marzo 18, 2010

El régimen castrista pierde los nervios y endurece represión contra Damas de Blanco

Agencias en La Habana
La Crónica de Hoy

Agentes cubanos empujaron y arrastraron a una treintena de Damas de Blanco y las subieron a la fuerza a dos autobuses para dispersar su marcha en La Habana, como parte de las protestas por el séptimo aniversario del encarcelamiento de 75 disidentes en 200

La polémica sobre los derechos humanos pisoteados en Cuba, tras la muerte del disidente Orlando Zapata, después de pasar 85 días en huelga de hambre, sigue creciendo como una bola de nieve.

Acosado por un alud de críticas y condenas internacionales y la decisión de otros disidentes de tomar el relevo a Zapata, como el periodista Guillermo Fariñas, con la salud en precario estado tras más de dos semanas en huelga de hambre y sed, el régimen castrista (51 años en el poder) contraataca y lo hace con violencia inusitada, a plena luz del día.

Ayer, una turba de más de 300 agentes cubanos, en su mayoría mujeres vestidas del tradicional uniforme verde oliva y también hombres de civil y policías, arrestaron a la treintena de Damas de Blanco, como se conocen por la indumentaria a las mujeres familiares de los 75 disidentes políticos arrestados hace siete años en la llamada “Primavera negra”. Entre las arrestadas estaba la madre del fallecido Zapata.

Coincidiendo con el séptimo aniversario de ese encarcelamiento del Grupo de los 75, las Damas de Blanco intentaron desfilar pacíficamente por las calles de La Habana.

Arresto domiciliario o secuestro. Llevaban dos días haciéndolo, pero ayer, al tercer día, los seguidores del régimen castrista reventaron la marcha y añadieron a los habituales insultos —como “abajo las gusaneras” o “que se vayan”—, golpes y empujones que acabaron con el arresto forzado domiciliario de las activistas.

Laura Pollán, portavoz del grupo disidente, declaró que el autobús la trasladó finalmente hasta su casa y calificó lo ocurrido como un “secuestro”, porque fueron “obligadas”.

El gobierno de Raúl Castro acusa a todos los disidentes de “delincuentes comunes” y “mercenarios” al servicio de Estados Unidos y niega que haya “presos políticos”, pero la oposición asegura que hay cerca de 200, entre ellos 53 del Grupo de los 75 que todavía permanecen en prisión por pedir democracia.

¿Cuánto tiempo les queda a los Legionarios de Cristo?

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Ningún Legionario de Cristo, ni siquiera el director general, Álvaro Corcuera, espera buenas noticias.

El martes concluyó la fase de inspección ordenada por el papa Benedicto XVI “para conocer de cerca la vida y el trabajo” de la congregación. Desde mediados del año pasado, tres arzobispos y dos obispos se repartieron la tarea de visitar 120 comunidades legionarias en todo el mundo. Ahora enviarán sus informes a la Santa Sede.

En la página oficial de los Legionarios se informaba ayer que la evaluación del Vaticano “posiblemente llevará varios meses”. Y que sólo entonces el Papa dará las “indicaciones que considere oportunas y necesarias”.

Pienso que no es necesario esperar varios meses. La evidencia de los crímenes sexuales del fundador Marcial Maciel es aplastante. Dudo que en la Legión haya una mente honesta que dude de la culpabilidad de quien los guió entre 1941 y 2005. Y saben que vendrá una sanción de la Santa Sede, que puede ir del nombramiento de un comisionario vaticano a la extinción de los Legionarios.

Álvaro Corcuera no tiene que esperar para salir a pedir perdón público a las víctimas de Maciel. En especial a José Barba, Juan José Vaca, Saúl Barrales y demás integrantes del valeroso grupo que en 1997 corrió los riesgos y pagó los costos de denunciar al entonces invulnerable Mon Pere.

Una disculpa incontrovertible, que no deje lugar a la ambigüedad. Una que acepte la complicidad de la Legión en esta historia. Una disculpa oportuna, porque varias de las víctimas rondan los 80 años: para que valga, el perdón debe ser pedido en vida.

Creo que Álvaro Corcuera es un hombre de bien. Más allá de cuál vaya a ser su suerte después de la sanción vaticana, tiene que colocarse por encima del padre Maciel. Pronto.

