marzo 01, 2010

El arte de gobernar

Ricardo Pascoe Pierce
Especialista en análisis político
ricardopascoe@hotmail.com
Excélsior

López Obrador se dedica a denostar todo lo que encuentra a su paso, sin tener un proyecto alternativo efectivo.

Ante el calentamiento prematuro y algo frenético de las elecciones presidenciales de 2012, parecería necesario hacer un alto en el camino para reflexionar acerca del tipo de gobernabilidad que el país requiere, antes de proseguir, desbocados, al encuentro de los candidatos “mejor posicionados”. Esto, pues los visibles padecen graves carencias y habrá de hacerse una evaluación acerca de lo que el país necesita.

Peña Nieto, por ejemplo, ha demostrado una propensión a utilizar la policía para solucionar conflictos sociales; Ebrard emplea la centralización de funciones en el Estado como método para atender los problemas de la sociedad e ignorado a la ciudadanía; Beltrones representa lo más indecible y oscuro del viejo régimen; López Obrador se dedica a denostar todo lo que encuentra a su paso, sin tener un proyecto alternativo efectivo. En el PAN, todos los posibles candidatos están atrapados en el intento de explicar lo hecho en los últimos 12 años y justificar que las cosas debieran seguir así otros seis.

Si se toma, como referencia, al próximo gobierno federal y a estos precandidatos, sin duda el futuro es sombrío. Entre todos, no logran armar una visión de cómo asegurar la gobernabilidad, pues trabajan en distinguirse de los otros contendientes, para, con ello, “demostrar” lo superior de su candidatura. Pero no logran explicar cómo gobernarán para resolver los retos del país, en función de todos, y no sólo de los intereses de grupos cerrados y compactos.

La indispensable gobernabilidad gira en torno a la capacidad por concitar voluntades para atender los grandes retos. No es tanto un problema del “programa correcto” contra el “equivocado”, como sería poder trabajar con las más disímbolas fuerzas sociales, económicas y políticas, para crear las condiciones tendientes a cambiar estructuras, leyes e instituciones y, así, romper con la parálisis. Algo que ni el PRI, el PAN o el PRD han sabido lograr. De hecho, ningún precandidato se ha asomado a ese reto, el problema central de México.

La gobernabilidad es un valor social y político. No un elemento tangible, excepto en sus expresiones institucionales. Pero es el factor más importante de la elección venidera, más que las plataformas partidistas. Se vio en 2006 que las plataformas escritas del PRI, el PAN y el PRD eran muy parecidas (como el texto de López Obrador sobre la necesidad de inversión privada en Pemex o de la presencia del Ejército en el combate al narcotráfico) y, las diferencias, de matices presupuestales, mas no de concepción. Pero ningun candidato hizo un planteamiento sustantivo sobre el verdadero problema de este sexenio: la falta de gobernabilidad. Por no resolverlo, ha surgido actualmente el debate sobre la generación del “no” o, dicho de otro modo, la incapacidad del sistema político por construir acuerdos sustantivos y de largo aliento. Pero esa incapacidad no debiera verse como prueba de que existen, hoy, políticos malos y que, sencillamente, esperamos que lleguen los buenos. Si nos atenemos a quiénes son los precandidatos presidenciales, podemos afirmar, desde ahora, que esos buenos políticos no están en el horizonte inmediato del país.

El verdadero debate político de 2012 tiene, como su eje central, la gobernabilidad. No será tan importante lo de programas económicos y sociales confrontados, aunque tampoco puede decirse que no sea un factor significativo. Pero la construcción de la gobernabilidad es, sin duda, la asignatura pendiente en la transición democrática. Y si un proceso transicional no construye sus instrumentos e instituciones para garantizar la gobernabilidad del país, está condenado al fracaso. Así que el proceso político iniciado, desde ahora, nos ofrece el reto de proseguir con la atención a los requisitos de la transición democrática abierta o asumir nuestro fracaso y abortarla ya.

Cuba tras la muerte de Zapata

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

La dictadura militar de Cuba -eso es lo que es, según la definición de cualquier diccionario- está en una posición embarazosa tras la muerte del preso político Orlando Zapata y la decisión de otros cuatro disidentes en prisión de dejar de ingerir alimentos para exigir la liberación de todos los prisioneros de conciencia.

