación por el Senado de todos los secretarios con la excepción de las secretarías de la Defensa y Marina (y otros organismos como Pemex, CFE, CNA, CNA, etcétera). La intención manifiesta sería mejorar la calidad de los integrantes del gabinete presidencial, tal como ocurre en Estados Unidos.

Pero desde otra perspectiva es una forma de limitar el poder de la Presidencia de la República. El destino de esta propuesta no dependerá sólo de las negociaciones con el PAN, sino de los acuerdos en el interior del PRI -dado el poder y la reticencia que podrían tener algunos gobernadores, como Peña Nieto.

En situación idéntica está la iniciativa de dotar a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de plena autonomía. El nombramiento del procurador pasaría a ser facultad del Senado de la República por mayoría compuesta (2/3 de los senadores) sin injerencia del presidente de la República. Por razones obvias, la resistencia a este cambio podría provenir, como señalé arriba, del interior del PRI.

La diferencia más profunda entre la iniciativa presidencial y la priista está en el mecanismo para formar mayoría en el Congreso. La intención explícita de la segunda vuelta presidencial empatada con la elección de legisladores es inducir al elector a votar por el mismo partido. La polarización tiende, de manera natural, a formar una mayoría en torno del candidato que gane la contienda. El procedimiento funciona y funciona bien como lo demuestran múltiples ejemplos.

Los priistas, sin embargo, jamás aceptarán ese mecanismo. La negativa formal se funda en que condenan la polarización y la consideran riesgosa. El argumento no tiene muchos asideros ni consistencia. Basta considerar que la gran mayoría de los electores en México son flotantes y no están casados con ningún partido ni ideología.

En realidad, la negativa se funda en un cálculo racional. La segunda vuelta puede perjudicar más al PRI que al PAN por el voto de rechazo. Y además, porque no se puede descartar una alianza PAN-PRD con el objetivo de impedir "el regreso del PRI".

Es por eso que los priistas han sido claros y contundentes. Jamás y bajo ninguna circunstancia adoptarán la segunda vuelta. ¿Qué significa esto? ¿Que la propuesta del PRI no contempla ni diseña ningún mecanismo para salir de los gobiernos divididos? ¿Y que, por lo tanto, la reforma no alcanzará su objetivo fundamental: hacer funcional el régimen democrático?

La respuesta no es simple. La iniciativa del PRI contempla reducir 100 diputados plurinominales. Al hacerlo fortalece el ingrediente representación mayoritaria (300 diputados electos por mayoría en cada uno de los distritos) y fortalece al PRI porque es el partido que tiene mayor y mejor implantación nacional.

La pregunta obligada es: ¿existe una forma de hacer que esa reducción no sólo beneficie al PRI, sino abra oportunidades al resto de los partidos? Sí. ¿Cómo? Primero, eliminando la cláusula que establece que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación (porcentaje de diputados referido al porcentaje de la votación obtenida) superior al 8 por ciento. Y, segundo, y ésa es la clave, estableciendo un candado de gobernabilidad.

El candado de gobernabilidad funcionaría sólo para la elección presidencial y le otorgaría al partido que obtuviera la victoria el número de plurinominales necesarios para tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Bajo este esquema el PAN habría alcanzado la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 2000 y en 2006 (cfr. José Córdova, Para gobernar México, Nexos).

Este mecanismo facilitaría que en el 2012 el nuevo Presidente contara con mayoría absoluta. Pero enfrentaría la condenación de los defensores a ultranza del principio de representación proporcional y difícilmente contaría con el apoyo del PRD. Las denuncias irían en el sentido de un complot contra la izquierda.

El panorama en esta materia, a diferencia de la reelección y el referéndum, es complicado y los pronósticos reservados.