Militares: responsabilidades sin atribuciones

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Sin duda, para la vida personal de César Nava será muy importante que haya pedido en matrimonio a Patylú, o a algunos les interesará mucho que se haga una encuesta periodística para saber cuál es la más guapa: si la cantante infantil afiliada al PAN, la pareja de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, o la también actriz y esposa de Marcelo Ebrard, Mariagna Prats. Pero, mientras tanto, mientras se manipulan tantos distractores, lo realmente imprescindible en la agenda nacional sigue siendo postergado una y otra vez. Ayer decíamos que es una vergüenza que en la actual coyuntura los legisladores nos digan que no podrán tener listas en este periodo ordinario, que concluye el 30 de abril, ni la ley antisecuestros, que está siendo debatida desde hace seis años, ni muy probablemente tampoco la Ley de Seguridad Nacional que viene reclamando la Secretaría de la Defensa desde hace dos años.

No parecen comprenderse cosas básicas y no se entiende si ello es debido a simple negligencia o por desinterés, pero lo indudable es que, si se quiere utilizar el potencial real de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado se debe trabajar con seriedad y certidumbre y buena parte de nuestros legisladores no quieren dar ni una ni la otra a los militares. Se equivocan cuando creen que estamos viviendo sólo un problema, grave, de seguridad pública. Tenemos un desafío a la seguridad interior del país y a la seguridad nacional: se está desafiando a las instituciones y el Ejército Mexicano tiene todas las atribuciones constitucionales para intervenir en una coyuntura de esas características.

Pero saberlo no es suficiente: se deben garantizar unos pocos puntos, tanto en esa Ley de Seguridad Nacional como en su reglamento, cuando se reconozca que está en peligro la seguridad interior del país. Primero, la certidumbre jurídica: es verdad que hay un poco más de un millar de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército, aunque sólo unas 50 se han convertido en recomendaciones de la CNDH. Eso no ha impedido que exista una campaña, para exigir el retiro del Ejército de los lugares más candentes de la lucha contra el narcotráfico, hecha por grupos y personajes quizás algunos de ellos bien intencionados, pero muchos otros actuando con una lógica que es simétrica respecto a la del crimen organizado y la de ciertas organizaciones muy radicales que es evidente que están trabajando con ellos, particularmente en las zonas marginales de Juárez. ¿En qué se demuestra? En la exigencia de que salgan el Ejército y la policía de la plaza y en que no haya de esos grupos una sola recriminación a los verdaderos asesinos, que son los grupos criminales y las pandillas asociadas a ellos. Durante la visita del presidente Calderón apareció una organización, que se enfrentó con la Policía Federal, que se denomina coordinadora de resistencia civil. ¿Contra quién dicen resistir?, ¿contra el crimen organizado? No, paradójicamente, su resistencia es contra las autoridades y las fuerzas de seguridad.

La campaña tiene su lógica y sus repercusiones: la secretaria del Homeland Security estadunidense, Janet Napolitano, quizá jugando al policía malo, tal vez por simple irresponsabilidad, declaró esta semana que la presencia del Ejército en Juárez “no ha servido para nada”. Es una tontería tan grande, una visión tan maniquea como la de algunos de nuestros políticos que las causas de la violencia la reducen a la venta de armas de Estados Unidos a México.

Lo cierto es que si regresamos al tema y observamos a la mayoría de esas quejas acerca de violaciones a derechos humanos, veremos que tratan sobre dos capítulos: allanamiento de moradas, en lo que se denomina seguimiento en caliente de presuntos delincuentes, y detenciones sin presentación inmediata al Ministerio Público. En ambos casos se deben adaptar las leyes con miras a poder establecer un marco jurídico estricto para la operación militar, mas también para garantizar su capacidad operativa. ¿Alguien podría decir con seriedad que es posible darle al Ejército las actuales responsabilidades sin otorgarle al mismo tiempo certidumbre jurídica y capacidad de investigación y operación? Pues bien, esa es la situación en la que se tiene ahora al Ejército y los legisladores siguen postergando una y otra vez la solución. Insisto: debería darles vergüenza.