Como era previsible, Estados Unidos y casi todas las democracias europeas condenaron al régimen cubano por la muerte de Zapata. Y como era también predecible, muchos países latinoamericanos -incluyendo algunos que proclaman ser grandes defensores de los derechos humanos, como Argentina y México- permanecieron en silencio, o emitieron declaraciones que no decían nada.

Pero lo importante será ver qué impacto tendrá la muerte de Zapata en Cuba. En el momento en que escribo estas líneas, tres días después de la muerte de Zapata, el régimen del General Raúl Castro no había permitido que los medios cubanos informaran sobre la muerte de Zapata, un albañil afrocubano de 42 años que había sido encarcelado en 2003 durante una redada contra los opositores pacíficos.

Hay tres escenarios posibles sobre el efecto que la muerte de Zapata podría tener en Cuba: Primer escenario: si los nuevos presos que iniciaron una huelga de hambre tras la muerte de Zapata continúan su protesta, habrá una creciente presión internacional para que Cuba libere a sus más de 200 presos políticos, o para que por lo menos el país permita que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica puedan visitarlos.

Monseñor Emilio Aranguren, el Obispo de Holguín, la provincia cubana en la que Zapata estuvo en prisión, me dijo en una entrevista telefónica que había pedido a las autoridades cubanas visitar al preso en el 2008 y en el 2009.

"Su madre es de esta diócesis, y ella fue quien me pidió que yo pudiera encontrarme con su hijo", dijo el Obispo. "Yo hice la solicitud, y la respuesta vino en una conversación con un oficial, que me dijo que las condiciones disciplinarias que tenía Zapata no eran favorables para que se me concediera este tipo de encuentro".

Segundo escenario: la muerte de Zapata unificara al fragmentado movimiento pro democracia en Cuba, porque es la primera muerte conocida de un prisionero político en una huelga de hambre desde la muerte del activista estudiantil Pedro Luis Boitel en 1972.

Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de Cuba, me dijo en una entrevista telefónica que hay una gran diferencia entre las muertes de Boitel y de Zapata.

"En el primer caso, el mundo no se enteró hasta meses o años más tarde", dijo Sánchez. "En el segundo caso, la muerte de Zapata fue conocida de inmediato en todo el mundo, porque su caso era seguido por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos, y -aunque censurada dentro de la Isla en los medios cubanos- estaba empezando a filtrarse desde el exterior por radios de onda corta", explicó.

"El movimiento de derechos humanos en Cuba ha reaccionado como si fuera una sola persona, y una sola voz, condenando la muerte de Zapata", me dijo Sánchez. Hay mucho descontento, y este descontento va a dar lugar a más manifestaciones de descontento".

Tercer escenario: la muerte de Zapata será rápidamente olvidada, como ha ocurrido con tantas otras violaciones de los derechos humanos en Cuba. El régimen cubano hará lo de siempre -culpar "al imperialismo yanqui" y a la CIA por la tragedia- y ahí terminará la cosa.

"Lo más probable es que el aparato represivo cubano impida cualquier protesta importante", me dijo José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. "Para superar esta situación, necesitaríamos una presión internacional eficaz, y no la veo en ningún lado".

Mi opinión: la muerte de Zapata no producirá manifestaciones masivas en Cuba. A lo sumo, se le hará un poco más incomodo por unos meses a los Presidentes latinoamericanos posar sonriendo para las cámaras junto a un dictador militar cuyas manos están manchadas de sangre, tal como lo hicieron en la cumbre de México del 23 de febrero, o como lo hizo el Presidente de Brasil el 24 de febrero en Cuba, en el mismo momento en que Zapata agonizaba en la cárcel.

Y también le hará un poco más difícil por unos meses a España, que actualmente preside la Unión Europea, seguir adelante con sus planes de normalizar las relaciones europeas con Cuba, como si la Isla fuera una democracia civilizada.

No lo es. Lo menos que pueden hacer quienes creen en la democracia es exigir clara y enérgicamente que Cuba libere a todos sus presos políticos, lo mismo que le pedíamos en su momento a las dictaduras militares de derecha.

El Presidente verdaderamente panista

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

“Ahora sí va a gobernar uno de los nuestros”, presumían los panistas cuando Calderón ganó las elecciones de 2006. Y es que, durante todo el sexenio pasado, los miembros del PAN repetían que Fox se les había colado; no era uno de los suyos. Calderón, en cambio, sí era un panista de verdad.

Pero, ¿quién es un panista de verdad? No se trata, me parece, de un asunto de linajes. Más bien creo que tiene que ver con alguien que representa los principios del PAN y que trata de llevarlos a la práctica. Un político más ideológico. Un gobernante que se rehúsa a negociar ciertos preceptos. Si este es el caso, me parece que Calderón ha fracasado.

Caso Uno: la reforma electoral de 2007. Muchos pensábamos que el PAN era un partido con una vena liberal. Como oposición, este partido luchó por hacer realidad la libertad de expresión. Sin embargo, Calderón estuvo dispuesto a negociar este principio en una reforma regresiva para la democracia liberal como la de 2007. En ella se prohibieron las campañas negativas y la compra de spots de radio y televisión para los ciudadanos con el fin de hablar de asuntos políticos.

A cambio, el gobierno calderonista consiguió la aprobación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y logró apaciguar a las fuerzas de izquierda que quedaron dolidas por la derrota de 2006. ¿Valió la pena? Creo que no. Aunque hubo una mayor recaudación fiscal, tampoco fue espectacular. En 2008, por concepto de IETU, Hacienda recaudó 47 mil millones de pesos, 33% menos de lo esperado. En cuanto al apaciguamiento de la izquierda, se pagó un precio muy oneroso en materia de libertad de expresión. Hoy, que dicha reforma ya opera, vemos cómo las autoridades electorales se la pasan censurando.

El hecho es que el Presidente verdaderamente panista negoció un principio que suponíamos era importante para el PAN como la libertad de expresión.

Caso Dos: la reforma de Pemex de 2008. Muchos pensábamos que el PAN era el partido que estaba a favor del mercado en materia económica. Con este espíritu, el gobierno calderonista envió una iniciativa de reforma petrolera cuyo eje principal era permitir la inversión privada en ciertos negocios petroleros. Pero la oposición perredista y priista bloqueó esta opción e impuso una reforma estatista.

En lugar de vetar esta reforma, Calderón la promulgó y la celebró con un coctel en Los Pinos. ¿Qué ganó el gobierno? Se dice que unos contratos que, con un sistema intrincado, incentivarán la participación de compañías privadas en la exploración y explotación de petróleo. Sin embargo, dichos contratos siguen siendo más promesa que realidad. Mientras tanto, la producción petrolera sigue estancada.

El hecho es que el Presidente verdaderamente panista negoció un principio que suponíamos era importante para el PAN como la promoción del libre mercado.

Caso Tres: el incremento de los impuestos en 2009. Muchos pensábamos que el PAN era un partido que creía en la democracia. Sin embargo, hoy sabemos que el gobierno calderonista estuvo dispuesto a negociar este principio a cambio de un incremento en los impuestos. Todo indica que el secretario de Gobernación pactó con el PRI para que este partido apoyara un aumento en el IVA a cambio de que el PAN no le compitiera al PRI en las próximas elecciones en Oaxaca.

Y aunque el gobierno panista incumplió con lo pactado (el PAN sí apoyó la alianza opositora en Oaxaca), el Presidente verdaderamente panista demostró estar dispuesto a negociar la democracia en un estado del país.

Caso Cuatro: la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe de 2010. Muchos pensábamos que los derechos humanos eran un principio importante del PAN. Mientras que Calderón charlaba y se reía con Raúl Castro en Cancún, en Cuba moría Orlando Zapata.

Este albañil cubano fue arrestado junto con otros disidentes políticos del régimen comunista en 2003. Fue sentenciado a tres años de prisión por “desacato, desorden público y desobediencia”. Desafió a las autoridades quienes le subieron la condena a casi treinta años. Se puso en huelga de hambre en diciembre pasado por las “continuas golpizas de los guardias y otros abusos en prisión”. La dictadura castrista lo dejó agonizar sin darle atención médica. Mientras tanto, Calderón proponía la unión latinoamericana con Raúl Castro ahí sentado en la mesa.

El hecho es que el Presidente verdaderamente panista negoció un principio que suponíamos era importante para el PAN como el de los derechos humanos a cambio de “llevar la fiesta en paz” con dictaduras que encarcelan y ejecutan a sus disidentes políticos.