Si se quiere utilizar el potencial real de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, se debe trabajar con seriedad y certidumbre, y buena parte de nuestros legisladores no quieren dar ni una ni la otra al Ejército.

La fábula de los roedores

Alfonso Zárate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

Ocurrió hace unos 10 años, acudí a una cena en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara y en la misma mesa en la que me encontraba, se sentó una pareja. Sin más ánimo que el de iniciar una conversación, le pregunté a la señora: “¿Y usted, a qué se dedica?”, y me respondió: “Soy art dealer y mis principales clientes son los narcos”. Me sorprendió la franqueza, pero quise saber más: “¿Por qué los narcos”, me dio tres razones: “Pagan bien, en dólares y no regatean”.

Aquella señora no es un caso de excepción. La connivencia de ciudadanos normales con los delincuentes es más extendida de lo que se pueda suponer. Muchos negocios “respetables” en todo el país (inmobiliarios, de joyería o de automóviles de lujo, entre otros) lucran de sus arreglos con los narcotraficantes.

En momentos en que se despliegan acciones para frenar la violencia y la prepotencia de los maleantes en Ciudad Juárez, que se desplazan como dueños de la ciudad, y mientras los sectores más afectados o más conscientes exigen frenar la violencia, otros, en lo oscurito, claman por la conservación del statu quo: que no se detenga a los vehículos que circulan sin placas y con vidrios polarizados: “Es que aquí así es —argumentan—, muchos de nuestros vehículos son chocolates y si los detienen ¿cómo nos movemos?”. En las sesiones de trabajo con los funcionarios federales asignados para dar respuestas prontas, algunos de los supuestos representantes de la comunidad despliegan la defensa de quienes, en el mejor de los casos, circulan en coches robados o contrabandeados y en el peor, son capos o sicarios que se dirigen, quizás, a consumar un nuevo levantón o una ejecución.

Los representantes ciudadanos también se oponen a que se lleven a cabo revisiones en los antros o proponen que se les revise con laxitud: “Gracias a estos negocios ha crecido la economía de Juárez”, sostienen. Los giros negros como incentivos al turismo norteamericano de la peor especie.

Por décadas, Ciudad Juárez —como Tijuana y otros puntos de la frontera norte—, devino un pueblo sin ley, algunas de sus zonas son, sin eufemismos, el basurero de los gringos. Y en todos esos años, la gente común ha convivido con los criminales, los conoce, comercia con ellos, disfruta de su “generosidad” y los protege con su silencio o algo más. Pero hoy, cuando la criminalidad se desborda y la violencia derivada de su actividad llama a sus puertas, reclaman a los gobiernos, sobre todo al federal, por lo que ocurre a diario en sus calles, en sus plazas, en sus centros comerciales, sin asumir la parte de culpa que les corresponde.

Con su permisividad, la sociedad y las autoridades hemos propiciado la presencia abierta, a la luz del día, de quienes solían operar en los márgenes y en la oscuridad y que ahora exhiben, sin disimulo, sus armas de alto poder y sus caravanas de la muerte.

Las ratas habitan en las cloacas y se reproducen entre la basura y en la penumbra. La descomposición urbana y el miedo de los humanos les ayudan. Desde el medioevo los humanos las combaten. La peste bubónica propagada por las ratas (1348-1361) llevó a la muerte a millones de personas en Europa, sólo en Roma murieron unos 300 mil. Para evitar que se salgan de control es preciso poner en marcha campañas permanentes, nunca bajar la guardia.

Hoy, unas y otras especies de depredadores humanos, se disputan el control de territorios. Como las ratas y como las cucarachas, no van a desaparecer, pero tienen que ser contenidas: regresar a las cloacas. Y una de las maneras más eficaces reside en las políticas públicas y en la corresponsabilidad de la sociedad.

Cuando los niños y jóvenes de Ciudad Juárez acudan regularmente a las escuelas y disfruten de espacios deportivos; cuando empiece a ser evidente que la ley se aplica para todos, que se puede denunciar sin miedo, porque las autoridades no están coludidas o al servicio de la delincuencia; cuando se imponga la “no tolerancia” y los juarenses vayan dejando atrás la desesperanza y recuperen el sentido de futuro, las cosas empezarán a cambiar. Pero no será pronto ni sin costos.