Ese ha sido, en los hechos, el Presidente verdaderamente panista.

El gobierno calderonista estuvo dispuesto a negociar la democracia a cambio de un incremento en los impuestos.

Legisladores y fueros

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

Una de las muchas revoluciones, asonadas y pronunciamientos que México se aplicó frenéticamente durante el siglo XIX fue la rebelión “por Religión y Fueros” de 1833. El gobierno liberal y reformador de Gómez Farías hizo un primer intento de modernizar al país e inscribirlo en el régimen de igualdad ciudadana ante la ley, derechos humanos y libertades de culto y comercio, pero topó con la vieja raigambre azteco-ibero-virreinal que establecía fueros especiales para las “personas de calidad” que debían ser juzgadas de forma diferente a la simple chusma.

El virrey Revillagigedo, uno de nuestros primeros liberales y reformadores, previene a quien lo sucedió que se encontrará con que las leyes de la Nueva España llenan 150 tomos: había fuero de ingenieros, fuero mercantil y otros civiles, además del eclesiástico y el militar. El inefable Santa Anna llegó al poder por primera ocasión y restableció los fueros en 1834. Derrocado por la Revolución de Ayutla en 1854 (una de las muchas que niegan la fatalidad de los centenarios en 10), la Ley Juárez volvería sobre el tema.

Nuestros legisladores heredaron esa convicción virreinal por la que exigen no responder ante la ley. El fuero o protección a los legisladores es, en la letra, muy claro y este 22 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo obvio: que la inmunidad parlamentaria está claramente definida en la Constitución como protección al legislador sólo en cuanto a las opiniones vertidas en su tarea. Dice el Artículo 61: “Los diputados y senadores son inviolables (sic) por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Pero la costumbre ha impuesto una noción del fuero idéntica a impunidad: tienen fuero para estacionarse en lugares prohibidos, pasarse los altos, romper puertas del Congreso a patadas y apilar curules y hasta incendiarlas para impedir un acto oficial que no les guste.

La evidente aberración jurídica en que se cae con esa interpretación del fuero como escudo de políticos comienza a mover piedras que parecían eternas: el senador Gustavo Madero, coordinador del PAN, ha propuesto una reforma completa del fuero constitucional para que no se interprete como impunidad y los legisladores respondan ante las autoridades judiciales de manera inmediata, como cualquier ciudadano.

El citado Artículo 61 señala luego que “El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”. Pero eso los propios diputados se han atareado en ignorarlo metiendo caballos, incendiando puertas y apilando curules como barricadas para impedir el paso de una autoridad que, por ley, debe entrar a tomar posesión o rendir cuentas.

La Constitución no vuelve a mencionar el fuero, sino con otro uso, al tratar del “fuero común” en los artículos 18, 73, 110, categoría donde se clasifican algunos delitos a diferencia del “fuero federal”. Y “desafuero” ni siquiera existe. Así que cualquier legislador siempre ha podido ser enjuiciado, sin más trámite, por difamación fuera de tribuna, por romper o quemar puertas del Congreso o por mearse en la calle. Como cualquiera. Se deberá explicar eso a los sufridos policías que los prepotentes tribunos insultan cuando se atreven a indicarles que se estacionaron en lugar prohibido.

IMPERDONABLE… que el presidente Calderón integre nuevo membrete “antiimperialista” para Latinoamérica con los tiranos criminales que la historia no absolverá y han convertido a Cuba en cárcel de la que sus pobladores escapan en balsas, hacen delito tener antenas parabólicas, dictan sentencias previas —como en cine de ficción— por “delitos que podrían llegar a cometerse”, hacen crimen de opinar distinto a los Castro y torturan al albañil opositor Orlando Zapata hasta llevarlo a matarse de hambre.

Eso, que era la temida política exterior de Obrador, lo lleva Calderón a niveles de ignominia y silencio, en olvido total de sus palabras en campaña: “Castro ya era presidente de Cuba cuando yo nací”. Ni por qué extrañarnos si en Oaxaca el PAN va del brazo y por la calle con quienes no reconocen su presidencia e incendiaron la ciudad, de los appos que asesinaron a maestros por dar clase y a jóvenes por mover una piedra de barricada, de las muchas barricadas con las que ahogaron la ciudad. Quién iba a sospechar: el Peje en Relaciones Exteriores.